LONDRES, 13 de mayo (apro).- México sigue hundido en la peor ola de violencia, asesinatos, secuestros y abusos flagrantes de derechos humanos de su población en décadas de historia, ante una ausencia casi completa del Estado y una falta de mecanismos públicos concretos para revertir un problema de dimensiones excepcionales. “La violencia ha explotado”.
Esa fue la contundente conclusión del grupo Amnistía Internacional (AI) en su Informe Anual 2011, presentado el jueves 12 en Londres.
“Miles de personas fueron secuestradas y asesinadas por bandas de delincuentes. Las fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos. Las serias deficiencias en el sistema judicial y en los mecanismos de supervisión persistieron y, en los casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad fue la norma”, sostuvo el documento, que dedicó unas cinco páginas a la preocupante situación de derechos humanos en México.
AI también reveló que al menos 15 mil personas murieron (en el año 2010) de forma violenta a manos de bandas criminales, sobre todo en los estados del norte, en su mayoría producidas en conflictos entre cárteles de la droga y otras bandas de delincuentes, aunque un número indeterminado fueron también consecuencia de enfrentamientos con la policía y las fuerzas de seguridad.
“En Ciudad Juárez murieron violentamente casi 3,000 personas, algunas de ellas en homicidios colectivos de jóvenes. En diferentes estados del país hubo ataques contra centros de rehabilitación para drogodependientes, que se saldaron con la muerte de decenas de pacientes. Más de 50 soldados y 600 policías perdieron la vida en incidentes violentos relacionados con las bandas criminales. Se sospechaba que la policía estaba ampliamente implicada en bandas de delincuentes”, agregó.
Según Amnistía, también murieron de forma violenta transeúntes y otros ciudadanos, lo que obligó a miles de personas a huir de sus hogares.
“La violencia se extendió a nuevas regiones del país y rara vez se enjuició a los responsables de estas muertes”, continuó el documento.
En su informe anual, AI destacó que al finalizar 2010 “aún estaban pendientes de aprobación en el Congreso mexicano varias reformas legales que afectaban al reconocimiento constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el sistema de justicia penal, la actuación policial, la seguridad nacional y el papel de las fuerzas armadas en la
aplicación de la ley y la jurisdicción militar. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió un informe sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos”.
Con respecto a los abusos de las fuerzas de policía, denunció que ha seguido recibiendo informes de detenciones arbitrarias, torturas, uso excesivo de la fuerza y desapariciones forzadas a manos de la Policía Federal y las policías estatales y municipales.
“Los intentos de reformar el sector policial se vieron debilitados al no establecerse controles de supervisión creíbles y no realizarse investigaciones penales efectivas sobre los abusos contra los derechos humanos”, destacó.
También denunció que defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas siguen siendo asesinados, amenazados o acosados.
“Al concluir el año seguían pendientes las medidas de protección prometidas y los nuevos procedimientos para investigar los ataques”, subrayó.
En su reporte anual, que situó a México entre los peores países de América en materia de lucha contra la violencia, AI indicó que los migrantes irregulares continúan siendo víctimas habituales de secuestros, violaciones y asesinatos.
“Decenas de miles de personas migrantes que atravesaban México en dirección a Estados Unidos fueron secuestradas, violadas y asesinadas por bandas de delincuentes. Estos delitos se cometieron a menudo con el conocimiento, la complicidad o la aquiescencia de la Policía Federal, la estatal o la municipal. Los responsables de los abusos rara vez rindieron cuentas”, denunció AI al subrayar que el nombramiento de un procurador especial en el estado de Chiapas fue una de las escasas iniciativas de éxito para investigar abusos cometidos contra migrantes.
En materia de libertad de expresión, sostuvo que continúan las amenazas y los ataques contra periodistas y medios de comunicación, con al menos seis reporteros que fueron asesinados.
“Las bandas de delincuentes atacaron en particular a periodistas que informaron sobre temas relacionados con la delincuencia. En algunos estados, los medios de comunicación locales ejercieron la autocensura, evitando informar de estas noticias”, agregó.
En ese sentido, indicó que aunque la Procuraduría General de la República reiteró su compromiso de investigar estos delitos, “la gran mayoría de ellos siguió sin resolverse”. Y aclaró que aunque se acordó un mecanismo gubernamental de protección de periodistas, al concluir el año no estaba en funcionamiento.
Respecto de los defensores de los derechos humanos, manifestó que pese a las promesas del gobierno de respetar su labor y garantizar su seguridad, “algunas autoridades gubernamentales hicieron declaraciones en las que se cuestionó la legitimidad de algunos defensores, y las medidas oficiales de protección se aplicaron a menudo de forma precaria”.
“Al concluir el año no se habían concretado un mecanismo de protección ni nuevos procedimientos para la investigación de los ataques contra defensores”, destacó el documento.
Amnistía denunció que la violencia contra las mujeres en México siguió siendo un fenómeno generalizado, con al menos unas 300 muertes violentas de mujeres en el hogar y la comunidad.
“Las medidas legislativas introducidas en los últimos años para mejorar la protección de las mujeres a menudo no se aplicaron en la práctica o fueron ineficaces para proteger a las mujeres o hacer que los perpetradores rindieran cuentas de sus actos”, señaló la ONG británica.
Y destacó que a pesar de la sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana, el gobierno no adoptó medidas efectivas para investigar y llevar ante la justicia a los responsables del secuestro y el asesinato de tres mujeres perpetrado en Ciudad Juárez en 2001 (el caso Campo Algodonero) ni para combatir la constante violencia y discriminación contra las mujeres en la ciudad.
Sobre el problema de la violencia generalizada contra las mujeres, indicó que las medidas legislativas “fueron insuficientes para prevenir y castigar a los responsables”. Además, indicó que no hubo avances en la lucha para poner fin a la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas durante la “guerra sucia” (1964- 1982).
En ese sentido, Rupert Knox, principal investigador de Amnistía para México, quien fue entrevistado por Proceso, contó que uno de los problemas que más preocupa al organismo internacional es el de abusos sufridos por migrantes.
“Una de los principales preocupaciones de Amnistía ha sido los abusos sufridos por migrantes en México. Migrantes irregulares que cruzan desde Centroamérica y suben. Este patrón de secuestros, asesinatos y abusos a migrantes es un patrón sistemático en que los principales responsables son bandas de delincuentes, pero también están implicados funcionarios”, subrayó.
Según Knox, con la detención de algunos funcionarios del Instituto Nacional de Migración “quedó expuesta la colaboración del Estado con estos grupos criminales para abusar de los inmigrantes”.
El investigador se refirió además al grave problema del aumento de la violencia en México que, dijo, “es culpa de la impunidad” que existe en el país.
“Es un círculo vicioso que no es nuevo, pero que ha sido confirmado en muchas esferas. Como ocurre con el descubrimiento de las fosas comunes, otra indicación de la participación por parte del Estado en proteger estos asesinatos y secuestros de personas, así como el no investigar como corresponde las denuncias de los familiares. La impunidad ha creado un círculo de inseguridad y vulnerabilidad de muchos sectores de la población”, sentenció.
Knox cree que el aumento de la violencia en muchas áreas de México “ha explotado”. “Con estas últimas cifras que han circulado de 40 mil asesinatos relacionados con el crimen organizado en este tiempo, queda en evidencia estos niveles fuertes de violencia. La principal debilidad durante este período de gobierno ha sido toda el área de seguridad y justicia”, sostuvo el experto, quien reconoció que un problema grave “ha sido la falta de investigación de todos estos casos”.
“Hubo una tendencia de simplemente acumular números y casos y de alguna forma presentarlos como hechos de grupos de delincuentes. Pero aún en casos como el de las fosas muestran la responsabilidad del Estado para investigar los asuntos y esclarecer los hechos”, declaró.
Para Knox, la evidencia que recopila Amnistía de cientos de denuncias demuestra que el Estado mexicano y sus actores públicos, principalmente las fuerzas policiales y militares, “están cooperando con bandas de delincuentes”.
“Hemos visto este patrón en Chihuahua, al entrevistar a muchos familiares de personas desaparecidas y secuestradas en la zona norte del país, y también en Monterrey, donde la gente le tiene miedo a la Policía. No hay distinción entre los criminales y las fuerzas del orden”, agregó.
“Ellos no garantizan la seguridad, sino que son percibidos como un riesgo y una amenaza por la forma que actúan. Eso es una consecuencia de esta política que no ha estado centrada en garantizar el respeto a los derechos humanos, sino en asumir una postura que pone en las fuerzas armadas en un lugar en el que no está capacitado para hacer cumplir la ley”, dijo el investigador.
Según Knox, la Policía mexicana y los militares “están protegidos por una jurisdicción que les garantiza impunidad. Entonces con ese mecanismo no se garantiza el respeto a los derechos, todo lo contrario”.
Otra de las conclusiones del Informe Anual de AI es que aunque México ha ratificado, promovido y adoptado el compromiso de respetar los derechos humanos, “esto no se tradujo en políticas de Estado”.
“El gobierno debe demostrar que no son meras palabras y compromisos constitucionales de papel. Y ese es el problema central, volvemos otra vez a la cuestión de impunidad. No hemos visto en este gobierno una determinación, ni voluntad política de realmente atacar el problema y darle importancia a la dimensión de la impunidad por parte de los derechos humanos, ya sea en la violencia contra la mujer, que ha aumentado otra vez, o de la violencia en general, especialmente en áreas como Juárez y Chihuahua, donde los índices han vuelto a niveles escalofriantes”.
De acuerdo con el investigador inglés, “de alguna forma el gobierno de Calderón tiene que aprovechar el deseo y la exigencia de la propia sociedad mexicana de acceder a una vida diferente y distinta a la actual, tanto en cuanto a la seguridad, como oportunidades económicas, la posibilidad de gozar de una vida digna, etc.”.
Knox sostuvo que las autoridades “tienen que esforzarse para formar el espacio político y modificar esa postura hacia los derechos humanos, construyendo un estado de derecho verdadero.
“No es simplemente una cuestión sólo del gobierno, también es cuestión de todos los poderes del Estado, del Poder judicial y el Legislativo, y de los gobiernos municipales. No es sólo una responsabilidad del Ejecutivo federal, es una responsabilidad de todos esos espacios políticos, que deben depurarse y orientarse a una política que genere los mecanismos adecuados de protección de los derechos humanos”, agregó.
Según el experto de Amnistía, “lo más fundamental es el enfoque sobre la rendición de cuentas”.
Sin un marco de investigaciones imparciales y eficaces de hechos de violencia, y cuando los responsables no logren rendir cuentas ante la justicia, dijo, la situación en México no mejorará. “Diría más, será incluso mucho peor que la actual”, sentenció.
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