En los gobiernos de la alternancia, los militares han tenido como principal tarea el combate al narcotráfico, con el argumento más a la mano de que se trata de un asunto de seguridad nacional.
Ni el PAN ni el PRI han dado otra respuesta distinta a la militar, como si la seguridad nacional tuviera sólo el componente castrense. Esa visión reducida explica en parte el fracaso de esa “estrategia”.
Después de una década, el resultado ha sido similar al de un conflicto interno: un alto costo social y un gran desprestigio internacional.
Pero en México no se ha declarado tal conflicto interno a pesar de que el expresidente Felipe Calderón le declaró “la guerra al narcotráfico”.
En esta espiral, la pauta de la violencia la ha puesto la delincuencia, con los militares detrás con respuestas cada vez más letales, como lo demostró la Marina en Tepic, Nayarit, apenas en febrero pasado, para detener a un jefe local del narcotráfico.
La Marina y el Ejército han dado “respuestas contundentes” que los tienen entre las instituciones que más violan los derechos humanos en México.
Aun cuando los números indican que en este sexenio las quejas han disminuido en más de la mitad respecto del sexenio pasado, cuando se abrieron alrededor de mil expedientes en su contra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay numerosos casos que confirman que los institutos castrenses mexicanos han sido acusados de graves violaciones.
En varias partes del país están documentados incluso crímenes de lesa humanidad, como desaparición forzada y ejecuciones sumarias; además de tortura y tratos crueles cuando retienen a personas antes de presentarlas ante el Ministerio Público.
A diferencia de sus dos campañas presidenciales anteriores, en 2006 y 2012, López Obrador esta vez está insistiendo en que las Fuerzas Armadas deben quedarse en sus cuarteles. También ha dicho que en su eventual gobierno los militares no serían usados “para reprimir al pueblo”.
Sin ser aún específico, el aspirante presidencial puntero en esta etapa primaria de la sucesión en Los Pinos, ha obligado ya a una respuesta del secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, quien ha demostrado que no es un hombre que se queda callado, aun cuando se coloque por encima de la autoridad civil.
El jefe del Ejército mandó a uno de sus hombres a dar, el martes por la noche, una inusitada conferencia de prensa para decir que si alguien tiene pruebas contra los militares, que las presente. Si no, son meros “infundios”.
Refractario a la crítica, el general secretario mandó el mensaje muy claro, como lo ha sido durante toda su gestión: No se metan con nosotros; el Ejército no se toca. Al contrario, hay que darle más por su sacrificio. La Ley de Seguridad Interior, por ejemplo.
López Obrador tendrá que definir si quiere unas Fuerzas Armadas transparentes y que rindan cuentas, vestirlas de civil para seguir combatiendo al narcotráfico o mantenerlas como la “institución de instituciones” que el presidente Enrique Peña Nieto dice que son.
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