La Defensora del Pueblo asegura que se necesitan “equipos multidisciplinares” para garantizar la protección de las víctimas
Madrid, 10 may. 11, AmecoPress Un 32 por ciento de las mujeres que son explotadas sexualmente en España por las redes que trafican con personas son extranjeras en situación irregular. Este es uno de los datos del balance de la lucha contra la trata con fines de explotación sexual correspondiente al año 2010 avanzado por la secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, durante la inauguración de un seminario de trabajo sobre esta forma de esclavitud promovido por la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, quien prepara un informe monográfico para presentarlo al Parlamento a finales de año.
Según ha explicado Aído, cuyo gabinete destina dos millones de euros anuales a subvencionar programas de atención integral a mujeres que han sufrido trata, durante el año pasado se realizaron 2.344 inspecciones policiales, se desmantelaron 335 organizaciones y fueron identificadas 1.641 víctimas, de las que un 92 por ciento eran mujeres y niñas. Un año antes cayeron 158 redes y se identificaron 1.300 víctimas, conforme ha señalado.
La secretaria de Estado ha destacado que además de la lucha policial y reformas legislativas como la tipificación de la trata en el Código Penal acometida en 2010 o el Plan Integral de Lucha contra la Trata con fines de explotación sexual es imprescindible la sensibilización social para acabar con la trata de personas.
Asimismo, la secretaria de Igualdad ha enfatizado en la necesidad de erradicar los anuncios de prostitución en la prensa por su "probada relación con las redes de trata", un asunto para el que ya cuenta con el respaldo de los grupos parlamentarios y que espera resolver "en los próximos meses", después de que el Consejo de Estado diera luz verde a la posibilidad legal de prohibir su publicación.
Por su parte, Cava de Llano, ha incidido en que la explotación "preocupa en todas sus vertientes", tanto en lo que respecta a comercio sexual como a explotación laboral o de menores "incluso a cargo de sus padres para ejercer la mendicidad", asuntos todos que serán incorporados en el informe monográfico en el que la Alta Institución trabaja desde 2010 y que se presentará en las Cortes a finales de este año.
Protección a las víctimas
La Defensora ha destacado la "necesidad de que se identifique el problema" para lo que reivindica que "con urgencia" se mejore la formación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a fin de que no "se escapen" sin tener protección personas víctimas de trata por tratarse de inmigrantes en situación irregular. No obstante, ha reconocido que la principal labor de las fuerzas policiales es luchar contra la delincuencia y, sin embargo, en el ámbito de la extranjería "pasan mucho tiempo custodiando personas que no han cometido delito sino una falta administrativa".
Además, ha indicado que en tiempos de crisis se les está pidiendo que se enfrenten "a una nueva realidad" y sean capaces de identificar a las víctimas de trata, lo que "quizá sea pedir demasiado".
Equipos multidisciplinares
Es por ello que la Alta Institución defiende la creación de "equipos multidisciplinares" que sean capaces de identificar a las potenciales víctimas de las redes de trata para poder prestarles la asistencia necesaria, así como reclama "cursos en la policía por parte de psicólogos y la intervención no sólo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino también de personas que tengan otro tipo de conocimientos".
Efectivamente, el enfoque y el rol policial es uno de los elementos cuestionados por las organizaciones que trabajan en nuestro país en la erradicación de la trata y en la protección de las víctimas. Enfoque de Derechos humanos Las organizaciones siempre han defendido que el trabajo con las víctimas de la trata, se realice no sólo desde el punto de vista policial, sino que priorice un punto de vista social y de derechos humanos.
“Entendemos que las unidades policiales deben ser especializadas en la identificación de las víctimas, porque en la práctica estamos asistiendo a un conflicto de intereses entre la protección de los derechos frente a la persecución de la inmigración irregular”, aseguran las organizaciones, muchas de ellas integrantes de la Red Española contra la Trata, que proponen que la función de identificación esté separada en dos unidades distintas frente a la de persecución de la inmigración irregular.
En cuanto al conocido periodo de reflexión, para las organizaciones, es importante que al enfoque policial se añada la participación de las entidades sociales y se contemplen factores como el estado de salud, la situación económica y social que vive la víctima. “Nos preocupa que en cuanto a la finalidad del periodo de restablecimiento y reflexión no se priorice la dimensión de protección a la víctima, en coherencia con lo previsto en el Convenio del Consejo de Europa firmado y ratificado por España”, afirma Marta González, del Proyecto Esperanza.
“Fundamentalmente, el periodo de restablecimiento y reflexión tiene que servir a facilitar la recuperación física, psicológica y emocional de una víctima de trata, permitirle escapar física y psicológicamente de la influencia de los tratantes y tomar una decisión meditada y sopesada sobre si colaborar o no con las autoridades en la investigación y persecución de los autores del delito” insisten desde el Foro.
Víctimas invisibles de una crisis global
Las personas especialistas coinciden: para erradicar todas las formas de explotación sexual es necesario hacerlo desde un enfoque de derechos humanos, y reivindicar un reparto igualitario de los recursos económicos y el poder entre hombres y mujeres. La trata y la explotación sexual es también expresión de la crisis global que atraviesa el planeta y de la feminización de la pobreza. Situaciones de vulnerabilidad, pobreza y de riesgo de exclusión social dan a los explotadores la oportunidad de captación de las mujeres. Víctimas invisibles con grandes impedimentos para escapar, denunciar y recibir el apoyo necesario ante las situaciones de violencia en las que viven.
La Defensora del Pueblo, en el marco de la elaboración del informe que presentará al parlamento, se está reuniendo hoy con distintas organizaciones sindicatos, ACNUR, la Oficina de Asilo y Refugio, la Policía Nacional o la Guardia Civil, la Red Española contra la trata entre otras.
Foto archivo AmecoPress
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