By Zósimo Camacho @zosimo_contra
Trece
agencias de seguridad estadunidenses, entre ellas el Servicio Secreto y
la FBI, mantienen efectivos en México. Las instituciones policiacas de
Estados Unidos de América se encuentran en este país “para colaborar con
las autoridades mexicanas”, según información obtenida por Contralínea de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Los
elementos de seguridad estadunidenses se encuentran en México, al
menos, desde diciembre de 2006, cuando inició la administración del
panista Felipe Calderón Hinojosa. Ahora, a más de la mitad del sexenio
del priísta Enrique Peña Nieto, “no ha existido variación” en las
agencias con presencia en México, señala la SRE en el oficio
UDT-0823/2017, fechado el 2 de febrero pasado.
Los elementos
policiacos de las 13 agencias se mantienen en México a pesar de las
controversias entre los gobiernos mexicano y estadunidense desde la
llegada del republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos,
el 20 de enerode 2016.
Siete de las agencias estadunidenses están
adscritas al Departamento de Justicia (Department of Justice, DoJ),
cinco al Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland
Security, DHS) y una al Departamento del Tesoro (Department of Treasury,
DoT).
“No existe la seguridad nacional mexicana, todo se lo han
entregado a Estados Unidos”, señala el especialista en Fuerzas Armadas y
seguridad nacional Guillermo Garduño Valero, doctor en sociología por
la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en América
Latina por la Universidad de Pittsburgh.
Pero la dependencia de
México hacia Estados Unidos en materia de seguridad no es algo que
sorprenda al conferencista del Colegio de Defensa Nacional, el Centro de
Estudios Superiores Navales y la Escuela de Inteligencia para la
Seguridad Nacional.
“La
situación es tan absurda que Trump ya ha empezado a nombrar ministros
en México”, ironiza con el nombramiento de Luis Videgaray al frente de
la SRE. “Ha sido Trump el que ha colocado a un sujeto en la Secretaría
de Relaciones Exteriores de este país. Es justamente el personaje que
nos trajo a Trump. Y del que Trump dijo que era un excelente secretario
de Hacienda. Es el hombre de Trump en el gobierno de México. O sea que
Trump aquí ya empezó también a nombrar sus ministros. Frente a esta
situación no se dice absolutamente nada.”
FBI, DEA protegen a Estados Unidos… desde México
El
Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos hoy está
encabezado por el fiscal general Jefferson Beauregard Sessions, a quien
se le conoce simplemente como Jeff Sessions. Integrante del ala
más conservadora del Partido Republicano, ha destacado por su férrea
posición antiinmigrante e intolerancia ante las parejas del mismo sexo,
de las que considera no deben gozar de los mismos derechos que las
parejas heterosexuales.
La dupla en uno de los departamento más
poderosos del gobierno estadunidense la completa el empresario y
fiscalista Dana James Boente. Desde el 9 de febrero pasado y hasta la
fecha, su cargo oficial es el de fiscal general adjunto interino de los
Estados Unidos de América. Boente fue el encargado de pedir la renuncia,
en días pasados, a 46 fiscales designados durante el gobierno de Barack
Obama.
El ministerio o secretaría de Estado tiene como “misión”
hacer valer una ley y “defender los intereses de Estados Unidos”;
además, “garantizar la seguridad pública en contra de amenazas tanto
nacionales como extranjeras; ofrecer un liderazgo federal en la
prevención y control de la delincuencia; buscar un castigo justo para
aquellos culpables de comportamiento ilícito; administrar y hacer valer
las leyes de inmigración de la nación justa y eficazmente; y garantizar
la justa e imparcial administración de justicia para todos los
estadunidenses”, según la información de la institución colocada en su
sitio de internet.
Las agencias de este departamento que mantienen
efectivos en México son: la Agregaduría Legal de la Agencia Federal de
Investigación (Legal Ataché Office-Federal Bureau of Investigation,
FBI); la agencia antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA); la
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of
Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF); la Oficina del Servicio
de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service, USMS);
la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia
(Office of International Affairs, OIA-DoJ); la Oficina de Desarrollo,
Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (Office of
Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT), y la Oficina
de Programas de Asistencia y Adiestramiento Internacional para la
Investigación Criminal (International Criminal Investigative Training
Assistance Program Office, ICITAP).
La FBI es una organización con
rango de seguridad nacional en Estados Unidos. Responde a las amenazas
contra el Estado estadunidense. Según su página electrónica, “su misión
es proteger y defender a Estados Unidos de amenazas terroristas y de
inteligencia extranjera, defender y hacer cumplir las leyes”. Cuenta con
una academia militarizada preparada por el Cuerpo de Marines en
Virginia. Alcanza un presupuesto superior a los 9 mil millones de
dólares. Sus oficinas centrales se encuentran en el distrito de
Columbia. James B Comey dirige la FBI desde tiempos de Barack Obama.
Por
su parte, la DEA tiene su sede central en Arlington, Virginia, frente
al Pentágono. Como la FBI, cuenta con su propia academia, militarizada,
en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia. Dispone de 21
Divisiones de campo, con 227 Oficinas de Campo y 86 oficinas en el
extranjero. México es uno de los 62 países en que se encuentra. Ejerce
un presupuesto anual de alrededor de 2 mil 500 millones de dólares. De
sus 10 mil 800 empleados, más de 5 mil 500 son agentes especiales. Su
flota aérea está compuesta por 106 aeronaves.
La ATF tiene su sede
en Washington, DC. Cuenta con un presupuesto anual estimado de 1 mil
500 millones de dólares. El director ejecutivo es Thomas E Brandon desde
2015. La misión de la Oficina, según su página de internet, es
“combatir crímenes que involucran armas de fuego, explosivos, incendios
intencionales y la desviación de alcohol y productos de tabaco; regular
el comercio lícito de armas de fuego y explosivos; y proporcionar apoyo
mundial a los miembros de la fuerza pública, la seguridad pública y la
industria”.
En lo que respecta a la USMS, ésta cuenta con más de
14 mil efectivos y un presupuesto que ronda los 2 mil 600 millones de
dólares. Su director es David L Harlow. Entre las misiones de la oficina
se encuentran proporcionar seguridad de los juzgados y tribunales; la
custodia de acusados; la protección de jueces, fiscales, abogados y
testigos; la detención de fugitivos; la ejecución de extradiciones y
deportaciones, y la protección de testigos federales. La Embajada de
Estados Unidos en México señala que “la principal función de los US
Marshals” en este país “es trabajar en colaboración con el gobierno de
México para lograr aprehender a fugitivos que son buscados por Estados
Unidos”.
La agregaduría del DoJ en México, por su parte, se
encuentra en la Embajada estadunidense y, según la propia embajada, “se
encarga de cuestiones de asistencia jurídica mutua entre México y
Estados Unidos y coordina la extradición de fugitivos a Estados Unidos
para enfrentar juicio”.
Con respecto de la OPDAT, esta oficina ha
tenido en México un papel relevante en la adopción del sistema de
justicia acusatorial. Además, según informa la propia OPDAT en su página
electrónica acerca de sus actividades en México: “ofrece programas de
tutoría y creación de capacidad para jueces, fiscales e investigadores
que se enfocan en el manejo de tribunales, jurisprudencia, defensa de
juicios, litigios y más” (sic). También capacita “en
investigaciones y procesamientos en áreas como el secuestro, el lavado
de dinero y la trata de personas”.
La OPDAT destaca que en México
ha colaborado con información y capacitación que “ha llevado a arrestos y
extradiciones importantes en casos de alto perfil. También colabora
estrechamente con las contrapartes mexicanas en los marcos legislativos
necesarios para asegurar la administración eficiente y transparente de
la justicia”. Asimismo, “colaboró exitosamente con México en la
redacción de su Código de Procedimiento Penal Nacional de 2014, la Ley
de Justicia Alternativa de 2014 y la Ley de Protección de Testigos de
2012”.
Finalmente,
en lo que respecta a las agencias del DoJ, la ICITAP se encarga en
México de colaborar con las autoridades mexicanas “para desarrollar
instituciones de procuración de justicia profesionales y transparentes
que protegen los derechos humanos, combaten la corrupción, y reducen la
amenaza del crimen y terrorismo transnacionales”, según la información
disponible en la página electrónica de la embajada.
El Servicio Secreto… y las bombas en el metro
“El
Departamento de Seguridad Interna (DHS) tiene una misión vital:
proteger a Estados Unidos de las muchas amenazas que enfrenta. Esto
requiere la dedicación de más de 240 mil empleados en trabajos que van
desde la seguridad aérea y fronteriza a la respuesta de emergencias y
análisis de seguridad cibernética”, reza la información disponible en la
Embajada de Estados Unidos en México.
El DHS está encabezado por
el general John Francis Kelly. El militar se jacta de ser un “especial
conocedor de América Latina”. Entre 2012 y 2016 estuvo al frente del
Comando Sur de Estados Unidos, con misiones de combate al crimen
organizado y entrenamientos a las fuerzas armadas de los países de la
región.
La principal misión del DHS fue anunciada apenas Trump
ganó la elección presidencial. Mediante un comunicado, el equipo de
transición del entonces presidente electo se refirió así a Kelly:
“Encabezará la urgente misión de detener la inmigración ilegal y
asegurar nuestras fronteras”. Y el propio Trump, al formalizarle el
cargo, señaló: “Es la persona correcta para encabezar la misión urgente
de detener la inmigración ilegal y proteger las fronteras”.
A la
preocupación de defensores de derechos humanos y organizaciones
proinmigrantes, Kelly respondió: “El pueblo estadunidense votó en estas
elecciones para detener el terrorismo, recuperar la soberanía en
nuestras fronteras y poner fin a la corrección política que durante
mucho tiempo ha dictado nuestro enfoque en seguridad nacional”.
Las
agencias del DHS que tienen presencia en México son: la Agregaduría del
propio DHS; la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Custom and
Border Protection, CBP); la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas
(US Inmigration and Customs Enforcement, ICE); el Servicio Secreto de
Estados Unidos (Secret Service, SS), y la Administración de la Seguridad
en el Transporte (Transport Security Administration, TSA).
La
agregaduría se encuentra en la Embajada de Estados Unidos en México,
con la misión de proteger a ese país de las “muchas amenazas” que
padece.
Por su parte, la CBP cuenta con 632 mil empleados
trabajando en Estados Unidos y otras partes del mundo. Son los
responsables de, diariamente, recibir cerca de 1 millón de visitantes,
registrar más de 67 mil contenedores de carga, arrestar a más de 1 mil
100 personas e incautar cerca de 6 toneladas de drogas ilícitas. Su
titular es el comisionado Kevin K McAleenan. La agencia se encuentra en
México para “mantener a terroristas y sus armas fuera de Estados
Unidos, al mismo tiempo que facilita el tránsito legal de viajeros y del
comercio internacional”, señala la Embajada estadunidense.
El ICE
se encarga del control fronterizo, las aduanas, el comercio y la
inmigración, “con el fin de promover la seguridad nacional y pública”,
señala en su página electrónica. Cuenta con más de 20 mil empleados en
más de 400 oficinas en Estados Unidos y en otros 48 países. Su
presupuesto anual supera los 6 mil millones de dólares. Su director
ejecutivo es Thomas D Homan. La carta de Homan para hacerse de
la dirección del ICE fue haber dirigido durante la administración de
Obama las “operaciones para detener y deportar a los inmigrantes que
entran indocumentados a Estados Unidos” o que “socavan la integridad de
nuestras leyes de inmigración y nuestros esfuerzos de control
fronterizo”, según su jefe Kelly.
El Servicio Secreto
estadunidense cuenta con más de 6 mil empleados, de los cuales 3 mil 100
son agentes especiales. Su principal misión es proteger la integridad
del presidente de Estados Unidos y de su familia. Pero también tiene
jurisdicción primaria sobre la investigación de la falsificación de
dinero. Asimismo, investiga una variedad amplia de crímenes de fraude y
de robo financiero, de identidad y proporciona la ayuda de forenses para
algunos crímenes locales. La Embajada estadunidense no ha hecho público
la presencia del Servicio Secreto en México.
La TSA gestiona
sistemas de seguridad en los aeropuertos, en los metros y en los
ferrocarriles estadunidenses. Cuenta con más de 50 mil agentes,
inspectores, directores, gestores y mariscales. Su misión es proteger
los sistemas de transporte. “Buscamos bombas en puestos de control en
aeropuertos, inspeccionamos vagones, patrullamos el metro con nuestros
socios de la ley y trabajamos para que todos los modos de transporte
sean seguros”, señalan en su página de internet. Está encabezada por el
administrador John S Pistole.
Proteger la economía… de Estados Unidos
El
Departamento del Tesoro es otro de los ministerios o secretarías de
Estado más grandes de Estados Unidos. Le han sido asignadas misiones muy
amplias y diversas. Entre ella se encuentran las de “fortalecer la
seguridad nacional por medio de la lucha contra las amenazas y proteger
la integridad del sistema financiero; y administrar eficazmente las
finanzas y los recursos del gobierno de Estados Unidos”, según su página
electrónica. Es la entidad responsable, además, de promover la
prosperidad económica y de garantizar la seguridad financiera ese país.
Cuenta con aproximadamente 120 mil empleados y un presupuesto de
alrededor de 20 mil millones de dólares. Desde que Trump asumió la
presidencia, está encabezado por el empresario y ejecutivo del banco
Goldman Sachs Steven Mnuchin.
Tiene
efectivos en México por medio de una de sus agencias: la Oficina de
Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC).
La
OFAC cuenta con alrededor de 250 empleados y ejerce un presupuesto
anual de aproximadamente 42 millones de dólares. John E Smith funge como
director interino. Según la Embajada estadunidense en México, la OFAC
“administra y procura las sanciones económicas y comerciales basadas en
la política exterior y en las metas de seguridad nacional de Estados
Unidos en contra de países y regímenes, terroristas, narcotraficantes
internacionales, aquellos involucrados en actividades relacionadas a la
proliferación de armas de destrucción masiva, y otros actores que
amenazan la seguridad nacional, política internacional o a la economía
de los Estados Unidos”.
“Cómo llegamos hasta aquí”
Hasta
antes del sexenio de Felipe Calderón, los agentes estadunidenses en
México no pasaban de 50. Pero desde los primeros días de su mandato, el
número creció a más de 600, señala uno de los asesores de la SRE durante
el sexenio calderonista. El abogado e internacionalista que solicita no
revelar su identidad, considera que al final del sexenio los efectivos
estadunidenses actuando en México superaban el millar. “Y no creo que
eso haya disminuido durante el gobierno de Peña”.
De toda la
información que Estados Unidos recopila en México, sólo proporciona a
las autoridades mexicanas aquella que le interesa para proteger sus
intereses, explica por su parte Guillermo Garduño. “Pero no nos
proporcionan aquella que nos advertiría de nuestros propios riesgos”.
El
doctor Guillermo Garduño señala que la dependencia y la capitulación de
la seguridad nacional mexicana frente a la de Estados Unidos fueron
posibles gracias a la ambigüedad y la falta de identidad de las
instituciones mexicanas.
“No
hay claridad sobre cuáles son los valores nacionales ni cuál son los
intereses nacionales que se deben tutelar”. Por supuesto, no todo empezó
en este sexenio. A decir de Guillermo Garduño, México se asumió no sólo
como “aliado incondicional de Estados Unidos, sino como elemento
protector” de ese país.
Sin embargo, en el documento entregado a Contralínea,
la SRE considera que “la colaboración de dichas instituciones con el
gobierno de México se ha realizado siempre en estricto respeto a la
soberanía del Estado mexicano”.
Agrega que la presencia en México
de representantes de gobiernos extranjeros que en su país tienen a su
cargo funciones de procuración de justicia está regulada por la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, firmada por México en
1965; y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, firmada por
el Estado mexicano en 1968.
Adicionalmente, el 3 de julio de 1992
–cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari negociaba el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte con George Bush padre, por
Estados Unidos, y Brian Mulroney, por Canadá–, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de entendimiento entre autoridades mexicanas para permitir la operación de agencias extranjeras en México.
Se
trata del Acuerdo de Secretarías de Gobernación, de Relaciones
Exteriores, y de la Procuraduría General de la República, en el Ámbito
de sus Respectivas Competencias, que Establece las Normas que Regulan la
Estancia Temporal de los Agentes Representantes de Entidades de
Gobiernos Extranjeros que, en su País, Tienen a su Cargo Funciones de
Policía, de Inspección o Vigilancia de Aplicación de Leyes y
Reglamentos, así como Técnicos Especializados.
Lo que parece
inconcebible para Guillermo Garduño es que ni en inteligencia militar,
naval ni civil haya los analistas con capacidad para haber vislumbrado
la llegada de Trump a la presidencia y la amenaza que éste representa
para México, teniendo en cuenta la dependencia de este país con respecto
de Estados Unidos.
La información de las agencias estadunidenses con efectivos en México fue entregada a Contralínea
por la Unidad de la Enlace de la SRE, a través de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Subsecretaría para
América del Norte fue la encargada de preparar la respuesta a la
solicitud con folio 0000500001617, ingresada por este medio de
comunicación. Hasta el cierre de edición, la Secretaría no había
respondido a la solicitud de entrevista con el subsecretario para
América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIONES: PORTADA/SEGURIDAD]
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