(apro).- Ante la “falta de claridad en la definición de seguridad interior” y el riesgo de militarizar la vida pública, al menos 120 organizaciones de la sociedad civil, aglutinadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra, llamaron a autoridades civiles a asumir su responsabilidad en la inexistencia de la profesionalización de las corporaciones policiacas.
José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), advirtió que tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto como legisladores de PRI y PAN, “quieren legalizar las actuaciones ilegales que han venido desempeñando las Fuerzas Armadas”, creando una confusión en el debate público entre las definiciones de seguridad interior, seguridad nacional y seguridad pública, así como el papel que jugarían las fuerzas castrenses.
“Lo que creemos es que nos van a dar un madruguete y por eso estamos insistiendo en que se dé a conocer con tiempo el proyecto de ley o iniciativa que se está perfilando”, dijo Guevara al tiempo en que exigió que en el debate público se incluya la opinión de quienes han sido afectados por la actuación militar en los últimos diez años.
“Habría que preguntarle a todas las víctimas del abuso militar, qué es lo piensan de que los militares tengan una legislación para ejecutar arbitrariamente, para poder torturar o poder desaparecer”, apuntó.
Luego señaló que las iniciativas que hasta ahora se conocen y tienen fuerza, la del senador panista Roberto Gil Zuarth y del diputado priista César Camacho Quiroz, “son peligrosas” porque pretenden equiparar el poder militar al civil, y mantener “la tendencia para que los militares cada vez ocupen más espacios públicos”.
El director de la CMDPDH puntualizó que el llamado que hacen las organizaciones de #SeguridadSinGuerra es “exigir que los gobernadores y los políticos, a nivel estatal, federal y municipal, rindan cuentas, pues ha habido diez años de un descuido generalizado, un desvío de recursos importantísimo para las tareas de seguridad, para el fortalecimiento de las policías en detrimento de la seguridad pública”.
Juan Francisco Torres Landa, de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), destacó que de la revisión de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo 443 observaciones sobre 147 auditorías a recursos federales destinados a la seguridad pública.
Al indicar que ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno “se salva” de las observaciones, Torres Landa retomó un análisis que hizo el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) para ilustrar el mal manejo de fondos públicos.
A nivel federal, la ASF detectó “opacidad en el manejo presupuestal de la Gendarmería Nacional, un cuerpo de seguridad al que se destinaron 2 mil 842 millones de pesos; a nivel estatal, la ASF reportó gastos no comprobables y simulación en obras que tan sólo para el estado de Sonora alcanzan los 108 millones de pesos; a nivel local descubrió que los gobiernos malgastan el subsidio para la seguridad que reciben de la Federación, pues lo dedican a actividades ajenas a la persecución del delito, como demuestra el caso Veracruz”, dijo el activista.
María Elena Morera, de Causa en Común, apuntó que, tomando como ejemplo el caso de Veracruz, que pese a que por lo menos desde 2013 la ASF detectó irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a la seguridad pública y a la capacitación de policías, por parte del gobierno del ahora prófugo de la justicia Javier Duarte, “no vimos entonces las carpetas de investigación correspondientes abiertas por la Procuraduría General de la República (PGR), tanto que el señor se despidió en un programa de televisión y está libre”.
Morera criticó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acuse a los gobernadores por la falta de profesionalización de las policías y de la inseguridad, “cuando la Consejo Nacional de Seguridad es de competencia federal, y es el área de la supervisión del uso eficiente de los recursos”.
Luis Fernández, de Participando por México, agregó que los mismos datos oficiales demuestran que durante los últimos diez años la estrategia de seguridad en la que se puso al frente a las fuerzas armadas, ha sido errada.
“Los datos ahí están, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde 2007 a la fecha se registraron 213 mil homicidios dolosos; hay más de 30 mil personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, sin contar los migrantes”, recordó.
El activista reconoció que las organizaciones que están en el colectivo #SeguridadSinGuerra están conscientes de que “se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de autoridades civiles para poder retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de las calles”.
Agregó que “cualquier ruta de salida requiere de la adopción de fuertes contrapesos legislativos y judiciales a la actuación excepcional de la Fuerzas Armadas, así como de la existencia de mecanismos de responsabilidad de los gobiernos civiles, y sobre todo un compromiso contundente por acabar con la corrupción”.