El atentado en contra de la periodista es también una amenaza para el gobernador del estado Javier Corral.
lasillarota.com
Marzo ha sido un mes cruento para el periodismo en nuestro país.
Ha rebasado los niveles de “normalidad” de ataques a informadores y
medios de comunicación. El pasado 23 de este mes la revista Proceso
documentó por lo menos nueve agresiones en diversos puntos del país en
contra del ejercicio periodístico, a esto se suman tres asesinatos, uno
por semana, en los que perdieron la vida Ricardo Monlui Cabrera,
director de la publicación digital “El Político” y columnista de El
Diario de Jalapa, asesinado en Yanga Veracruz; de Cecilio Pineda
ultimado a balazos el 2 de marzo en Pungarabato en la región de Tierra
Caliente, en Guerrero y en Chihuahua también se perpetró el homicidio de
Miroslava Breach Valducea, corresponsal del Periódico La Jornada, con
una larga trayectoria a favor de los derechos humanos y permanente
denunciante de la infiltración del crimen organizado en los diferentes
niveles locales de gobierno.
En este último caso pocos medios han consignado que el atentado en
contra de la periodista es también una amenaza para el gobernador del
estado Javier Corral, no solamente porque era su amiga, sino porque en
la escena del crimen fue hallada una cartulina con el mensaje “Por
lengua larga. Siguen llegados al gobernador y el gober… El 80”, de
acuerdo a informaciones del propio periódico La Jornada.
A pesar de la campaña, que bien califica Raúl Trejo Delarbre de mezquina,
que ha emprendido el periódico El Universal en contra del gobernador
Corral, es sabido que éste ha tenido una política para combatir a
diversos grupos delictivos que operan en su estado y por eso es posible
dilucidar que dichos grupos han lanzado una ofensiva asesinando a
periodistas pero también a defensores de derechos humanos y ambientales
en la sierra tarahumara. En enero de este año Isidro Baldenegro López,
luchador social indígena que recibió el Premio Goldman 2005 para
Norteamérica fue ultimado así como Juan Ontiveros Ramos, defensor de
territorio de la Sierra Tarahumara, que fue asesinado en la comunidad
indígena de Choréachi. Todas estas acciones hacen sospechar una
estrategia concertada para desestabilizar el gobierno de Corral quien
desde hace mucho tiempo tiene una relación de apoyo a periodistas
independientes y el movimiento social de derechos humanos.
A pesar de la gravedad sobre estos casos en Chihuahua que ponen en
riesgo la gobernabilidad no sólo de ese estado, sino del país, por
cuanto el crimen organizado desafía a los poderes formales, así como de
los múltiples casos de ataques a periodistas el gobierno federal no se
ha pronunciado contundentemente aún cuando existen enérgicos llamados de
diversos organismos internacionales derechos humanos para que el
gobierno de Peña Nieto actúe en contra de esta oleada de asesinatos, la
alerta roja ha llegado incluso a que los representantes de la Unión
Europea en México emitieran, inusualmente, un comunicado conjunto para
manifestar su preocupación al respecto.
México es el tercer país más peligroso para los periodistas, el
primero es Siria y el segundo Afganistán, de acuerdo a la organización
internacional Reporteros Sin Fronteras, con la diferencia de que estos
último países se encuentran en una guerra declarada. En concordancia con
el clima generalizado de impunidad en el país, casi el cien por ciento
de los casos de ataques a la prensa no han sido resueltos. Los recursos
institucionales como el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas
Defensoras de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de
Gobernación, así como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la
Procuraduría General de la República han mostrado una amplía incapacidad
para hacer frente al problema.
El pasado domingo 25 de marzo decenas de periodistas y activistas
marcharon en la Ciudad de México, Guadalajara y Ciudad Juárez para
protestar en contra de los asesinatos y agresiones que se suman a la
violencia imparable a lo largo y ancho del territorio con miles de
desaparecidos y centenas de cuerpos en fosas clandestinas.
En otros temas
Sigue dando de que hablar la reciente licitación de frecuencias de
radio implementada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),
en la que una empresa desconocida en el sector, Tecnoradio, se adjudicó
37 frecuencias (34 en FM y 3 en AM) ubicadas en 18 estados para lo cual
tendrá que pagar 287 millones de pesos. Hoy se sabe que dicha empresa
fue fundada en 2011 por el actual director del Instituto Mexicano de la
Radio, Carlos Lara Sumano y Alfonso Sumano ex funcionario de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ambos también han sido
asesores de la industria de la radio y la televisión.
Ante los cuestionamientos de un posible conflicto de interés por
parte de Lara Sumano, finalmente concedió una entrevista radiofónica en
la que afirmó que desde hace tiempo vendió sus acciones y por lo tanto
no está involucrado en el proceso licitatorio. El hermetismo con que se
ha manejado la identidad de quienes conforman esa empresa ha levantado
la suspicacia de que ambos personajes pudieran ser prestanombres de una
línea que conecta con Los Pinos.
Deberá de ser el IFT quien clarifique este entuerto, pues se supone
que esta misma semana deberá informar los detalles sobre quienes se
adjudicaron las 191 frecuencias licitadas.
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