OPINIÓN
En
su afán de romper con el pasado, el presente régimen ha echado abajo
políticas públicas que requirieron de intenso trabajo del gobierno y de
la sociedad civil. La política para alcanzar la igualdad de género es
sólo un ejemplo. Como si esto no bastara, ha dado también un giro hacia
las iglesias que amenaza el carácter laico de la República y rompe, no
con el pasado “neoliberal”, sino con legado liberal del siglo XIX: la
separación de las Iglesias y el Estado.
Además de notar las frecuentes alusiones religiosas en el discurso
presidencial, diversos analistas han criticado la injustificada
participación de representantes eclesiásticos en el acto llevado a cabo
en Tijuana para ¿celebrar? el acuerdo migratorio con Estados Unidos. En
cambio, se ha prestado menos atención a un cambio en la política hacia
las asociaciones religiosas que tal vez explique esa presencia y que, en
todo caso, anuncia nuevos y más riesgosos ataques a la laicidad: la
invitación del gobierno a estas asociaciones a participar en la
“reconstrucción del tejido social y la cultura de paz” y a “impulsar los
objetivos sociales de la cuarta transformación”.
Aunque sólo fuera un gesto retórico, este acercamiento a las iglesias
sería ya preocupante, sobre todo cuando, en contraste, se ha denostado a
las organizaciones de la sociedad civil y se les han negado recursos
que antes favorecieron la colaboración de éstas en tareas que el Estado
no puede cumplir solo, como las estancias infantiles y los refugios para
mujeres maltratadas. Lo más grave es que este giro se ha concretado en
documentos oficiales y se presenta como una línea de política estatal,
como si una “emergencia nacional” pudiera justificar quebrantar el marco
constitucional.
No es exagerado preguntarse adónde se pretende llegar en la
interpretación a modo de las leyes cuando se lee en el nuevo reglamento
interno de la Secretaría de Gobernación (Segob) DOF 31/5/19, que la
dirección de asuntos religiosos de ésta tendrá entre sus funciones
“proponer y coordinar estrategias colaborativas con las asociaciones
religiosas, iglesias, agrupaciones y demás instituciones u
organizaciones religiosas para que participen en proyectos de
reconstrucción del tejido social y cultura de paz que coadyuven en la
consecución de las atribuciones en la materia” de la subsecretaría del
ramo (art. 86. XIX).
¿Las iglesias contribuirán a alcanzar objetivos de política pública
en un Estado laico? ¿Qué implica que, como informaron Maru Jiménez Cali y
Luis Guillermo Hernández en Aristegui Noticias (18/06/19), las iglesias
presenten, en mesas intersectoriales de trabajo, opiniones y propuestas
para “contribuir a la gobernabilidad, prevención social y
reconstrucción del tejido social en los ámbitos familiar, comunitario,
laboral y ciudadano”, con vistas, además, a la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo?
Mencionar “el Estado laico” y “una perspectiva incluyente y
equitativa” no basta para acotar las intenciones religiosas ni
justificar la injerencia de grupos de interés que, aun sin esta
permisividad oficial, han actuado como agentes políticos para promover
leyes, como las reformas constitucionales para “proteger la vida desde
la concepción” u obstaculizar otras, como la aprobación del matrimonio
de personas del mismo sexo. En este mismo contexto, es también ominoso
que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) haya otorgado una
concesión de radio y TV a “La visión de Dios”, so pretexto de que ésta
no es “una asociación religiosa registrada”. ¿El nombre no les dice
nada?
Creer que las iglesias no buscarán intervenir en la política
educativa, como ya lo han hecho en contra de la educación sexual, ni
coartar los derechos de las mujeres y la población LGBTTTI, es olvidar
la historia: más de un prelado ha justificado la pederastia, la
violación y el feminicidio como “responsabilidad” de las víctimas.
Es olvidar también que el “perdón” que pregonan algunos religiosos
como medio de reconciliación ha sido rechazado por las familias de las
víctimas de violencia. Involucrar a cualquier iglesia en tareas de
política pública es anticonstitucional y peligroso.
* Ensayista y crítica cultural, feminista.
Twitter: @luciamelp
Imagen retomada de el periodicocom.mx
Por: Lucía Melgar*
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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