El proyecto será público el día 10
Pérez Dayán propone declarar inconstitucionalidad
Se pediría a legisladores subsanar fallas
El 10 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) dará a conocer públicamente el proyecto de resolución que propone
declarar inválido el decreto por el que se expidió la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos y que los congresistas emitan
una nueva legislación a este respecto en un plazo de 90 días en el
siguiente periodo ordinario de sesiones.
Para que se declare inconstitucional la legislación actual se
requieren ocho votos de los 11 ministros que integran el pleno de la
Corte.
Sin embargo, a decir de algunos de sus integrantes, el pleno se
encuentra dividido y podría no llegar a esa conclusión toda vez que la
intención de voto de los ministros Arturo Zaldívar, Juan Luis González
Alcántara, Yasmín Esquivel Mossa y Norma Lucía Piña Hernández
presuntamente no es favorable a esa declaratoria, y se buscaría que los
legisladores subsanen los errores en que incurrieron.
En ese contexto, el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez
Dayán establece que hubo violaciones al proceso legislativo que llevó a
la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores
Públicos.
Uno de los puntos centrales de la propuesta que se pretende sea
analizada en la sesión del 13 de mayo señala que hubo omisiones respecto
del momento y forma en que se fijó el salario del Presidente de la
República, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, en un máximo de
108 mil pesos de salario neto, es decir, luego de impuestos.
En el texto –parte del cual pudo ser consultado por La Jornada–
refiere que los legisladores no tenían impedimento para establecer los
límites salariales, pero tardaron al menos siete años en fijar los
ingresos presidenciales, lo que constituye una irregularidad, ya que se
debía dar continuidad al proceso legislativo y esta formalidad no se
cumplió al transcurrir siete años para ello.
Expedientes de CNDH y senadores fijarán criterio
La discusión de las acciones de inconstitucionalidad –105
y 108/2018– promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) y diversos integrantes de la Cámara de Senadores serán los
primeros expedientes en ser analizados, pero con ello se fijará un
criterio para resolver los otros recursos presentados en contra de esa
legislación en la que se demanda la invalidez de diversas disposiciones
de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y del
Código Penal Federal.
La ley en cuestión fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el
5 de noviembre de 2018 y además de las acciones de inconstitucionalidad
mencionadas existe un recurso por parte del Instituto Nacional
Electoral (INE).
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
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