“Estimado(a)
diputado(a): Le escribo para exigirle que vote en contra de la
iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Como ciudadan@ le reitero que
la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles, no
militares”.
Así inicia el primer párrafo de la carta que
masivamente se están enviando a los diputados federales para que den
marcha atrás a la aprobación de un ley que daría un nuevo marco jurídico
a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública que
actualmente realizan.
Esta carta fue ideada por el Colectivo
#SeguridadSinGuerra, apoyado por organizaciones de la sociedad civil,
como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La
misiva continúa: “una Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, ya
que el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar
sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la
Constitución”.
“Pero además, el artículo 21 de esa misma norma
establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades
civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que
anunciaron en el Congreso”.
Bajo esa lógica, la Ley de seguridad
interior no es el mejor ni el único camino en la actual encrucijada y
“como ciudadan@ le propongo:
1. Promulgar la Ley reglamentaria del
artículo 29 constitucional, mismo que prevé las bases para decretar la
suspensión temporal de garantías. En esta ley se debe:
a. Incluir fuertes contrapesos del poder legislativo y judicial.
b. Fijar objetivos precisos así como límites de tiempo, claros e improrrogables.
c.
Incluir mecanismos de responsabilidad económica y política para los
gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato
constitucional de proveer seguridad pública.
d. Considerar un
modelo de controles múltiples en terreno que permitan la supervisión de
las operaciones y la revisión en periodos cortos por parte del propio
Congreso, tales como la integración de comisiones adhoc que soliciten
información y realicen inspecciones en los lugares donde se desplieguen
las FFAA.
2. Las intervenciones de las Fuerzas Armadas en estos
operativos deben ir aparejadas con una normatividad de uso de la fuerza,
armamento y rendición de cuentas, apropiada para las tareas de
seguridad pública.
3. Crear una comisión plural de trabajo entre
representantes del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión, de la
academia, de las víctimas de la violencia a lo largo de estos diez años
de seguridad militarizada, y de la sociedad civil organizada que
construya el consenso que soporte esta ley reglamentaria, con base en
diagnósticos y evidencia empírica.
4. Construir en el seno de la
misma comisión un plan de regreso de los militares a los cuarteles,
sujeto a condiciones y estándares precisos de contención y reducción de
la violencia a manos de autoridades civiles competentes y confiables. El
plan puede ser incluido en los artículos transitorios de la ley
reglamentaria referida.
5. El plan de regreso debe incluir el
diseño de un perfil de competencias profesionales y de herramientas de
supervisión sobre las tareas de policía y de investigación que
actualmente desempeñan las autoridades militares, así como mecanismos
anticorrupción en todas las instancias de seguridad.
6.
Igualmente, esta comisión debe diseñar los ajustes necesarios al Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para forzarlo a cumplir con la
profesionalización policial, sujeto a plazos y establecer consecuencias
ante el incumplimiento.
7. El plan debe considerar que se
restablezca una instancia de coordinación para la consolidación del
sistema de justicia penal acusatorio, estableciendo un programa
coherente y consistente de combate a la impunidad.
8. Se debe asegurar una supervisión independiente, imparcial y expedita de las violaciones a los derechos fundamentales.
“Como
ciudadan@, me indigna y me preocupa que diputados y senadores aprueben
una Ley de esta naturaleza al vapor y sin una adecuada discusión. Tomen
el tiempo que sea necesario para entender el problema que enfrentamos de
fondo, queremos que nuestros diputados y senadores legislen con
evidencia, no con presiones ni pasiones”.
“El resultado de una
guerra de 10 años nos demuestra que los resultados esperados no se han
logrado: no sólo no ha reducido la violencia, sino que ésta se ha
recrudecido”, continúa la carta.
Este colectivo está impulsado por especialistas, académicos, organismo civiles en derechos humanos.
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