Senado pide intervención de ASF e INE en Edomex, por presunto desvío de recursos públicos a favor del PRI

revoluciontrespuntocero.mx

En el Senado, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) pidieron la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México, ante el presunto desvío de recursos públicos.

La senadora Laura Rojas informó que pedirá que “el máximo órgano fiscalizador practique auditorías de desempeño a los programas sociales que promueven funcionarios federales y estatales en el Estado de México, así como a los padrones de beneficiarios”.

Además, solicitó al INE “iniciar una investigación sobre la comisión de posibles delitos electorales, por parte de funcionarios federales, quienes han mostrado un evidente activismo a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo”.

De acuerdo con la contabilidad de la senadora, desde septiembre del año pasado, cuando inició el proceso electoral, los funcionaros del gabinete han realizado 89 visitas a la entidad.

De ese total, 14 han sido encabezadas por la titular de Sedatu, Rosario Robles; nueve por Aurelio Nuño, de la SEP; seis del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y cinco del titular del IMSS, Mikel Arriola.

También refiere la presencia de los titulares de Semarnat, SCT y del ISSSTE, a los que se suman varios subsecretarios. “Esta participación, en la que promueven logros del Gobierno federal y estatal, se ha incrementado junto con el reparto de beneficios clientelares a través de programas sociales como los de empleo temporal y el anuncio de inversiones que denominan ‘históricas’ demás 82 millones de pesos”, dijo.

Añadió, ”también ofrecen capacitación y apoyos agropecuarios, Prospera y Papelito Habla o el reparto de tarjetas La Efectiva cuyo fin es inducir a los mexiquenses a un voto viciado a favor del partido en el poder”.

Rojas explicó que “en el caso de la Sedesol, el presupuesto asignado para programas sociales se duplicó de 439 a 802 millones de pesos en 2016, de acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda”.

A esto sumó, que de acuerdo con el marco legal vigente, los programas públicos no pueden ser utilizados con fines electorales ya que eso constituye una infracción.