Raúl Plascencia Villanueva
Las instituciones del Estado deben centrarse en el beneficio social, sobre la base de un desarrollo orientado en primera a lograr una convivencia armónica. De ahí la importancia de contener la delincuencia y en general toda amenaza a la sociedad, función básica del Estado y compromiso ineludible.
Se desprende de lo anterior que tiene a su cargo garantizar la tranquilidad, que consiste en brindar “seguridad pública”, lo que no debe entenderse solamente como la lucha en contra de la delincuencia, sino, también, como la búsqueda de condiciones adecuadas para que los miembros de la sociedad puedan desarrollarse en un entorno que les permita ejercer plenamente sus derechos.
La seguridad pública se constituye como el deber de mayor importancia que busca proteger a sus miembros, en la medida de lo posible de la injusticia o la opresión procedente de cualquiera de sus integrantes, en especial por actos u omisiones de los servidores públicos que causen algún abuso. Es una obligación propiciar impartición de justicia pronta, completa e imparcial.
Al analizar los índices de impunidad que suelen rebasar el 98%, es decir, que sólo se castigan dos de cada cien delitos, estos datos por sí mismos explican, aun cuando de ninguna manera justifican, la condición que se vive en diversas regiones del país.
La comisión de homicidios, atentados en contra de la integridad personal, extorsiones, secuestros, entre otros graves ilícitos, no debería admitir margen de impunidad alguno; por el contrario, el compromiso traducido en hechos a través de la detención y formal procesamiento de los responsables debería estar siempre presente.
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene al menos tres deberes ineludibles en el ámbito de la seguridad pública:
En primer lugar, prevenir la comisión de ilícitos. Implica que realice con la mayor diligencia las acciones necesarias para evitar que se cometan los delitos, para lo que resulta esencial establecer una política articulada y congruente entre los distintos ámbitos de gobierno capaz de responder al fenómeno delictivo. No existe nada más peligroso para las instituciones del Estado que una desarticulación de esfuerzos.
Segundo, el compromiso de investigar los delitos que se cometen. Es importante poder recabar las denuncias, sea a petición de parte o bien de oficio, para lograr contener a la delincuencia y evitar una escalada de violencia que lastime de mayor manera a la sociedad.
El mejor antídoto es la investigación objetiva, completa e imparcial de los delitos y, por supuesto, la detención y formal procesamiento de los responsables de los mismos.
Tercero, la obligación de sancionar a los responsables de los ilícitos. Es claro que la mejor política preventiva es la aplicación adecuada de las penas, que por mínimas que sean logran su objetivo si se llevan a la práctica. Por el contrario, la función de una pena en apariencia grave o excesiva se anula si sólo se queda en el texto legal.
Aun cuando los obligados en primer orden a garantizar la seguridad pública son los órganos del Estado, es importante resaltar las diversas acciones de organismos de la sociedad civil. Desde su trinchera pugnan por mejoras cuantitativas y cualitativas en materia de seguridad, así como en la orientación de las políticas públicas. Su propósito es que se alcancen mejores niveles de seguridad, orden y tranquilidad social.
La violencia que en algunas zonas del país ha generado una delicada condición de inseguridad se vincula a la problemática derivada de los índices de eficiencia institucional y de los márgenes de eficacia legal, aspectos torales para encontrar la alternativa adecuada ante dicha dinámica.
Para lograr una eficacia legal se requiere que las sanciones de ley se apliquen. De otra manera se le resta fuerza y se genera la convicción de que aun cuando se atente contra las personas, las instituciones o la ley misma, no existe consecuencia. Es decir, se fortalece la impunidad y se debilita el Estado de derecho, por lo que debe buscarse el imperio de la LEY
De ahí que no sólo sea necesario tener leyes orientadas a satisfacer las demandas sociales, sino que su contenido se haga realidad. También con instituciones que cumplan sus respectivas funciones de cara a la sociedad, dando respuesta al reclamo y a lo que constituye la condición elemental para lograr una convivencia social.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Las instituciones del Estado deben centrarse en el beneficio social, sobre la base de un desarrollo orientado en primera a lograr una convivencia armónica. De ahí la importancia de contener la delincuencia y en general toda amenaza a la sociedad, función básica del Estado y compromiso ineludible.
Se desprende de lo anterior que tiene a su cargo garantizar la tranquilidad, que consiste en brindar “seguridad pública”, lo que no debe entenderse solamente como la lucha en contra de la delincuencia, sino, también, como la búsqueda de condiciones adecuadas para que los miembros de la sociedad puedan desarrollarse en un entorno que les permita ejercer plenamente sus derechos.
La seguridad pública se constituye como el deber de mayor importancia que busca proteger a sus miembros, en la medida de lo posible de la injusticia o la opresión procedente de cualquiera de sus integrantes, en especial por actos u omisiones de los servidores públicos que causen algún abuso. Es una obligación propiciar impartición de justicia pronta, completa e imparcial.
Al analizar los índices de impunidad que suelen rebasar el 98%, es decir, que sólo se castigan dos de cada cien delitos, estos datos por sí mismos explican, aun cuando de ninguna manera justifican, la condición que se vive en diversas regiones del país.
La comisión de homicidios, atentados en contra de la integridad personal, extorsiones, secuestros, entre otros graves ilícitos, no debería admitir margen de impunidad alguno; por el contrario, el compromiso traducido en hechos a través de la detención y formal procesamiento de los responsables debería estar siempre presente.
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene al menos tres deberes ineludibles en el ámbito de la seguridad pública:
En primer lugar, prevenir la comisión de ilícitos. Implica que realice con la mayor diligencia las acciones necesarias para evitar que se cometan los delitos, para lo que resulta esencial establecer una política articulada y congruente entre los distintos ámbitos de gobierno capaz de responder al fenómeno delictivo. No existe nada más peligroso para las instituciones del Estado que una desarticulación de esfuerzos.
Segundo, el compromiso de investigar los delitos que se cometen. Es importante poder recabar las denuncias, sea a petición de parte o bien de oficio, para lograr contener a la delincuencia y evitar una escalada de violencia que lastime de mayor manera a la sociedad.
El mejor antídoto es la investigación objetiva, completa e imparcial de los delitos y, por supuesto, la detención y formal procesamiento de los responsables de los mismos.
Tercero, la obligación de sancionar a los responsables de los ilícitos. Es claro que la mejor política preventiva es la aplicación adecuada de las penas, que por mínimas que sean logran su objetivo si se llevan a la práctica. Por el contrario, la función de una pena en apariencia grave o excesiva se anula si sólo se queda en el texto legal.
Aun cuando los obligados en primer orden a garantizar la seguridad pública son los órganos del Estado, es importante resaltar las diversas acciones de organismos de la sociedad civil. Desde su trinchera pugnan por mejoras cuantitativas y cualitativas en materia de seguridad, así como en la orientación de las políticas públicas. Su propósito es que se alcancen mejores niveles de seguridad, orden y tranquilidad social.
La violencia que en algunas zonas del país ha generado una delicada condición de inseguridad se vincula a la problemática derivada de los índices de eficiencia institucional y de los márgenes de eficacia legal, aspectos torales para encontrar la alternativa adecuada ante dicha dinámica.
Para lograr una eficacia legal se requiere que las sanciones de ley se apliquen. De otra manera se le resta fuerza y se genera la convicción de que aun cuando se atente contra las personas, las instituciones o la ley misma, no existe consecuencia. Es decir, se fortalece la impunidad y se debilita el Estado de derecho, por lo que debe buscarse el imperio de la LEY
De ahí que no sólo sea necesario tener leyes orientadas a satisfacer las demandas sociales, sino que su contenido se haga realidad. También con instituciones que cumplan sus respectivas funciones de cara a la sociedad, dando respuesta al reclamo y a lo que constituye la condición elemental para lograr una convivencia social.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Alejandro Encinas Rodríguez
El derecho a la resistencia
Este fin de semana miles de ciudadanos en el país se sumaron al llamado del poeta Javier Sicilia y a la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, manifestando su solidaridad y exigencia para que el Estado cumpla con su r
esponsabilidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos, asumiendo que la solución a la violencia no puede darse desde la militarización y la conformación de un Estado policiaco, sino a partir de la reconstrucción del deteriorado tejido social en nuestro país. La marcha y las acciones que la han precedido representan un cuestionamiento contundente a la errática política oficial instrumentada hasta ahora y es una clara expresión de la vigencia del derecho de los ciudadanos a la resistencia, ante la indiferencia y la incompetencia de políticos y autoridades, que pretenden eludir su responsabilidad, cuestionando el llamado de los ciudadanos, muchos de ellos víctimas de la inseguridad, al acusarlos de que al cuestionar las acciones del Estado se distrae el daño social y la responsabilidad de quienes delinquen. De ahí la relevancia de estas manifestaciones cívicas, que mantienen la exigencia de un Estado democrático frente al intento de establecer un Estado de excepción, al cobijo del clima de zozobra y el derramamiento inútil de sangre.
El derecho a la resistencia ante la autoridad es una forma legítima de defensa de los ciudadanos frente a las omisiones o el abuso de poder. Este derecho se consagra en el artículo 39 de nuestra Constitución que establece: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Este precepto constitucional se refiere además —más allá de la interpretación del derecho a la rebelión—, a un sentimiento de libertad que forma el espíritu de los hombres y que sirve de herramienta de los débiles frente a los poderosos y que recuerda a los políticos que el pueblo es el origen del poder público y fuente de su legitimidad.
Sin duda, Javier Sicilia encarna la voz de millones de ciudadanos hartos de “la clase política, de los poderes fácticos y de los siniestros monopolios y jerarquías” de un gobierno que desoye y se olvida de su función principal: generar condiciones económicas, políticas y sociales para el progreso y el pleno desarrollo. No es sólo la muerte de cerca de 40 mil personas, muchos de ellas mujeres, jóvenes y niños inocentes, y alrededor de 230 mil personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen por la violencia. Es el incremento de la pobreza que lacera a cerca de la mitad de los mexicanos, cuyo incremento en el gobierno de Calderón se ocultó en las cifras oficiales y que en el 2009 fue clasificada, como lo revelaron los cables de WikiLeaks, como información “políticamente delicada”, durante ese año electoral. Es también la indiferencia, la impunidad y corrupción de un Estado que juega a hacer la guerra y ve estadísticamente a las víctimas como daños colaterales y no como los ciudadanos a los que debe proteger.
Los ciudadanos que se han manifestado, afirman que no aceptarán más elecciones, mientras los partidos y los políticos no asumamos un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que ayude a “restaurar el amor, la paz la justicia y la dignidad” en México. Hacer oídos sordos y no atender oportunamente este llamado, conducirá a un mayor deterioro de las instituciones del Estado, de los partidos y de la profundamente cuestionada clase política. Pero también a la tentación de los omisos por mantener una estrategia que pretende conservar el poder, en vez de atender el legítimo reclamo de una sociedad cada día más hundida en la frustración social y la desesperanza.y Aspirante del PRD a la gubernatura del Estado de México
esponsabilidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos, asumiendo que la solución a la violencia no puede darse desde la militarización y la conformación de un Estado policiaco, sino a partir de la reconstrucción del deteriorado tejido social en nuestro país. La marcha y las acciones que la han precedido representan un cuestionamiento contundente a la errática política oficial instrumentada hasta ahora y es una clara expresión de la vigencia del derecho de los ciudadanos a la resistencia, ante la indiferencia y la incompetencia de políticos y autoridades, que pretenden eludir su responsabilidad, cuestionando el llamado de los ciudadanos, muchos de ellos víctimas de la inseguridad, al acusarlos de que al cuestionar las acciones del Estado se distrae el daño social y la responsabilidad de quienes delinquen. De ahí la relevancia de estas manifestaciones cívicas, que mantienen la exigencia de un Estado democrático frente al intento de establecer un Estado de excepción, al cobijo del clima de zozobra y el derramamiento inútil de sangre.El derecho a la resistencia ante la autoridad es una forma legítima de defensa de los ciudadanos frente a las omisiones o el abuso de poder. Este derecho se consagra en el artículo 39 de nuestra Constitución que establece: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Este precepto constitucional se refiere además —más allá de la interpretación del derecho a la rebelión—, a un sentimiento de libertad que forma el espíritu de los hombres y que sirve de herramienta de los débiles frente a los poderosos y que recuerda a los políticos que el pueblo es el origen del poder público y fuente de su legitimidad.
Sin duda, Javier Sicilia encarna la voz de millones de ciudadanos hartos de “la clase política, de los poderes fácticos y de los siniestros monopolios y jerarquías” de un gobierno que desoye y se olvida de su función principal: generar condiciones económicas, políticas y sociales para el progreso y el pleno desarrollo. No es sólo la muerte de cerca de 40 mil personas, muchos de ellas mujeres, jóvenes y niños inocentes, y alrededor de 230 mil personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen por la violencia. Es el incremento de la pobreza que lacera a cerca de la mitad de los mexicanos, cuyo incremento en el gobierno de Calderón se ocultó en las cifras oficiales y que en el 2009 fue clasificada, como lo revelaron los cables de WikiLeaks, como información “políticamente delicada”, durante ese año electoral. Es también la indiferencia, la impunidad y corrupción de un Estado que juega a hacer la guerra y ve estadísticamente a las víctimas como daños colaterales y no como los ciudadanos a los que debe proteger.
Los ciudadanos que se han manifestado, afirman que no aceptarán más elecciones, mientras los partidos y los políticos no asumamos un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que ayude a “restaurar el amor, la paz la justicia y la dignidad” en México. Hacer oídos sordos y no atender oportunamente este llamado, conducirá a un mayor deterioro de las instituciones del Estado, de los partidos y de la profundamente cuestionada clase política. Pero también a la tentación de los omisos por mantener una estrategia que pretende conservar el poder, en vez de atender el legítimo reclamo de una sociedad cada día más hundida en la frustración social y la desesperanza.y Aspirante del PRD a la gubernatura del Estado de México
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