En recientes fechas México fue
sometido al examen del Comité contra la Tortura de la ONU (CAT). Los
resultados fueron de nueva cuenta contundentes: la tortura es un
problema endémico y se aplica de manera generalizada en nuestro país.
Un diagnóstico parecido en los primeros meses del año 2015 emitió el
entonces Relator de la ONU para el tema de tortura, doctor Juan Méndez y
ameritó una de las respuestas más reprobable de la administración de
Enrique Peña Nieto, que lo descalificó profesional e incluso
personalmente. Esta actitud en contra del entonces relator, se convirtió
en una política exterior frente a la agenda de los derechos humanos.
Fuertes episodios que no tienen justificación, sino que además no son
propios de regímenes democráticos sucedieron durante el gobierno
anterior. Basta recordar la salida del Grupo de Expertos para el caso
Ayotzinapa (GIEI), quienes prácticamente fueron corridos del país luego
de desenmascarar la investigación del gobierno federal y ubicar los
hechos en un contexto de macrocriminalidad.
Otro episodio parecido ocurrió con la descalificación que la
cancillería hizo del informe de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) después de su visita de país a finales de 2015. Los
tildaron de parcialidad. Algo similar sucedió con el Comité contra la
Desaparición Forzada de la ONU, que concluyó que el país vive un
contexto de desapariciones generalizadas. De nueva cuenta el equipo de
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se volcó a descalificar las
observaciones finales del comité, denostando al órgano y a los expertos
que lo conforman.
Con independencia de los ejemplos concretos, pues podríamos agregar
otros tantos, los distintos cancilleres del gobierno peñista
instrumentaron una política exterior en materia de derechos humanos
basada en dos estrategias: por un lado, la animadversión y confrontación
hacia los organismos internacionales, y por otra renunciaron a la
tradición de postular personas a título de expertas independientes para
ocupar cargos en organismos internacionales. La política del gobierno de
Enrique Peña se dedicó a postular personas que no eran expertos, sino
funcionarios de su administración y que por tanto no actúan a título
independiente, como si representaran los intereses del gobierno en
turno.
Basta recordar el retiro de la candidatura del destacado catedrático
Miguel Sarre Iguiniz para ocupar un espacio en el CAT, sustituyendo su
nombre por el de Claude Heller, embajador en retiro de la SRE y de
ninguna manera experto en la materia. Igualmente, la designación de Joel
Hernández para ser comisionado de la CIDH, encargo que actualmente
ocupa a pesar de ser embajador de carrera en la SRE.
Como se puede observar, la anterior administración federal denostó el
valor democrático de los mecanismos internacionales, confrontándolos,
pero también pretendiendo poner en juego su independencia e
imparcialidad sumando funcionarios afines al gobierno y no expertos
independientes del mismo.
Ante este escenario, el gobierno actual tiene una gran oportunidad en
sus manos. Una política exterior en materia de derechos humanos con
clave democrática debería presuponer la apertura al escrutinio
internacional, pero sobre todo entender el poder transformador que suman
los diagnósticos y propuestas de cambio elaboradas por los mecanismos
internacionales.
Hasta ahora han existido luces y sombras del actual gobierno. Es de
destacar el gran impulso al papel de la CIDH y de la ONU en el caso
Ayotzinapa, en el que se han brindado amplias facilidades para su nueva
vinculación en la búsqueda de verdad. La visita de la Alta Comisionada
de la ONU, Michelle Bachelet, igual podría ser un signo de voluntad
política, pues se da a pocos meses de iniciada la administración y pone
sobre relieve agendas importantes en materia de derechos humanos como la
guardia nacional, la adecuada implementación de contextos jurídicos en
graves violaciones a derechos humanos, el propio caso de Ayotzinapa,
entre otros.
El mismo discurso que presentó la subsecretaria de Asuntos
Multilaterales, ante el CAT en recientes fechas es un buen signo
político, pues reconoce la gravedad de la realidad en materia de
tortura. Sin embargo, la actitud de la cancillería frente al amparo
interpuesto por familiares en búsqueda
María Herrerapara obligar a que se reconozca la competencia para conocer casos individuales por parte del Comité contra la Desaparición de la ONU no ha sido la adecuada. El juez de amparo dio la razón a Doña María Herrera y ordenó el reconocimiento de la competencia, sin embargo, la interpretación juridicista de la SRE los llevó a pelear judicialmente esa resolución, cuando en perspectiva democrática lo lógico era cumplir con la sentencia.
Contar con una política exterior de apertura al escrutinio
internacional en materia de derechos humanos es fundamental para el
país. La profundización en la asistencia técnica internacional es clave
frente a la debilidad institucional que heredó este gobierno. La
cooperación internacional sin duda alguna ayudaría para paliar problemas
estructurales como la impunidad, la corrupción y la ausencia de estado
democrático de derecho.
* Rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla
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