Samuel Schmidt
schmidt@mexico.com.
Yo no buscaba que me invitaran a comer, pero ni la comida se realizó y mucho menos la sesión de análisis para analizar las acciones debía realizar el gobierno para recuperar la confianza social y apoyar a la consolidación social. Ante la inacción gubernamental la violencia fue en ascenso, supongo que ante la pasividad gubernamental los criminales vieron un espacio propicio de expansión, incluido su propio sistema de justicia. Mientras esto sucedía era notoria la nula presencia de las autoridades federales.
Agregando el factor corrupción, tenemos que las fuerzas policiales se agregaban a la depredación y por las múltiples evidencias anecdóticas, se hacían cómplices del crimen. Cuando la policía se corrompe –siempre que detienen bandas de secuestradores aparece un policía involucrado- es el gobierno que agrede a su sociedad. Cuándo Felipe Calderón se equivoca al militarizar un problema delincuencial, los factores perversos se potencian, la corrupción avanza, los abusos contra la sociedad se extienden y llegamos a una cantidad de muertos que tienen crispada a la sociedad. Las respuestas del gobierno son erráticas, la falta de investigación es irritante, y se nota acción cuándo personajes notorios son directamente golpeados: hijos de empresarios, escritores o agentes del gobierno de Estados Unidos, entonces sí aparecen culpables –algunas veces fabricados- y hasta algunas de las muchas fosas clandestinas que existen en el país.
El presidente llama a la guerra y no a la reconciliación, mientras que toda sociedad requiere de paz y concordia. Dentro de la guerra de Calderón son notorios y denunciados los abusos de las tropas armadas que se encuentran a su mando, al ser el comandante el jefe de las fuerzas armadas, condición que el ratifica al ponerse la casaca militar. Más de mil quejas sobre abusos militares han sido ignoradas por el gobierno, la jerarquía militar, designada por el, frena la acción penal respecto a las denuncias presentadas.
En cambio Calderón ha propuesto ampliar el poder y fuero militar con lo que se amplía el marco legal para los casos de abuso. Dadas las graves circunstancias de los excesos militares, dado el elevado número de víctimas civiles, es pertinente entablar un juicio acusando a Felipe Calderón y a los generales bajo cuya jurisdicción se cometieron los crímenes de lesa humanidad. Se debe exigir que se dé cause a las demandas que hoy están congeladas por decisión de la jerarquía militar, y consecuentemente se debe proceder contra esa jerarquía. Me adelanto al argumento sobre la presunta culpabilidad de los que murieron.
Aquí no se trata de juzgar a priori a las decenas de miles de muertos, a quienes el gobierno debió haber protegido, se trata de juzgar a los responsables de esas muertes, y a los acusados en el ejército y las policías de muertes y desapariciones. Las víctimas tienen derechos y ante las desapariciones el delito no prescribe. Es particularmente serio que el gobierno haya permitido y facilitado la descomposición del tejido político, que por su omisión o complicidad el crimen organizado haya impuesto sus reales, pero más grave ha sido la tolerancia y complicidad ante la putrefacción de los cuerpos policíacos y militares.
El gobierno ha generalizado sobre la condición de corrupción de las policías sin asumir que asegurar la limpieza del aparto represivo del Estado es su responsabilidad, las policías no son entes autónomos, posiblemente sea cierto como aduce el gobierno que no todos los militares sean malos, no se propone juzgar al ejército sino a los militares que delinquieron y con ellos a sus protectores; el abuso no castigado de algunos militares es un mensaje de tolerancia a la iniquidad de otros. México no cerró las heridas del 68 por la protección a los responsables de matar estudiantes inocentes, de la desaparición de activistas políticos que fueron cremados, se ignoró la guerra sucia; a Echeverría, después que se burlara de las comisiones de la verdad, se le encontró culpable de genocidio, Calderón ha superado aquel momento negro, hoy la justicia tiene que actuar y si no hay un solo juez con agallas para actuar, acudamos, ya, a los tribunales internacionales.
schmidt@mexico.com.
A Baltasar Garzon
Por promover la justicia a costa de su bienestar
Tratando de llamar la atención sobre un problema grave, tuve la oportunidad de comentarle a uno de los operadores del gobernador de un estado especialmente afectado por la violencia: - Hay que empezar a trabajar en la salida de este problema porque hay un deterioro severo de las instituciones, entre otras cosas, la afectación de la credibilidad. - Tiene usted razón, llamó a otro colaborador y le encargó que se convocara a una reunión de análisis, a lo que este contestó: - No te preocupes ya tenemos una comida concertada.Por promover la justicia a costa de su bienestar
Yo no buscaba que me invitaran a comer, pero ni la comida se realizó y mucho menos la sesión de análisis para analizar las acciones debía realizar el gobierno para recuperar la confianza social y apoyar a la consolidación social. Ante la inacción gubernamental la violencia fue en ascenso, supongo que ante la pasividad gubernamental los criminales vieron un espacio propicio de expansión, incluido su propio sistema de justicia. Mientras esto sucedía era notoria la nula presencia de las autoridades federales.
Agregando el factor corrupción, tenemos que las fuerzas policiales se agregaban a la depredación y por las múltiples evidencias anecdóticas, se hacían cómplices del crimen. Cuando la policía se corrompe –siempre que detienen bandas de secuestradores aparece un policía involucrado- es el gobierno que agrede a su sociedad. Cuándo Felipe Calderón se equivoca al militarizar un problema delincuencial, los factores perversos se potencian, la corrupción avanza, los abusos contra la sociedad se extienden y llegamos a una cantidad de muertos que tienen crispada a la sociedad. Las respuestas del gobierno son erráticas, la falta de investigación es irritante, y se nota acción cuándo personajes notorios son directamente golpeados: hijos de empresarios, escritores o agentes del gobierno de Estados Unidos, entonces sí aparecen culpables –algunas veces fabricados- y hasta algunas de las muchas fosas clandestinas que existen en el país.
El presidente llama a la guerra y no a la reconciliación, mientras que toda sociedad requiere de paz y concordia. Dentro de la guerra de Calderón son notorios y denunciados los abusos de las tropas armadas que se encuentran a su mando, al ser el comandante el jefe de las fuerzas armadas, condición que el ratifica al ponerse la casaca militar. Más de mil quejas sobre abusos militares han sido ignoradas por el gobierno, la jerarquía militar, designada por el, frena la acción penal respecto a las denuncias presentadas.
En cambio Calderón ha propuesto ampliar el poder y fuero militar con lo que se amplía el marco legal para los casos de abuso. Dadas las graves circunstancias de los excesos militares, dado el elevado número de víctimas civiles, es pertinente entablar un juicio acusando a Felipe Calderón y a los generales bajo cuya jurisdicción se cometieron los crímenes de lesa humanidad. Se debe exigir que se dé cause a las demandas que hoy están congeladas por decisión de la jerarquía militar, y consecuentemente se debe proceder contra esa jerarquía. Me adelanto al argumento sobre la presunta culpabilidad de los que murieron.
Aquí no se trata de juzgar a priori a las decenas de miles de muertos, a quienes el gobierno debió haber protegido, se trata de juzgar a los responsables de esas muertes, y a los acusados en el ejército y las policías de muertes y desapariciones. Las víctimas tienen derechos y ante las desapariciones el delito no prescribe. Es particularmente serio que el gobierno haya permitido y facilitado la descomposición del tejido político, que por su omisión o complicidad el crimen organizado haya impuesto sus reales, pero más grave ha sido la tolerancia y complicidad ante la putrefacción de los cuerpos policíacos y militares.
El gobierno ha generalizado sobre la condición de corrupción de las policías sin asumir que asegurar la limpieza del aparto represivo del Estado es su responsabilidad, las policías no son entes autónomos, posiblemente sea cierto como aduce el gobierno que no todos los militares sean malos, no se propone juzgar al ejército sino a los militares que delinquieron y con ellos a sus protectores; el abuso no castigado de algunos militares es un mensaje de tolerancia a la iniquidad de otros. México no cerró las heridas del 68 por la protección a los responsables de matar estudiantes inocentes, de la desaparición de activistas políticos que fueron cremados, se ignoró la guerra sucia; a Echeverría, después que se burlara de las comisiones de la verdad, se le encontró culpable de genocidio, Calderón ha superado aquel momento negro, hoy la justicia tiene que actuar y si no hay un solo juez con agallas para actuar, acudamos, ya, a los tribunales internacionales.
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