La misma lógica fue la que emprendió el titular de la
Procuraduría General de la República (PGR), antecedente de la FGR, Jesús
Murillo Karam, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, en los
inicios de 2013, cuando detuvo y procesó a la maestra Elba Esther
Gordillo.
Ya sabemos en lo que acabó: un gran fracaso del ministerio público
porque no pudo acreditar la acusación por delincuencia organizada. Al
final de ese sexenio, la justicia federal ordenó la liberación de la
dirigente sindical, que ahora viene por sus fueros, y recién ha ordenado
la recuperación de sus bienes incautados.
En el informe que presentó el lunes a la prensa sobre sus primeros
cien días en la FGR, el fiscal dijo que para el caso de los sobornos de
la empresa brasileña Odebrecht en México tuvo reponer la investigación
con información reciente porque la PGR prácticamente no hizo nada
durante el gobierno de Peña Nieto.
La inacción del gobierno anterior se explica fácilmente porque uno de
los principales señalados es el exdirector general de Pemex, Emilio
Lozoya. Los exejecutivos de la constructora que están bajo proceso penal
en Brasil, han declarado que le entregaron 10 millones de dólares
cuando era el encargado de asuntos internacionales de la campaña
presidencial de Peña Nieto.
La pregunta inevitable es si ese dinero o una parte fue a parar a la
campaña presidencial del expresidente mexicano, como ocurrió en otros
países latinoamericanos. Otra pregunta es si Odebrecht pagó sobornos
desde que desembarcó en México, durante el gobierno de Felipe Calderón.
A diferencia de América Latina, donde los expresidentes y altos
funcionarios implicados en la corrupción de Odebrecht han sido
procesados, detenidos, encarcelados y algunos hasta han perdido a vida,
en México el caso ha sido un homenaje a la impunidad.
Gertz Manero dijo que con la nueva información recabada, en dos meses
el caso se presentará ante la justicia bajo la premisa de una
maquinación delictiva.
Lo mismo hará con la Estafa Maestra porque el posible daño de cinco mil
875 millones de pesos, “no pudo ser producto de solo 23 casos personales
independientes y asilados unos de otros”, como lo delineó la
desaparecida PGR.
Para el fiscal, “debió de haberse investigado sobre la obvia premisa
de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para
organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el
poder público”, en un delito que calificó “de Estado”.
Una investigación de ese tipo implica que se explique toda
la estructura y forma de operar de quienes desviaron los recursos
públicos desde las secretarias de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y
Pesca, además de universidades públicas.
Pero en ambos casos, la figura de delincuencia organizada parece
forzada. De acuerdo con el catálogo de delitos previstos en la Ley de
Delincuencia Organizada, Odebrecht y la Estafa Maestra no encuadran, tal
y como pasó con Elba Esther Gordillo, por más que hayan sido acciones
concertadas para delinquir.
Se trata de corrupción y colusión de funcionarios público con
particulares. La acusación por delincuencia organizada no pasa de ser
espectacular. Con el patrocinio de abogados curtidos en estas
acusaciones, los responsables pueden terminar ganando, dejando con un
palmo de narices a sus acusadores y a la sociedad.
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