Establecer cuota para diputaciones locales, federales y senadurías
México
está lejos de ser un país incluyente si no toma en serio la
representación indígena en el ámbito nacional y local, afirmó la
exmagistrada y consultora de la Organización de Estados Americanos
(OEA), María del Carmen Alanís Figueroa.
Al participar en una mesa de análisis sobre la Reforma del Estado y
Electoral que se realizó este 20 de junio en la Cámara de Diputados,
Alanís Figuera aseguró que en los próximos cambios normativos se debe
garantizar la participación política de las comunidades indígenas.
Para lograr este fin la exmagistrada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) propuso establecer una cuota indígena
para diputaciones locales y federales y senadurías; y apoyos especiales
para que accedan a las candidaturas independientes, entre otras
medidas.
Un dato de las autoridades electorales indica que en el periodo 2012 a
2015, de las 500 diputaciones, hubo 14 diputados federales indígenas,
de los cuales cuatro eran mujeres que llegaron a la Cámara de Diputados.
En contraste, en México hay alrededor de 119 millones de habitantes, de
los cuales 25 millones de personas se autoadscriben como indígenas;
igual a 21.5 por ciento de la población.
Alanís Figuera recordó que, desde hace 18 años, en 2001, la
Constitución federal incorporó el derecho de las comunidades indígenas a
elegir a sus representantes en ayuntamientos y el derecho de que la
elección fuera de acuerdo con sus normas y prácticas tradicionales.
En esa misma reforma se introdujo un artículo transitorio para que el
entonces Instituto Federal Electoral (IFE) estableciera los distritos
electorales tomando en consideración la ubicación de los pueblos
indígenas.
Años después, en 2015 se hizo otra reforma para garantizar que
mujeres y hombres indígenas disfruten su derecho a votar y ser votados
en condiciones de igualdad, asimismo se estableció el derecho de
desempeñar cargos públicos y de elección popular.
Carmen Alanís explicó que también se estableció que en ningún caso
las prácticas tradicionales podrían limitar el ejercicio de los derechos
político-electorales, por lo que pareciera que el marco constitucional
es completo, pero, advirtió, de nada sirve si no hay reglas, autoridades
y garantías para ejercer los derechos.
Como ejemplo, mencionó que desde 2004 se habían definido 28 distritos
electorales indígenas, es decir, zonas que tenían 40 por ciento de
población indígena. En estos distritos los partidos políticos deberían
registrar 28 candidaturas indígenas a cargos de elección.
No obstante, no ha sucedido así. Alanís Figueroa consideró que la
participación política de la población indígena ha sido limitada porque
los partidos políticos aseguran que no hay indígenas que quieran
participar, así como antes decían que no había mujeres interesadas en la
política.
La experta criticó que todavía falta representación de esta población
en los Congresos locales, en la Cámara de Diputados y en el Senado; y
que en 2018 la autoridad electoral obligara a los partidos políticos a
registrar sólo 12 candidaturas indígenas: 6 mujeres y 6 hombres, y no
28.
Esta disposición del Instituto Nacional Electoral (INE) fue impugnada
ante la Sala Superior TEPJF, que al resolver el caso elevó el número de
distritos a 13 y decidió que la cuota indígena se aplicara en los 13
distritos con 60 por ciento o más de población indígena.
En esa misma resolución, explicó Alanís Figueroa, el TEPJF introdujo
un elemento controversial: el derecho de las personas de decirse
indígenas por “autoadscripción calificada”, es decir que se consideran
indígenas pero que presentaran pruebas de ello.
En el derecho internacional las personas se autodefinen indígenas y
no tienen que demostrarlo, pero en México se exigieron pruebas. “Una
salida lógica y razonable ante la deleznable y vergonzante actitud de
algunos partidos políticos de registra candidaturas indígenas que no
eran (personas) indígenas para cubrir esta cuota”.
En el proceso electoral de 2018, en Chiapas, dos exfuncionarios
presentaron documentación falsa para hacerse pasar como indígenas ante
la autoridad electoral y acceder a las candidaturas reservadas para esta
población.
La exmagistrada mencionó que con la nueva reforma del Estado se deben
conciliar los sistemas normativos indígenas con los principios
constitucionales y convencionales para asegurar el ejercicio y respeto
de los Derechos Humanos de esta población.
Un tema pendiente que también puede ser retomado, dijo, es reforzar las candidaturas independientes indígenas.
El sistema electoral mexicano ya tuvo una indígena como candidata a
la presidencia de la República. En las elecciones de 2018 el Concejo
Indígena de Gobierno (CIG) postuló a María de Jesús Patricio Martínez,
quien no consiguió el número de firmas necesarias para completar su
registro.
CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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