Caso Vanessa descubre omisiones de autoridades
El
feminicidio de Vanessa Gaytán perpetrado afuera de Casa Jalisco a plena
luz del día, destapó las carencias del sistema de acceso a la justicia
para las mujeres que viven violencia en el estado.
Vanessa contaba con medidas de protección emitidas por las
autoridades de Guadalajara debido a la violencia que vivió con su
pareja. Se encontraba en proceso de divorcio alejada de Irving Emmanuel
Ramírez Barajas; sin embargo, cuando ella se dirigía a su trabajo,
Irving le quitó la vida.
Para exigir la no repetición de casos como el de Vanessa,
organizaciones locales sostuvieron dos reuniones; una con personal de la
Fiscalía General del Estado y otra con el Secretario de Gobierno, Juan
Enrique Ibarra Pedroza, quienes acordaron presentar un plan de trabajo
para modificar los procedimientos que otorgan las medidas de protección a
las mujeres.
Se espera que dicho plan sea dirigido por el Grupo Interinstitucional
y Multidisciplinario (GIM) que da seguimiento a la Alerta de Violencia
de Género (AVG).
Mientras las jaliscienses esperan la aplicación de esta propuesta, la
violencia no cesa. Y es que esta violencia es sólo el resultado de años
de políticas públicas mal aplicadas y negligencias por parte de las
autoridades.
El caso de Vanessa no es el primero que refleja las omisiones
estatales. El 10 de marzo de 2017 fue asesinada Alondra, 10 días después
de haber tenido a su segundo hijo, a quien procreó con su asesino,
quien continúa prófugo.
Alondra acudió al Ministerio Público a denunciar a su pareja, quien
la había golpeado e intentado estrangular. Ante esto las autoridades le
otorgaron una medida de protección que no logró salvarle la vida. Frente
a este caso Amnistía Internacional (AI) emitió una recomendación a las
autoridades estatales, en la que se destacó que las omisiones en el caso
de la joven jalisciense contribuyeron a su muerte.
La organización exigió la necesidad de establecer con claridad las
características de dichas medidas de protección, su naturaleza
permanente, directa y continua; los mecanismos idóneos para dar
seguimiento y vigilancia por parte de la autoridad que las emite e
incluso para que las mismas se amplíen a los familiares indirectos de la
víctima en caso necesario.
Sin embargo, pese a esta recomendación, las omisiones y la violencia
feminicida continúan arrebatando la vida de las mujeres en Jalisco.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN OBSOLETAS
Las medidas de protección son otorgadas “como un vaso de agua que se
da a un sediento”, dijo en entrevista con Cimacnoticias la coordinadora
del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos
de la Mujer (Cladem) Jalisco, Guadalupe Ramos Ponce.
De acuerdo con el informe “Órdenes de protección en México: mujeres
víctimas de violencia y falta de acceso a la justicia” del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), antes de 2012 en Jalisco no
se emitían órdenes de protección, aun cuando la Ley de Acceso a una Vida
Libre de Violencia local indicaba que éstas deben establecerse con una
temporalidad de 72 horas, pudiendo expedirse por otras 72 horas más.
A partir de ese diagnóstico, en Jalisco comenzaron a dictarse medidas
de protección, pero en ninguna forma aminoraron la violencia que viven
las mujeres al interior de los hogares, de acuerdo con Ramos Ponce.
Las medidas comenzaron a ser emitidas “de cajón”. A todas las mujeres
que acudían a un Ministerio Público se les daba un oficio que las
autoridades ya tienen listo para estos casos, en el que se especifica
que debe ser llevado a la policía más cercana a su domicilio para que de
vez en cuando “den rondines” cerca de su casa.
Este mecanismo no va acompañado de perfiles de riesgo para las
víctimas, ni mide el nivel de peligrosidad de los agresores. No tiene
estructura y tampoco da seguimiento.
De acuerdo con la coordinadora de Cladem Jalisco, para que las
medidas de protección sean efectivas, “se debe generar una estructura
que permita emitir órdenes de protección individualizadas, para que a
cada mujer que acude a denunciar se le haga un perfil de riesgo y
conforme a ese perfil se emita la orden de acuerdo a las necesidades que
requieren. Pero para esto se requiere presupuesto y esa es una de las
peticiones que hicimos al Secretario de Gobernación”, afirmó Guadalupe
Ramos.
NULA CAPACITACIÓN
Uno de los municipios con el peor panorama es Puerto Vallarta, ya que
las autoridades tampoco saben reaccionar ante los casos de violencia en
el hogar en contra de las mujeres.
Tan sólo en mayo se emitieron seis medidas de protección en este
municipio, de acuerdo con la coordinadora del Colectivo de Mujeres,
Sandra Quiñones.
Entre ellas se encuentra Paula, una joven que recibe amenazas por
parte del hermano de su pareja. En los últimos meses la joven ha tenido
que cambiar seis veces de casa.
Paula tiene un hijo a quien el padre intenta quitarle a través de su
hermano quien es policía municipal. Sin embargo, tramitar la medida de
protección no fue nada sencillo.
“Fue un pleito, porque se nos argumentaba que al no ser el esposo,
entonces no era considerado violencia intrafamiliar y no era necesaria
la medida. El hermano de su pareja la persiguió para quitarle al niño.
Ese día la Fiscalía no quiso levantar una denuncia ni un reporte sobre
lo sucedido”, explicó en entrevista Sandra Quiñones.
Finalmente se cuenta con la medida de protección, pero las
autoridades no le dan seguimiento y tampoco realizan los patrullajes
obligatorios.
Ante este panorama, la organización decidió realizar un sondeo a 15
policías para saber cómo reaccionaban cuando una mujer víctima de
violencia se acercaba a ellos a pedir ayuda. De los 15 elementos,
ninguno supo cómo actuar.
Lo anterior refiere a una nula capacitación, lo que refleja lo
ocurrido con Vanessa, quien se encontró frente a una autoridad que
desconocía procedimientos y esos segundos fueron suficientes para
causarle la muerte.
“El desconocimiento de esto es por parte de las corporaciones de
seguridad estatales y municipales es una de las omisiones serias que
hemos encontrado en el estado de Jalisco”, destacó Sandra.
Para la defensora, las omisiones vienen desde la parte de prevención,
judicialización de las carpetas y los seguimientos que todo esto
conlleva.
“La percepción de las autoridades debe cambiar, es un asunto grave,
es un asunto del Estado, no es de particulares, porque la violencia
inicia en casa, pero lo privado es público porque transfiere la esfera
privada y mientras no sea reconocido va a seguir pasando”, refirió.
Para ella, las propuestas lanzadas en las reuniones de organizaciones
con autoridades, fueron medidas de sanción a los funcionarios públicos;
desde quien niegue a una mujer una medida de protección, la apertura de
una carpeta de investigación, hasta aquellas autoridades municipales
que no den seguimientos.
Las medidas de protección deben tener una duración amplia, hasta que
el “agresor tenga una sentencia y dependiendo de la sentencia se debería
analizar si la medida de protección continúa o no”, concluyó la
defensora.
VIOLENCIA FEMINICIDA
De acuerdo con Cladem, la violencia intrafamiliar es la principal
antesala del feminicidio en Jalisco, donde tan sólo en lo que va de este
año se tienen registrados más de 70 casos. Sin embargo, la cifra podría
ser mayor, ya que la clasificación que se otorga es incorrecta, dejando
en el limbo cientos de homicidios cometidos contra mujeres.
La tipificación del feminicidio en el estado de Jalisco se realizó el
22 de septiembre de 2012. De acuerdo con el OCNF, desde su
tipificación, el delito de feminicidio resultaba subjetivo pues dejaba a
la interpretación del juez la acreditación de la categoría “razones de
género”.
Desde entonces la mayoría de los delitos son reconocidos como
homicidios y cuando se inicia una carpeta de investigación por el delito
de feminicidio muchas veces se quedan en la etapa de investigación.
De acuerdo con el OCNF, durante 2014 y 2017 en Jalisco se registraron
414 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 261 se investigaron como
homicidios dolosos y 153 como casos de feminicidio.
Pese a que desde 2018 se publicó el Protocolo de Investigación del
Delito de Feminicidio con Perspectiva de Género para el Estado de
Jalisco, este no ha dado los resultados deseados.
Para Guadalupe Ramos, una de las defensoras que participó en la
creación de este Protocolo, el mecanismo podría funcionar como
herramienta modelo para todo el país; el gran problema es que las
autoridades no lo aplican.
Por ello, las defensoras solicitan la creación de una Fiscalía
Especializada en la atención de la violencia contra las mujeres, que se
reforme el sistema de justicia y que haya medidas de prevención
contundentes. “Debe haber un antes y un después del caso de Vanessa”.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Berenice Chavarría Tenorio
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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