Fue atropellado el pasado sábado
Por Narce Santibañez Alejandre
México DF, 11 febrero 09 (CIMAC).- La reciente muerte de otro niño indígena de Guerrero en un campo de Sinaloa, una vez más pone en evidencia las pésimas condiciones en que laboran las y los jornaleros agrícolas así como el trato discriminatorio que reciben por parte de los empresarios del agro, como han denunciado reiteradamente organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Ismael de los Santos Barrea, originario de Tlapa, Guerrero y de apenas un año y ocho meses de edad, falleció el pasado sábado 7 de febrero por traumatismo cráneo encefálico, luego de haber sido aplastado por las llantas de un camión en el surco donde sus padres se vieron obligados a tenerlo ante la falta de una guardería para poder dejarlo, mientras realizaban el corte de ejote.
Aunado a ese deceso, los padres también tuvieron que enfrentar la negativa de los dueños de la Agrícola Reyes propiedad de la agroindustria El Sol, para trasladar el cuerpo del niño a su lugar de origen y otorgarles una indemnización, informó Margarita Nemecio, coordinadora del Área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Según Margarita Nemecio, el abuelo de Ismael señaló que los representantes legales de la Agrícola Reyes convencieron a los padres para que el cuerpo del niño fuera sepultado en aquel estado “y así evitar pagar los gastos que generaría trasladarlo a Guerrero. El argumento que dio el patrón es que: después se arreglaban, ya que el niño no era un trabajador de la empresa”.
Margarita Nemecio destacó que, como centro de Derechos Humanos, consideran que la muerte de Ismael no puede quedar en la impunidad y la familia debe de ser indemnizada.
Sostuvo que “la presencia de niñas y niños en los campos deja claro que no hay con regularidad una vigilancia especial e inspección por parte de las autoridades de trabajo y previsión social. Resulta claro que la Secretaría del Trabajo no ha cumplido con su obligación de verificar el cumplimiento de las normas y derechos laborales, permitiendo la exposición de menores de edad a trabajos en condiciones peligrosas e indignas, como lo refleja el caso de Ismael”.
De acuerdo con datos de Tlachinollan, entre 2007 y 2008 hubo cuatro muertes y un accidente de niños jornaleros.
Al respecto, Nashieli Ramírez, directora de Intervención Social Ririki, explicó que por más que se regule la Ley General del Trabajo, estos hechos demuestran que el trabajo infantil “va más allá”, pues el Estado mexicano debe asegurar la atención integral de las niñas y los niños que llegan a los campos agrícolas.
Dicha problemática se tiene que abatir mediante políticas para la sociedad migrante, se necesita la responsabilidad de los empresarios y concientización de los poderes políticos, puntualizó Ramírez en entrevista telefónica.
En apoyo al caso de Ismael, durante esta semana se difundirá un pronunciamiento impulsado por Intervención Social Ririki y más de veinte organizaciones del movimiento “No a la explotación del trabajo infantil”.
ÁNGELA PERDIÓ EL BRAZO EN CUALIACÁN
Otro caso de impunidad con la niñez jornalera sucedió el pasado 23 de enero en el campo MICSA, propiedad de Manuel Zazueta Canelos, ubicado en las inmediaciones de la comunidad de Perras Pintas, en el valle de Culiacán, donde Ángela, de 10 años perdió el brazo izquierdo, una máquina se lo arrancó cuando limpiaba ejotes.
La Dirección del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Sinaloa advirtió que sancionará a la empacadora hortícola MICSA y la obligará a indemnizar a la niña, pero Ángela, quien estudia el quinto año de primaria, no ha recibido los beneficios a los que tiene derecho.
Muchas niñas de su edad trabajan en la recolección o limpieza de jitomate o pepino, por una paga que va de 40 a 60 pesos diarios. Pero no faltan descuentos de dos pesos diarios para el Sindicato Nacional de Trabajadores del Campo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aunque sus representantes nunca aparezcan para exigir justicia o buscar mejores condiciones laborales.
NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CAMPOS AGRÍCOLAS
De acuerdo con El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México cada año unos 350 mil menores de edad, en su mayoría indígenas, abandonan junto a sus familias sus comunidades de origen para trabajar en campos agrícolas del norte del país y la pobreza es la principal causa de su inmigración.
Según datos del INEGI que aparecen en los Resultados del módulo de trabajo Infantil 2007 que aplicó mediante la Encuesta Nacional del Ocupación y Empleo 2007, de los 29.2 millones de niñas y niños de 5 a 17 años que había en México en 2007, 3.6 millones estaban realizando alguna actividad económica y fue Guerrero quien ocupó la tasa de ocupación infantil más alta con el 20 por ciento.
El registro que tiene el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña por la temporada Alta de Migración --que comprende de septiembre de 2008 a enero de 2009-- de los 8 mil 177 indígenas que migraron como jornaleros hacia los estados del norte del país, 519 son niños y niñas que están en el rango de 0 a 1 año de edad y es entre éstos en lo que se encontraba Ismael.
CINCO DECESOS INFANTILES
El Centro Tlachinollan ha documentado cuatro casos de niñas y niños que han muerto y uno más que ha sufrido un grave accidente en los campos agrícolas del norte del país. Sin embargo, señala Tlachinollan, creemos que la cifra puede ser mayor, debido a que muchas de las veces los empresarios hostigan a los padres de los menores de edad para que no den parte a las autoridades.
David Salgado Aranda era originario de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa de Comonfort y tenía 8 años de edad cuando murió –el 6 de enero de 2007– en un surco, aplastado por un tractor, mientras cortaba tomate en el campo de Santa Lucia que pertenece a la Agrícola Paredes, ubicada en la Sindicatura de Costa Rica en Culiacán, Sinaloa. Su caso presentó diversas irregularidades e incluso el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) tomó cartas en el asunto.
Marcial Solano González era originario de la comunidad de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa y tenía 11 meses de edad cuando murió de una enfermedad diarreica dentro del campo Isabelitas, que pertenece a Agrícola del Valle, en el municipio de Villa Juárez, Sinaloa. Su muerte se debió a la falta de atención médica de calidad en el Hospital General de esa entidad, en donde se supone que están afiliados por parte de la empresa y deben ser tratados igual que el resto de los derechohabientes de ese estado.
Mario Félix Martínez era originario de la comunidad de San Mateo, anexo de San Juan Puerto Montaña, municipio de Metlatónoc, él tenía 9 años de edad cuando perdió la vida al ahogarse en un estanque del campo agrícola Patole, de la Agrícola Exportalizas Mexicanas, municipio de San Ignacio, Sinaloa.
Estrella Santos Nava quien tenía 11 meses de edad cuando murió calcinada en un campo agrícola de Hermosillo, Sonora, al incendiarse la galera rural en donde se encontraba junto con otros 15 menores de edad. Al igual que la mayoría de los casos, el cuerpo de Estrella fue sepultado en aquella entidad.
Timoteo Ventura Pastrana era originario de la comunidad de Colonia de Filadelfia, municipio de Tlapa y a sus tres años de edad perdió su brazo en un accidente que provocó uno de los trabajadores del rancho El Carmen que se ubica en el municipio de Cd. Jiménez, en el estado de Chihuahua, a donde sus padres migraron y se enrolaron como jornaleros en el corte de chile jalapeño.
09/NS/GG
Por Narce Santibañez Alejandre
México DF, 11 febrero 09 (CIMAC).- La reciente muerte de otro niño indígena de Guerrero en un campo de Sinaloa, una vez más pone en evidencia las pésimas condiciones en que laboran las y los jornaleros agrícolas así como el trato discriminatorio que reciben por parte de los empresarios del agro, como han denunciado reiteradamente organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Ismael de los Santos Barrea, originario de Tlapa, Guerrero y de apenas un año y ocho meses de edad, falleció el pasado sábado 7 de febrero por traumatismo cráneo encefálico, luego de haber sido aplastado por las llantas de un camión en el surco donde sus padres se vieron obligados a tenerlo ante la falta de una guardería para poder dejarlo, mientras realizaban el corte de ejote.
Aunado a ese deceso, los padres también tuvieron que enfrentar la negativa de los dueños de la Agrícola Reyes propiedad de la agroindustria El Sol, para trasladar el cuerpo del niño a su lugar de origen y otorgarles una indemnización, informó Margarita Nemecio, coordinadora del Área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Según Margarita Nemecio, el abuelo de Ismael señaló que los representantes legales de la Agrícola Reyes convencieron a los padres para que el cuerpo del niño fuera sepultado en aquel estado “y así evitar pagar los gastos que generaría trasladarlo a Guerrero. El argumento que dio el patrón es que: después se arreglaban, ya que el niño no era un trabajador de la empresa”.
Margarita Nemecio destacó que, como centro de Derechos Humanos, consideran que la muerte de Ismael no puede quedar en la impunidad y la familia debe de ser indemnizada.
Sostuvo que “la presencia de niñas y niños en los campos deja claro que no hay con regularidad una vigilancia especial e inspección por parte de las autoridades de trabajo y previsión social. Resulta claro que la Secretaría del Trabajo no ha cumplido con su obligación de verificar el cumplimiento de las normas y derechos laborales, permitiendo la exposición de menores de edad a trabajos en condiciones peligrosas e indignas, como lo refleja el caso de Ismael”.
De acuerdo con datos de Tlachinollan, entre 2007 y 2008 hubo cuatro muertes y un accidente de niños jornaleros.
Al respecto, Nashieli Ramírez, directora de Intervención Social Ririki, explicó que por más que se regule la Ley General del Trabajo, estos hechos demuestran que el trabajo infantil “va más allá”, pues el Estado mexicano debe asegurar la atención integral de las niñas y los niños que llegan a los campos agrícolas.
Dicha problemática se tiene que abatir mediante políticas para la sociedad migrante, se necesita la responsabilidad de los empresarios y concientización de los poderes políticos, puntualizó Ramírez en entrevista telefónica.
En apoyo al caso de Ismael, durante esta semana se difundirá un pronunciamiento impulsado por Intervención Social Ririki y más de veinte organizaciones del movimiento “No a la explotación del trabajo infantil”.
ÁNGELA PERDIÓ EL BRAZO EN CUALIACÁN
Otro caso de impunidad con la niñez jornalera sucedió el pasado 23 de enero en el campo MICSA, propiedad de Manuel Zazueta Canelos, ubicado en las inmediaciones de la comunidad de Perras Pintas, en el valle de Culiacán, donde Ángela, de 10 años perdió el brazo izquierdo, una máquina se lo arrancó cuando limpiaba ejotes.
La Dirección del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Sinaloa advirtió que sancionará a la empacadora hortícola MICSA y la obligará a indemnizar a la niña, pero Ángela, quien estudia el quinto año de primaria, no ha recibido los beneficios a los que tiene derecho.
Muchas niñas de su edad trabajan en la recolección o limpieza de jitomate o pepino, por una paga que va de 40 a 60 pesos diarios. Pero no faltan descuentos de dos pesos diarios para el Sindicato Nacional de Trabajadores del Campo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aunque sus representantes nunca aparezcan para exigir justicia o buscar mejores condiciones laborales.
NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CAMPOS AGRÍCOLAS
De acuerdo con El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México cada año unos 350 mil menores de edad, en su mayoría indígenas, abandonan junto a sus familias sus comunidades de origen para trabajar en campos agrícolas del norte del país y la pobreza es la principal causa de su inmigración.
Según datos del INEGI que aparecen en los Resultados del módulo de trabajo Infantil 2007 que aplicó mediante la Encuesta Nacional del Ocupación y Empleo 2007, de los 29.2 millones de niñas y niños de 5 a 17 años que había en México en 2007, 3.6 millones estaban realizando alguna actividad económica y fue Guerrero quien ocupó la tasa de ocupación infantil más alta con el 20 por ciento.
El registro que tiene el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña por la temporada Alta de Migración --que comprende de septiembre de 2008 a enero de 2009-- de los 8 mil 177 indígenas que migraron como jornaleros hacia los estados del norte del país, 519 son niños y niñas que están en el rango de 0 a 1 año de edad y es entre éstos en lo que se encontraba Ismael.
CINCO DECESOS INFANTILES
El Centro Tlachinollan ha documentado cuatro casos de niñas y niños que han muerto y uno más que ha sufrido un grave accidente en los campos agrícolas del norte del país. Sin embargo, señala Tlachinollan, creemos que la cifra puede ser mayor, debido a que muchas de las veces los empresarios hostigan a los padres de los menores de edad para que no den parte a las autoridades.
David Salgado Aranda era originario de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa de Comonfort y tenía 8 años de edad cuando murió –el 6 de enero de 2007– en un surco, aplastado por un tractor, mientras cortaba tomate en el campo de Santa Lucia que pertenece a la Agrícola Paredes, ubicada en la Sindicatura de Costa Rica en Culiacán, Sinaloa. Su caso presentó diversas irregularidades e incluso el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) tomó cartas en el asunto.
Marcial Solano González era originario de la comunidad de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa y tenía 11 meses de edad cuando murió de una enfermedad diarreica dentro del campo Isabelitas, que pertenece a Agrícola del Valle, en el municipio de Villa Juárez, Sinaloa. Su muerte se debió a la falta de atención médica de calidad en el Hospital General de esa entidad, en donde se supone que están afiliados por parte de la empresa y deben ser tratados igual que el resto de los derechohabientes de ese estado.
Mario Félix Martínez era originario de la comunidad de San Mateo, anexo de San Juan Puerto Montaña, municipio de Metlatónoc, él tenía 9 años de edad cuando perdió la vida al ahogarse en un estanque del campo agrícola Patole, de la Agrícola Exportalizas Mexicanas, municipio de San Ignacio, Sinaloa.
Estrella Santos Nava quien tenía 11 meses de edad cuando murió calcinada en un campo agrícola de Hermosillo, Sonora, al incendiarse la galera rural en donde se encontraba junto con otros 15 menores de edad. Al igual que la mayoría de los casos, el cuerpo de Estrella fue sepultado en aquella entidad.
Timoteo Ventura Pastrana era originario de la comunidad de Colonia de Filadelfia, municipio de Tlapa y a sus tres años de edad perdió su brazo en un accidente que provocó uno de los trabajadores del rancho El Carmen que se ubica en el municipio de Cd. Jiménez, en el estado de Chihuahua, a donde sus padres migraron y se enrolaron como jornaleros en el corte de chile jalapeño.
09/NS/GG
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