Editorial La Jornada
Según filtraciones
anónimas del Departamento de Seguridad Nacional, obtenidas por medios de
comunicación estadunidenses, mañana se pondrá en marcha un operativo
para deportar a familias completas de migrantes que residen en las
principales ciudades del país. La denominada
megaredadaresponde a la amenaza de deportar a
millonesde migrantes irregulares, con la cual el presidente Donald Trump arrancó su campaña rumbo a la relección.
Como suele suceder cuando el magnate usa cifras, la que apuntó el
lunes pasado adolece en su concordancia con la realidad, en primer lugar
porque ignora todas las trabas legales que ralentizan los trámites de
detención y expulsión, las cuales ya le han obligado a recular varias
veces en sus políticas xenófobas. Pero, además, el mandatario
republicano soslaya que, pese a toda la retórica antimigrante y al
discurso de mano dura con que busca hacer exhibiciones de fuerza, su
gobierno se encuentra lejos de los récords de deportaciones alcanzados
en la presidencia de su antecesor.
En este escenario, queda claro que el propósito de la cacería humana
anunciada no es otro que el de complacer a la base electoral de Trump,
compuesta por los sectores más retrógradas de la sociedad estadunidense,
al tiempo que se atemoriza a las familias migrantes que viven, trabajan
y contribuyen a la economía del país, en algunos casos desde hace
décadas. Así lo deja patente la intención de proceder contra los
migrantes en sus hogares y sus sitios de trabaj dada a conocer por la
prensa.
Desde México, el agresivo plan que será ejecutado por el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) impone
dos consideraciones. Primera, la de cómo debe interpretarse el embate
contra familias conformadas principalmente por mexicanos, desplegado
apenas dos semanas después de que los gobiernos de ambos lados de la
frontera establecieran un acuerdo de cooperación en materia de control
migratorio. Segunda, la de cómo habrá de responderse ante la
repatriación de miles de connacionales y ante el cúmulo de violaciones a
la legalidad internacional que supondría la ejecución del plan de
expulsión planteado por el magnate.
Cabe esperar que las autoridades mexicanas emprendan una decidida
defensa de los connacionales en suelo estadunidense y recurran a todos
los canales legales y diplomáticos a fin de acotar las arbitrariedades a
que inevitablemente darán pie los operativos de la administración
Trump.
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