Caminata-marcha por la Paz con Justicia y Dignidad

x Gerardo Peláez Ramos


Si avanza la movilización social a escala nacional, no se descarta que la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado ruede por los suelos con gran estrépito

Como es del dominio público, a fines de marzo del año en curso fueron asesinados en Temixco, Morelos, siete jóvenes, entre ellos Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta católico Javier Sicilia, quien con gran acierto llamó a vertebrar un movimiento civil pacífico para poner término a la brutal matanza que azota a México a partir del sexenio del presidente espurio Felipe Calderón Hinojosa. Precedido por la campaña No más sangre, iniciada, impulsada y encabezada por Rius y otros caricaturistas desde enero pasado, el llamado del escritor Sicilia concitó, de inmediato, una buena acogida y una extraordinaria respuesta de las más variadas organizaciones y personalidades, que van desde defensores de los derechos humanos, feministas, ecologistas y sacerdotes católicos progresistas hasta la Unión Nacional de Trabajadores, el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Este novedoso movimiento amplio, plural, legal, pacífico y de masas se propone, vía la movilización de la propia sociedad, imponer una política contra el crimen, racional, sensata y apegada a la Constitución General de la República, las leyes reglamentarias de ésta y de respeto irrestricto a los derechos humanos de la población en su conjunto, incluidos los delincuentes, y detener ya la carnicería demencial llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que escenifican el gobierno ilegítimo del Partido Acción Nacional y las bandas delicuenciales del tráfico de estupefacientes, que ha dejado como secuelas alrededor de 40 mil mexicanos muertos, cientos de desaparecidos, militarización del país, criminalización de la protesta social, control de los cárteles de la droga de franjas considerables del territorio nacional, violación generalizada de las garantías individuales, injerencismo creciente del gobierno norteamericano y pérdida de la soberanía nacional.

La guerra impuesta a Calderón por la superpotencia de allende el Bravo, salta a la vista, no ha logrado disminuir la producción de opiáceos, marihuana y alucinógenos; impedir el paso y contrabando de cocaína proveniente de Colombia y Perú, y debilitar y derrotar a los barones del trasiego de enervantes. Todo lo contrario. En Estados Unidos, con el visto bueno de las autoridades gabachas, crece el consumo de “drogas de diseño”, marihuana y opiáceos, mientras se estabiliza el mercado de la cocaína. Esta guerra, mal planeada, mal dirigida y mal ejecutada, es un fracaso total, y los únicos ganones son los imperialistas yanquis que buscan regular el mercado mundial de estupefacientes; fortalecer su presencia policíaco-militar en México, Centroamérica, Colombia y Perú; hacer de la seguridad nacional de la Unión Americana un problema que asuman como suyo los gobiernos entreguistas de Felipe Calderón, Laura Chinchilla, Ricardo Martinelli, Juan Manuel Santos y Alan García Pérez.

En resumen, como lo han asegurado la FBI y Barack H. Obama, los cárteles mexicanos de los narcóticos son más poderosos que antes de ser comenzada la guerra contra el narcotráfico. A lo anterior hay que agregar: los decomisos de cocaína y otras drogas han aminorado en el período presidencial de Felipe Calderón frente a la administración del inepto y corrupto Vicente Fox Quesada.

No es raro, entonces, el hartazgo social ante el asesinato descomunal de ciudadanos, adolescentes y niños, a manos de sicarios de los capos narcotraficantes, militares y policías; la supresión del orden constitucional y el imperio de la ilegalidad en gran parte de la República. De este modo, es explicable la movilización de la sociedad contra la barbarie del “gobierno” calderonista y los grupos delicuenciales, así como el apoyo masivo a las iniciativas tomadas por Rius, Javier Sicilia y otras personalidades y organizaciones.

Ya el 6 de abril las manifestaciones y mítines por la paz con justicia y dignidad, permitieron concentrar a importantes contingentes en la Ciudad de México, Cuernavaca, la capital de Chihuahua y decenas de poblaciones mexicanas más, al mismo tiempo que se realizaban actos públicos en ciudades de España, Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos, Francia y Dinamarca, donde se desenvuelve un importante movimiento de solidaridad con el pueblo mexicano y contra el régimen entreguista del PAN.

Si se excluye al partido blanquiazul y sus contlapaches de las agrupaciones fascistas, para todas las fuerzas políticas de México es evidente que el gobierno proyanqui de Felipe Calderón no garantiza la paz social y la seguridad a que tienen derecho los mexicanos ya, ahora, no más tarde. A mayor abundamiento, altos funcionarios de la actual administración antinacional y santanista, como el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, “prometen” a la ciudadanía que empezará a bajar la violencia de los grupos criminales “en siete u ocho años”. ¡Vaya descaro de estos “gobernantes”!

Para no dejar lugar a dudas acerca de su capacidad de gobernar al país, los titulares de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional se contradicen en cuanto a la apreciación de la capacidad de fuego, el poder y la extensión geográfica de las principales organizaciones delicuenciales en México. Otro tanto ocurre con los secretarios, directores y otros jefes y destacados burócratas de diversas dependencias federales.

Pero el campeonato en estulticia política se lo lleva el presidente espurio de la República. Como si existiera alguna fuerza o personalidad en la campaña No más sangre y en el movimiento liderado por Javier Sicilia, que proponga dejar manos libres a la delincuencia organizada y llamar al Estado a que se cruce de brazos, Calderón polemiza con interlocutores inexistentes y persiste en defender una guerra perdida que sólo reporta muerte y desolación en regiones, ciudades y estados; rompimiento de la paz pública; ingobernabilidad; gastos innecesarios; inestabilidad política; desprestigio del Ejército, la Marina y la policía; descomposición social, y mayor dependencia del gran ladrón de territorios mexicanos, el máximo intervencionista en México y el asesino número 1 de nuestros connacionales: Estados Unidos.

En función de la situación señalada, el 5 de mayo dio comienzo en Cuernavaca, Morelos, la Caminata-marcha por la Paz con Justicia y Dignidad con la participación de mujeres y hombres opuestos a la actual guerra de los gringos y por una política que combata al crimen organizado mediante la combinación de las medidas de fuerza, en el marco de respeto a la Constitución, las leyes y los derechos humanos, con la atención de los problemas del empleo, los salarios, la seguridad social, la autosuficiencia alimentaria, la educación, la cultura, el respeto a los sindicatos y otras organizaciones sociales, la libertad de los presos políticos y la presentación con vida de los desaparecidos políticos. Paralelamente al inicio de la Caminata-marcha iniciada en Cuernavaca y que culminará en el Zócalo de la capital federal el domingo 8 de mayo, se desarrollaron actos de masas en Chilpancingo, Guerrero; Monterrey, Nuevo León, e Irapuato, Guanajuato.

Con estos pasos, los neoliberales panistas quedan sometidos a una importante presión social y política, que si avanza la movilización social a escala nacional, no se descarta que la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado ruede por los suelos con gran estrépito. Al tiempo.

La Haine.