La deconstrucción de la laicidad mexicana

Bernardo Barranco

Con preocupación percibo el comportamiento de la 4T en materia religiosa. El concepto de Estado laico en este gobierno se aleja de las concepciones juaristas emanadas por el liberalismo del siglo XIX. Hoy se opera un proceso de deconstrucción de la laicidad mexicana. Se han perdido la sensibilidad y la memoria histórica que refiere la incursión de la religión en la política. Que ha costado al país tres guerras sangrientas. La Guerra de Reforma, la Invasión Francesa y la Guerra Cristera.

Las fórmulas jurídicas y políticas del laicismo permitieron, hasta ahora, cierta armonía y acomodo civilizado de las creencias en la construcción del Estado moderno mexicano. La laicidad es la supremacía del Estado ante la pluralidad de convicciones y la garantía de libertad, así como la atmósfera necesaria para la estabilidad pacífica entre lo diverso. Pareciera que el gobierno de la 4T fomenta el sustento de las iglesias para fortalecer su posicionamiento en particular en el mercado religioso popular que es el mismo de sus programas sociales. ¿Será que el gobierno de AMLO necesite de la legitimidad de las iglesias para gobernar? ¿Como en la Edad Media, que el príncipe necesitaba de la legitimidad de Dios? O es tal el deterioro del llamado tejido social que requiere la intervención de curas y pastores para fomentar valores sociales perdidos. Las disyuntivas se antojan provocadoras. Probablemente, buscará la construcción de otro pacto social y recomponer la salud del tejido social bajo el costo de un nuevo bosquejo institucional. Dicho diseño permanece difuso y hasta deshilvanado.

Frente a lo religioso hay disformidad y confusión. Incluso atropello al orden constitucional. La presencia de dos pastores en el acto republicano de unidad nacional de Tijuana contravino el ar­tículo 130 constitucional, que prohíbe explícitamente en su inciso E, lo siguiente: Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. La laxitud frente a lo religioso no lleva a gobiernos místicos ni mucho menos revoluciones espirituales desde el poder. Conduce a desconciertos. Por ejemplo, por unanimidad los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) entregaron una concesión única de tipo social a La Visión de Dios. Esta asociación civil secular y laica, se­gún defienden los comisionados del IFT, podrá transmitir radio FM y Tv en Mérida, Yucatán, por 30 años. Esta iniciativa ha irritado a especialistas, porque abre el camino a las iglesias para acceder a la concesión de medios: sólo deben presentar una asociación civil como prestanombres para burlar la ley vigente. Aquí se viola el artículo 16 de la Ley de Asociaciones y Culto Público: Las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar, por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva. Cofraternice, de Arturo Farela, ya no necesita de Gobernación ni estudios legales para acceder a la concesión de medios, el camino ya está trazado. Desde 1994 con la misma fórmula de una ONG prestanombres, como ha venido funcionando María Visión, un aburridísimo canal católico.

Maru Jiménez y Luis Guillermo Hernández, del equipo de investigadores de Carmen Aristegui, detectaron que el gobierno de AMLO está eliminado obstáculos legales para formalizar la participación de las iglesias en su proyecto social y político. El 31 de mayo, el Presidente expidió el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, que fue publicado en el Diario Oficial. En su inciso 19, del artículo 83 del reglamento, relacionado con las funciones y atribuciones de la Dirección General de Asuntos Religiosos, estableció un nuevo enfoque que dice: Proponer y coordinar estrategias colaborativas con las asociaciones religiosas, iglesias, agrupaciones y demás instituciones y organizaciones religiosas, para que participen en proyectos de reconstrucción del tejido social y cultura de paz que coadyuven a la consecución de las atribuciones materia de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. Este cambio, contraviene el artículo 40 constitucional y el espíritu del 130, que estable la histórica separación entre las iglesias y el Estado. La 4T requiere fundamentar con solvencia su postura respecto a lo religioso y justificar ante la sociedad su visión, estrategia y fronteras no sólo en términos de políticas de gobierno, sino su visión de Estado frente a las Iglesias.

Hemos advertido en diferentes momentos que el empoderamiento de iglesias conservadoras puede llevar a tensio­nes sociales y a escenarios peligrosos de intolerancia que pueden perturbar la paz social y la convivencia armónica de la sociedad. En especial contra las mujeres, contra grupos homosexuales y crispación en torno a imposiciones a un tipo de familia natural, aborto, muerte digna, matrimonios igualitarios y muchos otros temas. En América Latina los grupos evangélicos conservadores conforman bloques duros con agendas escatológicas. El libro Evangélicos y poder en América Latin a, coordinado por Luis Pérez Guadalupe y Sebastian Grundberger, señala que la influencia política de los evangélicos conservadores será una tendencia continental. Han dejado atrás sus templos cochera y se han instalado en las instancias del poder para imponer sus agendas. ¿Es el precio de la democracia moderna? ¿Tendremos la capacidad para el debate apocalíptico?

La 4T necesita fundamentar su proyecto de laicidad porque hasta ahora sólo está demoliendo una tradición política, jurídica e histórica como ningún otro régimen.