La Jornada
El fiscal general de
Estados Unidos, Jeff Sessions, confirmó ayer que la institución que
encabeza, el Departamento de Justicia, retirará las subvenciones a las
ciudades y estados del país vecino que se nieguen a perseguir a
migrantes criminalesy los ayuden a eludir las leyes federales, en cumplimiento a una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump en enero pasado.
“No deportar extranjeros que fueron condenados por delitos –dijo–
pone en riesgo a todas las comunidades, especialmente a las de
inmigrantes”. El monto retenido podría ascender a más de 4 mil millones
de dólares, de un total de 13 mil 476 millones de subvenciones de
Washington a estados, condados y ciudades.
Entre las urbes más afectadas se encuentran Washington, que podría
perder casi 30 por ciento de sus recursos presupuestales, Chicago (13
por ciento), Nueva York (10) Los Ángeles (6) y San Francisco (5). Los
fondos en cuestión se destinan principalmente a educación, salud y
acciones comunitarias.
Trump y sus colaboradores han repetido las amenazas contra las
ciudades santuariosdesde la pasada campaña presidencial. El amago más reciente provino del mismo Sessions, quien la semana pasada hizo una crítica enérgica a las demarcaciones y localidades que se niegan a colaborar con la intensificación de las capturas y deportaciones de migrantes indocumentados emprendida por el gobierno federal estadunidense.
Debe señalarse: a quienes la presidencia de Estados Unidos considera
migrantes criminalesno necesariamente lo son: cualquiera que haya cometido faltas administrativas menores o protagonizado un accidente de tránsito podría ser incluido en la persecución emprendida desde la Casa Blanca. Se trata, pues, de una política xenofóbica y racista, cuyos fundamentos legales resultan endebles e incluso contrarios a la Constitución, según han señalado juristas.
Sobre esa base, desde enero pasado diversas localidades han
iniciado demandas legales contra el Ejecutivo con la finalidad de
invalidar las suspensiones de fondos federales. La primera fue San
Francisco, cuyo representante legal, Dennis Herrera, señaló que
el decreto del presidente no sólo es inconstitucional, es antiestadunidense.
Así pues, la decisión anunciada ayer por Sessions podría ser el
capítulo de una nueva y prematura derrota para Trump, quien la semana
pasada experimentó en el Congreso el fracaso de su ofensiva contra el
sistema de salud, conocido como Obamacare, implantado por su antecesor en el cargo.
Asimismo, el empecinamiento de la Casa Blanca para obligar a
ciudades, condados y estados a colaborar con las autoridades federales
en una persecución a todas luces injusta y muy probablemente ilegal,
puede convertirse en un alimento adicional al creciente rechazo que se
hace sentir en diversos sectores del país vecino contra un presidente
que en los primeros tres meses de su gestión ha exhibido ya una
deplorable torpeza.
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