Editorial La Jornada
En medio del clamor
de justicia por parte de familiares de desaparecidos, quienes
asistieron a Palacio Nacional a conocer los avances del Sistema Nacional
de Búsqueda, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la
tragedia de los cientos de miles de personas en esa situación es
la peor herenciaque recibió de gobiernos pasados, y afirmó que este problema es, como parte de la inseguridad y la violencia, la primera de las 27 prioridades del gobierno federal. Asimismo, el mandatario desmintió rotundamente que haya ordenado un recorte en los recursos destinados a la búsqueda de personas.
En el acto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
informó que ya está trabajando la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas y fijó como meta que para septiembre próximo estén ya
instaladas todas las comisiones estatales de búsqueda.
Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas y la comisionada de
búsqueda de personas, Karla Quintana, explicaron los avances del Sistema
Nacional de Búsqueda e informaron de la creación de institutos
forenses, la homologación de medidas para resguardar cuerpos a fin de
facilitar su identificación y darles un trato digno. Encinas señaló que
existe una
emergencia forensecaracterizada por el incremento de cadáveres no identificados y la
práctica deleznablede enviar un gran número de cuerpos a fosas comunes sin practicarles la necropsia que manda la ley.
En esta materia el reclamo social supera con mucho a lo realizado
hasta ahora por las autoridades. La legítima exigencia de
esclarecimiento, justicia, reparación y garantía de no repetición aún no
ha empezado a cumplirse, y aunque las dimensiones catastróficas del
problema permiten entender la demora gubernamental para empezar a
resolverlo en forma sistemática y organizada, es claro que, por lo que
se refiere a resultados y ante los familiares de las víctimas de
desaparición, la actual administración está en la imperiosa necesidad de
empezar a marcar una diferencia clara con respecto a los sexenios
priístas y panistas que le precedieron.
Se trata de un desafío formidable, toda vez que muchas de las
estructuras que operaron o hicieron posible que la desaparición se
convirtiera en una práctica habitual y masiva en el país aún se
encuentran intactas, tanto en el ámbito de la criminalidad organizada
como en el de las instancias policiales, judiciales y de procuración de
justicia. Esta desoladora circunstancia resulta particularmente clara en
el caso emblemático de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en
Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014; a ese crimen debe
agregarse la multiplicidad de delitos presumiblemente cometidos en el
curso de su investigación por las procuradurías estatal y federal de
justicia, las cuales, de acuerdo con la contundente documentación
disponible, torturaron a detenidos para obligarlos a declararse
culpables, sembraron o fabricaron pruebas e inventaron versiones
insostenibles, como la verdad históricade la incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula.
Hace apenas unos días salió a la luz un video en el que observa la
tortura sufrida por uno de los acusados del caso Ayotzinapa y la voz del
que lo interroga resulta ser la de Carlos Gómez Arrieta, quien a la
sazón era mando de la Policía Federal Ministerial y hasta hace dos días
se desempeñaba como subsecretario de Seguridad de Michoacán.
Los obstáculos son enormes, sin duda, pero tanto en el caso de los 43
como en el del resto de las personas desaparecidas en sexenios
anteriores, es tiempo de que se empiece a ofrecer resultados.
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