Aunque en la década pasada se invirtieron por lo menos
600 millones de pesos en la capacitación de jueces para incorporar en
sus sentencias estándares de derechos humanos y de género, según
estimaciones de la organización Equis Justicia Para las Mujeres no se
tienen herramientas para evaluar si ésto ha fomentado mejores prácticas
en la impartición de justicia.
Lo anterior debido a que
hay una opacidad persistenteen los poderes judiciales locales para transparentar sus sentencias, cuando se sabe que a menudo contienen
graves discriminaciones y prejuicios de género y etnia, expuso la organización en el informe (In) Justicia abierta. Ranking de opacidad judicial en México.
En la presentación del documento, Fátima Gamboa Estrella,
coordinadora del área legal de Equis Justicia para las Mujeres, destacó
que en la evaluación que hicieron a los poderes judiciales locales, con
datos obtenidos mediante solicitudes de información, se encontró que
todos los estados y entidades
están reprobados en justicia abierta, pues ninguno logró 50 por ciento de los puntos requeridos en transparencia.Puebla y Edomex, entre los peores
Puebla y Edomex, entre los peores
Explicó que Yucatán, Chihuahua y San Luis Potosí fueron
los mejores calificados, al obtener un puntaje entre 45 y 47 por ciento,
y los poderes judiciales de Puebla, Morelos, Aguascalientes y estado de
México fueron los más opacos.
Indicó que 18 poderes judiciales locales no cuentan con la
información sobre el número de sentencias que emitieron en 2017. Y
únicamente Durango aceptó publicar en sus portales web todos estos
documentos que emitió en dicho año.
Gamboa Estrella dijo que la no publicación de las sentencias se
agravó debido a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información, pues antes de entrar en vigor, en 2015, en 29 estados
existía la obligación de que se hicieran públicas, actualmente son
cuatro.
En el Senado recordó que
el concepto de interés público (que se establece en la ley) es problemático porque no existe una definición clara sobre éste.
También destacó que 62.5 por ciento de los poderes judiciales locales no asignan presupuesto para unidades de transparencia.
Jessica Xantomila
Periódico La Jornada
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