Fuera García Luna

Ricardo Raphael

La marcha nacional por la paz y la justicia podría hacer historia. Las propuestas y sobre todo el tono de quienes hicieron camino, a partir de la convocatoria del poeta Javier Sicilia, contienen los significados de un parteaguas.

Quienes llegamos a pensar que este movimiento no era capaz de producir una alternativa frente a la estrategia de guerra comandada por el presidente Felipe Calderón nos equivocamos.

El proyecto de pacto que, a partir de ayer, da sentido a este movimiento es un documento bien meditado, inteligente y comprehensivo. Se hace cargo de la complejidad del fenómeno y responde puntualmente a ella.

Más allá de los inevitables reclamos a las autoridades, tanto federales como locales, este pacto —que quiere hacerse de un largo consenso ciudadano de aquí al 10 de junio— pone en el centro del compromiso por la paz a las personas de cada comunidad afectada por el crimen. En simultáneo, resta protagonismo a las policías y al Ejército, cuya credibilidad para resolver la grave circunstancia cada día se halla más mermada.

Se trata de un acuerdo a partir de la ley y no de la arbitrariedad, de las instituciones y no del caos, de la Constitución y no del autoritarismo. Es una apuesta que rechaza los extremos, tanto el del militarismo impune como el del arreglo mafioso que en el pasado administrara las relaciones entre las autoridades y los narcotraficantes.

En su diagnóstico se definen soluciones y también se igualan énfasis frente a cada una de las causas que, al origen, convocaron al desastre. Ahí se denuncian los argumentos que llevaron al desmembramiento social, los motivos de la inoperancia política, el simplismo con que los partidos y los funcionarios han actuado, las mezquindades económicas y de poder que tienen al país paralizado.

Es difícil no coincidir con las propuestas socializadas el día de ayer en la plaza de la Constitución. Muy probablemente la ruta ofrecida ayer por este movimiento será, a partir de ahora, la coordenada principal para devolverle a las instituciones —sobre todo a las encargadas de la seguridad— la legitimidad extenuada.

Con todo, lo más relevante de esta marcha fue el tono de reconciliación pacífica que los voceros del movimiento lograron imponer durante este numeroso acto de participación política.

El silencio hizo lo suyo para que los más vociferantes calmaran su odio y también sus vanidades. Durante estos tres días de penosa andanza ganó el respeto, la tolerancia y la seriedad que se merecen los asuntos más graves. No fue una marcha fúnebre, pero sí lo fue de duelo.

Cuando finalmente la palabra se escuchó en el corazón de la ciudad de México, lo mejor entre lo humano triunfó sobre las bajas pasiones de quienes fatuamente querían seguir hablando de muerte. Al mismo tiempo, las víctimas dejaron de ser un número para recuperar el nombre que en vida tuvieron.

Si el presidente de la república, si los líderes partidarios, si los gobernadores, si los poderes económicos, si los medios de comunicación son capaces de escuchar lo que ayer domingo se dijo, el comienzo de la reedificación del país podría fecharse en estos días.

Una sola señal pidió Javier Sicilia para saberse escuchado por Felipe Calderón: la salida del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, del gabinete presidencial.

Se trata de una petición exacta, la cual demostraría al movimiento por la paz y la justicia que el habitante de Los Pinos está sinceramente dispuesto para dialogar con una sociedad cada vez más distante de lo que ocurre en esa casa.

De cumplirse el pedimento, se ofrecería también una señal de humildad y reconocimiento frente a una estrategia que, al menos en parte, se ha exhibido como rotundamente equivocada.
Analista político

Cambio de estrategia, clamor ciudadano

Editorial La Jornada

Las movilizaciones que se realizaron ayer en decenas de urbes mexicanas y extranjeras en el contexto de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad fueron estrictamente ciudadanas, y tuvieron como denominador común un carácter inequivocamente crítico de la estrategia impuesta por la actual administración, desde sus inicios, en materia de seguridad pública y de combate a la delincuencia organizada. El mensaje enviado por un vasto, diverso y plural segmento de la sociedad es que tal estrategia no sólo ha fracasado en sus proclamados objetivos de contrarrestar la criminalidad y consolidar el estado de derecho, sino que se ha traducido en un quebranto mayor de la legalidad, en niveles sin precedente de inseguridad y en un baño de sangre absurdo y dolorosísimo en el que han perecido cerca de 40 mil mexicanos de todas las edades, clases sociales y niveles socioeconómicos.

Por otra parte, debe destacarse el fracaso de los intentos gubernamentales y de los medios afines al régimen de desvirtuar las demostraciones ciudadanas de ayer, ya fuera para presentarlas como producto de una manipulación partidista o facciosa, ya para usarlas como expresión de un supuesto respaldo popular a los ensayos autoritarios y a las políticas de mano dura como las estipuladas en las modificaciones propuestas –y suspendidas, por ahora– a la Ley de Seguridad Nacional; al afán por diluir las responsabilidades gubernamentales y hacer a la ciudadanía corresponsable de su propia seguridad, o para insistir en el endurecimiento de penas contra los delincuentes. Por el contrario, en su enorme mayoría, los grupos e individuos que se manifestaron expresaron en forma contundente y clara su convicción de que el componente principal de la pavorosa ola de violencia que sufre el país es consecuencia de malas decisiones gubernamentales, de una concepción unilateral, miope y meramente represiva de los fenómenos delictivos, de la prevalencia de una impunidad atroz e indignante, y de una clara falta de voluntad para enfrentar a la delincuencia en los términos legales pertinentes y sin militarizar al país.

Más allá de los alcances del plan propuesto en la concentración con la que culminó la marcha emprendida por Javier Sicilia y por centenares de personas el pasado jueves, en Cuernavaca, la demanda inmediata de la movilización fue el cese de Genaro García Luna –considerado el principal impulsor de la fallida estrategia en curso– de la Secretaría de Seguridad Pública federal, como un mensaje, propuso el propio Sicilia, de que el gobierno federal es capaz de escuchar a la ciudadanía. Por vía de la Secretaría de Gobernación, la administración calderonista dio prueba, en cambio, de su doble discurso habitual: tras manifestar su respeto por las movilizaciones masivas, reiteró que la estrategia vigente no será modificada en ningún sentido.

En suma, la trascendencia de las marchas de ayer no reside sólo en que fue una movilización absolutamente ciudadana, organizada en forma espontánea con el concurso del tejido social tradicional y de las redes sociales digitales, sino también en que expresó, de manera inequívoca y contundente, el rechazo que suscitan los conceptos y las acciones del gobierno federal en materia de combate a la delincuencia, así como el hartazgo popular ante una guerra declarada a contrapelo del sentir nacional, que ha costado demasiadas vidas y que no ha tenido ninguna efectividad perceptible. Si el gobierno se empecina en no escuchar la exasperación masiva, llevará al país y a las instituciones a nuevas simas de destrucción, descomposición y tragedia. La exigencia de cambio de estrategia debe ser escuchada y atendida.