PORTADAS:Corral: a Breach la asesinaron por lo que escribía/Pide AN a INE tomar comicios en EdoMex/Se deslinda Vázquez Mota de lavado; le piden aclare origen de dinero/SEP: libremos educación de ocurrencias/Las licitaciones en materia energética se van a respetar: Alfonso Romo/¿Qué propone Cárdenas en Por México Hoy?/Juez da amparo a Diego Cruz, acusado de pederestia, porque no tuvo intención de “copular”/Militares están en las calles por fracaso de policías: Marina/Corte avala artículos más polémicos de Ley Atenco… excepto uso de fuerza como primera opción/INEcidio: La historia de siempre/Base militar desembocará en más violencia y represión para las comunidades: indígenas de Oaxaca/El PRI da migajas, los pobres de Edomex aceptan y la dependencia es mutua, concluye investigador/
REFORMA
El
Partido Acción Nacional (PAN) demandó la intervención del Instituto
Nacional Electoral (INE) en los comicios para renovar la Gubernatura del
Estado de México.Ricardo
Anaya, dirigente nacional del PAN, dijo que analizan solicitar
formalmente su intervención, ante la “elección de Estado” que
protagonizan el PRI y el Gobierno federal mediante el reparto de
tinacos, estufas, laptops, lavadoras y monederos electrónicos, entre
otras dádivas.“En
este caso es una elección local y es responsabilidad del Estado, pero
nosotros nos reservamos nuestro derecho para, en su momento, pedir la
intervención subsidiaria del Instituto Nacional Electoral.“Es
probable que sí lo hagamos. Lo estaremos valorando con el equipo
jurídico”, anunció el líder blanquiazul, acompañado por la candidata de
su partido al Edomex, Josefina Vázquez Mota.Dijo
que una muestra de la “elección de Estado” que se vive es la presencia
“en más de 100 ocasiones” de los integrantes del gabinete federal en esa
entidad en los últimos siete meses.De igual forma, las 117 carpetas de investigación abiertas en la Fepade por presunta compra de votos.La
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla la
posibilidad de que el INE emita criterios o se haga cargo de manera
parcial o total de aspectos de la organización de las elecciones.
EXCÉLSIOR
La Reforma Educativa y el nuevo modelo de
enseñanza deben tener continuidad y estar libres de ocurrencias y sellos
políticos de quienes vengan cuando este gobierno termine, señaló el
titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer.En entrevista con Excélsior,
no sólo reconoció que los primeros pasos dados para mejorar la
educación del país están en riesgo con la llegada a la Presidencia de un
político que no cree en la reforma, sino que también son un peligro
quienes “tengan ocurrencias y con tal de tener visibilidad política
echen a perder algo tan importante”.Nuño Mayer dijo que se
necesita “darle una secuencia a la Reforma Educativa y que se vuelva
algo de todos los mexicanos y no de un partido político”, y señaló a los
gobernadores como “grandes aliados” para mantener el ritmo de los
cambios hechos más allá del sexenio de EnriquePeña Nieto.“Se
busca una política de Estado, que implica que no cambia en sus
variables centrales, independientemente de quien gobierne”, agregó.“Reto: superar ocurrencias”.El
anhelo de imponer sellos personales a la política pública pone en
riesgo a la Reforma Educativa, la cual debe tener continuidad, asegura
Aurelio Nuño.Las ocurrencias políticas y el afán de
poner un sello personal en la política pública constituyen riesgos para
el futuro de la Reforma Educativa y el nuevo modelo educativo, pues a
pesar de los esfuerzos todavía no logramos entender que la educación
debe ser una política de Estado, transexenal, “que se vuelva algo de
todos los mexicanos” y se le quite el color de un partido político,
alerta Aurelio Nuño.
El empresario,
que en el 2006 estuvo contra Andrés Manuel López Obrador, habla del
proyecto económico que se construye para el país y pide a los
inversionistas no desconfiar.Hace doce años, el empresario Alfonso Romo participó en los esfuerzos
para desbancar al candidato Andrés Manuel López Obrador en la lucha por
la presidencia. Hoy es su principal promotor entre la clase empresarial
de cara a las elecciones de 2018.Romo, autor de algunas de las
operaciones empresariales más audaces de la década pasada, recorre
México desde hace dos meses para convencer a medios y líderes
empresariales de todo tamaño y filiación de que el líder de Morena, es
un candidato confiable.En su campaña despliega argumentos,
simpatías y llega a garantizar personalmente decisiones de política
pública del eventual presidente. Asegura que no pertenece formalmente al
partido y que no aspira a ningún tipo de puesto político.El mensaje, compartido en una larga conversación con Expansión
es el que cualquier empresario del mundo querría escuchar de un
candidato: López Obrador, líder en las encuestas a 15 meses de las
elecciones, no subirá los impuestos, controlará el déficit fiscal,
respetará las inversiones comprometidas, incluídas las del sector el
energético, y enfocará sus esfuerzos a facilitar la actividad de las
pequeñas y medianas empresas, las creadoras del crecimiento.¿Cómo
se hace compatible este programa con una agresiva agenda social como la
que promueve el candidato de Morena? Romo encomendó a su equipo
económico analizar una redistribución del gasto presupuestario que
contemple los ahorros por corrupción y un programa económico que
sostenga el proyecto. El resultado se presentará en diciembre.
LA SILLA ROTA
El político dijo que es una iniciativa para la construcción de consensos
y un llamado a sumar todos los llamados, expresando el descontento y la
indignación.Cuauhtémoc Cárdenas echó andar la plataforma “Por México Hoy”,
iniciativa que tiene como propósito proponer una agenda política
progresista que sea adoptada por los candidatos a la Presidencia de la
República, en las elecciones de 2018.¿Pero en qué consiste esta propuesta que impulsa Cuauhtémoc Cárdenas y otros dirigentes políticos?De
acuerdo con la justificación para crear “Por México Hoy”, esta
iniciativa es un espacio político, de confluencia, abierto, incluyente,
plural que tiene el propósito de discutir y proponer cómo construirse un
país más incluyente, para plasmarlo en un nuevo pacto social.Es
una iniciativa, continúa la justificación, que irá más allá de los
procesos electorales, pues busca crear propuestas y acción política
conjunta para cambiar el rumbo “que nos pone en riesgo como nación
independiente, incluyente y justa”.“Por México Hoy es una
iniciativa para la construcción de consensos. Es un llamado a sumar
todos los llamados, superando la fragmentación del reclamo y expresando
políticamente el descontento y la indignación”.“Es un llamado a
la organización en barrios, colonias, ejidos, escuelas, universidades y
centros de trabajo para que esa organización surja desde los territorios
y le dé sentido a la política en la vida cotidiana”, detalla.Agenda.Aunque
esta iniciativa impulsada por el fundador del PRD no tiene como
propósito de convertirse en un partido político, sí tiene definidos sus
principales puntos a seguir.Los temas básicos son: derechos
humanos, corrupción e impunidad, esclarecimiento de casos, libertad de
expresión a plenitud, revertir las reformas estructurales, nueva reforma
educativa, fortalecer la consulta popular.“Estos y otros asuntos
requieren una profunda reforma del régimen político para que el Estado
pueda ser promotor activo, garante y defensor de todos los derechos
humanos y, en consecuencia, fomentar el desarrollo, la producción
eficiente, la redistribución productiva del ingreso, impartir y
administrar la justicia y otorgar seguridad a todos los ciudadanos”,
especifica la propuesta.
De acuerdo a Cimac, en los últimos años se ha incrementado la violencia y
agresión contra mujeres periodistas por su condición de género.
ANIMAL POLÍTICO
Un juez otorgó a Diego Cruz Alonso un amparo en contra de la formal prisión que le fue dictada en enero pasado por el delito de pederastia, por el caso de la violación de la menor Daphne Fernández.El juez Tercero de Distrito de Veracruz, Anuar González, ordenó absolver y liberar al joven al determinar que no había evidencias para sostener el juicio en su contra.González consideró que Cruz no tuvo una intención “lasciva” en contra de Daphne –quien tenía 17 años cuando fue violada por Cruz y sus amigos–, ni intención de “copular”, por lo que concluyó que lo ocurrido no fue un acto sexual, sino un “roce o frotamiento”.Otro
argumento que utilizó el juez a favor de Cruz es que –según él–, Daphne
no se encontraba indefensa en el momento de los hechos. Según el código
penal de Veracruz, la pederastia ocurre contra quien “sin llegar a la
cópula (…) Abuse sexualmente de un menor, agraviando su integridad
física o moral (…) Aprovechándose de su ignorancia o indefensión (…)”.Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz indicó a Animal Político que se interpondrá un recurso de revisión
en contra de la sentencia, y que las víctimas también tienen la
posibilidad de hacerlo; esto impedirá que Cruz salga en libertad hasta
que un tribunal revise el asunto, lo que podría extenderse unos 90 días
más.Ademán, un tribunal colegiado debe confirmar la resolución de
primera instancia, ya que el delito que le imputan al joven es grave,
reportó el diario Reforma. Cruz Alonso se encuentra recluido la prisión de El Penalito, donde también esta Enrique Capitaine, otro de los implicados.
Emma Gabriela Molina Canto luchó durante dos años por recuperar a sus tres hijos, quienes
fueron secuestrados por su padre, Alberto Medina –un político
prominente acusado de corrupción y actualmente preso–. Cinco años
después de iniciar esa lucha, la joven madre fue asesinada este lunes 27 de marzo en Yucatán. Molina Canto fue atacada frente a su vivienda y en presencia de sus tres hijos por dos sujetos que ingresaron por la fuerza al lugar.Pero la seguridad personal de Emma estaba amenazada desde muchos años antes, y apenas hace una semana reportó haber sido seguida por familiares de su excónyuge.En
2012, Emma Gabriela logró divorciarse de Alberto Medina Sonda (en ese
entonces alto funcionario del gobierno de Andrés Grannier en Tabasco),
luego de que ella y sus hijos sufrieran por violencia familiar.Tras el divorcio, la custodia de los menores fue otorgada a Emma Gabriela, sin embargo, el 25 de mayo de 2012 fue secuestrada de Yucatán por agentes judiciales del estado de Tabasco, entidad hasta la cual fue trasladada, bajo falsos cargos de robo de autos.Emma Gabriela fue golpeada durante el secuestro,
y luego, en varias ocasiones, también fue agredida por agentes
judiciales, a lo largo de los cuatro meses que pasó recluida en Tabasco
por los cargos que, pasado ese tiempo, se demostró que eran falsos.Aunque Emma Gabriela recuperó la libertad, sus hijos habían sido raptados por el progenitor, luego de que ella fue secuestrada por policías tabasqueños, y así empezó una larga lucha de denuncia, acoso judicial, y amenazas.A
pesar de que Emma tuvo que vivir escondida, ante el temor de ser
atacada nuevamente por enviados de su exesposo, nunca dejó de denunciar
el rapto de sus hijos.
ARISTEGUI NOTICIAS
Ministros dejan pasar artículo que no prevé sanciones específicas contra abuso, sino solo procedimientos.La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó el análisis de la Ley Atenco con el aval a la mayor parte de su contenido,
incluyendo la autorización que se otorga a los cuerpos policiacos para
el uso de armas letales en contra de manifestaciones, concentraciones y
multitudes que las autoridades del Estado de México cataloguen como violentas o amenazantes.Tras un mes completo de debates y con dos sesiones por semana, los
ministros del Máximo Tribunal invalidaron solamente cinco artículos de
la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México, conocida
como Ley Atenco, cuatro de ellos por invadir competencias que
corresponden a la Federación en materia de tortura y justicia para
adolescentes.El fallo de la Suprema Corte también invalidó el uso de la fuerza pública como primera opción para disolver manifestaciones,
concentraciones y multitudes, pero a cambio reconoció la
constitucionalidad de otros preceptos como la autorización para el uso
de los cuerpos policiacos para disolver y dispersar manifestaciones,
cuando las autoridades consideren que las mismas son violentas,
amenazantes, o que ponen en peligro la vida o los bienes de terceros.Otro de las normas impugnadas que seguirá vigente es el artículo que
responsabiliza únicamente a los mandos policiacos de lo que suceda en un
operativo para controlar o dispersar una marcha, excluyendo de
cualquier responsabilidad o castigo a las autoridades civiles
municipales, estatales o federales que hayan intervenido en la toma de
decisiones.
REPORTE ÍNDIGO
La
historia conocida –y criticada- se repite nuevamente: los espacios que
se abrirán en el Instituto Nacional Electoral (INE) se repartirán entre
los principales partidos políticos; pero, como siempre, no todos entran
en el reparto.Este viernes se vence el plazo para que la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados pase el nombre de los
tres elegidos a la Mesa Directiva para que los someta a votación el
martes 3 de abril. Incluso, se dice que el acuerdo puede llegar antes,
el próximo miércoles 29 de marzo.Sin embargo, también podría
ocurrir que los diputados no lleguen a un acuerdo y se posponga la
decisión, dejando sin tres consejeros electorales al INE.El
nombramiento sucederá en el seno de la Junta de Coordinación Política,
el órgano legislativo que aglomera a los coordinadores de las ocho
bancadas, pero en el que no todos los votos valen lo mismo.El
voto ponderado de los coordinadores, en el que el número de diputados
que representa define el peso de su sufragio, es el que tiene ahora
empantanada la decisión sobre quiénes serán los tres consejeros
electorales.Aunque en un principio se dijo que el reparto de
cuotas sería de un consejero para el PRI, uno para el PAN y uno para el
PRD, ahora el tricolor pretende hacerse con dos de los tres espacios en
el INE.Ninguno de los partidos más pequeños tendrá participación
en la decisión. Algunos de los aspirantes más fuertes tienen un pasado
relacionado con alguno de los tres principales partidos políticos, que
estarán eligiéndolos (PRI, PAN y PRD).Mientras esto ocurre, desde
la sociedad civil ya se prepara una iniciativa de ley para la
realización efectiva de procesos de designación transparentes.El relevo.Este
4 de abril, los consejeros Beatriz Galindo, Arturo Sánchez y Javier
Santiago terminarán su periodo como consejeros electorales.
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
Pese
a las presiones de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para que
se instale un base militar en el territorio de San Mateo Macuilxóchitl,
la asamblea comunitaria de la comunidad zapoteca acordó impedirlo.A
cambio de 34 hectáreas de tierras comunales para instalar la base y
hospital militar se les ofreció otorgar concesiones de taxis a los
dueños de los terrenos, sin embargo la población rechazó la oferta al
analizar que se beneficiaría a unos cuantos y no a toda la comunidad de
Macuilxóchitl.El pasado 5 de marzo del año en curso la asamblea
de la comunidad analizó el caso y concluyeron que “si permitimos la
instalación de esta base militar, perderíamos poder de decisión sobre lo
nuestro”. Ña base militar albergaría cerca de 5 mil soldados del
Ejército Mexicano y el hospital de especialidades militares no tendría
el acceso para la población civil de San Mateo Macuilxóchitl.Señalaron
que se pretende una militarización completa de la región, lo que
desembocara en más violencia y represión para las comunidades que
pretendan defender su territorio ante el despojo. Afirman que el
territorio se encuentra concesionado para megaproyectos como lo son las
39 concesiones mineras en el distrito de Tlacolula, además de la
instalación de torres eléctricas de alta tensión del proyecto Ixtepec-
Yucatepec MorelosAdemás de Macuilxóchitl la comunidad de
Teotitlán del Valle acordó dar un no a la donación de 300 hectáreas o
venta de la propiedad comunal. Por lo que las autoridades estatales y
federales pretenden ofrecer una gran suma de dinero a cada propietario
para la compra de los terrenos.Señalaron que con el gobierno de
Gabino Cué Monteagudo y la Secretaría de Economía se entegaron 344
títulos de concesión minera en Oaxaca para la explotación de oro, plata,
zinc y cobre.
SINEMBARGO
A poco más de tres meses de las elecciones, partidos de oposición han denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a funcionarios públicos por condicionar la entrega de apoyos a cambio de votos en diversos municipios del Estado de México, lo cual viola la Ley General de Delitos Electorales. La dependencia ya investiga. Especialistas en sociología y clientelismo destacaron la relación de “dependencia mutua, pero desigual” entre mexiquenses y el PRI, quien los ha “controlado” con dádivas desde 1929 en un contexto de pobreza. “Si toda la vida viven en total exclusión y el PRI los invita y les ofrece dinero o un puesto de poder, significa cierta movilidad social, y lo aceptan por beneficio propio”, dijo el académico e investigador Lukasz Z. Czarnecki.En el Estado de México, cuna de 11 millones 120 mil inscritos en el padrón electoral y líder en feminicidios, inseguridad, pobreza y corrupción, la relación política-económica entre los mexiquenses y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que los ha gobernado casi un siglo desde 1929, se trata de una dependencia mutua y desigual que se ha generado con ayuda de liderazgos sociales internos que buscan escalar a puestos políticos, aseguraron especialistas.“En el Estado de México, como en pocos lugares del país, esta estructura donde el PRI y la sociedad se van difuminando uno en el otro, es donde más claro se ve y por eso ha sido tan complicado sacarlos del poder en los últimos 80 años”, afirmó Alejandro de Coss Corzo, sociólogo por la London School of Economics and Political Science.En época preelectoral, los partidos Morena, de la Revolución Democrática y Acción Nacional han denunciado con pruebas a funcionarios públicos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por entregar a los habitantes del Estado de México tarjetas con dinero, computadoras, celulares y herramientas de trabajo a cambio de la copia de la credencial para votar, lo cual viola el artículo 11 de la Ley General de Delitos Electorales y amerita multa y cárcel.
SINEMBARGO
El PRI da migajas, los pobres de Edomex aceptan y la dependencia es mutua, concluye investigador
A poco más de tres meses de las elecciones, partidos de oposición han denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a funcionarios públicos por condicionar la entrega de apoyos a cambio de votos en diversos municipios del Estado de México, lo cual viola la Ley General de Delitos Electorales. La dependencia ya investiga. Especialistas en sociología y clientelismo destacaron la relación de “dependencia mutua, pero desigual” entre mexiquenses y el PRI, quien los ha “controlado” con dádivas desde 1929 en un contexto de pobreza. “Si toda la vida viven en total exclusión y el PRI los invita y les ofrece dinero o un puesto de poder, significa cierta movilidad social, y lo aceptan por beneficio propio”, dijo el académico e investigador Lukasz Z. Czarnecki.En el Estado de México, cuna de 11 millones 120 mil inscritos en el padrón electoral y líder en feminicidios, inseguridad, pobreza y corrupción, la relación política-económica entre los mexiquenses y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que los ha gobernado casi un siglo desde 1929, se trata de una dependencia mutua y desigual que se ha generado con ayuda de liderazgos sociales internos que buscan escalar a puestos políticos, aseguraron especialistas.“En el Estado de México, como en pocos lugares del país, esta estructura donde el PRI y la sociedad se van difuminando uno en el otro, es donde más claro se ve y por eso ha sido tan complicado sacarlos del poder en los últimos 80 años”, afirmó Alejandro de Coss Corzo, sociólogo por la London School of Economics and Political Science.En época preelectoral, los partidos Morena, de la Revolución Democrática y Acción Nacional han denunciado con pruebas a funcionarios públicos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por entregar a los habitantes del Estado de México tarjetas con dinero, computadoras, celulares y herramientas de trabajo a cambio de la copia de la credencial para votar, lo cual viola el artículo 11 de la Ley General de Delitos Electorales y amerita multa y cárcel.
LA JORNADA
Se refuerza esa línea de investigación del crimen, expresa
"Avance importante en pesquisas, pero ya no divulgaremos más datos"
Indagar ligas entre política y narco, peligroso filón para periodistas
Rubén Villalpando, corresponsal, y Enrique Méndez
Fotoportada
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