Se manifestaron por reforma migratoria
Por Leticia Puente Beresford/corresponsal
Nueva York, EU, 10 febrero 09 (CIMAC).- Parece que la aplicación de la justicia en este país a veces es lenta, pero segura. Tal es el caso que involucra a más de 300 mujeres, hombres, niñas y niños que, tras manifestarse por una reforma migratoria, el primero de mayo del 2007, fueron agredidos por la policía de Los Ángeles, en el parque McArthur.
La noticia es que el Concejo Municipal aprobó una compensación de 12 millones 850 mil dólares, cifra considerada como la más cuantiosa por “mala conducta policial”.
La comunidad inmigrante, documentada e indocumentada, y la ciudadanía enseguida respondió con otra manifestación en la que portaban carteles con la leyenda: “Policía, ya basta de golpear gente. Somos seres humanos”. Las demandas bien fundamentadas, prosperaron a casi dos años de los sucesos.
La agencia de noticias AP informa desde Los Ángeles, California, que el pago da respuesta a nueve demandas interpuestas en nombre de unas 300 querellantes, quienes después del mitin del 1 de mayo del 2007 en el parque MacArthur, fueron dispersados por cuerpos policíacos que golpearon a la multitud con sus garrotes y les dispararon balas de goma. En la trifulca resultaron heridas 42 personas, entre ellas nueve periodistas.
Carol Sobel, una abogada que representó a algunos y algunas de los y las demandantes, dijo que la indemnización es la mayor del país en un caso de manifestaciones. "Significa que cada uno que resultó herido ese día en el parque MacArthur puede sentir ahora que sus heridas fueron reconocidas por la ciudad", comentó.
En tanto, el Concejo Municipal, enfrenta otros problemas legales derivados del mitin: antes del acuerdo había 27 casos pendientes relacionados con la manifestación.
Pero las autoridades municipales dijeron que el acuerdo abarca a la mayoría de los y las demandantes, incluyendo una demanda colectiva que abarcó a las aproximadamente cinco mil personas en el mitin.
Nick Velásquez, un vocero de la fiscalía de la ciudad, dijo que el acuerdo también dispone mayor entrenamiento policial para casos de protestas. El mitin del 1 de mayo se tornó violento cuando 30 manifestantes apedrearon a la policía, que respondió con el uso de la fuerza.
Después de que arreciaron las acusaciones en contra de la policía por uso excesivo de la fuerza, se llevó a cabo una minuciosa investigación en torno a las violaciones a los derechos civiles.
La policía llegó a la conclusión de que la falta de planificación, entrenamiento y supervisión fueron responsables de la situación en aquel mitin violento.
El jefe de policía, William Bratton, se responsabilizó por la respuesta del departamento. Cuatro policías fueron despedidos y 11 sancionados. El Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), uno de los grupos que proporcionaron abogados para los demandantes, dijo que trabajará con grupos defensores de los derechos civiles y líderes municipales para ayudar a restablecer la confianza en el Departamento de Policía.
"Este acuerdo pone fin efectivo a un capítulo brutal en la historia de la policía de Los Ángeles", dijo John Trasvina, presidente y asesor general de MALDEF, acción que no debe repetirse jamás, sentenció.
09/LAG/GG
Por Leticia Puente Beresford/corresponsal
Nueva York, EU, 10 febrero 09 (CIMAC).- Parece que la aplicación de la justicia en este país a veces es lenta, pero segura. Tal es el caso que involucra a más de 300 mujeres, hombres, niñas y niños que, tras manifestarse por una reforma migratoria, el primero de mayo del 2007, fueron agredidos por la policía de Los Ángeles, en el parque McArthur.
La noticia es que el Concejo Municipal aprobó una compensación de 12 millones 850 mil dólares, cifra considerada como la más cuantiosa por “mala conducta policial”.
La comunidad inmigrante, documentada e indocumentada, y la ciudadanía enseguida respondió con otra manifestación en la que portaban carteles con la leyenda: “Policía, ya basta de golpear gente. Somos seres humanos”. Las demandas bien fundamentadas, prosperaron a casi dos años de los sucesos.
La agencia de noticias AP informa desde Los Ángeles, California, que el pago da respuesta a nueve demandas interpuestas en nombre de unas 300 querellantes, quienes después del mitin del 1 de mayo del 2007 en el parque MacArthur, fueron dispersados por cuerpos policíacos que golpearon a la multitud con sus garrotes y les dispararon balas de goma. En la trifulca resultaron heridas 42 personas, entre ellas nueve periodistas.
Carol Sobel, una abogada que representó a algunos y algunas de los y las demandantes, dijo que la indemnización es la mayor del país en un caso de manifestaciones. "Significa que cada uno que resultó herido ese día en el parque MacArthur puede sentir ahora que sus heridas fueron reconocidas por la ciudad", comentó.
En tanto, el Concejo Municipal, enfrenta otros problemas legales derivados del mitin: antes del acuerdo había 27 casos pendientes relacionados con la manifestación.
Pero las autoridades municipales dijeron que el acuerdo abarca a la mayoría de los y las demandantes, incluyendo una demanda colectiva que abarcó a las aproximadamente cinco mil personas en el mitin.
Nick Velásquez, un vocero de la fiscalía de la ciudad, dijo que el acuerdo también dispone mayor entrenamiento policial para casos de protestas. El mitin del 1 de mayo se tornó violento cuando 30 manifestantes apedrearon a la policía, que respondió con el uso de la fuerza.
Después de que arreciaron las acusaciones en contra de la policía por uso excesivo de la fuerza, se llevó a cabo una minuciosa investigación en torno a las violaciones a los derechos civiles.
La policía llegó a la conclusión de que la falta de planificación, entrenamiento y supervisión fueron responsables de la situación en aquel mitin violento.
El jefe de policía, William Bratton, se responsabilizó por la respuesta del departamento. Cuatro policías fueron despedidos y 11 sancionados. El Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), uno de los grupos que proporcionaron abogados para los demandantes, dijo que trabajará con grupos defensores de los derechos civiles y líderes municipales para ayudar a restablecer la confianza en el Departamento de Policía.
"Este acuerdo pone fin efectivo a un capítulo brutal en la historia de la policía de Los Ángeles", dijo John Trasvina, presidente y asesor general de MALDEF, acción que no debe repetirse jamás, sentenció.
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