Hoy inicia discusión sobre dictamen del Caso Atenco
SCJN puede contribuir a la justicia o a la impunidad: CCIODH
De la redacción
México DF, 9 febrero 09 (CIMAC).- Hoy inicia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la discusión del dictamen que elaboró el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo sobre las graves violaciones a los derechos humanos en San Salvador Atenco, durante el operativo policíaco del 2 y 3 de mayo de 2006, cuando varias mujeres sufrieron tortura y violencia sexual.
Ante ello, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), con sede en Barcelona, señaló en un comunicado que el dictamen final de la SCJN puede definir un cambio en la tendencia en México haciendo justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron en Atenco o bien ratificará la continuidad de la impunidad como mal presagio de que el horror ocurrido se pueda repetir.
De ser así, señala la Comisión, quedará en cuestión el propio sistema, incapaz durante dos años y medio, de imputar, procesar y condenar a un solo funcionario público por las graves violaciones reconocidas en el propio proyecto de dictamen y en cambio, sí ha juzgado y condenado a duras penas de prisión a 13 personas pertenecientes al movimiento social, que a su vez han denunciado graves violaciones a sus derechos individuales y políticos.
El proyecto de dictamen, puntualiza la Comisión, reconoce, mediante una descripción pormenorizada del horror, las graves deficiencias de la actuación policial en el operativo. Señala en tiempos y modos como ocurrió y ratifica las conclusiones que ya aportaron diferentes informes independientes tanto nacionales como internacionales.
En el caso de violencia sexual y tortura contra las mujeres el proyecto reconoce los hechos y su gravedad por lo que recomienda su seguimiento en manos de la justicia mexicana que hasta hoy no ha dado satisfacción a las denunciantes, hasta el punto que 11 mujeres han decidido recurrir a instancias internacionales ante su inoperancia.
Sin embargo, exonera las responsabilidades tanto políticas como penales de estas actuaciones delictivas por parte de los funcionarios responsables a pesar de citar la reunión para definir el Operativo Rescate Atenco celebrada la noche del 3 de mayo de 2006 por Enrique Peña Nieto, Wilfredo Robledo, Abel Villicaña, Humberto Benítez Treviño, así como Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Miguel Ángel Yunes.
Afirma que no hay pruebas suficientes que permitan sostener que hubiera órdenes expresas para la comisión de estos delitos.
Asimismo, considera que el operativo no tuvo como objetivo la represión sobre un movimiento social con reivindicaciones legítimas.
Especialmente grave, acota la Comisión, es la afirmación de que no hay pruebas para imputar a funcionarios en los homicidios de Javier Cortés y Alexis Benhumea, no teniendo en consideración las pruebas y testimonios aportados por los denunciantes y organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales.
La Comisión concluye que es responsabilidad de la SCJN decidir sobre su capacidad, aunque solo sea moral, de enfrentarse a un problema que no puede eludir como máximo órgano jurisdiccional del Estado mexicano: la endémica violación de los derechos humanos como instrumento del poder para reprimir a los movimientos sociales, práctica de la que el caso Atenco es paradigmático aunque por desgracia no el único.
Es responsabilidad de la SCJN revertir este estado de cosas que destierra la justicia y consolida la impunidad, finaliza el comunicado de la Comisión.
09/GG
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Impunidad en Atenco, si SCJN no señala responsabilidad del Estado
De la redacción
México DF, 9 febrero 09 (CIMAC).- A pesar del reconocimiento de graves violaciones a los derechos humanos durante el operativo policíaco del 3 y 4 de mayo de 2006, en Atenco, entre ellas tortura y agresiones sexuales contar mujeres, puede prevalecer la impunidad si no se determina que obedecieron a una estrategia de Estado, cuyo origen es la desatención a las demandas sociales, declaró el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
El dictamen elaborado por el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, discutido a partir de hoy en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emite una conclusión que limita el alcance de la declaración y favorece la impunidad a los altos funcionarios federales y estatales, pues no señala que estas graves violaciones obedecieron a una estrategia Estatal y que las instrucciones expresas y órdenes ilícitas de los altos funcionarios dejaron con toda la responsabilidad a la voluntad de unos policías “mal instruidos e indisciplinados”, señala el FPDT en un comunicado.
FPDT agregó que el hecho de que en el dictamen elaborado por el Ministro Gudiño Pelayo se reconozca la violación de los derechos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, es una consecuencia lógica derivada del estudio de laspruebas aportadas por organismos públicos y civiles decarácter nacional e internacional, pero también es una obligación ética y moral declararlo así en la Corte.
El Frente recordó que la propia Comisión Investigadora determinó que el día 3 de mayo por la noche se reunieron Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México; Wilfredo Robledo, comisionado de la Agencia de Seguridad estatal; Abel Villicaña, procurador general de Justicia del Edomex; Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno del Edomex; Eduardo Medina Mora, procurador general de la República (PGR); Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública, y Miguel Ángel Yunes, actual director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el fin de definir el Operativo Rescate Atenco, lo que implica una planeación y dolo para aterrorizar a la población y exterminar al FPDT.
La FPDT señala que, a diferencia de lo que se expresa en el dictamen al relatar una serie de hechos descriptivos como contexto, el origen del conflicto es la falta de atención a las demandas sociales del FPDT, cuya petición consistía en que el Ayuntamiento de Texcoco permitiera vender flores a un grupo reducido de personas el 3 de mayo de 2006.
Es decir, lo que era un hecho irrelevante de carácter municipal se convirtió en cuestión de horas en un caso grave de violaciones a los derechos humanos, con la intervención de los tres niveles de gobierno, cuya coordinación –por lógica elemental-- supuso un plan y una estrategia de control de población, que sólo podía haber sido decidida por Enrique Peña Nieto y el Gabinete de Seguridad Nacional de Vicente Fox.
09/LAG/GG
CONTEXTO
Gobierno mexicano no reporta a ONU violación de DH de mujeres
Por Alejandra González
México DF, 9 feb 09 (CIMAC).- El Gobierno mexicano está entregando a las Naciones Unidas una valoración incompleta sobre la situación de derechos humanos en el país, de acuerdo con el reporte alterno que entregará Amnistía Internacional al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dónde revisa el desempeño del país latinoamericano.
De acuerdo con un comunicado de Amnistía Internacional, el Gobierno mexicano no ha reconocido la falta de implementación e impacto de sus políticas, y el deterioro en el clima de derechos humanos en muchas partes del país.
“El reporte entregado por el Gobierno Mexicano sobre la situación de los derechos humanos en el país no refleja la realidad que se vive” dijo Kerrie Howard, directora Adjunta del Programa de Amnistía Internacional para América.
“Las iniciativas y reformas listadas en el reporte del gobierno son buenas noticias. El problema es que no hay información sobre el progreso en la prevención a las continuas violaciones a los derechos humanos y en el combate a la impunidad”, mencionó Kerrie Howard.
Amnistía Internacional señaló, por ejemplo, que hasta ahora México ha fallado en reconocer explícitamente el estatus de los tratados de derechos humanos en su Constitución.
Las autoridades todavía tienen que entregar cuantas sobre los 100 asesinatos y las 700 desapariciones forzadas que tomaron lugar entre 1960 y 1980, dice.
Oficiales de Policía municipales, estatales y federales implicados en violaciones serias a los derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, tortura, violaciones y asesinatos, particularmente los cometidos en los disturbios civiles que tomaron lugar en San Salvador Atenco y en la ciudad de Oaxaca en el 2006 y que aún no han sido aclarados.
El sistema de justicia militar continúa llevando casos de violaciones a los derechos humanos, a pesar de los estándares internacionales de derechos humanos, que insisten que estos casos deben ser llevados por cortes civiles.
El número de reporte sobre abusos como, detenciones arbitrarias, tortura y otros maltratos, violencia sexual y asesinato, cometidos por oficiales de seguridad se ha incrementado durante los operativos para combatir el crimen organizado.
Defensores de Derechos Humanos, particularmente los que se encuentran en áreas rurales, se enfrentan a persecución, y en ocasiones a detenciones prolongadas, basadas en acusaciones fabricadas o con intereses políticos.
Indígenas y otros grupos marginados son víctimas de acoso por oponerse a proyectos de desarrollo que afectan su forma de vida.
Durante su tránsito por México, las y los migrantes ilegales se enfrentan al maltrato por parte de las autoridades, así como violencia sexual y de otros tipos por parte de organizaciones criminales.
A pesar de los avances en legislación para proteger a las mujeres de la violencia, la implementación de estos es débil. Se reporta que la taza de persecución y condena para los responsables de violencia doméstica, violación, e incluso asesinatos de mujeres, es extremadamente baja. A dos años de la entrada en vigencia de la Ley General para prevenir la violencia en contra de las mujeres, dos estados aún no han introducido la legislación para reforzarla.
Pobreza y marginalización continúan privando a muchas comunidades rurales, principalmente indígenas, del derecho a una forma de vida digna, y del derecho al desarrollo de acuerdo a sus propios intereses y necesidades.
Amnistía Internacional también expresó su preocupación sobre la falta de dialogo sostenido y sólido con la sociedad civil, que fortalezca el impacto de las políticas en derechos humanos.
AI reconoció que el reporte de México remarca la invitación abierta a mecanismos internacionales de derechos humanos, y dado el rol esencial del país en el diseño del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la organización confía que el país utilizará esto como una oportunidad para vigorizar sus esfuerzos para hacer frente a los problemas de derechos humanos en México.
El Examen Periódico Universal estipula que los gobiernos deben enviar un reporte acerca del cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, para que sea revisado por el Consejo de Derechos Humanos. Después, cada gobierno participa en un diálogo con otros Estados para presentar su reporte y resolver preguntas de Organizaciones de la Sociedad Civil, tales como AI, que pueden entregar sus propias observaciones en el proceso del Examen Periódico Universal.
Mediante el dialogo, otros Estados miembros pueden recomendar medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Derechos Humanos.
09/AG/GG
No hay comentarios.:
Publicar un comentario