Pronunciamiento abierto de organizaciones internacionales de derechos humanos en contra de la adopción de una Ley de Seguridad Interior en México

Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento, y quienes damos cercano seguimiento a la situación de derechos humanos en México, expresamos nuestra profunda preocupación por las iniciativas que se discuten en el Congreso de la Unión en relación a la "seguridad interior", por cuanto legalizan la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana potenciando la comisión de abusos. Esto es particularmente preocupante en un país como México que enfrenta graves problemas de violencia e impunidad.

La presencia del ejército en seguridad pública refuerza la idea errónea de que las Fuerzas Armadas son idóneas para resolver los problemas de seguridad pública, cuando al contrario, dicha función corresponde estrictamente a las fuerzas civiles. A la vez, la erogación de recursos al ejército resta apoyos para el fortalecimiento institucional de la policía.

Una importante cantidad de sentencias, diagnósticos y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos han indicado que el uso del ejército en tareas de seguridad pública es contrario a los estándares internacionales en esta materia y a su vez es una de las principales causas detonadoras de violencia y violaciones a derechos humanos. Asimismo, cabe destacar que el artículo 21 de la Constitución establece que las instituciones de seguridad pública deberán ser de carácter civil. Por todo ello, nos preocupa que se intente legalizar un enfoque militarizado que es contrario a las obligaciones constitucionales e internacionales contraídas por México y, como ya se ha demostrado, es ineficaz y fomenta la impunidad.

Reflejo de lo anterior son las violaciones a derechos humanos documentadas en las que elementos de las Fuerzas Armadas han sido responsables, como por ejemplo la ejecución extrajudicial de 22 personas en una bodega de San Pedro Limón Tlatlaya en el Estado de México la madrugada del 30 de junio de 2014. O los atroces actos de tortura que sufrieron 4 personas a manos de militares en Baja California Norte en junio de 2009, los cuales fueron confirmados por el Comité contra la Tortura en 2015. Esto, sin dejar de lado a las víctimas de las 99 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde 2006 hasta la fecha en contra de elementos de las Fuerzas Armadas por actos de tortura, ejecución arbitraria y desaparición forzada.

Por otra parte, a la luz de los procesos emprendidos por el Estado mexicano para avanzar en la agenda de derechos humanos, instamos al Estado a culminar la adopción de los marcos legislativos ya iniciados para prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada y la tortura de forma eficaz y conforme a los estándares internacionales.

Hacemos un respetuoso pero enérgico llamado al Poder Legislativo del Estado mexicano para que cualquier marco legislativo en materia de seguridad se base en el respeto a los derechos humanos y se ajuste a las resoluciones y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

Bajo ningún motivo se debe asignar a las Fuerzas Armadas de un país de tareas de seguridad pública.

Firman:

ACAT. Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture

CONECTAS. Direitos Humanos

Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México

CELS. Centro de Estudios Legales y Sociales

DPLF. Fundación para el Debido Proceso

FIDH. Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme

OMCT. Organización Mundial Contra la Tortura

LAWG. Latin American Working Group

Plataforma Internacional contra la Impunidad

REDRESS.

WOLA. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos