El Archivo del Terror de Javier Duarte
La digna voz
La impunidad no es algo
inédito en México. Es cierto que tiene larga raigambre histórica en el
país. El crimen, la corrupción, la condición deficitaria del sistema de
procuración de justicia, el fuero extralegal de servidores públicos y la
frágil penalidad o castigo del delito en México nunca fueron fenómenos
ajenos a la vida pública del país. Pero si bien se trata de un flagelo
histórico, no es menos cierto –aunque algunos analistas minimicen u
omitan flagrantemente este hecho– que la guerra contra el narcotráfico
profundizó la crisis de justicia, amplió el horizonte de la corrupción y
enseñoreó el abuso de poder y los excesos de la violencia estatal. En
Veracruz esta crisis tiene rasgos de tragedia humanitaria. En esta sexta
y última entrega, correspondiente a la saga de artículos publicados
bajo el título de “El Archivo del Terror de Javier Duarte”, abordamos el
fenómeno de la impunidad en la administración del exgobernador Duarte
de Ochoa, acudiendo a los testimonios de actores sociales para la
reconstrucción de esa historia de horror no contada, y que, apenas
transcurridos unos meses de ese fin de ciclo gubernamental, sigue
causando escozor y sembrando muerte y destrucción en el estado.
VI. La ley de hierro de la impunidad
Durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa, diversas organizaciones
documentaron el enseñoramiento de la impunidad en el estado. Por cierto
que esa ley de hierro de la impunidad persiste hasta la fecha. En
Veracruz, sólo ciertos crímenes, que a menudo están envueltos en
escándalos mediáticos, son meritorios de una averiguación ministerial o
de una diligencia con estándares mínimos de apego
procedimental-institucional. Que la violencia se recrudeciera en un
contexto de impunidad ampliada no es ningún accidente: la
excepcionalidad jurídica es una licencia para matar con fuero
irrestricto. Guillermo O’Donnell alguna vez señaló que la corrupción,
violencia e impunidad es resultado de una “evaporación funcional y
territorial de la dimensión pública del Estado”. A propósito de esta
cuestión, el investigador Salvador Maldonado aclara:
“[…]
corrupción o impunidad no son prácticas que solamente distorsionen un
estado de derecho o que sean un producto ‘natural’ de Estados
deficientes o fallidos. Tampoco son prácticas y discursos que suspenden
la ley o el derecho con el fin de afrontar situaciones excepcionales y
posteriormente retornar a la ‘normalidad’… [Más bien] forman parte de
ciertas tecnologías políticas que posibilitan la dominación por medio de
la excepción a través de la suspensión del derecho y la amenaza de la
violencia… la suspensión de la ley significa que la excepción no es un
acto preestablecido, sino una voluntad del soberano, justo porque éste
encarna la ley pero al mismo tiempo se sitúa por fuera de ella”
(Maldonado, 2012).
Naturalmente estos “espacios” de excepción
que describe el autor cobraron una dimensión extraordinariamente
anti-social tras la declaratoria de guerra y el avance de la
militarización.
Especialmente en el caso de las desapariciones,
el saldo del gobierno de Javier Duarte es demostrativo de la inmunidad
que dispuso el crimen para delinquir sin pena o castigo. En ese sexenio,
la inmunización del criminal reposó, por añadidura, en la
criminalización de las víctimas. El resultado es una historia probada de
éxito criminal: impunidad a prueba de fuego.
En entrevista con
el colectivo Equifonía, el personal denunció que el gobierno saliente
únicamente efectuó medidas cosméticas, como la instauración de “mesas de
trabajo” para dar seguimiento a los casos de desaparición, pero que
nunca cumplió con el objetivo, que es la localización con vida de las
víctimas.
“Lo que sí ha cambiado es el tener reuniones con una
autoridad donde van a estar los MP’s que llevan el caso y van a informar
a un superior. Eso ya le da otro matiz. Las familias nos cuentan que
antes ellas tenían que hacer todas las diligencias, para recabar
pruebas, para avanzar en cuanto a tener pistas sobre donde localizar a
las familias. Ahora, aunque pueda haber una disposición por parte de
ciertos servidores públicos, lo que no cambia es que no se localizan [a
las personas desaparecidas]”.
Y esa notoria ineficacia es signo
de una falta de voluntad política y de estructuras institucionales
criminalmente reguladas frente a las cuales la población está totalmente
inerme:
“Diligencias básicas, sí, a propósito de una
disposición gubernamental. Pero lo que no cambia son las circunstancias
que favorecen este tipo de delitos. Ahí es donde se han agravado. Pues
es estar contracorriente. Y la corriente cada vez está más furiosa”.
“¿Dónde está la fuente de esta sistemática privación de derechos y
justicia?”, se le pregunta a Equifonía. Lacónicamente advierten: “El
poder criminal y el gobierno están coludidos”.
El testimonio
del Colectivo por la Paz Xalapa es asombrosamente similar. Para efectos
de practicidad expositiva, se reproduce parcialmente la entrevista
sostenida en 2014 con integrantes del Colectivo, y que versó sobre el
tema de la impunidad en la administración de Duarte. El testimonio de
este colectivo y otros actores, constituye un insumo imprescindible en
la documentación del terror que envolvió a Veracruz en ese aciago
sexenio del ahora prófugo exgobernador (y protégée del PRI y del gobierno federal) Javier Duarte de Ochoa.
¿Si
tuvieran que resumir la experiencia legal-procedimental de los deudos o
familiares de las víctimas (en ministerios públicos, procuraduría
etc.), cuál sería su dictamen o juicio?
C.P.X.
“En primer lugar, de los 67 casos que acompañamos, en todas, sin
excepción, ha habido una demora, una obstrucción, una inacción por parte
de la procuraduría a través de los ministerios públicos, la policía
ministerial, servicios periciales…
“A veces cuando las familias
tienen recursos, no sólo económicos sino recursos para la exigencia,
logran avanzar un poco más, logran engrosar sus investigaciones. Pero la
constante es que las instituciones no se mueven. Y dejan pasar todo el
tiempo. Dejan pasar cinco años, y después de cinco años quieren ir a
hacer una inspección ocular al lugar de los hechos. Esa es una
constante. El camino legal varía mucho. Por ejemplo, hay una persona que
desapareció hace tres años, cuyo familiar se le hizo una prueba de ADN,
y no estaba en la base de datos tres años después. Varía. Pero la
constante es la omisión”.
Pregunto porque hace poco un
auxiliar de un agente ministerial confesó que la orden de “arriba” es
abortar cualquier seguimiento en casos de desaparición.
C.P.X.
“Me he encontrado con personal de menor rango en la procuraduría que me
dicen: ‘Qué bueno que exijan’… Esto está arreglado, efectivamente,
desde arriba. A veces nosotros hacemos un mapeo de actores, para tratar
de conocer algunos antecedentes. Pero no veo que en Veracruz vaya a
parar la desaparición forzada. No lo tengo documentado, pero a partir de
algunos testimonios se sabe que ellos al tener el control de cerezos,
al tener el control de Tránsito, tienen el control de todo. Y no
permiten que haya una investigación real sobre los casos. Ellos nunca
van a reconocer que un agente del Estado desapareció o mató a tal o cual
persona. Y si el Gobernador mantiene en su puesto a ese agente
sospechoso, entonces hay aquiescencia…
“Quienes se atreven a
denunciar, o quienes integran las investigaciones han recibido amenazas.
Entonces, si efectivamente hay órdenes para eso, ¿quién va a abrir una
investigación por participación del crimen organizado o elementos
estatales? Tiene que venir la Procuraduría General de la República. Aquí
ni hay la capacidad ni hay la libertad ni hay condiciones. Si asomas la
cabeza te dan ‘cuello’”.
¿Advierten una relación entre la
guerra contra el narcotráfico y la socavación de derechos o la erosión
de las instituciones responsables de la procuración de justicia (el
orden legal)?
C.P.X. “Volvemos a la cuestión
de los intereses, a los grupos que han permeado en el estado y en el
gobierno. Si hay algún interés que deba protegerse, intereses políticos o
económicos, entonces se dispondrá de todo el aparato del Estado para
proveer impunidad e impedir la acción legal. Y también para pasarlo
inadvertido. Todos esos intereses abonan a que la ley no se cumpla. El
eslabón más bajo tiene la instrucción de que no se investigue.
Efectivamente, la guerra va en detrimento de la funcionalidad de las
instituciones...
“El Colectivo ha tomado un lugar importante,
por ejemplo, en la interlocución con el procurador de justicia. Pero me
da pena decirlo. Porque esa interlocución sólo ocurre en ciertos casos.
Esa interlocución no debería ser un caso para unos cuantos. Debería
ponerse al servicio de todas las víctimas directas e indirectas de estos
delitos tan fuertes todo el aparato de procuración de justicia. Es muy
selectivo por ese papel que tenemos de visibilizar y poner en evidencia
cómo el Estado no actúa. Es una descomposición. Y el derecho es la
primera víctima…
“Cualquier persona con un cargo mínimo puede accionar en contra de aquellas personas a las que debe proteger…
“El Estado no se preocupa de garantizar los derechos. Tenemos que
asistir a instancias internacionales. El Estado nos ha vendido
gradualmente. Esta es una estrategia que tiene décadas. Hay algunos
poderes e intereses que no están descritos en el discurso. Todo lo
mueven los intereses económicos; somos monedas de cambio. No hay un
límite en utilizar el aparato del Estado, justificándolo a través de
reformas, a través de guerra contra el narcotráfico. Usan el poder a su
antojo y en función de sus intereses…
“Estamos en el país donde
el peor criminal se puede ir por la puerta grande, y puede quedar todo
en la impunidad. Este es el país no sólo donde nos venden, sino es el
país donde todo queda impune. Y el Estado le abre las puertas a la
impunidad, y a quienes se quieran adueñar de lo que tenemos. Esto tiene
décadas tramándose. En México un partido lo impulsó”.
De los
casos que sigue el Colectivo, ¿cuántos han sido resueltos
satisfactoriamente por las instituciones responsables de la procuración
de justicia? ¿Tiene noción más o menos de los porcentajes de impunidad?
C.P.X.
“Se han resuelto 13. Y están pendientes 68. Pero no intervino la
autoridad. Es más, en un caso de un desaparecido, después de ser
liberado recibió amenazas de muerte. Y poco tiempo más tarde fue
asesinado. Estuvieron involucrados policías. Verle la cara a alguien
aquí es motivo suficiente para asesinar a una persona…
“En
cuestión de impunidad, de los casos donde se recuperaron con vida o se
localizaron los cuerpos de los desaparecidos, no hay una sola persona
que esté consignada ni procesada ni nada. En las desapariciones vigentes
y que hacemos acompañamientos, solo en un caso hay alguien procesado
por delitos federales. Y eso porque asesinaron a cuatro marinos en Poza
Rica”.
¿Estamos hablando prácticamente de un 100% de impunidad?
C.P.X. “Estamos hablando prácticamente de un 100% de impunidad. Sí”.
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