Astillero
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Y de pronto...
■ Revelaciones despechadas
■ Pleito de poderes
Durante más de año y medio, Diana Isabel Pando buscó difundir la grabación dejada involuntariamente en un teléfono celular por Luis Téllez, en la que menciona que Carlos Salinas de Gortari se había robado “la cuenta secreta” y le había hecho mucho daño al país. Involucrada sentimentalmente en una relación de Internet con quien entonces era directivo del Grupo Carlyle, Pando buscó desde finales de 2007 a periodistas de la ciudad de México para darles a conocer el audio de los comentarios acusadores y algunas copias de los correos electrónicos que con sabor azucarado se habían cruzado ella y su coqueto amigo a distancia. La relación epistolar cibernética está llena de detalles que pintan de cuerpo entero la vida agitada de un tecnócrata lleno de compromisos importantes pero con tiempo para las frivolidades mundanas. Redactada entre inglés y español, la correspondencia lo mismo incluía un cuestionario que Pando enviaba bajo el título de “99 things that make me HAPPY (deliriously) HAPPY...!!!” y que Téllez contestaba renglón tras renglón para contrastar sus gustos con los de su interlocutora, todo en inglés, que referencias de citas y viajes por realizar. Lo esencial de ese material de escándalo también fue hecho llegar a personajes del círculo cercano a Andrés Manuel López Obrador en el tercer trimestre de 2007. Empeñada en demostrar su relación de intimidad con el ahora funcionario, la denunciante llegó a aportar confidencias en las que involucraba a profesionistas egresados del ITAM, a mujeres “de sociedad” de la capital del país e incluso a alguna periodista supuestamente recomendada por Téllez para que escribiera en el suplemento político de un colorido diario capitalino.
Pero nunca tomó carácter público la grabación en que Téllez acusa de ladrón a Salinas sino hasta ayer, cuando Carmen Aristegui la dio a conocer en el noticiario que conduce en una estación radiofónica de MVS, causando un revuelo que desplazó de la atención pública el duelo de poderes entre el presidente formal del país y el dueño real de buena parte de ese mismo país y que, en los tableros específicos del enfrentamiento que se ha dado entre esos personajes de elite, significó un golpe seco a favor de Carlos Slim y un impensado enredo para el gabinete calderonista emberrinchado. Así como Marcial Maciel ha caído de los altares legionarios por mantener relaciones heterosexuales y no por la ampliamente documentada comisión de pederastia contra algunos de sus presuntos hijos espirituales, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes ha entrado en el torbellino informativo por lo que dijo en una comida familiar en Cancún respecto a las raterías de quien había sido su jefe administrativo y político.
Por lo pronto, el alto funcionario felipista ha salido ante los medios para aceptar que son ciertas las palabras grabadas en 2006, aunque reconoce no tener pruebas ni base para sostenerlas en público años después. El episodio ha generado de inmediato la exigencia de que Téllez renuncie a su cargo y que se dé seguimiento judicial a esas palabras que lo clasificarían como cómplice al haber conocido de ese saqueo a la nación y no haberlo denunciado oportunamente (todo lo cual es simple ruido de temporada, pues no es comprobable lo que la voz popular asume como verdad pero jurídicamente es indemostrable, en cuanto a que Salinas se hubiera embolsado esas partidas expresamente escamoteadas a cualquier forma de supervisión; así, al no haber indicios firmes de ese delito, tampoco habría complicidad y, si algo se pudiera intentar, seguramente las eventuales faltas habrían prescrito. Pero se está en tiempos electorales y, más concretamente, del gran duelo de poder entre el felipismo dizque contrario a los monopolios y la firma priístamente expansiva de Carlos&Charlie).
En ese encuadre, la renuncia del tecnócrata Téllez significaría una victoria para el bando de los Carlos, Slim y Salinas, que desde flancos distintos concurren en el torpedeo al titular de la SCT. Para el empresario non se abrirían posibilidades de negociación sobre temas atorados actualmente, en especial los relacionados con operaciones telefónicas en las que el calderonismo quiere montar a competidores de la empresa dominante sobre las redes de ésta y, el motivo central de las riñas recientes, la autorización para que el gran consorcio carlista pueda sacrificarse prestando servicio de televisión. El ex presidente (se habla de Salinas, no de Calderón, que es una especie de ex pero en pálidas funciones) se estaría cobrando los tocamientos políticos de pierna que en público se propinaron Calderón y Zedillo y de los cuales se dedujo que ciertos personajes relacionados con el (formalmente) priísta estarían más firmes que nunca, sobre todo el mencionado Téllez, sobre el que ya se venía la tormenta de la renuncia de la subsecretaria Purificación Carpinteyro y el amago de que ella daría a conocer una serie de irregularidades graves cometidas por el mencionado Luis Carlyle. Aunque una primera lectura sugiera lo contrario, para Salinas sería una gran ganancia, por encima del chacoteo sobre sus pillerías con la partida presidencial secreta, el reconducir al Niño Perdido de Los Pinos hacia el regazo experto y estabilizador del C2 (C&C) y alejarlo de las nefastas influencias del Zedillo motero. Con la vista puesta en 2012, todo se vale.
Y, mientras el país sigue hundiéndose, con jóvenes en las calles regiomontanas protestando contra los abusos militares, con la administración Obama emitiendo sus primeras expresiones de preocupación por la violencia contigua, con los panistas tomando la tribuna de San Lázaro para oponerse a una medida buscada por Calderón, con el IFE anunciando que castigará a los felinos retadores quitándoles unos cuantos pelos de a millón de pesos, y con la violencia criminal y la devaluación avanzando, ¡feliz fin de semana!
Dinero
Enrique Galván Ochoa galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://dinero.tv/ y para participar en la encuesta semanal: http://www.elforomexico.com/index.php
■ Vuelven a jugar con la bomba del aumento al IVA
■ Obama recibe duro revés
■ El PAN va por las herencias
La idea de empobrecer a los más pobres con un impuesto a las medicinas y los alimentos nunca se ha extinguido por completo. Fue derrotada varias veces a lo largo del foxiato, pero tiene seguidores en el calderonismo y ayer hizo un segundo debut. En la propuesta de Coparmex –Ricardo González Sada– supuestamente para salvar a la economía nacional, figura un punto subversivo: aumentar el IVA a 12 por ciento, parejo en todo, incluyendo víveres y medicamentos. Tienen algo en su favor: la resignación infinita de los mexicanos.
Obama en problemas
La recesión ha quitado 20 por ciento del valor de sus casas y de los portafolios de inversión de los americanos, de acuerdo con una estimación de la Federal Reserve. En México, aunque no hay cifras oficiales, la devaluación ha minado entre 40 y 50 por ciento los salarios, las pensiones y los ahorros. El gobierno mexicano está esperando que el presidente Obama eche a caminar la economía de su país y jale a la nuestra. Lo del plan anticíclico resultó una vacilada. Sin embargo, está enfrentando turbulencias en ruta. El senador republicano Judd Gregg, a quien había seleccionado como secretario de Comercio, retiró su candidatura por no estar de acuerdo con la política de la administración. El anterior candidato para ese mismo puesto, Bill Richardson, también retiró su nombre por una investigación que podría implicarle. Si en Los Pinos esperan que la recuperación llegará antes de Navidad, hasta Santa Clos se declarará catastrofista.
Las herencias
Uno de los fantasmas que el panismo y sus aliados (hoy arrepentidos) cupulares desataron en las elecciones de 2006 fue que si llegaba AMLO al gobierno la gente perdería sus casas. La campaña resultó tan efectiva en algunos sectores que hubo quienes se aterrorizaron y ni siquiera tenían vivienda propia. Mucho ojo con el impuesto a las herencias que impulsa el PAN. No están pensando en los Slim ni los Azcárraga ni los Salinas Pliego, ellos disponen de baterías de abogados que los harían inmunes mediante juicios de amparo. Tienen en mente las casas y condominios de la clase media y los pichonavits de los trabajadores.
e@Vox Populi
Asunto: puras promesas
Desde hace una semana estoy gestionando un retiro de mi cuenta de ahorro de mi pensión por desempleo. En primer lugar encontré que el monto que registra mi Afore es menor al que había hace algunos meses (alrededor de 10 mil pesos menos). Y en segundo lugar, la ampliación de ese retiro, tan anunciada por Calderón, aún no la puedo hacer efectiva. El argumento es que todavía no aparece en el Diario Oficial. Seguiré esperando a ver si en una de esas no se desaparece totalmente el dinero.
Rocío Hernández Nieto/ Distrito Federal
R: El anuncio lo hizo FC hace más de un mes pero se le hizo necesario preparar una ley que protegiera, en primer lugar, los intereses de las Afore. Todavía falta que la apruebe el Congreso, así que disponte a Vivir Mejor sin dinero muchas semanas más.
Asunto: los tres ceros
¿Alguna vez México ha superado una crisis? He visto que algunas veces se ha recuperado en pequeñas proporciones el peso contra el dólar. ¿En qué momento hubo una recuperación mayor del peso contra el dólar?
Ignacio Alfredo Badillo/ Distrito Federal
R: Una ocasión y no recuerdo otra: cuando Salinas de Gortari y Aspe le quitaron tres ceros. Sin esa liposucción hoy necesitaríamos casi 15 mil pesos para comprar un dólar.
Asunto: atracolandia
En la sucursal de Waldo’s Mart de Ermita, a la salida del Metro UAM-I, el gerente obliga a los empacadores a comprar las bolsas de plástico con las que empacan las mercancías que la gente adquiere, con la amenaza de no dejarlos trabajar si no compran su propia bolsa. Me parece de lo más inaudito, ya que las mercancías que la gente compra son de Waldo’s Mart, no de los empacadores. No sé si en otras sucursales hagan lo mismo. ¿Cómo ves?
Gabriel Orozco Novoa/ Distrito Federal
R: Tiene mucho futuro ese gerente. Más adelante puede aparecer como directivo de alguno de los organismos cúpula.
Asunto: minicatástrofe
Mi caso se lo puedo sintetizar como sigue: 1) Tengo tres tarjetas Banamex, Bancomer y HSBC, cada una con un crédito de 200 mil pesos o un poco más, las cuales las tengo hasta el tope; 2) Tengo las tarjetas Scotiabank por 43 mil pesos, Wal-Mart por 79 mil y Cotsco por 47 mil. Mi sueldo mensual neto es de 20 mil pesos. Antes podía pagar el mínimo, porque tenía otras entradas, ahora ya no las tengo. Estoy desesperado y para el próximo mes no sé qué hacer.
Buzón reservado
R: Tranquilícese. El problema ya no es suyo, es de los bancos que irresponsablemente le dieron créditos sin verificar su capacidad de pago. Y ellos no pierden, ganan mucho con las altísimas tasas de interés y las comisiones. Resígnese a que lo manden siete años al buró de crédito y a capotear a un enjambre de amenazantes cobradores.
Catástrofes y catastrofistas
Les recuerdo que hoy viernes me reuniré con un grupo de estimados amigos a intercambiar opiniones sobre temas del dinero y otras catástrofes. Me gustará escuchar sus opiniones sobre el desencuentro de Calderón y Slim. La cita es a las 19:00 horas en el auditorio del Museo Casa Carranza, en Río Lerma 35, colonia Cuauhtémoc, entre Río Amazonas y Río Neva, a una cuadra de Reforma. Convocan la Brújula Metropolitana y la Asociación de Diputados Constituyentes de 1917. Lleguen temprano.
Economía Moral
Julio Boltvinik jbolt@colmex.mx
■ Crisis del capitalismo mundial / VI
■ Keynes: el empleo depende de la demanda efectiva, no del salario
Cuando el mundo vivió la gran depresión (1929-1939), la sabiduría convencional de la “ciencia económica” dominante, simbolizada por la Ley de Say (“la oferta crea su propia demanda”) estipulaba que las crisis eran imposibles. Después de la gran depresión y de la “revolución keynesiana”, dice Paul Krugman en su nuevo libro:
“Puesto que los economistas han aprendido la lección, nada como la gran depresión puede volver a pasar. ¿O si puede? A finales de los años 90 un grupo de economías asiáticas –que producen cerca de una cuarta parte del PIB mundial– experimentaron una recesión con una horripilante semejanza a la gran depresión… como en los años 30 la medicina económica convencional mostró ser inefectiva, tal vez incluso contraproducente. Que algo así pudiera pasar en el mundo moderno debió haberle producido escalofríos a quien tuviese sentido de la historia, como fue mi caso... Vi la crisis asiática como un signo ominoso para todos, como una advertencia que los problemas de depresión económica no han desaparecido del mundo moderno. Es triste decir que tuve razón en estar preocupado. Cuando esta nueva edición va a prensa, buena parte del mundo, incluyendo Estados Unidos, está contendiendo con una crisis financiera y económica que se asemeja mucho más a la gran depresión que la crisis asiática…”1
La frase de Krugman marcada en cursivas muestra que la “ciencia económica convencional” ha perdido la brújula, si es que alguna vez la tuvo. Refuerza la importancia de volver a estudiar a Marx y a Keynes. En la entrega del 6 de febrero empecé el abordaje de Keynes, cuya Teoría general (1936)2 significó la derrota de la Ley de Say y ayudó a abrir una nueva época del capitalismo en la cual la política económica keynesiana, que promovía el pleno empleo, se combinó con el desarrollo de los Estados de Bienestar, que redistribuyeron masivamente el ingreso mediante tasas impositivas progresivas y muy elevadas a los ingresos altos para financiar servicios sociales públicos gratuitos de vocación universalista.
Por las dificultades que la lectura de la Teoría general impone, diversos autores escribieron manuales o libros de texto para facilitar su comprensión. En ésta y sucesivas entregas me apoyaré en la que escribió A.H. Hansen3. Debo advertir que estas lecturas de Keynes no son inocentes: tratan de minimizar la ruptura entre este autor y la tradición neoclásica (que se suele llamar “clásica”) y tienden a volver estático su análisis dinámico.
Keynes atacó la Ley de Say en la versión de Pigou que, según Hansen, sostiene que la “economía moderna” tiende a generar pleno empleo (todo desempleo observado es friccional), porque:
“las tasas de salarios se ajustan de tal manera que estados diferentes de la demanda de mano de obra, una vez establecidos, tienden a asociarse con promedios similares de tasas de desocupación… [la desocupación que existe en cualquier momento] se debe totalmente al hecho de que ante cambios en las condiciones de la demanda las resistencias friccionales impiden que se hagan los ajustes apropiados en los salarios en forma instantánea”. (Pigou, Theory of Unemployment, 1933, citado en Guía de Keynes, p.27.)4
Keynes sostuvo que los trabajadores son renuentes a aceptar reducciones en sus salarios nominales, pero además mostró que su baja generalizada en lugar de llevar a un aumento de la ocupación, como creía Pigou, llevaría a su disminución porque, al bajar el ingreso de todos los asalariados, disminuiría el consumo y, por tanto, caería la demanda de trabajadores (que producen los bienes de consumo). El cambio paradigmático es profundo: la variable principal en la determinación de la ocupación no es el nivel salarial sino la demanda efectiva (suma del consumo, C, y la inversión, I). La demanda de trabajo es una demanda derivada de las decisiones de producción e inversión y no depende centralmente del nivel de los salarios. Por tanto, el salario deja de ser el precio cuyas fluctuaciones equilibran oferta y demanda de trabajo.5
La intersección entre la función de oferta global (el valor de toda la producción) y la demanda efectiva (C+I) es la que determina el nivel de ocupación como se muestra en la gráfica. La curva de oferta es la línea recta de 45° que sale del origen. La función consumo es la curva que sale del punto A. Como se aprecia, a mayores niveles de actividad económica, la brecha entre la función consumo y la oferta total se amplía. Es la tarea de la inversión cerrar la brecha. Pero si el consumo depende del ingreso corriente, la inversión depende, según Hansen, del cambio tecnológico y el crecimiento de la población a largo plazo y de las expectativas de ganancias a corto plazo. En algunos modelos keynesianos las expectativas se definen como dependientes del crecimiento del ingreso o crecimiento económico. En todos los casos podemos reinterpretar estos determinantes de la inversión en función de las oportunidades de inversión lucrativa que generan. La inversión es la variable determinante en todos los modelos de crecimiento económico keynesianos y el motor es la búsqueda de la ganancia. Como se aprecia en la gráfica, el equilibrio puede obtenerse a un nivel de empleo Na menor al empleo pleno N. No hay razón alguna, en ausencia de políticas específicas, para que haya una tendencia al pleno empleo: la Ley de Say fue derrotada por Keynes: el capitalismo no se autorregula. Las reformas neoliberales desreguladoras olvidaron esto y las grandes depresiones volvieron.
1 Paul Krugman, The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008 (El regreso de la teoría económica de la depresión y la crisis del 2008), W.W. Norton, Nueva York, 2009, pp. 3-4.
2 John Maynard Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, Fondo de Cultura Económica, cuarta edición, 2003/2006.
3 Alvin H. Hansen, Guía de Keynes, Fondo de Cultura Económica, 1953.
4 El nivel de ceguera de Pigou (como el de sus colegas de entonces y de muchos de ahora) es tal que no ve nada especial en la mercancía fuerza de trabajo: no percibe que debajo de cierto nivel del salario el trabajador muere de hambre; que, por tanto hay un piso mínimo debajo del cual los salarios no pueden bajar. El libro citado lo publicó en plena gran depresión, cuando el desempleo en EU era de 25 por ciento de la población activa.
5 Este cambio paradigmático ha sido aplicado, hasta sus últimas consecuencias, por Fernando Noriega quien ha sostenido la “inexistencia del mercado de trabajo”: “Según esta teoría, dice Noriega, las empresas no demandan más trabajo cuanto más baratos se venden los trabajadores, sino cuanto más les requiere el mercado de aquello que producen. Por tanto, la relación inversa entre demanda de trabajo y salario real de la teoría neoclásica parece completamente alejada de estos resultados”. Macroeconomía para el desarrollo. Teoría de la inexistencia del mercado de trabajo, Mc Graw Hill, 2001, p. 67.
México SA
Carlos Fernández-Vega cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
■ Los jóvenes, los olvidados de todos
■ Se perpetúan la pobreza y la exclusión
Con o sin crisis, aunque en los hechos, con diversas intensidades, llegó para quedarse, el gobierno mexicano se “olvidó” de uno de los activos más preciados: los jóvenes, y a estas alturas a la mayoría de ellos los mantiene fuera de sus planes. Tampoco están en los de los partidos políticos, los cuales en el mejor de los casos los ven como uno de tantos objetivos electorales. Recientemente, el rector de la UNAM condensó esta crítica circunstancia de forma puntual: “México no puede tener a sus jóvenes sin educación y sin empleo, pues esa es la peor de todas las combinaciones y, por lo tanto, un error histórico”.
En efecto, un gravísimo error histórico que lejos de corregirse se ha retroalimentado a lo largo de décadas. Educación de muy baja calidad, presupuestos a todas luces insuficientes, acceso cada vez más limitado a las instituciones de educación media y superior, y desempleo creciente entre la población juvenil no son la receta perfecta para fortalecer el desarrollo del país ni para la inserción de los jóvenes al quehacer nacional. Lo anterior, en efecto, es la peor de todas las combinaciones.
Días atrás el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, ofreció algunas cifras sobre aquellos jóvenes que tuvieron el privilegio de concluir estudios: la mayoría de los más de 430 mil que egresan cada año de las instituciones de educación superior enfrentarán dificultades para obtener trabajos bien remunerados; el desempleo entre los recién egresados asciende a 11 por ciento, casi el triple de la tasa general y dos puntos arriba de la específica de los profesionistas; la desvinculación de la industria con universidades y centros de investigación refleja en la práctica una amplia variedad de problemas, siendo el más preocupante el profundo desequilibrio entre la oferta y la demanda de profesionistas en el mercado laboral, lo cual afecta sobre todo a quienes recién concluyen sus estudios; este año egresarán 432 mil jóvenes de las instituciones de enseñanza superior, y si el gobierno, la academia y la industria no emprenden esfuerzos significativos pare revertir la tendencia de desocupación, “a una proporción considerable le esperan severas penurias y dificultades en el mercado laboral”. Las percepciones mensuales de más de 52.2 por ciento de quienes apenas concluyen sus carreras son muy precarias, equivalentes a tres salarios mínimos, o menos, además de que 27.8 carece de prestaciones sociales y 24.7 trabaja sin contrato. Prácticamente 60 por ciento de los que lograron obtener un empleo lo hicieron por medio de redes familiares o sociales, con 46 y 11 por ciento, respectivamente, en tanto que el resto lo hizo sin apoyo alguno.
El panorama se oscurece más cuando el abanico se abre a nivel regional. La Cepal, por ejemplo, advierte que en 2006 poco más de 35 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años de edad vivían en la pobreza (47.5 millones) y 11.4 por ciento en situación de indigencia (más de 11 millones). Entre los países hay gran disparidad, que va desde 13.1 por ciento de pobres y 2.4 por ciento de indigentes en Chile, a 66.3 y 40.3 por ciento, respectivamente, en Honduras.
Si bien desde 1990 se redujo tanto la pobreza (44 por ciento a comienzos de la década pasada) como la indigencia juveniles en la región (18 por ciento), ello se da en un contexto de enormes desigualdades cuando se compara a jóvenes rurales y urbanos, hombres y mujeres, indígenas y afrodescendientes frente al resto, y jóvenes de distintos subgrupos de edad. A pesar de los avances en educación en los últimos años, la desigualdad sigue presente. Los sistemas educacionales no logran convertirse en la gran palanca que permita la movilidad social y económica de la juventud, y a la vez avanzar en las múltiples dimensiones de la cohesión social: mayor igualdad de oportunidades, capital humano para la movilidad social futura, formación de ciudadanos activos y respetuosos de los derechos, familiaridad con códigos culturales diversos y acceso al mercado laboral con mayores opciones.
En una década y media (1990-2006), precisa el organismo, el porcentaje de jóvenes que completaron la enseñanza secundaria pasó de 27 a 51 por ciento, pero la mitad de los jóvenes regionales “no logra obtener esta credencial educativa y queda en situación de vulnerabilidad social y con escasas posibilidades de obtener un empleo digno”. Además, la desigualdad continúa siendo un rasgo predominante: 20.4 por ciento de los más pobres la concluyeron, frente a 78.6 en el quinto quintil; 35.1 por ciento entre indígenas y afrodescendientes frente a 50.4 en el resto; 23 por ciento en zonas rurales frente a 56.4 en las urbanas. En cuanto al acceso a la educación postsecundaria y terciaria (técnica, profesional no universitaria y universitaria), sólo 19 por ciento del total de jóvenes en edad de estar en postsecundaria lo hacían.
La pobreza y la exclusión social se determinan entre sí en un círculo vicioso que se perpetúa de una generación a otra, apunta la Cepal. Los jóvenes son el eslabón crucial en la estafeta intergeneracional, pues están en la fase del ciclo de vida en que opera más intensamente la dialéctica que vincula el desarrollo de capacidades adquiridas con su capitalización en oportunidades efectivas. Por eso, el acceso insuficiente a la formación de capacidades condena, en general, a trayectorias de vida donde la inserción laboral es más precaria y no permite ingresos para salir de la pobreza ni para acceder a redes adecuadas de protección social.
Las rebanadas del pastel
La familia feliz se apapacha entre sí: que el gober engominado, Enrique Peña Nieto, no es culpable; tampoco el procurador Medina Mora; vamos, que ni siquiera estaban enterados de la represión en Atenco (en los hechos, ni siquiera saben dónde, geográficamente, se localiza); que el duopolio de la televisión sólo intenta “divertir” y “entretener”, no presionar y chantajear; que no tiene interés alguno –político o económico– en meter las manos en el proceso electoral y que, en fin, los mexicanos son extremadamente felices gracias a ella.
Raúl Zibechi
Mirar más allá de coyunturas
La llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, la profunda crisis económica mundial, junto al declive estadunidense, y la existencia de ocho gobiernos progresistas y de izquierda en Sudamérica, son hechos tan importantes que han generado la confianza, entre amplios sectores, en la posibilidad de encontrar nuevos rumbos para nuestras sociedades golpeadas por dos décadas de neoliberalismo. Se trata de una coyuntura especial e inédita, llamada a convertirse en un parteaguas a escala planetaria.
En múltiples ocasiones se ha mencionado que la decadencia de Estados Unidos como única superpotencia, está permitiendo el nacimiento de una nueva relación de fuerzas en la región sudamericana, en la que se dibuja con nítido perfil la fuerza decisiva de Brasil, así como la posibilidad de construir una integración regional que no sólo marque distancias con el imperio, sino también con el libre comercio.
Por definición, una coyuntura suele resolverse en un lapso relativamente breve. En este caso puede pensarse, a lo sumo, en una década, que es el tiempo con que cuentan las fuerzas del cambio para imponer por lo menos una parte de sus objetivos antes que otras fuerzas con intereses diferentes se encuentren en condiciones de imponer los suyos.
La idea de que “éste es el momento” se ha instalado, con entera justicia, en los discursos de buena parte de las dirigencias políticas y sociales, como quedó reflejado en pronunciamientos y documentos del reciente Foro Social Mundial, celebrado en Belem. Pero también está presente la convicción de que si no se encuentran salidas al modelo actual de acumulación, o sea, al capitalismo, la crisis puede resolverse a través del diseño de un mundo peor aún que el actual. Gaza, Irak, Haití, Colombia son apenas muestras de lo que puede venir.
Buena parte de los objetivos destacados en la Carta de los movimientos sociales y en la Declaración de la asamblea de los movimientos muestran con claridad cuál puede ser el rumbo de los cambios. Denuncian la ideología del “desarrollo” y el “progreso”, así como al imperialismo y al capitalismo en su guerra de conquista por apropiarse de los bienes comunes de la humanidad. Pero no escatiman las críticas a las nuevas formas que adquiere el modelo neoliberal, en particular a “los grandes grupos económicos locales –expresados en las denominadas multilatinas–, asociadas a una parte considerable de los gobiernos de la región”. En consecuencia, denuncian el megaproeycto IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), encabezado por la burguesía brasileña, que tras el desarrollo de interconexiones en infraestructura esconde “la apropiación trasnacional de los bienes de la naturaleza”.
En los hechos, los movimientos sudamericanos pasaron factura a “sus” gobiernos al colocar en la mira los principales proyectos económicos, aquellos destinados a promover el “desarrollo” de la región como la minería a cielo abierto, el agronegocio y los agrocombustibles, entre otros. Y pusieron el dedo donde duele al criticar, junto al Plan Colombia y la presencia de bases militares extranjeras, “la ocupación de Haití por tropas de países latinoamericanos”. No fue sólo un ejercicio de autonomía política, sino un marcar las urgencias del momento, la idea de que es necesario “avanzar ahora” y no delegar en los gobiernos, sino crear las condiciones “para ir gestando una nueva ofensiva de los pueblos” que modifique radicalmente la relación de fuerzas en la región.
Una década de gobiernos de nuevo cuño está empezando a mostrar alcances y límites de los cambios promovidos desde arriba y enseñando quiénes son los que están verdaderamente interesados en cambiar el mundo. Una parte sustancial de los gobiernos está más empeñada en consolidarse que en implementar nuevos rumbos. El único país capaz de empujar a toda la región, Brasil, está más empeñado en erigirse en potencia global que en abandonar el modelo. Lula parece más ocupado en catapultar a su probable sucesora, la ministra Dilma Rousseff, que en combatir el tremendo poder del capital financiero en su país. No es suficiente con promover un mundo y una región multilaterales, si a la vez no se erosiona el neoliberalismo.
Por otro lado, salir del modelo es más complejo de lo que pueda suponerse. Tras 10 años de Hugo Chávez en el gobierno, Venezuela sigue siendo un país con enormes dificultades para salir de la dependencia petrolera. Se trata de procesos muy lentos, para los que se requiere crear condiciones no sólo políticas, sino también sociales y culturales. A Cuba le demandó casi medio siglo dejar de ser un país monoproductor de caña de azúcar. A esas dificultades deben sumarse opciones que refuerzan el modelo, como la apuesta de Rafael Correa por la minería trasnacional, que no puede sino agudizar la dependencia de Ecuador, como ya sucedió en el último medio siglo con el petróleo. No es ése el camino para construir el “socialismo del siglo XXI”, pero menos aún puede tomarse ese rumbo en contra de los principales movimientos sociales. El enfrentamiento en curso entre el gobierno de Correa y el movimiento indígena, que se saldó con decenas de heridos y detenidos en la huelga del 20 de enero contra la ley minera, impone mirar más allá de la coyuntura actual.
Los gobiernos progresistas de la región pueden ser aliados de los cambios, pero los hacedores del mundo nuevo son los pueblos organizados en movimientos. El caso de Bolivia, donde el gobierno de Evo se muestra en sintonía con los movimientos, es por ahora la única excepción. Aunque algunos analistas y políticos defienden la centralidad de los gobiernos frente a un supuesto repliegue de los movimientos, no está de más recordar que la actual coyuntura fue creada por la resistencia desde abajo, que deslegitimó el modelo. Si estos gobiernos no toman un rumbo claro, en el futuro serán blanco de la inevitable ofensiva de los movimientos.
Jaime Martínez Veloz/ I
San Andrés Larráinzar: 13 años después
El 15 de febrero de 1996, segundo día de la asamblea plenaria, las delegaciones del gobierno federal y el EZLN acordaron firmar los primeros acuerdos en materia de derechos y cultura indígenas. La delegación zapatista entregó una propuesta sobre la conformación de la comisión de seguimiento y verificación al gobierno. Un día después, concluyó la segunda parte de la plenaria resolutiva de la mesa de derechos y cultura indígenas. La delegación del EZLN firmó los acuerdos de San Andrés en presencia de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). El acto se realizó en uno de los salones de la sede del diálogo en San Andrés Larráinzar. Como presidente en turno de la Cocopa me correspondió firmar el documento, en representación de la comisión legislativa, en calidad de testigo. Posteriormente, en un acto protocolario, la delegación del gobierno federal los firmó. Por parte del gobierno rubricaron: Marco Antonio Bernal, Jorge del Valle y Uriel Jarquín, mientras por el EZLN lo habían hecho los comandantes Tacho, David y Zebedeo.
Los acuerdos a los que llegaron, después de las consultas que cada parte realizó, fueron que el gobierno federal y el EZLN aceptaban los documentos emanados de la primera parte de la plenaria resolutiva, quedando asentadas en el documento las observaciones que los zapatistas hicieron. El EZLN insistió en señalar: “... la falta de solución al grave problema agrario nacional, y en la necesidad de reformar el artículo 27 constitucional, que debe retomar el espíritu de Emiliano Zapata, resumido en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja y Tierra y Libertad”.
En lo referente al tema Situación, derechos y cultura indígenas, la delegación zapatista estimó insuficientes los puntos de acuerdo. Mencionó que los pueblos indígenas y las autoridades debían programar y calendarizar de mutuo acuerdo su instrumentación. Acerca de las Garantías de acceso pleno a la justicia, la delegación zapatista consideró la necesidad del nombramiento de intérpretes en todos los juicios y procesos que se siguieran a los indígenas. Asimismo, planteó indispensable que se legislara para proteger los derechos de los migrantes, indígenas y no indígenas, dentro y fuera de las fronteras nacionales.
A fin de fortalecer los municipios señaló que se requerían compromisos explícitos del gobierno para garantizar su acceso a la infraestructura, capacitación y recursos económicos adecuados.
Sobre los medios de comunicación consideró necesario que se garantizara el acceso a la información veraz, oportuna y suficiente de las actividades del gobierno y que los pueblos indígenas contaran con sus propios medios de comunicación. Ambas partes asumieron el compromiso de enviar el resolutivo a las instancias de debate y decisión nacional, así como del estado de Chiapas que correspondieran.
El documento Pronunciamiento conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional enmarcó lo que debería ser nueva relación del gobierno y de los pueblos indígenas, confirmando que estos últimos habían “... sido objeto de formas de subordinación, desigualdad y discriminación que les han determinado una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política”.
El gobierno federal se comprometió a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución General de la República, ampliar su participación y representación política, garantizar el acceso pleno a la justicia con el reconocimiento y respeto a especificidades culturales y a sus sistemas normativos internos, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos, promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, asegurar educación y capacitación, garantizar la satisfacción de necesidades básicas, impulsar la producción y el empleo, y proteger a los indígenas migrantes.
Sobre el compromiso que adquirió el gobierno federal de reconocer en la Constitución las demandas indígenas se especificó que éstas debían contener: derechos políticos, derechos de jurisdicción, derechos sociales, derechos económicos y derechos culturales. Asimismo, el reconocimiento “... en la legislación nacional de las comunidades como entidades de derecho público, el derecho a asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas”.
La Cocopa manifestó que por difícil que pareciera, “aun en medio de las más grandes diferencias, siempre quedará el recurso de la palabra que haga posible el entendimiento y la reconciliación”.
El EZLN manifestó: “... al fin de la fase actual del diálogo, consideramos que sólo la más amplia movilización social podrá darle cuerpo a estas demandas fundamentales. Esto se logrará solamente impulsando la organización independiente que surge como una de las tareas del Foro Nacional Indígena. Que debe extenderse hacia todas las regiones del país”.
Por su parte, Marco Antonio Bernal dijo que para el gobierno éste era “un paso firme que nos da la seguridad de que este conflicto tiene una salida política definitiva”.
Luis Javier Garrido
La devaluación
Felipe Calderón no tiene el consenso nacional para seguir en la presidencia de México, aun sea de facto, imponiendo políticas antinacionales y antipopulares, y el riesgo de que se le mantenga en el cargo es muy grande para el país, como hace ver de nuevo el caso Slim.
1. La intransigencia del gobierno, encabezado formalmente por Calderón, ante los señalamientos de que sus políticas económica, social y en materia de seguridad están llevando a un desastre institucional y de que no tiene mucho menos una respuesta ante la crisis financiera y económica internacional, no han hecho otra cosa que evidenciar la inviabilidad del gobierno de la ultraderecha, que se ha erigido como el mayor obstáculo para que México pueda salir adelante en estos inicios del siglo XXI.
2. Al análisis de la situación nacional hecho por Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo el domingo 25 de enero ante más de 300 mil integrantes del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, de la Soberanía Nacional y de la Economía Popular, en el que éste delineó un programa de emergencia para el rescate de la economía popular, el gobernante espurio replicó airado dos días después denostando como “catastrofistas” todas las críticas adversas, y desde entonces se instauró en los medios una amplia campaña de descalificación de toda opinión divergente, pero esto no ha sido todo, pues muy pronto, dando muestras de un evidente desvarío, Calderón mismo se ha lanzado contra las advertencias provenientes de diversos sectores de la derecha oficial.
3. Ante las múltiples advertencias de Guillermo Ortiz (gobernador del Banco de México) sobre las políticas hacendarias erradas y el hecho de que México se halla ya en recesión, como enfatizó el 27 de enero, desde Hacienda se le replicó con violencia que esto era falso y que México era un caso extraordinario de bonanza, sin poder explicar Agustín Carstens, titular de Hacienda –que en los hechos es un empleadito del FMI, organismo del que recibe órdenes que por las noches le transmite y explica a Calderón– la gravedad de una situación que ha implicado una devaluación del peso de más de 30 por ciento en lo que va del sexenio, el cese de cientos de miles de trabajadores de noviembre a enero y una creciente inflación, en medio de un clima de desastre institucional en el que para justificar sus políticas en materia “de seguridad” el gobierno espurio está incurriendo en una creciente violación de los derechos humanos.
4. La situación crítica que vive México, y que es ya de catástrofe para millones de mexicanos, les parezca o no a Calderón y a los panistas reconocerlo, es consecuencia de la aplicación aberrante en México durante más de 25 años del modelo neoliberal que el obcecado Calderón se empecina en profundizar, y de sus consecuencias: el apoderamiento del aparato estatal por un puñado de traficantes de influencias, el desmantelamiento del Estado nacional y la entrega de los recursos estratégicos del país a las trasnacionales, de manera que la crisis financiera de Estados Unidos y del mundo occidental estallada a finales de 2008, y que en la demagogia blanquiazul se busca hacer pasar como el origen de todos los males del país, sólo sería un factor de agravación de la situación.
5. El gobierno calderonista aparece, en consecuencia, en este gravísimo escenario no sólo como poseído de un fanatismo neoliberal, pues pretende proseguir la aplicación de los programas neoliberales que constituyen una verdadera guerra contra el pueblo, sino, además, lo que es igualmente grave, como integrado por ineptos incapaces de afrontar la situación y que en vez de adoptar medidas serias para reorientar las políticas oficiales del Estado han insistido, a la manera priísta, en imponer pactos sociales para simular un consenso que no existe y en torno a medidas que son una engañifa, y así después del suscrito el 8 de octubre, se firmó otro el 6 de enero y el 11 de febrero se anuncia un nuevo plan.
6. El principal obstáculo para que México pueda superar esta situación crítica lo constituye por consiguiente Calderón, que impuesto en la silla presidencial por un puñado de grupos empresariales contra la mayoría nacional, no sólo tiene una creciente oposición popular, sino que ha perdido apoyos señalados de la derecha, desde donde muchos lo identifican como el responsable del desastre, sin que éste pueda reaccionar, pues sólo acierta a refugiarse con sus dos principales apoyos: la jerarquía católica y Televisa, a quienes ha demandado su apoyo incondicional para las legislativas.
7. Las imágenes de las televisoras, que constituyen para el gobierno espurio del PAN un apoyo clave, se han revertido, sin embargo, en estos días sin proponérselo contra quienes pretenden gobernar, pues muestran invariablemente todos los días a un Calderón descompuesto, no sólo por los excesos de la víspera, sino por la realidad de su administración que no acierta más que a reiterar un discurso cada vez más apartado de la realidad y en el que no hay más que un insistente llamado, como en los gobiernos fascistoides, a “la unidad nacional”, y una violenta descalificación para quienes no lo respaldan.
8. El señalamiento hecho por el empresario Carlos Slim el lunes 9 en el foro “México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?”, organizado por el Congreso, en el sentido de que las actuales políticas del gobierno no pueden conducir más que a un mayor desastre, con un desplome del PIB, la quiebra de empresas y un mayor desempleo, y de que es urgente reorientar las políticas oficiales adoptando México en lo sucesivo sus propias decisiones luego de “26 años de fracaso”, para dar prioridad en lo sucesivo al empleo, al salario y al ingreso familiar, suscitaron, como era de suponer, la cólera desmedida de Felipe y de sus cuates que reaccionaron con toda la violencia del Estado evidenciando, una vez más, la inviabilidad del gobierno actual.
9. La furiosa reacción de Felipe Calderón y de sus allegados ante las críticas del ingeniero Slim a su gobierno, desatando contra él una campaña desmedida en los medios, no sorprenden, sin embargo, y sólo ejemplifican el estado de descomposición personal de quien se halla en la silla presidencial y la urgencia de una respuesta institucional de fondo ante lo que acontece.
10. La cuestión central es que millones de mexicanos no están dispuestos a apoyar a Calderón, a su gobierno y a sus políticas, pues resulta claro que está actuando abiertamente al servicio de unos cuantos y en contra de los intereses del pueblo de México.
Gabriela Rodríguez gabriela_afluentes@prodigy.net.mx
Iglesia y Estado: encubridores
Es lamentable constatar que la Iglesia católica y el Estado están traicionando su misión; dos instituciones creadas para defender los derechos humanos se han convertido en lo contrario: encubridoras de violadores.
Dos hechos actuales muestran un mismo estilo de manejar el poder: la aparición de una hija del fundador de los Legionarios de Cristo y la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las víctimas de San Salvador Atenco. Múltiples violaciones y abusos sexuales perpetrados por personal eclesial y policial (e involucrado en drogas) han sido denunciadas públicamente y las víctimas reciben silencio e impunidad como respuesta de las más altas autoridades: el Papa, el gobernador del estado de México, el jefe de la Policía Federal Preventiva prefieren encubrir a los agresores y culpar a las víctimas, a fin de proteger “la imagen institucional”. En el primer caso se llegó a hablar de un complot contra el Vaticano (¡duro!, casi suena como el complot de AMLO) contra las instituciones democráticas; en el segundo, hay presos políticos.
El caso de los Legionarios es paradigmático. A fines de los años 90, una docena de seminaristas denunciaron ante los medios haber sido víctimas de abuso sexual de su líder religioso cuando eran púberes, tras enfrentar más de 20 años el silencio y la impunidad como respuesta a sus denuncias dentro del sistema jurídico de la Iglesia. Sin embargo, el papa Juan Pablo II nunca dejó de considerar a Marcial Maciel líder ejemplar para la juventud y, junto con los cardenales y el pontífice actual, bloquearon durante años el juicio contra él; “es mejor que ocho hombres inocentes sufran injusticia y no que miles de fieles pierdan la fe” (Fernando M. González, Marcial Maciel, Tusquets, 2006).
Ya como sumo pontífice en 2006, Benedicto XVI hizo válidas hasta cierto punto el sinnúmero de acusaciones de pederastia y toxicomanía, invitando a Maciel “a una vida reservada de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público”. Maciel no fue sometido a un proceso canónico ni secular como corresponde a cualquier delincuente, ahí actuó la lógica de proteger a la institución, ante todo, y amparar a los más leales, así sea necesario denigrar a las víctimas.
Los Legionarios apenas reconocieron por primera vez los crímenes de su fundador ante la prueba viviente de los abusos sexuales: una hija. La misma que ha amenazado con publicar un libro sobre su vida y la de su padre, a quien a veces le gustaban las niñas, y sobre su madre, violada a los 15 años por Maciel, quien entonces tenía 68 años.
El portavoz de la orden en Roma, Paolo Scarafoni, admitió: “estamos sorprendidos, entristecidos y desconcertados. No podemos negar la existencia de esos hechos, pero no deseamos entrar en más detalles por respeto a la privacidad de las personas afectadas”.
Ninguna referencia a los anteriores escándalos y es indignante que hasta la fecha, ni el Papa ni el actual director general de la orden ni Norberto Rivera ni Juan Sandoval Íñiguez hayan pedido perdón por haber calumniado tan gravemente a José Barba Martín, Juan José Vaca, H.A., José Antonio Pérez Olvera, Arturo Jurado, Alejandro Espinoza Alcalá, Félix Alarcón, Saúl Barrales, Miguel Díaz Rivera, Francisco González Parga, a tantos que sufrieron heridas en lo más íntimo de su masculinidad, y que se tragaron la vergüenza para hablar ante los medios y tratar de frenar los crímenes de la red de pederastas de ese ejército de soldados de Cristo, enfrentando a quien todavía concentraba todo el poder y los privilegios de las elites eclesiales, empresariales y políticas.
Esperamos que los ministros de la SCJN no encubran a los violadores de derechos humanos ni las agresiones sexuales a 31 mujeres de Atenco. De otra manera confirmarán la tesis de Roderic Camp (Cruce de espadas: política y religión en México, Siglo XXI, 1998), quien encontró que la influencia más importante del catolicismo en las sociedades latinoamericanas se produce en el ámbito de los valores y de la tradición orgánico estatista: “promueve un cierto estilo de educación política divulgando valores aprendidos en la interacción entre las autoridades laicas y las eclesiásticas, que comprenden la deferencia, la obediencia y el respeto a la jerarquía […] Otra área de influencia potencial es la educación de la elite a través de las preparatorias e instituciones universitarias, llega a una comunidad dirigente pequeña, pero influyente”; citada en el mismo texto, Larisa Lomnitz: “Asuntos como la moralidad familiar, la posición de los individuos dentro de la familia, la autoridad, la economía y la ideología política sólo se pueden entender y explicar adecuadamente desde el punto de vista del catolicismo”.
El encubrimiento termina deteriorando “la imagen institucional” o ¿quién cree hoy en la jerarquía eclesiástica, en los partidos políticos, en el Instituto Federal Electoral?
Asa Cristina Laurell salud@gobiernolegitimo.org.mx
El Seguro Popular, mitos y realidades
Cuando empezó el Seguro Popular (SP) se insistió en que era una política pública, basada en evidencias científicas y ajena a los postulados partidistas. Asimismo, uno de los ejes declarativos del gobierno de Fox era que habría transparencia en las acciones gubernamentales. El uso directo del SP en la propaganda del PAN y la aprobación del Instituto Federal Electoral de esta conducta colocan –una vez más– en la discusión pública a este programa.
La instrumentación del SP durante cuatro años ha revelado que ambas aseveraciones son ilusorias; no se ha basado en evidencias, ni ha sido transparente. Interesa particularmente ahondar en cuatro hallazgos del análisis de esta política: la tergiversación de la Ley General de Salud, la manipulación del contenido del SP, la ausencia de un seguimiento veraz de su operación y resultados, y su uso político reiterado.
La condición del PRI –los diputados del PRD votaron en contra– para aprobar el SP era la exclusión del sector privado en la prestación de servicios. Una vez aprobada la ley, el Ejecutivo expidió un reglamento que vuelve a incluir al sector privado sin respetar la ley. El PRI no impugnó esta violación.
La manera de presentar el SP ha causado confusión respecto de tres aspectos básicos: sólo es gratuita para el 20 por ciento de la población más pobre, todos los demás pagan prima; su cobertura médica es limitada al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que no cubre algunas enfermedades comunes pero caras de tratar, por ejemplo, infartos al corazón o accidentes graves, cuyos tratamientos son pagados por el paciente; además hay restricciones en la afiliación: sólo 14.3 por ciento puede registrarse al año.
La administración del SP ha sido ineficiente y poco transparente. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó el programa en la Cuenta Pública de 2005 y presentó los resultados en 2007. Encontró que faltaron por transferir a las entidades 632 millones de pesos. Observó además que existían irregularidades al rededor de 2.1 millones de pesos.
Adicionalmente, la valuación actuarial encargada por la ASF para verificar la sustentabilidad económica del SP llegó a la conclusión de que su déficit financiero alcanzaría los 38 mil millones en 2007, si se prestaran los servicios comprometidos en el CAUSES. Por otra parte, se hizo una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por un daño patrimonial de mil millones en 2007, la cual no se ha resuelto hasta la fecha.
A partir de estas irregularidades, la Secretaría de Salud ha declarado “reservada” toda la información relacionada. Nadie ha sido sancionado administrativamente, mucho menos penalmente, a pesar de que están involucrados miles de millones de pesos.
Uno de los grandes éxitos del SP –según sus promotores– es que ha permitido incrementar el presupuesto de salud. Sin embargo, en 2005 y 2006 se hizo a costa del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que debilitó todavía más este pilar del sistema público de salud.
En 2007, el subejercicio del SP fue de cerca de 5 mil millones, y en 2008, según datos preliminares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es de 3.4 millones de pesos. Además se han acumulado 14 mil millones en su fideicomiso. O sea, tan sólo durante los dos años anteriores no se han utilizado 22.4 millones, mientras se registra un grave déficit de infraestructura, personal, medicamentos e insumos médicos, situación que se oculta de manera sistemática.
Por último, en 2006 el PAN capitalino utilizó el SP con fines electorales. Esta transgresión fue impugnada, y el Instituto Electoral del Distrito Federal, a diferencia del actual IFE, multó al PAN. Esta sanción fue ratificada por unanimidad de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en enero de 2007. Estamos ante la reincidencia del PAN en una conducta previamente castigada por el tribunal.
La falta de escrúpulos no termina ahí. Ahora, la propaganda del PAN asegura que sus gobiernos luchan por garantizar “servicios y atención médica gratuitos” para todos los que no cuentan con seguridad social. Bienvenido, si fuera cierto, pero no sería el SP, que no es gratuito y tampoco garantiza servicios y medicamentos. Sería la política del Gobierno del Distrito Federal, legislada durante el gobierno de López Obrador en la capital, promovida en su campaña presidencial y apoyada por el movimiento que encabeza.
Si, como sostienen algunos analistas políticos al justificar el fallo del IFE, es sano que las campañas electorales sirvan para dar a conocer los planteamientos de los partidos, habría que exigir que sean verídicos. La ética en la política tendría que ser la pauta y no la mentira a conveniencia.
Editorial
EL UNIVERSAL
Ética y periodismo
Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes del actual gobierno federal, dijo en una conversación casual: “Carlos Salinas se robó la mitad de la cuenta secreta”. La grabación proviene a su vez de un celular que se quedó encendido por accidente. La obtención del audio y el interés público que contiene hacen del material objeto válido de investigación periodística y de posibles implicaciones legales.
¿Por qué es ético difundir públicamente la conversación privada con “un grupo de amigos” del actual funcionario? El especialista en materia de transparencia Ernesto Garzón Valdés dice en el libro Lo íntimo, lo privado y lo público (Cuaderno de transparencia 06, IFAI) que la intimidad es el lugar donde el individuo ejerce plenamente su autonomía personal; “es el reducto último de la personalidad”. Lo público es la libre accesibilidad de los comportamientos y decisiones de las personas en sociedad. El primero debe ser inaccesible al escrutinio de los demás, mientras que el segundo debe ser compartido.
A la mitad está la privacidad, que es el ámbito en donde “impera una transparencia relativa”.
Cuando la privacidad se usa para encubrir actos que pudieran implicar perjuicio a terceras personas, el ámbito público tiene la facultad de interferir en aquella esfera. Un padre tiene derecho a convivir en privacidad con su esposa, pero esa relación es susceptible de acción pública cuando, en el hogar, el hombre golpea a la mujer.
Lo mismo puede decirse de las cuentas bancarias de un defraudador, de quien usa su propiedad para esconder armas o narcóticos o del buzón de mensajes de un celular que graba la confesión de un enriquecimiento ilícito.
Cada caso tiene consideraciones propias. ¿Puede el periodista o la periodista, en esta ocasión Carmen Aristegui, desde el espacio público invadir la privacidad de una persona? La respuesta es sí en la medida en que la grabación habla de una partida secreta conformada por dinero público. Existe plena justificación para indagar sobre el audio incluso si en el proceso es necesario sacar a la luz o interferir en otros aspectos del ámbito privado.
Además, hay elementos para establecer la probable responsabilidad en malversación de recursos del erario. En su momento, la justicia suiza sostuvo que el dinero de Raúl Salinas, hermano del ex presidente, procedía del desvío de fondos públicos, según consta en varias actas y requerimientos del procedimiento judicial realizado en ese país.
Declara el ex subsecretario de Agricultura en el sexenio de Salinas, Luis Téllez, que carece de “evidencia alguna” para acreditar un daño al erario equivalente a 400 millones de dólares, pero como ha hecho saber a EL UNIVERSAL la propia Diana Pando —dueña del celular donde el actual secretario dejó registrada su voz—, la credibilidad de este personaje no cuenta con gran validez. El funcionario aseguró ante los medios de comunicación la tarde de ayer que nunca ha visto a Pando, siendo que ella tiene pruebas de que ambos sostuvieron una relación sentimental.
¿Por qué creer a Téllez que carece de elementos para sostener su dicho —siendo que colaboró y mantiene contacto con Carlos Salinas y su esposa desde hace dos décadas— si miente sobre la persona a la que llamó en aquella conversación privada que resultó de interés público?
México tiene ya una larga lista de grabaciones comprometedoras cuya difusión levanta escándalos mediáticos, rara vez traducidos en consecuencias para los involucrados.
Hay un derecho de conocer la verdad, a propósito de ese desvío de fondos que, haya prescrito o no jurídicamente, merece el escrutinio de los medios de comunicación.
Víctor Flores Olea
Slim contra los espectros
Las palabras de Carlos Slim sobre la crisis encendieron la pradera pero no la inteligencia de los funcionarios que arremetieron en su contra. El gobierno de Calderón pasa por una de sus mayores vergüenzas.
El primer espectro designado para responder fue Javier Lozano, secretario del Trabajo. Los pronósticos de Slim, dijo, “son catastrofistas, sin sustento sólido”. Descubre la motivación secreta del empresario: esos vaticinios “obedecen a un buen deseo de que las empresas se abaraten para luego comprarlas”, o que quiere más concesiones en áreas donde no las ha obtenido, por lo que se ha hecho merecedor, “sin represalias, a un llamado respetuoso pero enérgico”.
El espectro mayor consideró que lo importante no es ver quién genera el pronóstico más grave, sino qué es lo que cada quién puede hacer por México para enfrentar la crisis. Aludiendo a John F. Kennedy, recalcó que más que criticar debiera preguntarse “cuál será su propia conducta de ayuda”. Cualquier crítica, como se ve, es ignorada por los responsables de la política mexicana: “¡Ni los veo ni los oigo”, como en su momento proclamó otro insigne mandatario nuestro.
Esta serie de pequeños obuses dirigidos contra Slim hizo mover hasta a Agustín Carstens, quien “se comprometió a enviar en los próximos días un paquete de reformas del gobierno federal encaminadas a enfrentar en el corto plazo la emergencia económica”. ¿Hasta ahora nuestro inmóvil espectro comienza a reaccionar?
Todo indica que él fue el único que se tomó en serio cuando dijo primero que “sólo era un ligero malestar de nuestra economía ante la crisis mundial”. Pero bien, más vale tarde que nunca. La cuestión de fondo es que nuestro gobierno ha estado “engarrotado” ante la crisis. Pequeños discursos van y vienen de parte del Ejecutivo.
Las noticias del mundo aluden a una preocupación y ocupación mayúscula, mientras aquí escuchamos palabras como “blindaje sin fisuras”, “muy buenas condiciones de la economía”. Es decir, un descarado ocultamiento de la realidad, una desconexión con el mundo real que raya en la esquizofrenia. Y añadiendo, ahora con dedicatoria personal: “Debemos rechazar todos los catastrofismos sin fundamento, particularmente ahora llevados a extremos absurdos, que dañan sensiblemente al país”.
Para quienes leyeron la intervención de Slim habría un reproche que formularle: su suavidad y sus concesiones al sistema que nos ha empobrecido y abusado hasta estos extremos. Pero para los jerarcas del PAN, devotos a la jerarquía, cualquier idea que difiera de su verdad merece la condena y la censura.
¿Qué dijo Slim? Los “catastrofismos” que circulan en todas partes: la especulación con el petróleo, la vivienda, los alimentos, el engaño de inversiones en que no se daba nada a cambio, un mundo financiero y económico como una casa de apuestas en que siempre se ganaría debido a la desregulación y la falta de vigilancia, que es lo que estamos pagando. Y, además, que el PIB en México se desplomará por la caída de los precios del petróleo y de la exportación. Otros pecados señaló: que hay que cuidar el empleo y el ingreso familiar, y que la educación es fundamental, y que la piedra angular de toda economía, incluso la mexicana, requiere de un fuerte mercado interno.
¿No es verdad que tamañas herejías merecen la condena eterna? Sobre todo porque se parecen a algunas cosas dichas por Andrés Manuel López Obrador y otros catastrofistas, y porque rompen la devota sumisión que tradicionalmente ha tenido nuestra clase empresarial con el gobierno.
Escritor y analista político
Ana María Salazar
¿Cuál liderazgo?
Me asusta ver la falta de liderazgo por parte del gobierno y de los líderes sociales y empresariales ante la crisis de tres pistas de la que apenas empezaremos a sentir el impacto.
En la primera pista tenemos la problemática de seguridad, en la que el crimen organizado está desestabilizando a nuestras instituciones y amedrenta a la población.
La segunda pista es la crisis financiera, que a nivel mundial está destrozando el patrimonio de millones de personas y está amenazando con índices de desempleo desconocidos en México.
Pero como si esto no fuera suficiente, en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otras naciones, tenemos que preocuparnos, además, por la tercera pista que este circo llamado “La realidad de la política mexicana” nos habrá de presentar en los próximos meses, es decir, este nuevo set de problemas y sobresaltos por los procesos electorales de este año, que ya se vislumbran a difíciles y violentos.
Y para los que me acusan de ser catastrofista, pesimista y desmoralizante, los invito a que no lean la prensa en la mañana o a abrir un espacio en Facebook para “Mexicanos irremediablemente optimistas”, en el que podrán los miembros hablar sobre las bondades de la aromaterapia o debatir la existencia de los unicornios en el Popocatépetl.
Por más que me argumenten con cifras y estadísticas que la situación no está tan catastrófica como la describió Carlos Slim, y que el gobierno está poniendo sobre la mesa estrategias específicas para aminorar el impacto para que el país salga adelante el año que entra, hay un problema fundamental en México que me lleva a anticipar que esta crisis continuará hasta el 2010 y tal vez hasta el 2012. Los líderes políticos y líderes sociales que debería de llevar la batuta en este proceso de recuperación no sólo han sido terriblemente negligentes sino también adicionalmente se rehúsan a asumir su responsabilidad compartida para liderar la mitigación de la crisis y la eventual rápida recuperación del país.
Llevo varios años redactando un manual de liderazgo político que tentativamente se va a titular “Manual de liderazgo. Cómo no ser un líder jurásico”, y lo que me sorprende y me preocupa es que a pesar de la transición democrática en el país, el liderazgo que se continúa ejerciendo en México sigue siendo lo mismo, a pesar de los cambios de colores partidistas en los diferentes niveles de gobierno.
Y es que en países democráticos que han tenido que enfrentar crisis que amenazan el Estado o la calidad de vida de sus ciudadanos, el gobierno y la sociedad civil han desarrollado alianzas y son los líderes políticos y sociales que facilitan estos acuerdos o consensos.
En México, esto simple y llanamente no está sucediendo.
De hecho, yo diría que está sucediendo todo lo contrario. Se están profundizando más las diferencias entre el gobierno, los partidos políticos y el resto de los actores sociales que deberían jugar un papel fundamental en el proceso de recuperación.
Seamos claros: si el gobierno federal y los gobernadores no crean una alianza responsable con los diferentes actores de la sociedad civil, incluyendo los empresarios y sindicatos, les juro que el país va a estar en crisis hasta después de las elecciones de 2012 (asumiendo que no habrá otra crisis electoral como la de 2006.)
Para ver cuáles son las características de un líder en una situación de crisis ir a www.anamariasalazar.com.
amsalazar@prodigy.net.mx
Analista política
José Fernández Santillán
Catastrofismo
Fue el presidente Felipe Calderón el que alborotó la gallera al tomar la palabra en la conmemoración del 92 aniversario de la Constitución de 1917. Pidió no caer en “catastrofismo”. En las dos semanas que han corrido desde ese 5 de febrero el rebumbio no ha cesado. Más bien va en aumento. Carlos Slim le reviró en el foro “México ante la crisis. ¿Qué hacer para crecer?”, organizado por el Congreso de la Unión, al afirmar: “No quiero ser catastrofista, pero hay que prepararse para prever y no estar viendo las consecuencias después y estar llorando”. Para el magnate el desempleo va a incrementarse sensiblemente, y muchas empresas van a cerrar.
No puede haber contraste más radical acerca de lo que estamos viviendo y lo que nos espera. No tomo partido ni por uno ni por otro. Lo que pretendo mostrar es lo sintomático de estos antagonismos en momentos de crisis mayores. Remo Bodei en su libro Descomposiciones (1987), descubrió ciertas constantes en los periodos de borrasca.
Su planteamiento nos cae a la medida: en medio del descontrol los opuestos parecen tener su propia realidad y verdad; pero también su irracionalidad y mentira. El entendimiento se nubla. La búsqueda de algún remedio se vuelve espasmódica. Ante hechos que no se logran comprender e interpretar, los horizontes se estrechan. Las interpretaciones se vuelven reiterativas e intrascendentes. Abundan los pontificadores y objetores de conciencia.
Nos encontramos no solamente ante una crisis económica, sino principalmente delante de una crisis moral. En momentos como éste, sigue diciendo Bodei, el apego a las costumbres cubre el expediente formal, pero ya no hay identificación con las creencias tradicionales. La senilidad de las estructuras sociales hace, de una parte, que los hábitos del poder se endurezcan; pero, de otra parte, esas estructuras irremediablemente tienden a ceder ante el propio ciclo biológico que concluye.
Por más remedios terapéuticos que se le procuran, el sistema de poder no logra mantenerse en pie. La lozanía se desvaneció; en un santiamén apareció la decrepitud de las formas políticas y económicas. Viene a modo la frase escrita por Marx al inicio de El dieciocho brumario (1852): “Todo un pueblo que creía haberse dado un impulso acelerado por medio de una revolución se encuentra de pronto retrotraído a una época fenecida”.
No sé si estos sean síntomas de alguna catástrofe en arribo, pero sí de decadencia.
jfsantillan@itesm.mx
Académico del Tecnológico de Monterrey (CCM)
Porfirio Muñoz LedoBitácora Republicana13 de febrero de 2009
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Comentarios(1)
Congreso fallido
Al término del sainete desencadenado por el duopolio de la comunicación, sus autores demostraron lo que se proponían: que no existe en México autoridad política capaz de someterlos. Bien decía Karl Popper: “O el Estado regula efectivamente las televisoras o éstas aniquilarán nuestras democracias”.
No hay nada más indignante que la protesta estéril, sobre todo cuando proviene de los responsables de los hechos que se denuncian. Culpar al Consejo del IFE por su extrema tibieza frente a la burla ostentosa tiene mucho de coartada. El marco legal lo habilita ciertamente para sancionar pero no le otorga poder sobre el régimen de concesiones.
Hasta la reciente reforma electoral, la radio y la televisión no habían aparecido en el texto de la Constitución. Entraron literalmente por la puerta trasera: sólo por lo que se refiere a los procesos electorales y sin ninguna definición sustantiva de su naturaleza jurídica, objetivos y obligaciones generales. Menos aún de la autoridad encargada de regularlas.
Nuestros legisladores han reculado una vez más frente al poder mediático. De poco valdría que retomasen el ejercicio abandonado de una nueva legislación, acorde con el fallo de la Suprema Corte. La Comisión Plural volvería a naufragar en el vaivén de los acuerdos secretos y las cobardías públicas.
Su empeño carecería además de sustento constitucional. Desde las conclusiones adoptadas en el 2000 por la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado quedó claro que “el Congreso no tiene, conforme al artículo 73, facultad expresa para legislar sobre esos medios de comunicación”.
La fracción XVII de ese ordenamiento dice: “Dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos”; redacción que viene de 1917, cuando las telecomunicaciones no existían y que obviamente no las comprende. Para eludir esa grave laguna, en la ley de 1960 se omitió la exposición de motivos.
El legislador incluyó, en un anómalo artículo primero, “principios fundamentales”, de acuerdo a los cuales “corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y en consecuencia del medio por el que se propagan las ondas electromagnéticas”.
El propósito era equiparar las industrias de radio y televisión con otras dedicadas a la explotación de recursos naturales. Así, el aprovechamiento “del aire” por los particulares sólo podría hacerse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal.
Bajo el manto del nacionalismo económico se consagró un vicioso contubernio entre Presidencia de la República y dueños de la comunicación electrónica. En particular la televisión —que había vivido durante 14 años sin ningún estatuto jurídico— quedó indisolublemente vinculada a Los Pinos y viceversa.
Por tales razones propusimos otorgar un fundamento constitucional de corte democrático a la legislación ordinaria, fundado en el derecho a la información. El proyecto distinguía las disposiciones relativas a la libertad de expresión y de imprenta, que se contendrían en el artículo sexto, y las normas relativas a los medios de comunicación electrónica, que formarían un nuevo artículo séptimo.
Lo esencial era la creación de un “organismo constitucional autónomo con participación ciudadana responsable de regular esos medios y de otorgar los permisos y autorizaciones respectivos en vista al interés nacional”. Ese órgano rendiría cuentas al Congreso de la Unión. Lo llamamos “el IFE de las comunicaciones”.
En el marco de la CENCA la propuesta se procesó tanto en el grupo de trabajo sobre Régimen de Estado y Gobierno, donde fue originalmente clasificada, como en el de Garantías Sociales, al que correspondió el texto definitivo. La terca negativa de los legisladores a debatirla no es sólo señal inequívoca de ignorancia, sino de confesa complicidad con los propietarios.
El proyecto establece que las empresas “serán concesionarias de un servicio público y respetarán en el contenido de sus emisiones los valores de la nación consagrados en el artículo tercero”. La autoridad “promoverá su distribución equilibrada entre entidades públicas, educativas, privadas y comunitarias”. Determinará, asimismo, “los máximos de concentración de los espectros radioeléctricos”.
Nuestra jurisprudencia es categórica en el sentido de que, mediando reforma constitucional, no se aplica el principio de retroactividad ni pueden invocarse derechos adquiridos. Así, un nuevo régimen conllevaría la virtual terminación de las actuales concesiones y la redistribución justiciera de la baraja.
Ello explica el rechazo feroz de la oligarquía y el pavor escénico del gobierno. Exhibe también la vergonzosa abdicación del Congreso e ilustra la enorme relevancia que tendría un poder constituyente digno de su encomienda.
PRENSA MEXICO VIERNES 13 FEBRERO
Editorial
Suprema impunidad
Por amplia mayoría de magistrados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación perpetró un nuevo atropello a su propia función y a sus potestades y dio por cerrada la discusión en torno a los episodios de barbarie represiva que tuvieron lugar en Texcoco y en San Salvador Atenco en mayo de 2006. En una circunstancia que recuerda de manera inevitable el vergonzoso desempeño del pleno de togados ante las agresiones sufridas por la informadora Lydia Cacho en Puebla –y promovidas por el gobernador de esa entidad, Mario Marín–, el máximo tribunal del país exoneró de toda responsabilidad al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, a Wilfrido Robledo Madrid, a la sazón responsable de la seguridad mexiquense, a Ardelio Vargas Fosado, entonces coordinador de las fuerzas federales, al ex procurador estatal, Abel Villicaña Estrada, a Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno, a Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese tiempo se desempeñaba como subsecretario federal de Prevención y Readaptación Social, y a otros altos mandos estatales y federales.
Según los ministros que despachan en la esquina de Pino Suárez y Corregidora, los posibles homicidios, las violaciones, las golpizas, las detenciones injustificadas, las humillaciones, las expulsiones ilegales del país y el resto de las atrocidades cometidas por las fuerzas represivas contra centenares de personas carecen de responsables intelectuales, y corresponde, en consecuencia, imputar esos delitos únicamente a algunos de sus presuntos autores materiales. En el caso de las agresiones sexuales, la Corte reconoce las culpas, pero proclama la inexistencia de culpables o, peor, la imposibilidad de fincar responsabilidades; en términos generales, y por inferencia, el máximo organismo judicial del país atribuye esos delitos graves a una falta de regulación en el uso de la fuerza pública y a la escasa profesionalización de sus integrantes. En este espíritu, la SCJN se prepara a emitir algunas reflexiones no vinculantes, dirigidas a dependencias federales, estatales y municipales, sobre la pertinencia de adoptar “medidas administrativas y políticas públicas” para incrementar la eficiencia y el profesionalismo de los cuerpos policiales.
Ante los graves atropellos perpetrados en Texcoco y en San Salvador Atenco, el máximo tribunal ha optado, pues, por disociarse de la realidad y por simular cierta preocupación ante la falta de vigencia de los derechos humanos en el país. Las recomendaciones son frívolas, innecesarias y hasta grotescas: el marco legal de México es lo suficientemente claro en la tipificación de los delitos de homicidio, lesiones y violación como para que la SCJN aconseje a los elementos de la fuerza pública y a sus mandos que se abstengan de cometerlos.
La tarea de los ministros, en cambio, era dilucidar con verosimilitud las razones por las cuales 657 integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP), mil 901 efectivos de la agencia mexiquense de seguridad pública, 115 policías municipales, además de una docena de funcionarios de la procuraduría estatal y cuatro empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) se vieron involucrados en la comisión de los atropellos referidos. El sentido común indica que la única forma de coordinación posible entre todos ellos era una consigna emitida por niveles superiores –municipales, estatales y federales– y que en Texcoco-Atenco tuvo lugar un escarmiento de Estado contra una población insumisa.
Otro hecho que habría ameritado la intervención de la SCJN es la inexplicable renuencia de las autoridades de los tres niveles para procurar justicia por las agresiones policiales y el dato exasperante de que, hasta la fecha –es decir, a casi tres años de distancia–, ningún empleado público haya sido llevado a un tribunal para que responda por los delitos cometidos.
Resulta inevitable apreciar, en el conjunto del episodio, el doble rasero de un aparato de procuración e impartición de justicia que condena a más de 100 años de cárcel a uno de los líderes de San Salvador Atenco y que, por el otro lado, exime de toda responsabilidad a quienes coordinaron el ataque policial contra esa población. Por lo demás, el desempeño de las autoridades ejecutivas y judiciales, desde mayo de 2006 hasta este febrero de 2009, pone en evidencia la hipocresía de un sistema que brinda protección a los sospechosos más encumbrados e influyentes y deja librados a su suerte a los subordinados y rasos. Para finalizar, los integrantes del más alto tribunal del país han decidido, por amplia mayoría, dejar de lado la justicia y votar por una impunidad a la que otorgan, de esta manera, la categoría de suprema.
PORTADAS NUEVAS GRABACIONES EXHIBEN A LUIS TÉLLEZ GRABACIÓN BALCONEA A TÉLLEZ NARCOPROTESTA EN MONTERREY MINIMIZA PGJE HECHOS VIOLENTOS EN COAHUILA
13/02/2009 a las 7:58 am
EL UNIVERSAL: NUEVAS GRABACIONES EXHIBEN A LUIS TÉLLEZUna serie de ocho conversaciones telefónicas adicionales del secretario de Comunicaciones y Transportes con funcionarios públicos y el abogado Juan Velázquez, revelaría que Téllez usa el nombre del presidente Felipe Calderón para manipular el conflicto entre la dependencia que dirige y la Comisión Federal de Telecomunicaciones. “Que a Héctor Osuna le den por el…”, dice en una de las conversaciones. Insulta a los miembros de la Cofetel y manipula cartas dirigidas al presidente Calderón, según transcripciones de REPORTE ÍNDIGO, sobre las que Téllez no quiso opinar. Tras conocer la grabación, la oposición demandó la renuncia del funcionario y el inicio de una investigación, “porque Téllez conoce el presunto desvío de recursos en favor de Carlos Salinas”. Para el diputado Juan José Rodríguez Prats, Salinas no tendría ninguna responsabilidad por el supuesto uso ilegal que hubiera dado a la partida secreta. “El asunto ya prescribió”, mencionó. VEA LA NOTA COMPLETA.
EXCÉLSIOR: GRABACIÓN BALCONEA A TÉLLEZEl secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, reconoció que la grabación difundida ayer en la que él afirma que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la “cuenta secreta” “es real”, pero que lo dijo en una comida casual a un grupo de amigos y “de manera indebida”, por lo que carece de sustento alguno. Al revelarse tales declaraciones, legisladores pidieron la renuncia del funcionario. VEA LA NOTA COMPLETA.
MILENIO: NARCOPROTESTA EN MONTERREYLos bloqueos a las principales vialidades de Monterrey por personas embozadas que se oponen a la presencia del Ejército en colonias de la periferia de la capital neoleonesa, la ejecución de un fiscal antihomicidios y el ataque a las instalaciones de la Agencia Estatal de Transporte son acciones concertadas por el narco para amedrentar a las autoridades y los ciudadanos. Ayer, las protestas de los tapados escalaron, pues incluyeron barricadas y petardos. Por cuarto día consecutivo, cientos de jóvenes con el rostro cubierto bloquearon la circulación de la avenida Fidel Velázquez, una de las principales arterias de la ciudad, en demanda de que salga el Ejército de esas zonas. Los manifestantes arrojaron cohetes al helicóptero del gobierno del estado. Una unidad del grupo especial de Seguridad Pública, conocida como El Oso, apagó el fuego de las barricadas. Información de agencias de seguridad locales asegura que los manifestantes son reclutados por el narcotráfico. A cambio de un pago que va de 200 a 500 pesos, los embozados protagonizan los cortes a la circulación, sin que hasta el momento haya consignados por esos hechos. VEA LA NOTA COMPLETA.
VANGUARDIA: MINIMIZA PGJE HECHOS VIOLENTOS EN COAHUILAPese a los acontecimientos ocurridos en los últimos días en la entidad, el Procurador General de Justicia del Estado, Jesús Torres Charles, negó que exista una crisis en materia de seguridad pública en Coahuila. Según el titular de la PGJE, lo que sucedió en el penal de Torreón y el hallazgo del cementerio clandestino en Arteaga, no son motivo de alarma. Sobre la incursión del grupo armado en el Cereso de Torreón, Torres Charles reveló que, según las primeras investigaciones, posiblemente haya complicidad entre los custodios, pues existen pruebas de que se facilitó la entrada de los sicarios al lugar. Por lo que respecta al hallazgo de los cuerpos en Arteaga, el Procurador de Justicia del Estado comentó que existe la teoría de que estos fueron depositados en el lugar pero privados de su libertad y de la vida en Nuevo León, o cualquier otra entidad vecina. VEA LA NOTA COMPLETA.
Editorial
Suprema impunidad
Por amplia mayoría de magistrados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación perpetró un nuevo atropello a su propia función y a sus potestades y dio por cerrada la discusión en torno a los episodios de barbarie represiva que tuvieron lugar en Texcoco y en San Salvador Atenco en mayo de 2006. En una circunstancia que recuerda de manera inevitable el vergonzoso desempeño del pleno de togados ante las agresiones sufridas por la informadora Lydia Cacho en Puebla –y promovidas por el gobernador de esa entidad, Mario Marín–, el máximo tribunal del país exoneró de toda responsabilidad al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, a Wilfrido Robledo Madrid, a la sazón responsable de la seguridad mexiquense, a Ardelio Vargas Fosado, entonces coordinador de las fuerzas federales, al ex procurador estatal, Abel Villicaña Estrada, a Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno, a Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese tiempo se desempeñaba como subsecretario federal de Prevención y Readaptación Social, y a otros altos mandos estatales y federales.
Según los ministros que despachan en la esquina de Pino Suárez y Corregidora, los posibles homicidios, las violaciones, las golpizas, las detenciones injustificadas, las humillaciones, las expulsiones ilegales del país y el resto de las atrocidades cometidas por las fuerzas represivas contra centenares de personas carecen de responsables intelectuales, y corresponde, en consecuencia, imputar esos delitos únicamente a algunos de sus presuntos autores materiales. En el caso de las agresiones sexuales, la Corte reconoce las culpas, pero proclama la inexistencia de culpables o, peor, la imposibilidad de fincar responsabilidades; en términos generales, y por inferencia, el máximo organismo judicial del país atribuye esos delitos graves a una falta de regulación en el uso de la fuerza pública y a la escasa profesionalización de sus integrantes. En este espíritu, la SCJN se prepara a emitir algunas reflexiones no vinculantes, dirigidas a dependencias federales, estatales y municipales, sobre la pertinencia de adoptar “medidas administrativas y políticas públicas” para incrementar la eficiencia y el profesionalismo de los cuerpos policiales.
Ante los graves atropellos perpetrados en Texcoco y en San Salvador Atenco, el máximo tribunal ha optado, pues, por disociarse de la realidad y por simular cierta preocupación ante la falta de vigencia de los derechos humanos en el país. Las recomendaciones son frívolas, innecesarias y hasta grotescas: el marco legal de México es lo suficientemente claro en la tipificación de los delitos de homicidio, lesiones y violación como para que la SCJN aconseje a los elementos de la fuerza pública y a sus mandos que se abstengan de cometerlos.
La tarea de los ministros, en cambio, era dilucidar con verosimilitud las razones por las cuales 657 integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP), mil 901 efectivos de la agencia mexiquense de seguridad pública, 115 policías municipales, además de una docena de funcionarios de la procuraduría estatal y cuatro empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) se vieron involucrados en la comisión de los atropellos referidos. El sentido común indica que la única forma de coordinación posible entre todos ellos era una consigna emitida por niveles superiores –municipales, estatales y federales– y que en Texcoco-Atenco tuvo lugar un escarmiento de Estado contra una población insumisa.
Otro hecho que habría ameritado la intervención de la SCJN es la inexplicable renuencia de las autoridades de los tres niveles para procurar justicia por las agresiones policiales y el dato exasperante de que, hasta la fecha –es decir, a casi tres años de distancia–, ningún empleado público haya sido llevado a un tribunal para que responda por los delitos cometidos.
Resulta inevitable apreciar, en el conjunto del episodio, el doble rasero de un aparato de procuración e impartición de justicia que condena a más de 100 años de cárcel a uno de los líderes de San Salvador Atenco y que, por el otro lado, exime de toda responsabilidad a quienes coordinaron el ataque policial contra esa población. Por lo demás, el desempeño de las autoridades ejecutivas y judiciales, desde mayo de 2006 hasta este febrero de 2009, pone en evidencia la hipocresía de un sistema que brinda protección a los sospechosos más encumbrados e influyentes y deja librados a su suerte a los subordinados y rasos. Para finalizar, los integrantes del más alto tribunal del país han decidido, por amplia mayoría, dejar de lado la justicia y votar por una impunidad a la que otorgan, de esta manera, la categoría de suprema.
Exculpa a Peña Nieto, Medina Mora y demás autoridades
Convalida la Corte impunidad en el caso Atenco
Sólo emite ‘‘consideraciones’’ para ampliar las pesquisas sobre abusos
Exhorta a elaborar leyes que ‘‘normen el uso de la fuerza pública’’
Una vez que exoneró (por ocho votos contra tres) al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y a los altos mandos policiacos federales y estatales de la violación grave de garantías ocurrida en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó por emitir “lineamientos y consideraciones” a las instancias correspondientes para que amplíen las investigaciones sobre abuso de autoridad y agresiones sexuales.
También quedaron libres de culpa los mandos que planearon el operativo, Ardelio Vargas Fosado, entonces coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, y el almirante Wilfrido Robledo Madrid, quien dirigía la Agencia Estatal de Seguridad, así como otros funcionarios de alto nivel que elaboraron la estrategia de las acciones en Atenco.
Así, sólo los policías ejecutores de las lesiones y agresiones sexuales, sus jefes inmediatos y comandantes sectoriales fueron señalados como los responsables de violar los derechos humanos.
Los ministros exhortaron a los congresos y ejecutivos, federal y de las entidades del país, a aprobar leyes, reglamentos y protocolos para normar el uso de la fuerza pública, además de proponerles que adopten medidas administrativas y políticas públicas para hacer más aficientes y profesionales los cuerpos policiacos.
En el catálogo de buenas intenciones, los juzgadores reconocieron que las víctimas tienen derecho a obtener la reparación del daño por parte del Estado mexicano, pero no precisaron la forma de lograrlo, como tampoco convocaron abiertamente al gobierno a asumir dicha responsabilidad.
A diferencia de las anteriores sesiones, la de ayer fue muy atropellada y apresurada; en sólo tres horas se votaron los puntos pendientes e incluso en temas en los que no había total claridad se acordó que las diferencias fueran subsanadas por el ministro instructor, cuando elabore el documento definitivo de la decisión.
Al dar por finalizado el asunto, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia resaltó la importancia de la resolución para el país y aclaró que ésta será entregada a los congresos federal y estatales, al gobierno del estado de México, a las procuradurías General de la República y de los estados, entre otras autoridades; la Corte busca con ello que el uso de la fuerza pública tenga un fundamento que la legitime, que la sociedad cuente con los “límites y referentes” que garantizan su protección en contra de abusos y excesos, “que bajo ninguna circunstancia son admisibles”.
Ante la comisión de ciudadanos de San Salvador Atenco, encabezada por Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle (líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, quien se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano), lo mismo que secretarios y funcionarios que colmaron el salón de sesiones, impidiendo así el acceso a los medios de comunicación, Ortiz Mayagoitia subrayó que el trabajo desarrollado por la Corte “no tiene por objeto desalentar el uso de la fuerza pública so pretexto de temores de quienes deban tomar esas difíciles decisiones”.
Al conocerse el fallo, la indignación de los representantes del FPDT presentes en el salón estalló. El tono de voz comenzó a subir en la medida que eran desalojados por el personal de seguridad, que los copó de inmediato. Gritos de “¡ministros corruptos, asesinan la justicia!”, “¡estamos de pie, no nos han vencido!”, “¡Atenco vive, la lucha sigue!” y “libertad a los presos!”, retumbaban en los pasillos. Su demanda de justicia no había sido escuchada en el máximo tribunal.
Al inicio de la sesión, Salvador Aguirre Anguiano, Sergio Valls, Margarita Luna, Fernando Franco, Olga Sánchez Cordero, Mariano Azuela, José Ramón Cossío y Ortiz Mayagoitia determinaron que no había elementos para inculpar a ningún alto funcionario ni a los jefes policiacos. En todo caso, señalaron que hubo agentes que violaron la ley, y que éstos tenían que responder por sus hechos de manera individual, mientras que sus superiores directos fueron señalados por permitir los abusos.
Esta misma mayoría se opuso al informe de Gudiño que enumeraba a todos los funcionarios involucrados –desde Peña Nieto hasta los policías que pudieron ser identificados–, pero que no fincaba responsabilidades; en cambio, consideraron que era mejor señalar con nombre y cargo a los que violaron garantías, aunque fueran policías y mandos operativos únicamente.
Genaro David Góngora, Juan N. Silva Meza y José de Jesús Gudiño Pelayo dijeron que, en todo caso, todos los funcionarios involucrados tenían un grado de responsabilidad. El más directo fue Góngora, quien censuró que ni Peña Nieto ni Medina Mora, como máximos responsables, tomaran las medidas correctivas para frenar los abusos.
“Era muy sencillo advertir los excesos que se estaban cometiendo, bastaba con prender la televisión para ver las imágenes”. Agregó que tampoco investigaron cabalmente las denuncias de abuso de autoridad ni las agresiones sexuales a 31 mujeres que fueron detenidas.
Cuando se leían los resolutivos, Góngora reflexionó en voz alta: “El hoy procurador debe seguir investigando los hechos de sus subordinados cuando fue secretario de Seguridad Pública federal. Hacer investigaciones a estas alturas parece casi imposible; el dios Cronos, junto con otras personas y otros factores, han dispersado las evidencias, pero en fin, eso ya será problema del procurador”, ironizó.
‘‘¡Ministros corruptos, asesinan la justicia!’’, grito del FPDT tras el fallo
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, declaró ayer a mediodía, con un gran gesto, el fin de la sesión del pleno: cuatro días, poco más de 20 horas de debates jurisconsultos que concluyeron que, si bien hubo “violaciones graves a las garantías individuales” en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, ningún funcionario de alto o medido nivel, ni del estado de México ni del gobierno federal, fue responsable de estos hechos que provocaron la muerte de dos jóvenes, agresiones sexuales de policías contra una treintena de mujeres arrestadas, centenares de detenciones arbitrarias y torturas.
En los asientos de las primeras filas del recinto de plenos se ponen de pie seis hombres bien trajeados, muy sonrientes. Vienen del área jurídica del gobernador Enrique Peña Nieto.
En las últimas filas, los representantes de las víctimas tardan en asimilar el trago amargo. Sólo unos segundos. De pronto, irrumpen sus gritos indignados: “¡Ministros, corruptos, asesinan la justicia!”, “¡Peña Nieto ordenó y ejecutó la represión!” Una de las mujeres saca la manta de su bolso. Un agente de seguridad intenta arrebatársela. Trinidad del Valle –esposa del dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), sentenciado a 112 años de cárcel– detiene con fuerza el brazo del oficial: “¡Déjala!” Y los atenquenses despliegan sus mantas, gritan hasta desgañitarse, bajan la escalinata de la Corte en una pequeña marcha indignada y se desahogan dos horas más en la explanada. Total, ya nadie los escucha.
Tres años de investigaciones de la SCJN sobre los hechos de Atenco, contenidas en las 900 cuartillas del dictamen del ministro José de Jesús Gudiño, se habían ido diluyendo, en particular cada vez que tomaba la palabra el ministro Sergio Aguirre Anguiano. El documento, con descripciones que resultaban tan dolorosas que el ministro Genaro Góngora confesó que con frecuencia tenía que detener su lectura, a nadie más le quitaría el sueño. Se había convertido ya en papel mojado.
¿Violaciones graves en Atenco? Aguirre, juez de militancia panista, emitió el único voto negativo. ¿Determinar cuáles policías, de los que llevaban armas calibre 38 mm, dispararon contra el adolescente Javier Cortés? Inaceptable para Aguirre. “La bala pudo haber salido del arsenal de los atacantes subversivos.”
¿Fincar responsabilidades por la muerte del joven Alexis Benhumea entre los agentes que dispararon gases lacrimógenos a corta distancia? Tronaba el magistrado bajo su toga: “¿Cómo se puede atribuir a la policía la muerte de ese muchacho? ¡Qué barbaridad!”
¿Dar crédito a la palabra de las mujeres que rindieron testimonio de agresiones sexuales y violaciones tumultuarias por agentes de seguridad pública mexiquenses durante su traslado al penal de Santiaguito?
Aguirre arremete contra testimonios de las víctimas, que ya están bajo la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Con soltura, declaran algunas señoras que fueron objeto material de diversos manipuleos atentatorios a su libertad sexual. Pero resulta que todos los dictámenes médicos no nos conducen a eso. Incluso hay filmaciones muy dramáticas de una señora, de perfil, mostrando una gran cantidad de hematomas en su anatomía. ¿Y quien nos dice que éstos no se produjeron en la contienda?”
A los ojos de los manifestantes que desde el lunes se mantienen en plantón ante la gran puerta de bronce de la Suprema Corte, cerrada y resguardada por la policía antimotines, el abogado se ha ganado su epitafio en un féretro de cartón. “El magistrado Aguirre se quemó las pestañas estudiando para convertirse en el pozolero de la justicia.”
Distantes están ya las palabras del ministro Góngora, solitarias en su representación de las víctimas: “Atenco –había dicho– fue un acto de venganza. Es verdaderamente terrible que los ciudadanos estemos a expensas del ánimo de desquite de los policías y los gobernantes.”
Inútil su esfuerzo. Fue la ministra Margarita Luna quien colocó el último clavo de la impunidad, cuando deslindó de toda responsabilidad, citándolos por nombre y apellido, al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública; al gobernador Peña Nieto; al ex comisionado de la policía estatal en esas fechas, Wilfredo Robledo Madrid, a Miguel Ángel Yunes, ex delegado del Cisen, y a Ardelio Vargas, de la Policía Federal Preventiva, entre otros.
Jesús Aranda y Blanche Petrich
‘‘Salinas robó la mitad de la partida secreta’’: Téllez
En conferencia, el titular de la SCT confirmó que la grabación difundida por Carmen Aristegui en un noticiero radiofónico es real, pero que se trata de una declaración ‘‘indebida’’ en una comida informal con amigos, porque ‘‘nunca tuve, ni he tenido evidencia alguna de acciones ilícitas del ex presidente’’. Su voz quedó captada en un celular al cual había llamado Fotos Francisco Olvera y Pedro Valtierra/ Cuartoscuro
En una llamada telefónica grabada accidentalmente, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, habría imputado al ex presidente Carlos Salinas de Gortari el “robo” de “la mitad de la cuenta (partida) secreta”, de acuerdo con el testimonio de la escritora Diana Isabel Pando y la grabación que hizo pública ayer la periodista Carmen Aristegui en el noticiero radiofónico que conduce.
Esta información se conoce a casi dos semanas de la separación del cargo de la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, con quien Téllez tuvo reiteradas fricciones, y después de que trascendió que habría un número indeterminado de conversaciones del funcionario, también grabadas.
Ayer Diana Pando, mujer con la que Téllez mantuvo una cercana relación, mencionó en la entrevista con Aristegui que en noviembre de 2006 el titular de Comunicaciones y Transportes vacacionaba en Cancún con su esposa y una pareja de amigos, cuando éste se comunicó al teléfono celular de Pando, el cual estaba apagado.
Por error, insistió Pando, el teléfono de Téllez Kuenzler se mantuvo abierto y fue así como quedó grabada la conversación en el celular de la escritora. Posteriormente, Pando hizo del conocimiento del funcionario el contenido de la grabación, quien en distintos tonos, incluido el intercambio de correos electrónicos, le pidió que la borrara, aunque nunca negó el contenido de la misma.
Narra Pando que también buscó telefónicamente al ex presidente Carlos Salinas de Gortari en su residencia de Londres, quien luego de conocer el contenido de la grabación ofreció llamarla al día siguiente.
La llamada que recibió no fue la del ex presidente, comenta Pando, sino de otra persona que se identificó como Ricardo Larios, quien dijo hablar en nombre del “licenciado” y que, de acuerdo con el testimonio de la escritora, la amenazó: “Si usted difunde la información que dice tener, no va a vivir para escribirla.”
A continuación, se transcribe un fragmento de ese diálogo, reproducido por MVS Radio, de una mujer no identificada y presuntamente de Luis Téllez.
Mujer (M): Y, ¿dónde vive finalmente Ana Paula (Gerard, esposa de Carlos Salinas)?
Luis Téllez (LT): Londres.
M: ¿En Londres? Y ya de plano no puede regresar o ya ni quiere regresar.
LT: Ana Paula no quiere regresar. Sabes qué, trae un rollo… se hizo…
M: Paranoia…
LT: Se hizo muy amiga de la esposa de José Ramón López Portillo y traen el rollo de que el país no les agradece lo que hicieron por él.
M: ¡Ay, qué horror!
LT: Y entonces… Ana Paula ya trae ese rollo también y, bueno, en el caso de Salinas se robó la mitad de la cuenta secreta; sí hizo muchas cosas.
Se escucha la voz de un hombre no identificado: López Portillo destroncó al país.
LT: Salinas al final también.
Advierten que ahora el ‘‘peor enemigo’’ de EU es la crisis
Presenta el director de Inteligencia los ‘‘desafíos de seguridad nacional’’
Nueva York, 12 de febrero. En la coyuntura mundial, Estados Unidos es su propio peor enemigo.
La principal amenaza en el mundo contra la seguridad nacional estadunidense es la crisis económica mundial que detonó Estados Unidos, afirmó hoy Dennis C. Blair, director de Inteligencia Nacional, al presentar su evaluación sobre los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno.
“La preocupación primaria de seguridad en el corto plazo para Estados Unidos es la crisis económica global y sus implicaciones geopolíticas”, afirma Blair. En su presentación escrita ante el Congreso, en nuevo jefe de inteligencia del gobierno de Barack Obama declaró que la crisis provocada por el sector financiero ha minado la promoción de “libre mercado”, ya que la crisis “ha incrementado el cuestionamiento de la gerencia estadunidense de la economía global y de la estructura financiera internacional”.
“La crisis representa muchos desafíos para el país. Empezó en Estados Unidos y rápidamente se difundió a otras economías industriales y después, más recientemente, a mercados emergentes. La amplia percepción de que los excesos en mercados financieros estadunidenses y la regulación inadecuada aquí son responsables, ha incrementado las críticas sobre las políticas de libre mercado, lo cual podría dificultar alcanzar objetivos que durante mucho tiempo ha tenido Estados Unidos, como la apertura de mercados nacionales de capital e incrementar la demanda en Asia”.
Así, por primera vez desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el informe anual sobre las amenazas que enfrenta Estados Unidos no coloca a Al Qaeda como la más inmediata. De hecho, quizá desde hace décadas, la principal amenaza identificada no proviene de algún enemigo externo, sea el bloque comunista, el narco, las armas de destrucción masiva, el radicalismo musulmán o el “terrorismo”, sino que la principal amenaza a la nación nace dentro de este país.
Al señalar que nadie puede pronosticar los alcances de esta crisis, y que algunos creen que podría llegar a tener las dimensiones de la Gran Depresión, Blair recuerda las “dramáticas consecuencias políticas forjadas por los problemas económicos de los años 20 y 30 en Europa, la inestabilidad y altos niveles de extremismo violento”. Agregó que aunque “aún no conocemos su escala eventual, ya se perfila como la crisis global económica y financiera más seria en décadas”.
De hecho, advirtió que una cuarta parte de los países del mundo ya han enfrentado problemas políticos, incluso cambio de régimen, como consecuencia de la crisis económica, y que ésta perdura, por lo que se espera mayor inestabilidad política en el mundo.
Según los modelos estadísticos, explicó, “las crisis económicas incrementan el riesgo de inestabilidad al nivel de amenaza a un régimen si persisten por uno o dos años”.
Blair, jefe máximo de la llamada “comunidad de inteligencia” (o sea, las múltiples agencias encargadas de inteligencia y seguridad nacional del gobierno), advirtió que “es probable que la crisis financiera y la recesión global provoquen una ola de crisis económicas en naciones de mercados emergentes durante el próximo año, llevando a más países a solicitar apoyo del FMI...”
Subrayó que en torno a la crisis “el tiempo es probablemente nuestra mayor amenaza. Lo más que tarda el inicio de la recuperación, más la probabilidad de daño serio a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Aproximadamente un cuarto de los países del mundo ya han experimentado inestabilidad de bajo nivel, como cambios de gobierno debido al desaceleramiento actual. Europa y la ex Unión Soviética han experimentado una ola de protestas.
“Aunque dos tercios de los países del mundo cuentan con suficientes recursos financieros u otros para limitar el impacto por el momento, gran parte de América Latina, los estados de la ex Unión Soviética y la África subsahariana carecen de reservas de efectivo suficientes, acceso a la asistencia o crédito internacional”, entre otros mecanismos.
“Además de un creciente nacionalismo económico, las consecuencias políticas más probables para los intereses estadunidenses involucrarán a aliados y amigos que no lograrán cumplir plenamente con sus obligaciones de defensa y humanitarias. Flujos de refugiados potenciales desde el Caribe también podrían impactar la seguridad interna”, agregó.
Blair concluye este bloque al afirmar que “la coordinación y cooperación global en muchos frentes será requerida para reconstruir la confianza en el sistema financiero global y asegurar que las crisis económica y financiera no se vuelvan un espiral hacia tensiones geopolíticas más amplias”.
Las otras amenazas
En segundo rango, el informe –el cual es una evaluación que expresa un consenso de la comunidad de inteligencia estadunidense– regresa a territorio más esperado: “Los grupos con la mayor capacidad de amenazar son los musulmanes extremistas”, afirmó. Al subrayar avances contra Al Qaeda y otras agrupaciones, Blair informa que permanecen como “enemigos peligrosos” y persiste la amenaza de atentados contra Estados Unidos o países europeos.
En este contexto, afirma que la región desde Medio Oriente hasta el sur de Asia “es el sitio de muchos de los desafíos que enfrenta Estados Unidos en el siglo XXI”. Sobre todo, Blair identificó como amenaza quizá más inmediata que Al Qaeda, al gobierno cada vez menos efectivo y corrupto de Afganistán. A la vez, subrayó que no puede haber solución a la inestabilidad en ese país sin que Pakistán fortalezca su propia estabilidad y logre imponer mayor control en las regiones fronterizas con Afganistán.
Por otro lado, reconoció que China e India se están volviendo, en conjunto, “el centro de poder de largo plazo del mundo”, con ambos países recuperando sus posiciones que gozaban en el siglo XVIII, cuando China producía aproximadamente 30 por ciento e India 15 por ciento de la riqueza del mundo. “Es probable que estos dos países superen el PIB de todas las demás economías, excepto Estados Unidos y Japón, para 2025, aunque la actual crisis financiera podría frenar un poco ese ímpetu”.
Acusa a Rusia de explotar el “antiamericanismo”
El informe agrega que Rusia ha explotado el “antiamericanismo general” provocado por las guerras de Estados Unidos, creando “aperturas para que Rusia construya arreglos alternativos al orden político y económico institucional encabezado por Estados Unidos”, e indica el cultivo de relaciones de Moscú con China, Irán y Venezuela como ejemplo.
Y para acabar, Blair también reportó sobre toda una gama de amenazas que surgen de conflictos por recursos básicos como agua, alimento y energía, las implicaciones del cambio climático y los peligros en el mundo del ciberespacio (hackers, atentados contra sistemas, crimen cibernético y más).
David Brooks, corresponsal
Multas por $11 millones a Televisa y Tv Azteca
Confirma el IFE que ‘‘manipularon’’ la emisión de espots de partidos
Mayor sanción a la televisora del Ajusto por conducta ‘‘reincidente’’
La secretaría ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) confirmó que en la transmisión de espots hecha por Televisa y Tv Azteca el 31 de enero y el primero de febrero se “manipuló indebidamente la información de los partidos políticos” y hubo una conducta “intencionalmente encaminada a infringir la norma comicial”; por tanto, determinó aplicar una sanción de 4 millones de pesos al consorcio propiedad de Emilio Azcárraga y 7 millones a la televisora del Ajusco.
Lo anterior se desprende de los dictámenes circulados ayer y que deben ser discutidos y aprobados hoy al mediodía en sesión del Consejo General del IFE.
Al mismo tiempo, los consejeros votarán por la exoneración de la empresa Sky, por no tener responsabilidad en las imputaciones que se le hicieron –no difundir los promocionales de los partidos en su retransmisión de los programas de televisión abierta de los canales 7 y 13–, toda vez que se detectó que fue una irregularidad cometida por Tv Azteca.
En el dictamen se advierte que la empresa del Ajusco es considerada reincidente, en alusión directa al incumplimiento de la transmisión de los espots de los partidos cuando entró en vigor esa disposición.
“Dicha empresa ha cometido la presente infracción con anterioridad, por lo cual ha caído en reincidencia”, motivo por el cual en la individualización de la multa, por algunas irregularidades le fue incrementada la sanción.
Por lo que hace al dictamen sobre Televisa, la resolución señala: “dese vista con el presente fallo a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación para los efectos de su competencia”.
Al definir el comportamiento de las televisoras, en los dictámenes se apunta que “las conductas denunciadas constituyen un acto de manipulación de la propaganda electoral de los partidos políticos. Lo son porque Tv Azteca operó e intervino indebidamente y por cuenta propia en la difusión de la propaganda electoral” de los mismos.
En igual sentido, se detalla en el documento referido a Televisa, aunque con redacción distinta: “La persona moral denominada Televimex (Televisa) estuvo intencionalmente encaminada a infringir la normatividad comicial, en detrimento de la prerrogativa constitucional y legal”.
Añade que la “conducta desplegada por las multicitadas emisoras (canales 2 y 5) causó perjuicios a los objetivos buscados por el legislador”.
En el documento sobre Tv Azteca se define que esta manipulación de la propaganda partidista (por la acumulación de los anuncios, las cortinillas haciendo énfasis en el carácter obligatorio de la transmisión y la interrupción de programas) produjo que la televisora “influyera en el conducto que los partidos políticos tienen en los medios electrónicos de comunicación para transmitir la información, postulados y propuestas y buscar el voto de la ciudadanía. Estamos ante una manipulación que innegablemente buscó alterar esa vía de comunicación entre partidos, como entidades de interés público, y la ciudadanía”.
Añade que se pretendió “dar un sentido negativo a la propaganda electoral de los partidos, presentarla con un matiz que predispusiera a la audiencia en contra de ella y, así, se viera alterado el fin del interés público”.
El documento subraya que con la cortinilla que colocaron las televisoras al comienzo y al final de los promocionales del IFE y los partidos, se pretendía “generar una connotación de molestia y aparente disculpa respecto al destinatario de los mensajes transmitidos; es decir, a la ciudadanía en general, lo cual hace nugatorio que se cumpla el objetivo de la misma”.
En el caso de Tv Azteca, no sólo se le encontró responsable de manipular la propaganda electoral, sino también de bloquear la señal que debía difundirse a través de Sky y Cablevisión. Por todo ello, y por considerársele una empresa reincidente, el IFE determinó una sanción acumulada de 7 millones de pesos.
Por lo que hace a Televisa, las irregularidades detectadas fueron acumuladas para sumar una multa global de 4 millones 180 pesos. Cabe destacar que hay errores en el dictamen, pues en otra parte se alude a que son 4 millones 180 mil pesos, lo cual se suma a la cadena de yerros de la secretaría ejecutiva, que implicaron, por ejemplo, que no se iniciara todavía procedimiento contra Cablevisión, que se notificara a razón social diferente a la concesionaria real en el caso de Tv Azteca o que hubiera equivocaciones de fecha de la notificación para Televisa.
Las conductas desplegadas por las televisoras fueron consideradas de gravedad mayor, por la pretensión de alterar el sentido original de los promocionales, lo que, entre otros aspectos, alteró el cumplimiento de la pauta remitida por el IFE
Alonso Urrutia
Veinte curas suspendidos por pederastia, revela arzobispo
La mayoría no han sido denunciados; pertenecían a la arquidiócesis del DF
En los pasados cinco años a una veintena de sacerdotes y religiosos de la arquidiócesis primada de México se les ha impuesto la suspensión canónica a divinis –lejos de lo divino–, con lo cual quedan inhabilitados para ejercer su ministerio sacerdotal por acusaciones comprobadas de pederastia, aunque la mayoría de ellos no han sido denunciados penalmente.
Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo electo de Puebla, reveló que en los cinco años en que fue obispo auxiliar de México, en la séptima vicaría, que incluye las delegaciones de Iztapalapa, Iztacalco y parte de Tláhuac, cinco sacerdotes fueron suspendidos por el Tribunal Eclesiástico, con lo cual se estableció una política de “cero tolerancia”, que será la misma que va a aplicar en su nueva sede arzobispal, desde abril, fecha en que tomará posesión.
En revelaciones inesperadas, el prelado reconoció abiertamente la existencia de este problema en la Iglesia de la ciudad de México; el Vaticano ha dado instrucciones precisas para abordar los casos y no dejar pasar esas denuncias, siempre y cuando sean comprobadas plenamente, pues en esas situaciones siempre hay testigos o personas a las que se debe recurrir para realizar una indagatoria seria.
De acuerdo con información de la arquidiócesis, en años recientes unos 20 sacerdotes han sido suspendidos a divinis, acusados de abuso sexual contra menores. Sin embargo, los datos señalan que la mayoría de ellos no enfrentan cargos penales ante autoridades civiles.
Por ejemplo, de los cinco casos citados por el hoy arzobispo electo Víctor Sánchez, uno de los involcurados ya está en prisión, uno más se encuentra en proceso de investigación y a los tres restantes no se les fincó denuncia penal alguna, quedándose sólo con su sentencia religiosa de inhabilitarlos en su ministerio sacerdotal.
Aunque dijo que “son dolorosos” estos casos, el prelado ofreció tener una actitud de apertura y de “escucha” a quienes presenten una denuncia de este tipo en contra de sacerdotes. “Ésa es una línea que seguiré y quien me conoce sabe que así será”, insistió.
El también secretario general del Consejo del Episcopado Latinoamericano (Celam) se refirió al caso del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, a quien se le descubrió una “doble vida”, de amoríos con mujeres y la procreación de una hija. El arzobispo Sánchez se limitó a señalar que la orden religiosa ya reconoció el lamentable hecho, que no deja de ser doloroso para toda la Iglesia.
Víctor Sánchez ofreció una conferencia de prensa en la Basílica de Guadalupe, luego de que fue presentado a la feligresía poblana como arzobispo electo, nombrado por el papa Benedicto XVI, para suceder a Rosendo Huesca Pacheco, quien estuvo en esa sede 31 años. Informó que por indicaciones del Papa, dejará la secretaría general del Celam para dedicarse de tiempo completo al trabajo pastoral en su nueva sede arzobispal.
José Antonio Román
Sigue caliente la demanda de dólares; ayer se vendió en $14.73
Aún no llega a un pico la morosidad en tarjetas de crédito: Banamex
Juan A. Zúñigay Roberto González
En defensa del patrimonio cultural
Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizaron un paro en la zona arqueológica de Teotihuacán en demanda de la cancelación del proyecto multimedia Resplandor teotihuacano. También exigieron que renuncie ‘‘por dignidad’’ el director del instituto, Alfonso de Maria y Campos, por su indolencia ante el conflicto Foto José Carlo González
Participaron investigadores y trabajadores del INAH
Exitoso paro en el país contra el show en Teotihuacán
Fue ‘‘inusitado’’ el respaldo de la población, señalan los especialistas
El reclamo general es cancelar el proyecto promovido por Peña Nieto
La protesta se realizó en zonas arqueológicas, museos y bibliotecas
El paro nacional de investigadores y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que se extendió ayer en todo el país, “fue inusitado y generó consensos” para exigir la cancelación del proyecto multimedia Resplandor teotihuacano.
La colocación de mantas, repartición de volantes, consignas, instalación de mesas informativas, formación de brigadas y recopilación de infinidad de firmas fueron las actividades que se efectuaron durante la jornada de rechazo al proyecto de luz y sonido en Teotihuacán, con la participación de la población, turistas, investigadores, docentes, arquitectos y trabajadores sindicalizados del INAH.
La convocatoria en favor de la defensa del patrimonio arqueológico de Teotihuacán se realizó desde la mañana, en diversos horarios, en las zonas arqueológicas, museos nacionales, oficinas administrativas, escuelas y bibliotecas del instituto en toda la República.
La petición fue unánime: “que se cancele Resplandor teotihuacano y que Alfonso de Maria y Campos renuncie por dignidad a la Dirección General del instituto”.
Apoyo impresionante
“Fue impresionante corroborar el apoyo que tuvimos en los centros regionales del país, con una participación que hace muchos años no se veía”, manifestó Cuauhtémoc Velasco, doctor en historia de México, tras la jornada del paro nacional.
El líder sindical dijo que con esta protesta se comprobó que “no hay dudas entre los trabajadores del INAH del daño ocasionado en Teotihuacán y que no es conveniente la puesta en marcha de ese tipo de proyectos en las zonas arqueológicas para someterlas a los intereses de grupos empresariales”.
Al respecto, se manifestaron los sindicalizados en Culiacán, donde cuestionaron: “¿Cuáles fueron las verdaderas razones para la aprobación del proyecto? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios económicos y políticos? ¿Cuáles son los verdaderos intereses que motivaron a los funcionarios?” para avalar los “daños irreversibles” en las pirámides del Sol y de la Luna en torno al montaje del espectáculo de luz y sonido impulsado por el gobierno del estado de México y las secretarías de Turismo federal y estatal.
Arquitectos, investigadores, docentes y personal administrativo del Centro INAH en Culiacán, acusaron al instituto de olvidarse de la responsabilidad que le confiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que la obliga a preservar estas zonas, y además impulsar un intento ilegal de “comercialización del patrimonio arqueológico”.
En Teotihuacán, el paro técnico laboral para exigir la cancelación de Resplandor teotihuacano se organizó en los diferentes accesos a la zona, sin bloquear la entrada de los visitantes, donde fueron colocadas mantas y se repartieron volantes a los turistas.
También se exigió “castigar” a los responsables del daño causado a esos monumentos representativos de México con la instalación de miles de luminarias y la perforación de las estructuras prehispánicas con cerca de 7 mil tubos expansivos.
Aval del INAH a la ligera
El arqueólogo Sergio Gómez alertó que los funcionarios del INAH “están jugando a alargar el conflicto para desgastar el movimiento que se ha gestado contra Resplandor teotihuacano, lo cual será difícil que logren porque contamos con el apoyo de la población”.
Gómez, quien durante más de dos décadas ha trabajado en Teotihuacán, hizo un llamado a la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, para que a la brevedad se manifieste respecto de la solicitud que le enviaron para exigir la destitución de De Maria y Campos.
Este daño al patrimonio arqueológico “pasó de ser un hecho técnico a uno político, donde principalmente Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, quiere llevar agua a su molino”, dijo Alfonso Reséndiz, delegado sindical del INAH en Aguascalientes.
En Cuernavaca, más de un centenar de trabajadores del instituto protestaron con pancartas, mantas y altavoces para manifestar su rechazo al espectáculo de luz y sonido en Teotihuacán.
Adrián Mario Gutiérrez Tapia, secretario de la D-III-2, aseguró que esta acción “en defensa del patrimonio arqueológico de Teotihuacán”, se efectuó en todos los sitios prehispánicos del estado de Morelos.
“Los trabajadores consideran que la Dirección General del INAH, a cargo de Alfonso de Maria y Campos, hizo un análisis a la ligera, que la zona arqueológica carece de un plan de manejo adecuado y que el gobierno del estado de México comenzó al revés el proyecto turístico-cultural. Por tales razones, exigimos frenar el proyecto multimedia en Teotihuacán”, aseguró Gutiérrez Tapia. En su protesta, los trabajadores demandaron la renuncia del titular del INAH.
La cultura no se vende
En Chilpancingo, Guerrero, además del paro laboral se recabaron cientos de firmas de la ciudadanía en contra del proyecto de luz y sonido, “por ser un atentado al patrimonio cultural de la humanidad”.
Eso dijo la historiadora María Teresa Pavía Miller durante la jornada de protesta, donde se proyectó un video y se mostraron fotografías con los daños ocasionados en la zona arqueológica de Teotihuacán.
La investigadora consideró que “existen diversas formas de atraer el turismo sin afectar el patrimonio cultural del país, por eso la protesta se efectuó en todas las delegaciones del INAH en la República”.
Los trabajadores colocaron mantas y pancartas en las inmediaciones del Museo Regional de Historia, ubicado en el centro de Chilpancingo; en una se leía: “La cultura no se vende, es patrimonio de la humanidad”.
La suspensión de actividades ocurrió en el mismo tenor desde el norte hasta el sur del país, con la participación de sindicalizados del INAH, quienes exigieron la cancelación del proyecto Resplandor teotihuacano, el retiro inmediato del material colocado y la reparación de los daños por especialistas del INAH, así como la remoción inmediata de todos los integrantes del Consejo de Arqueología y de la titular de la Coordinación Nacional de Arqueología, Laura Pescador.
El paro en el Distrito Federal se efectuó en los museos del Templo Mayor, nacionales de Antropología, de Historia, de las Intervenciones, Del Carmen, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y las oficinas centrales del instituto, ubicadas en la colonia Roma.
Con información de J. Salinas, R. Morelos Cruz, S. Ocampo, O. Vélez, C. Bañuelos, J. Valdez Cárdenas, I. Sánchez, corresponsales, y La Jornada de Oriente
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Julio Hernández López : Astillero
Durante más de año y medio, Diana Isabel Pando buscó difundir la grabación dejada involuntariamente en un teléfono celular por Luis Téllez, en la que menciona que Carlos Salinas de Gortari se había robado “la cuenta secreta” y le había hecho mucho daño al país. Involucrada sentimentalmente en una relación de Internet con quien entonces era directivo del Grupo Carlyle, Pando buscó desde finales de 2007 a periodistas de la ciudad de México para darles a conocer el audio de los comentarios acusadores y algunas copias de los correos electrónicos que con sabor azucarado se habían cruzado ella y su coqueto amigo a distancia. La relación epistolar cibernética está llena de detalles que pintan de cuerpo entero la vida agitada de un tecnócrata lleno de compromisos importantes pero con tiempo para las frivolidades mundanas. Redactada entre inglés y español, la correspondencia lo mismo incluía un cuestionario que Pando enviaba bajo el título de “99 things that make me HAPPY (deliriously) HAPPY...!!!” y que Téllez contestaba renglón tras renglón para contrastar sus gustos con los de su interlocutora, todo en inglés, que referencias de citas y viajes por realizar. Lo esencial de ese material de escándalo también fue hecho llegar a personajes del círculo cercano a Andrés Manuel López Obrador en el tercer trimestre de 2007. Empeñada en demostrar su relación de intimidad con el ahora funcionario, la denunciante llegó a aportar confidencias en las que involucraba a profesionistas egresados del ITAM, a mujeres “de sociedad” de la capital del país e incluso a alguna periodista supuestamente recomendada por Téllez para que escribiera en el suplemento político de un colorido diario capitalino.
Pero nunca tomó carácter público la grabación en que Téllez acusa de ladrón a Salinas sino hasta ayer, cuando Carmen Aristegui la dio a conocer en el noticiario que conduce en una estación radiofónica de MVS, causando un revuelo que desplazó de la atención pública el duelo de poderes entre el presidente formal del país y el dueño real de buena parte de ese mismo país y que, en los tableros específicos del enfrentamiento que se ha dado entre esos personajes de elite, significó un golpe seco a favor de Carlos Slim y un impensado enredo para el gabinete calderonista emberrinchado. Así como Marcial Maciel ha caído de los altares legionarios por mantener relaciones heterosexuales y no por la ampliamente documentada comisión de pederastia contra algunos de sus presuntos hijos espirituales, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes ha entrado en el torbellino informativo por lo que dijo en una comida familiar en Cancún respecto a las raterías de quien había sido su jefe administrativo y político.
Por lo pronto, el alto funcionario felipista ha salido ante los medios para aceptar que son ciertas las palabras grabadas en 2006, aunque reconoce no tener pruebas ni base para sostenerlas en público años después. El episodio ha generado de inmediato la exigencia de que Téllez renuncie a su cargo y que se dé seguimiento judicial a esas palabras que lo clasificarían como cómplice al haber conocido de ese saqueo a la nación y no haberlo denunciado oportunamente (todo lo cual es simple ruido de temporada, pues no es comprobable lo que la voz popular asume como verdad pero jurídicamente es indemostrable, en cuanto a que Salinas se hubiera embolsado esas partidas expresamente escamoteadas a cualquier forma de supervisión; así, al no haber indicios firmes de ese delito, tampoco habría complicidad y, si algo se pudiera intentar, seguramente las eventuales faltas habrían prescrito. Pero se está en tiempos electorales y, más concretamente, del gran duelo de poder entre el felipismo dizque contrario a los monopolios y la firma priístamente expansiva de Carlos&Charlie).
En ese encuadre, la renuncia del tecnócrata Téllez significaría una victoria para el bando de los Carlos, Slim y Salinas, que desde flancos distintos concurren en el torpedeo al titular de la SCT. Para el empresario non se abrirían posibilidades de negociación sobre temas atorados actualmente, en especial los relacionados con operaciones telefónicas en las que el calderonismo quiere montar a competidores de la empresa dominante sobre las redes de ésta y, el motivo central de las riñas recientes, la autorización para que el gran consorcio carlista pueda sacrificarse prestando servicio de televisión. El ex presidente (se habla de Salinas, no de Calderón, que es una especie de ex pero en pálidas funciones) se estaría cobrando los tocamientos políticos de pierna que en público se propinaron Calderón y Zedillo y de los cuales se dedujo que ciertos personajes relacionados con el (formalmente) priísta estarían más firmes que nunca, sobre todo el mencionado Téllez, sobre el que ya se venía la tormenta de la renuncia de la subsecretaria Purificación Carpinteyro y el amago de que ella daría a conocer una serie de irregularidades graves cometidas por el mencionado Luis Carlyle. Aunque una primera lectura sugiera lo contrario, para Salinas sería una gran ganancia, por encima del chacoteo sobre sus pillerías con la partida presidencial secreta, el reconducir al Niño Perdido de Los Pinos hacia el regazo experto y estabilizador del C2 (C&C) y alejarlo de las nefastas influencias del Zedillo motero. Con la vista puesta en 2012, todo se vale.
Y, mientras el país sigue hundiéndose, con jóvenes en las calles regiomontanas protestando contra los abusos militares, con la administración Obama emitiendo sus primeras expresiones de preocupación por la violencia contigua, con los panistas tomando la tribuna de San Lázaro para oponerse a una medida buscada por Calderón, con el IFE anunciando que castigará a los felinos retadores quitándoles unos cuantos pelos de a millón de pesos, y con la violencia criminal y la devaluación avanzando, ¡feliz fin de semana!
Enrique Galván Ochoa : Dinero
La idea de empobrecer a los más pobres con un impuesto a las medicinas y los alimentos nunca se ha extinguido por completo. Fue derrotada varias veces a lo largo del foxiato, pero tiene seguidores en el calderonismo y ayer hizo un segundo debut. En la propuesta de Coparmex –Ricardo González Sada– supuestamente para salvar a la economía nacional, figura un punto subversivo: aumentar el IVA a 12 por ciento, parejo en todo, incluyendo víveres y medicamentos. Tienen algo en su favor: la resignación infinita de los mexicanos.
Obama en problemas
La recesión ha quitado 20 por ciento del valor de sus casas y de los portafolios de inversión de los americanos, de acuerdo con una estimación de la Federal Reserve. En México, aunque no hay cifras oficiales, la devaluación ha minado entre 40 y 50 por ciento los salarios, las pensiones y los ahorros. El gobierno mexicano está esperando que el presidente Obama eche a caminar la economía de su país y jale a la nuestra. Lo del plan anticíclico resultó una vacilada. Sin embargo, está enfrentando turbulencias en ruta. El senador republicano Judd Gregg, a quien había seleccionado como secretario de Comercio, retiró su candidatura por no estar de acuerdo con la política de la administración. El anterior candidato para ese mismo puesto, Bill Richardson, también retiró su nombre por una investigación que podría implicarle. Si en Los Pinos esperan que la recuperación llegará antes de Navidad, hasta Santa Clos se declarará catastrofista.
Las herencias
Uno de los fantasmas que el panismo y sus aliados (hoy arrepentidos) cupulares desataron en las elecciones de 2006 fue que si llegaba AMLO al gobierno la gente perdería sus casas. La campaña resultó tan efectiva en algunos sectores que hubo quienes se aterrorizaron y ni siquiera tenían vivienda propia. Mucho ojo con el impuesto a las herencias que impulsa el PAN. No están pensando en los Slim ni los Azcárraga ni los Salinas Pliego, ellos disponen de baterías de abogados que los harían inmunes mediante juicios de amparo. Tienen en mente las casas y condominios de la clase media y los pichonavits de los trabajadores.
e@Vox Populi
Asunto: puras promesas
Desde hace una semana estoy gestionando un retiro de mi cuenta de ahorro de mi pensión por desempleo. En primer lugar encontré que el monto que registra mi Afore es menor al que había hace algunos meses (alrededor de 10 mil pesos menos). Y en segundo lugar, la ampliación de ese retiro, tan anunciada por Calderón, aún no la puedo hacer efectiva. El argumento es que todavía no aparece en el Diario Oficial. Seguiré esperando a ver si en una de esas no se desaparece totalmente el dinero.
Rocío Hernández Nieto/ Distrito Federal
R: El anuncio lo hizo FC hace más de un mes pero se le hizo necesario preparar una ley que protegiera, en primer lugar, los intereses de las Afore. Todavía falta que la apruebe el Congreso, así que disponte a Vivir Mejor sin dinero muchas semanas más.
Asunto: los tres ceros
¿Alguna vez México ha superado una crisis? He visto que algunas veces se ha recuperado en pequeñas proporciones el peso contra el dólar. ¿En qué momento hubo una recuperación mayor del peso contra el dólar?
Ignacio Alfredo Badillo/ Distrito Federal
R: Una ocasión y no recuerdo otra: cuando Salinas de Gortari y Aspe le quitaron tres ceros. Sin esa liposucción hoy necesitaríamos casi 15 mil pesos para comprar un dólar.
Asunto: atracolandia
En la sucursal de Waldo’s Mart de Ermita, a la salida del Metro UAM-I, el gerente obliga a los empacadores a comprar las bolsas de plástico con las que empacan las mercancías que la gente adquiere, con la amenaza de no dejarlos trabajar si no compran su propia bolsa. Me parece de lo más inaudito, ya que las mercancías que la gente compra son de Waldo’s Mart, no de los empacadores. No sé si en otras sucursales hagan lo mismo. ¿Cómo ves?
Gabriel Orozco Novoa/ Distrito Federal
R: Tiene mucho futuro ese gerente. Más adelante puede aparecer como directivo de alguno de los organismos cúpula.
Asunto: minicatástrofe
Mi caso se lo puedo sintetizar como sigue: 1) Tengo tres tarjetas Banamex, Bancomer y HSBC, cada una con un crédito de 200 mil pesos o un poco más, las cuales las tengo hasta el tope; 2) Tengo las tarjetas Scotiabank por 43 mil pesos, Wal-Mart por 79 mil y Cotsco por 47 mil. Mi sueldo mensual neto es de 20 mil pesos. Antes podía pagar el mínimo, porque tenía otras entradas, ahora ya no las tengo. Estoy desesperado y para el próximo mes no sé qué hacer.
Buzón reservado
R: Tranquilícese. El problema ya no es suyo, es de los bancos que irresponsablemente le dieron créditos sin verificar su capacidad de pago. Y ellos no pierden, ganan mucho con las altísimas tasas de interés y las comisiones. Resígnese a que lo manden siete años al buró de crédito y a capotear a un enjambre de amenazantes cobradores.
Catástrofes y catastrofistas
Les recuerdo que hoy viernes me reuniré con un grupo de estimados amigos a intercambiar opiniones sobre temas del dinero y otras catástrofes. Me gustará escuchar sus opiniones sobre el desencuentro de Calderón y Slim. La cita es a las 19:00 horas en el auditorio del Museo Casa Carranza, en Río Lerma 35, colonia Cuauhtémoc, entre Río Amazonas y Río Neva, a una cuadra de Reforma. Convocan la Brújula Metropolitana y la Asociación de Diputados Constituyentes de 1917. Lleguen temprano.
Julio Boltvinik : Economía Moral
Cuando el mundo vivió la gran depresión (1929-1939), la sabiduría convencional de la “ciencia económica” dominante, simbolizada por la Ley de Say (“la oferta crea su propia demanda”) estipulaba que las crisis eran imposibles. Después de la gran depresión y de la “revolución keynesiana”, dice Paul Krugman en su nuevo libro:
“Puesto que los economistas han aprendido la lección, nada como la gran depresión puede volver a pasar. ¿O si puede? A finales de los años 90 un grupo de economías asiáticas –que producen cerca de una cuarta parte del PIB mundial– experimentaron una recesión con una horripilante semejanza a la gran depresión… como en los años 30 la medicina económica convencional mostró ser inefectiva, tal vez incluso contraproducente. Que algo así pudiera pasar en el mundo moderno debió haberle producido escalofríos a quien tuviese sentido de la historia, como fue mi caso... Vi la crisis asiática como un signo ominoso para todos, como una advertencia que los problemas de depresión económica no han desaparecido del mundo moderno. Es triste decir que tuve razón en estar preocupado. Cuando esta nueva edición va a prensa, buena parte del mundo, incluyendo Estados Unidos, está contendiendo con una crisis financiera y económica que se asemeja mucho más a la gran depresión que la crisis asiática…”1
La frase de Krugman marcada en cursivas muestra que la “ciencia económica convencional” ha perdido la brújula, si es que alguna vez la tuvo. Refuerza la importancia de volver a estudiar a Marx y a Keynes. En la entrega del 6 de febrero empecé el abordaje de Keynes, cuya Teoría general (1936)2 significó la derrota de la Ley de Say y ayudó a abrir una nueva época del capitalismo en la cual la política económica keynesiana, que promovía el pleno empleo, se combinó con el desarrollo de los Estados de Bienestar, que redistribuyeron masivamente el ingreso mediante tasas impositivas progresivas y muy elevadas a los ingresos altos para financiar servicios sociales públicos gratuitos de vocación universalista.
Por las dificultades que la lectura de la Teoría general impone, diversos autores escribieron manuales o libros de texto para facilitar su comprensión. En ésta y sucesivas entregas me apoyaré en la que escribió A.H. Hansen3. Debo advertir que estas lecturas de Keynes no son inocentes: tratan de minimizar la ruptura entre este autor y la tradición neoclásica (que se suele llamar “clásica”) y tienden a volver estático su análisis dinámico.
Keynes atacó la Ley de Say en la versión de Pigou que, según Hansen, sostiene que la “economía moderna” tiende a generar pleno empleo (todo desempleo observado es friccional), porque:
“las tasas de salarios se ajustan de tal manera que estados diferentes de la demanda de mano de obra, una vez establecidos, tienden a asociarse con promedios similares de tasas de desocupación… [la desocupación que existe en cualquier momento] se debe totalmente al hecho de que ante cambios en las condiciones de la demanda las resistencias friccionales impiden que se hagan los ajustes apropiados en los salarios en forma instantánea”. (Pigou, Theory of Unemployment, 1933, citado en Guía de Keynes, p.27.)4
Keynes sostuvo que los trabajadores son renuentes a aceptar reducciones en sus salarios nominales, pero además mostró que su baja generalizada en lugar de llevar a un aumento de la ocupación, como creía Pigou, llevaría a su disminución porque, al bajar el ingreso de todos los asalariados, disminuiría el consumo y, por tanto, caería la demanda de trabajadores (que producen los bienes de consumo). El cambio paradigmático es profundo: la variable principal en la determinación de la ocupación no es el nivel salarial sino la demanda efectiva (suma del consumo, C, y la inversión, I). La demanda de trabajo es una demanda derivada de las decisiones de producción e inversión y no depende centralmente del nivel de los salarios. Por tanto, el salario deja de ser el precio cuyas fluctuaciones equilibran oferta y demanda de trabajo.5
La intersección entre la función de oferta global (el valor de toda la producción) y la demanda efectiva (C+I) es la que determina el nivel de ocupación como se muestra en la gráfica. La curva de oferta es la línea recta de 45° que sale del origen. La función consumo es la curva que sale del punto A. Como se aprecia, a mayores niveles de actividad económica, la brecha entre la función consumo y la oferta total se amplía. Es la tarea de la inversión cerrar la brecha. Pero si el consumo depende del ingreso corriente, la inversión depende, según Hansen, del cambio tecnológico y el crecimiento de la población a largo plazo y de las expectativas de ganancias a corto plazo. En algunos modelos keynesianos las expectativas se definen como dependientes del crecimiento del ingreso o crecimiento económico. En todos los casos podemos reinterpretar estos determinantes de la inversión en función de las oportunidades de inversión lucrativa que generan. La inversión es la variable determinante en todos los modelos de crecimiento económico keynesianos y el motor es la búsqueda de la ganancia. Como se aprecia en la gráfica, el equilibrio puede obtenerse a un nivel de empleo Na menor al empleo pleno N. No hay razón alguna, en ausencia de políticas específicas, para que haya una tendencia al pleno empleo: la Ley de Say fue derrotada por Keynes: el capitalismo no se autorregula. Las reformas neoliberales desreguladoras olvidaron esto y las grandes depresiones volvieron.
1 Paul Krugman, The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008 (El regreso de la teoría económica de la depresión y la crisis del 2008), W.W. Norton, Nueva York, 2009, pp. 3-4.
2 John Maynard Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, Fondo de Cultura Económica, cuarta edición, 2003/2006.
3 Alvin H. Hansen, Guía de Keynes, Fondo de Cultura Económica, 1953.
4 El nivel de ceguera de Pigou (como el de sus colegas de entonces y de muchos de ahora) es tal que no ve nada especial en la mercancía fuerza de trabajo: no percibe que debajo de cierto nivel del salario el trabajador muere de hambre; que, por tanto hay un piso mínimo debajo del cual los salarios no pueden bajar. El libro citado lo publicó en plena gran depresión, cuando el desempleo en EU era de 25 por ciento de la población activa.
5 Este cambio paradigmático ha sido aplicado, hasta sus últimas consecuencias, por Fernando Noriega quien ha sostenido la “inexistencia del mercado de trabajo”: “Según esta teoría, dice Noriega, las empresas no demandan más trabajo cuanto más baratos se venden los trabajadores, sino cuanto más les requiere el mercado de aquello que producen. Por tanto, la relación inversa entre demanda de trabajo y salario real de la teoría neoclásica parece completamente alejada de estos resultados”. Macroeconomía para el desarrollo. Teoría de la inexistencia del mercado de trabajo, Mc Graw Hill, 2001, p. 67.
Carlos Fernández-Vega : México SA
Con o sin crisis, aunque en los hechos, con diversas intensidades, llegó para quedarse, el gobierno mexicano se “olvidó” de uno de los activos más preciados: los jóvenes, y a estas alturas a la mayoría de ellos los mantiene fuera de sus planes. Tampoco están en los de los partidos políticos, los cuales en el mejor de los casos los ven como uno de tantos objetivos electorales. Recientemente, el rector de la UNAM condensó esta crítica circunstancia de forma puntual: “México no puede tener a sus jóvenes sin educación y sin empleo, pues esa es la peor de todas las combinaciones y, por lo tanto, un error histórico”.
En efecto, un gravísimo error histórico que lejos de corregirse se ha retroalimentado a lo largo de décadas. Educación de muy baja calidad, presupuestos a todas luces insuficientes, acceso cada vez más limitado a las instituciones de educación media y superior, y desempleo creciente entre la población juvenil no son la receta perfecta para fortalecer el desarrollo del país ni para la inserción de los jóvenes al quehacer nacional. Lo anterior, en efecto, es la peor de todas las combinaciones.
Días atrás el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, ofreció algunas cifras sobre aquellos jóvenes que tuvieron el privilegio de concluir estudios: la mayoría de los más de 430 mil que egresan cada año de las instituciones de educación superior enfrentarán dificultades para obtener trabajos bien remunerados; el desempleo entre los recién egresados asciende a 11 por ciento, casi el triple de la tasa general y dos puntos arriba de la específica de los profesionistas; la desvinculación de la industria con universidades y centros de investigación refleja en la práctica una amplia variedad de problemas, siendo el más preocupante el profundo desequilibrio entre la oferta y la demanda de profesionistas en el mercado laboral, lo cual afecta sobre todo a quienes recién concluyen sus estudios; este año egresarán 432 mil jóvenes de las instituciones de enseñanza superior, y si el gobierno, la academia y la industria no emprenden esfuerzos significativos pare revertir la tendencia de desocupación, “a una proporción considerable le esperan severas penurias y dificultades en el mercado laboral”. Las percepciones mensuales de más de 52.2 por ciento de quienes apenas concluyen sus carreras son muy precarias, equivalentes a tres salarios mínimos, o menos, además de que 27.8 carece de prestaciones sociales y 24.7 trabaja sin contrato. Prácticamente 60 por ciento de los que lograron obtener un empleo lo hicieron por medio de redes familiares o sociales, con 46 y 11 por ciento, respectivamente, en tanto que el resto lo hizo sin apoyo alguno.
El panorama se oscurece más cuando el abanico se abre a nivel regional. La Cepal, por ejemplo, advierte que en 2006 poco más de 35 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años de edad vivían en la pobreza (47.5 millones) y 11.4 por ciento en situación de indigencia (más de 11 millones). Entre los países hay gran disparidad, que va desde 13.1 por ciento de pobres y 2.4 por ciento de indigentes en Chile, a 66.3 y 40.3 por ciento, respectivamente, en Honduras.
Si bien desde 1990 se redujo tanto la pobreza (44 por ciento a comienzos de la década pasada) como la indigencia juveniles en la región (18 por ciento), ello se da en un contexto de enormes desigualdades cuando se compara a jóvenes rurales y urbanos, hombres y mujeres, indígenas y afrodescendientes frente al resto, y jóvenes de distintos subgrupos de edad. A pesar de los avances en educación en los últimos años, la desigualdad sigue presente. Los sistemas educacionales no logran convertirse en la gran palanca que permita la movilidad social y económica de la juventud, y a la vez avanzar en las múltiples dimensiones de la cohesión social: mayor igualdad de oportunidades, capital humano para la movilidad social futura, formación de ciudadanos activos y respetuosos de los derechos, familiaridad con códigos culturales diversos y acceso al mercado laboral con mayores opciones.
En una década y media (1990-2006), precisa el organismo, el porcentaje de jóvenes que completaron la enseñanza secundaria pasó de 27 a 51 por ciento, pero la mitad de los jóvenes regionales “no logra obtener esta credencial educativa y queda en situación de vulnerabilidad social y con escasas posibilidades de obtener un empleo digno”. Además, la desigualdad continúa siendo un rasgo predominante: 20.4 por ciento de los más pobres la concluyeron, frente a 78.6 en el quinto quintil; 35.1 por ciento entre indígenas y afrodescendientes frente a 50.4 en el resto; 23 por ciento en zonas rurales frente a 56.4 en las urbanas. En cuanto al acceso a la educación postsecundaria y terciaria (técnica, profesional no universitaria y universitaria), sólo 19 por ciento del total de jóvenes en edad de estar en postsecundaria lo hacían.
La pobreza y la exclusión social se determinan entre sí en un círculo vicioso que se perpetúa de una generación a otra, apunta la Cepal. Los jóvenes son el eslabón crucial en la estafeta intergeneracional, pues están en la fase del ciclo de vida en que opera más intensamente la dialéctica que vincula el desarrollo de capacidades adquiridas con su capitalización en oportunidades efectivas. Por eso, el acceso insuficiente a la formación de capacidades condena, en general, a trayectorias de vida donde la inserción laboral es más precaria y no permite ingresos para salir de la pobreza ni para acceder a redes adecuadas de protección social.
Las rebanadas del pastel
La familia feliz se apapacha entre sí: que el gober engominado, Enrique Peña Nieto, no es culpable; tampoco el procurador Medina Mora; vamos, que ni siquiera estaban enterados de la represión en Atenco (en los hechos, ni siquiera saben dónde, geográficamente, se localiza); que el duopolio de la televisión sólo intenta “divertir” y “entretener”, no presionar y chantajear; que no tiene interés alguno –político o económico– en meter las manos en el proceso electoral y que, en fin, los mexicanos son extremadamente felices gracias a ella.
Miguel Ángel Velázquez : Ciudad Perdida
: Penultimátum
Patricia Peñaloza : Ruta Sonora
Opinión
Raúl Zibechi : Mirar más allá de coyunturas
Raúl Zibechi
Mirar más allá de coyunturas
La llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, la profunda crisis económica mundial, junto al declive estadunidense, y la existencia de ocho gobiernos progresistas y de izquierda en Sudamérica, son hechos tan importantes que han generado la confianza, entre amplios sectores, en la posibilidad de encontrar nuevos rumbos para nuestras sociedades golpeadas por dos décadas de neoliberalismo. Se trata de una coyuntura especial e inédita, llamada a convertirse en un parteaguas a escala planetaria.
En múltiples ocasiones se ha mencionado que la decadencia de Estados Unidos como única superpotencia, está permitiendo el nacimiento de una nueva relación de fuerzas en la región sudamericana, en la que se dibuja con nítido perfil la fuerza decisiva de Brasil, así como la posibilidad de construir una integración regional que no sólo marque distancias con el imperio, sino también con el libre comercio.
Por definición, una coyuntura suele resolverse en un lapso relativamente breve. En este caso puede pensarse, a lo sumo, en una década, que es el tiempo con que cuentan las fuerzas del cambio para imponer por lo menos una parte de sus objetivos antes que otras fuerzas con intereses diferentes se encuentren en condiciones de imponer los suyos.
La idea de que “éste es el momento” se ha instalado, con entera justicia, en los discursos de buena parte de las dirigencias políticas y sociales, como quedó reflejado en pronunciamientos y documentos del reciente Foro Social Mundial, celebrado en Belem. Pero también está presente la convicción de que si no se encuentran salidas al modelo actual de acumulación, o sea, al capitalismo, la crisis puede resolverse a través del diseño de un mundo peor aún que el actual. Gaza, Irak, Haití, Colombia son apenas muestras de lo que puede venir.
Buena parte de los objetivos destacados en la Carta de los movimientos sociales y en la Declaración de la asamblea de los movimientos muestran con claridad cuál puede ser el rumbo de los cambios. Denuncian la ideología del “desarrollo” y el “progreso”, así como al imperialismo y al capitalismo en su guerra de conquista por apropiarse de los bienes comunes de la humanidad. Pero no escatiman las críticas a las nuevas formas que adquiere el modelo neoliberal, en particular a “los grandes grupos económicos locales –expresados en las denominadas multilatinas–, asociadas a una parte considerable de los gobiernos de la región”. En consecuencia, denuncian el megaproeycto IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), encabezado por la burguesía brasileña, que tras el desarrollo de interconexiones en infraestructura esconde “la apropiación trasnacional de los bienes de la naturaleza”.
En los hechos, los movimientos sudamericanos pasaron factura a “sus” gobiernos al colocar en la mira los principales proyectos económicos, aquellos destinados a promover el “desarrollo” de la región como la minería a cielo abierto, el agronegocio y los agrocombustibles, entre otros. Y pusieron el dedo donde duele al criticar, junto al Plan Colombia y la presencia de bases militares extranjeras, “la ocupación de Haití por tropas de países latinoamericanos”. No fue sólo un ejercicio de autonomía política, sino un marcar las urgencias del momento, la idea de que es necesario “avanzar ahora” y no delegar en los gobiernos, sino crear las condiciones “para ir gestando una nueva ofensiva de los pueblos” que modifique radicalmente la relación de fuerzas en la región.
Una década de gobiernos de nuevo cuño está empezando a mostrar alcances y límites de los cambios promovidos desde arriba y enseñando quiénes son los que están verdaderamente interesados en cambiar el mundo. Una parte sustancial de los gobiernos está más empeñada en consolidarse que en implementar nuevos rumbos. El único país capaz de empujar a toda la región, Brasil, está más empeñado en erigirse en potencia global que en abandonar el modelo. Lula parece más ocupado en catapultar a su probable sucesora, la ministra Dilma Rousseff, que en combatir el tremendo poder del capital financiero en su país. No es suficiente con promover un mundo y una región multilaterales, si a la vez no se erosiona el neoliberalismo.
Por otro lado, salir del modelo es más complejo de lo que pueda suponerse. Tras 10 años de Hugo Chávez en el gobierno, Venezuela sigue siendo un país con enormes dificultades para salir de la dependencia petrolera. Se trata de procesos muy lentos, para los que se requiere crear condiciones no sólo políticas, sino también sociales y culturales. A Cuba le demandó casi medio siglo dejar de ser un país monoproductor de caña de azúcar. A esas dificultades deben sumarse opciones que refuerzan el modelo, como la apuesta de Rafael Correa por la minería trasnacional, que no puede sino agudizar la dependencia de Ecuador, como ya sucedió en el último medio siglo con el petróleo. No es ése el camino para construir el “socialismo del siglo XXI”, pero menos aún puede tomarse ese rumbo en contra de los principales movimientos sociales. El enfrentamiento en curso entre el gobierno de Correa y el movimiento indígena, que se saldó con decenas de heridos y detenidos en la huelga del 20 de enero contra la ley minera, impone mirar más allá de la coyuntura actual.
Los gobiernos progresistas de la región pueden ser aliados de los cambios, pero los hacedores del mundo nuevo son los pueblos organizados en movimientos. El caso de Bolivia, donde el gobierno de Evo se muestra en sintonía con los movimientos, es por ahora la única excepción. Aunque algunos analistas y políticos defienden la centralidad de los gobiernos frente a un supuesto repliegue de los movimientos, no está de más recordar que la actual coyuntura fue creada por la resistencia desde abajo, que deslegitimó el modelo. Si estos gobiernos no toman un rumbo claro, en el futuro serán blanco de la inevitable ofensiva de los movimientos.
Jaime Martínez Veloz/ I : San Andrés Larráinzar: 13 años después
Jaime Martínez Veloz/ I
San Andrés Larráinzar: 13 años después
El 15 de febrero de 1996, segundo día de la asamblea plenaria, las delegaciones del gobierno federal y el EZLN acordaron firmar los primeros acuerdos en materia de derechos y cultura indígenas. La delegación zapatista entregó una propuesta sobre la conformación de la comisión de seguimiento y verificación al gobierno. Un día después, concluyó la segunda parte de la plenaria resolutiva de la mesa de derechos y cultura indígenas. La delegación del EZLN firmó los acuerdos de San Andrés en presencia de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). El acto se realizó en uno de los salones de la sede del diálogo en San Andrés Larráinzar. Como presidente en turno de la Cocopa me correspondió firmar el documento, en representación de la comisión legislativa, en calidad de testigo. Posteriormente, en un acto protocolario, la delegación del gobierno federal los firmó. Por parte del gobierno rubricaron: Marco Antonio Bernal, Jorge del Valle y Uriel Jarquín, mientras por el EZLN lo habían hecho los comandantes Tacho, David y Zebedeo.
Los acuerdos a los que llegaron, después de las consultas que cada parte realizó, fueron que el gobierno federal y el EZLN aceptaban los documentos emanados de la primera parte de la plenaria resolutiva, quedando asentadas en el documento las observaciones que los zapatistas hicieron. El EZLN insistió en señalar: “... la falta de solución al grave problema agrario nacional, y en la necesidad de reformar el artículo 27 constitucional, que debe retomar el espíritu de Emiliano Zapata, resumido en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja y Tierra y Libertad”.
En lo referente al tema Situación, derechos y cultura indígenas, la delegación zapatista estimó insuficientes los puntos de acuerdo. Mencionó que los pueblos indígenas y las autoridades debían programar y calendarizar de mutuo acuerdo su instrumentación. Acerca de las Garantías de acceso pleno a la justicia, la delegación zapatista consideró la necesidad del nombramiento de intérpretes en todos los juicios y procesos que se siguieran a los indígenas. Asimismo, planteó indispensable que se legislara para proteger los derechos de los migrantes, indígenas y no indígenas, dentro y fuera de las fronteras nacionales.
A fin de fortalecer los municipios señaló que se requerían compromisos explícitos del gobierno para garantizar su acceso a la infraestructura, capacitación y recursos económicos adecuados.
Sobre los medios de comunicación consideró necesario que se garantizara el acceso a la información veraz, oportuna y suficiente de las actividades del gobierno y que los pueblos indígenas contaran con sus propios medios de comunicación. Ambas partes asumieron el compromiso de enviar el resolutivo a las instancias de debate y decisión nacional, así como del estado de Chiapas que correspondieran.
El documento Pronunciamiento conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional enmarcó lo que debería ser nueva relación del gobierno y de los pueblos indígenas, confirmando que estos últimos habían “... sido objeto de formas de subordinación, desigualdad y discriminación que les han determinado una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política”.
El gobierno federal se comprometió a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución General de la República, ampliar su participación y representación política, garantizar el acceso pleno a la justicia con el reconocimiento y respeto a especificidades culturales y a sus sistemas normativos internos, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos, promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, asegurar educación y capacitación, garantizar la satisfacción de necesidades básicas, impulsar la producción y el empleo, y proteger a los indígenas migrantes.
Sobre el compromiso que adquirió el gobierno federal de reconocer en la Constitución las demandas indígenas se especificó que éstas debían contener: derechos políticos, derechos de jurisdicción, derechos sociales, derechos económicos y derechos culturales. Asimismo, el reconocimiento “... en la legislación nacional de las comunidades como entidades de derecho público, el derecho a asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas”.
La Cocopa manifestó que por difícil que pareciera, “aun en medio de las más grandes diferencias, siempre quedará el recurso de la palabra que haga posible el entendimiento y la reconciliación”.
El EZLN manifestó: “... al fin de la fase actual del diálogo, consideramos que sólo la más amplia movilización social podrá darle cuerpo a estas demandas fundamentales. Esto se logrará solamente impulsando la organización independiente que surge como una de las tareas del Foro Nacional Indígena. Que debe extenderse hacia todas las regiones del país”.
Por su parte, Marco Antonio Bernal dijo que para el gobierno éste era “un paso firme que nos da la seguridad de que este conflicto tiene una salida política definitiva”.
Luis Javier Garrido : La devaluación
Luis Javier Garrido
La devaluación
Felipe Calderón no tiene el consenso nacional para seguir en la presidencia de México, aun sea de facto, imponiendo políticas antinacionales y antipopulares, y el riesgo de que se le mantenga en el cargo es muy grande para el país, como hace ver de nuevo el caso Slim.
1. La intransigencia del gobierno, encabezado formalmente por Calderón, ante los señalamientos de que sus políticas económica, social y en materia de seguridad están llevando a un desastre institucional y de que no tiene mucho menos una respuesta ante la crisis financiera y económica internacional, no han hecho otra cosa que evidenciar la inviabilidad del gobierno de la ultraderecha, que se ha erigido como el mayor obstáculo para que México pueda salir adelante en estos inicios del siglo XXI.
2. Al análisis de la situación nacional hecho por Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo el domingo 25 de enero ante más de 300 mil integrantes del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, de la Soberanía Nacional y de la Economía Popular, en el que éste delineó un programa de emergencia para el rescate de la economía popular, el gobernante espurio replicó airado dos días después denostando como “catastrofistas” todas las críticas adversas, y desde entonces se instauró en los medios una amplia campaña de descalificación de toda opinión divergente, pero esto no ha sido todo, pues muy pronto, dando muestras de un evidente desvarío, Calderón mismo se ha lanzado contra las advertencias provenientes de diversos sectores de la derecha oficial.
3. Ante las múltiples advertencias de Guillermo Ortiz (gobernador del Banco de México) sobre las políticas hacendarias erradas y el hecho de que México se halla ya en recesión, como enfatizó el 27 de enero, desde Hacienda se le replicó con violencia que esto era falso y que México era un caso extraordinario de bonanza, sin poder explicar Agustín Carstens, titular de Hacienda –que en los hechos es un empleadito del FMI, organismo del que recibe órdenes que por las noches le transmite y explica a Calderón– la gravedad de una situación que ha implicado una devaluación del peso de más de 30 por ciento en lo que va del sexenio, el cese de cientos de miles de trabajadores de noviembre a enero y una creciente inflación, en medio de un clima de desastre institucional en el que para justificar sus políticas en materia “de seguridad” el gobierno espurio está incurriendo en una creciente violación de los derechos humanos.
4. La situación crítica que vive México, y que es ya de catástrofe para millones de mexicanos, les parezca o no a Calderón y a los panistas reconocerlo, es consecuencia de la aplicación aberrante en México durante más de 25 años del modelo neoliberal que el obcecado Calderón se empecina en profundizar, y de sus consecuencias: el apoderamiento del aparato estatal por un puñado de traficantes de influencias, el desmantelamiento del Estado nacional y la entrega de los recursos estratégicos del país a las trasnacionales, de manera que la crisis financiera de Estados Unidos y del mundo occidental estallada a finales de 2008, y que en la demagogia blanquiazul se busca hacer pasar como el origen de todos los males del país, sólo sería un factor de agravación de la situación.
5. El gobierno calderonista aparece, en consecuencia, en este gravísimo escenario no sólo como poseído de un fanatismo neoliberal, pues pretende proseguir la aplicación de los programas neoliberales que constituyen una verdadera guerra contra el pueblo, sino, además, lo que es igualmente grave, como integrado por ineptos incapaces de afrontar la situación y que en vez de adoptar medidas serias para reorientar las políticas oficiales del Estado han insistido, a la manera priísta, en imponer pactos sociales para simular un consenso que no existe y en torno a medidas que son una engañifa, y así después del suscrito el 8 de octubre, se firmó otro el 6 de enero y el 11 de febrero se anuncia un nuevo plan.
6. El principal obstáculo para que México pueda superar esta situación crítica lo constituye por consiguiente Calderón, que impuesto en la silla presidencial por un puñado de grupos empresariales contra la mayoría nacional, no sólo tiene una creciente oposición popular, sino que ha perdido apoyos señalados de la derecha, desde donde muchos lo identifican como el responsable del desastre, sin que éste pueda reaccionar, pues sólo acierta a refugiarse con sus dos principales apoyos: la jerarquía católica y Televisa, a quienes ha demandado su apoyo incondicional para las legislativas.
7. Las imágenes de las televisoras, que constituyen para el gobierno espurio del PAN un apoyo clave, se han revertido, sin embargo, en estos días sin proponérselo contra quienes pretenden gobernar, pues muestran invariablemente todos los días a un Calderón descompuesto, no sólo por los excesos de la víspera, sino por la realidad de su administración que no acierta más que a reiterar un discurso cada vez más apartado de la realidad y en el que no hay más que un insistente llamado, como en los gobiernos fascistoides, a “la unidad nacional”, y una violenta descalificación para quienes no lo respaldan.
8. El señalamiento hecho por el empresario Carlos Slim el lunes 9 en el foro “México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?”, organizado por el Congreso, en el sentido de que las actuales políticas del gobierno no pueden conducir más que a un mayor desastre, con un desplome del PIB, la quiebra de empresas y un mayor desempleo, y de que es urgente reorientar las políticas oficiales adoptando México en lo sucesivo sus propias decisiones luego de “26 años de fracaso”, para dar prioridad en lo sucesivo al empleo, al salario y al ingreso familiar, suscitaron, como era de suponer, la cólera desmedida de Felipe y de sus cuates que reaccionaron con toda la violencia del Estado evidenciando, una vez más, la inviabilidad del gobierno actual.
9. La furiosa reacción de Felipe Calderón y de sus allegados ante las críticas del ingeniero Slim a su gobierno, desatando contra él una campaña desmedida en los medios, no sorprenden, sin embargo, y sólo ejemplifican el estado de descomposición personal de quien se halla en la silla presidencial y la urgencia de una respuesta institucional de fondo ante lo que acontece.
10. La cuestión central es que millones de mexicanos no están dispuestos a apoyar a Calderón, a su gobierno y a sus políticas, pues resulta claro que está actuando abiertamente al servicio de unos cuantos y en contra de los intereses del pueblo de México.
Gabriela Rodríguez : Iglesia y Estado: encubridores
Gabriela Rodríguez gabriela_afluentes@prodigy.net.mx
Iglesia y Estado: encubridores
Es lamentable constatar que la Iglesia católica y el Estado están traicionando su misión; dos instituciones creadas para defender los derechos humanos se han convertido en lo contrario: encubridoras de violadores.
Dos hechos actuales muestran un mismo estilo de manejar el poder: la aparición de una hija del fundador de los Legionarios de Cristo y la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las víctimas de San Salvador Atenco. Múltiples violaciones y abusos sexuales perpetrados por personal eclesial y policial (e involucrado en drogas) han sido denunciadas públicamente y las víctimas reciben silencio e impunidad como respuesta de las más altas autoridades: el Papa, el gobernador del estado de México, el jefe de la Policía Federal Preventiva prefieren encubrir a los agresores y culpar a las víctimas, a fin de proteger “la imagen institucional”. En el primer caso se llegó a hablar de un complot contra el Vaticano (¡duro!, casi suena como el complot de AMLO) contra las instituciones democráticas; en el segundo, hay presos políticos.
El caso de los Legionarios es paradigmático. A fines de los años 90, una docena de seminaristas denunciaron ante los medios haber sido víctimas de abuso sexual de su líder religioso cuando eran púberes, tras enfrentar más de 20 años el silencio y la impunidad como respuesta a sus denuncias dentro del sistema jurídico de la Iglesia. Sin embargo, el papa Juan Pablo II nunca dejó de considerar a Marcial Maciel líder ejemplar para la juventud y, junto con los cardenales y el pontífice actual, bloquearon durante años el juicio contra él; “es mejor que ocho hombres inocentes sufran injusticia y no que miles de fieles pierdan la fe” (Fernando M. González, Marcial Maciel, Tusquets, 2006).
Ya como sumo pontífice en 2006, Benedicto XVI hizo válidas hasta cierto punto el sinnúmero de acusaciones de pederastia y toxicomanía, invitando a Maciel “a una vida reservada de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público”. Maciel no fue sometido a un proceso canónico ni secular como corresponde a cualquier delincuente, ahí actuó la lógica de proteger a la institución, ante todo, y amparar a los más leales, así sea necesario denigrar a las víctimas.
Los Legionarios apenas reconocieron por primera vez los crímenes de su fundador ante la prueba viviente de los abusos sexuales: una hija. La misma que ha amenazado con publicar un libro sobre su vida y la de su padre, a quien a veces le gustaban las niñas, y sobre su madre, violada a los 15 años por Maciel, quien entonces tenía 68 años.
El portavoz de la orden en Roma, Paolo Scarafoni, admitió: “estamos sorprendidos, entristecidos y desconcertados. No podemos negar la existencia de esos hechos, pero no deseamos entrar en más detalles por respeto a la privacidad de las personas afectadas”.
Ninguna referencia a los anteriores escándalos y es indignante que hasta la fecha, ni el Papa ni el actual director general de la orden ni Norberto Rivera ni Juan Sandoval Íñiguez hayan pedido perdón por haber calumniado tan gravemente a José Barba Martín, Juan José Vaca, H.A., José Antonio Pérez Olvera, Arturo Jurado, Alejandro Espinoza Alcalá, Félix Alarcón, Saúl Barrales, Miguel Díaz Rivera, Francisco González Parga, a tantos que sufrieron heridas en lo más íntimo de su masculinidad, y que se tragaron la vergüenza para hablar ante los medios y tratar de frenar los crímenes de la red de pederastas de ese ejército de soldados de Cristo, enfrentando a quien todavía concentraba todo el poder y los privilegios de las elites eclesiales, empresariales y políticas.
Esperamos que los ministros de la SCJN no encubran a los violadores de derechos humanos ni las agresiones sexuales a 31 mujeres de Atenco. De otra manera confirmarán la tesis de Roderic Camp (Cruce de espadas: política y religión en México, Siglo XXI, 1998), quien encontró que la influencia más importante del catolicismo en las sociedades latinoamericanas se produce en el ámbito de los valores y de la tradición orgánico estatista: “promueve un cierto estilo de educación política divulgando valores aprendidos en la interacción entre las autoridades laicas y las eclesiásticas, que comprenden la deferencia, la obediencia y el respeto a la jerarquía […] Otra área de influencia potencial es la educación de la elite a través de las preparatorias e instituciones universitarias, llega a una comunidad dirigente pequeña, pero influyente”; citada en el mismo texto, Larisa Lomnitz: “Asuntos como la moralidad familiar, la posición de los individuos dentro de la familia, la autoridad, la economía y la ideología política sólo se pueden entender y explicar adecuadamente desde el punto de vista del catolicismo”.
El encubrimiento termina deteriorando “la imagen institucional” o ¿quién cree hoy en la jerarquía eclesiástica, en los partidos políticos, en el Instituto Federal Electoral?
Fidel Castro Ruz : Encuentro con la Presidenta de Chile Michelle Bachelet
Asa Cristina Laurell : El Seguro Popular, mitos y realidades
Asa Cristina Laurell salud@gobiernolegitimo.org.mx
El Seguro Popular, mitos y realidades
Cuando empezó el Seguro Popular (SP) se insistió en que era una política pública, basada en evidencias científicas y ajena a los postulados partidistas. Asimismo, uno de los ejes declarativos del gobierno de Fox era que habría transparencia en las acciones gubernamentales. El uso directo del SP en la propaganda del PAN y la aprobación del Instituto Federal Electoral de esta conducta colocan –una vez más– en la discusión pública a este programa.
La instrumentación del SP durante cuatro años ha revelado que ambas aseveraciones son ilusorias; no se ha basado en evidencias, ni ha sido transparente. Interesa particularmente ahondar en cuatro hallazgos del análisis de esta política: la tergiversación de la Ley General de Salud, la manipulación del contenido del SP, la ausencia de un seguimiento veraz de su operación y resultados, y su uso político reiterado.
La condición del PRI –los diputados del PRD votaron en contra– para aprobar el SP era la exclusión del sector privado en la prestación de servicios. Una vez aprobada la ley, el Ejecutivo expidió un reglamento que vuelve a incluir al sector privado sin respetar la ley. El PRI no impugnó esta violación.
La manera de presentar el SP ha causado confusión respecto de tres aspectos básicos: sólo es gratuita para el 20 por ciento de la población más pobre, todos los demás pagan prima; su cobertura médica es limitada al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que no cubre algunas enfermedades comunes pero caras de tratar, por ejemplo, infartos al corazón o accidentes graves, cuyos tratamientos son pagados por el paciente; además hay restricciones en la afiliación: sólo 14.3 por ciento puede registrarse al año.
La administración del SP ha sido ineficiente y poco transparente. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó el programa en la Cuenta Pública de 2005 y presentó los resultados en 2007. Encontró que faltaron por transferir a las entidades 632 millones de pesos. Observó además que existían irregularidades al rededor de 2.1 millones de pesos.
Adicionalmente, la valuación actuarial encargada por la ASF para verificar la sustentabilidad económica del SP llegó a la conclusión de que su déficit financiero alcanzaría los 38 mil millones en 2007, si se prestaran los servicios comprometidos en el CAUSES. Por otra parte, se hizo una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por un daño patrimonial de mil millones en 2007, la cual no se ha resuelto hasta la fecha.
A partir de estas irregularidades, la Secretaría de Salud ha declarado “reservada” toda la información relacionada. Nadie ha sido sancionado administrativamente, mucho menos penalmente, a pesar de que están involucrados miles de millones de pesos.
Uno de los grandes éxitos del SP –según sus promotores– es que ha permitido incrementar el presupuesto de salud. Sin embargo, en 2005 y 2006 se hizo a costa del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que debilitó todavía más este pilar del sistema público de salud.
En 2007, el subejercicio del SP fue de cerca de 5 mil millones, y en 2008, según datos preliminares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es de 3.4 millones de pesos. Además se han acumulado 14 mil millones en su fideicomiso. O sea, tan sólo durante los dos años anteriores no se han utilizado 22.4 millones, mientras se registra un grave déficit de infraestructura, personal, medicamentos e insumos médicos, situación que se oculta de manera sistemática.
Por último, en 2006 el PAN capitalino utilizó el SP con fines electorales. Esta transgresión fue impugnada, y el Instituto Electoral del Distrito Federal, a diferencia del actual IFE, multó al PAN. Esta sanción fue ratificada por unanimidad de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en enero de 2007. Estamos ante la reincidencia del PAN en una conducta previamente castigada por el tribunal.
La falta de escrúpulos no termina ahí. Ahora, la propaganda del PAN asegura que sus gobiernos luchan por garantizar “servicios y atención médica gratuitos” para todos los que no cuentan con seguridad social. Bienvenido, si fuera cierto, pero no sería el SP, que no es gratuito y tampoco garantiza servicios y medicamentos. Sería la política del Gobierno del Distrito Federal, legislada durante el gobierno de López Obrador en la capital, promovida en su campaña presidencial y apoyada por el movimiento que encabeza.
Si, como sostienen algunos analistas políticos al justificar el fallo del IFE, es sano que las campañas electorales sirvan para dar a conocer los planteamientos de los partidos, habría que exigir que sean verídicos. La ética en la política tendría que ser la pauta y no la mentira a conveniencia.
José Cueli : Graciela Iturbide: la plenitud
Política
Ampliar investigaciones, penoso colofón de la Corte sobre Atenco
Antiobrera, la propuesta de reforma laboral
Antiobrera, la propuesta de reforma laboral
Patricia Muñoz Ríos
La propuesta de reforma laboral presentada en días pasados por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, establece cambios fundamentales a la Ley Federal del Trabajo (LFT), como son: el pago de salario “por hora”; nuevas modalidades de contratación de empleados, pactadas “por temporada” o “por capacitación”; que los emplazamientos a huelga se presenten junto con la “lista” de trabajadores que la piden, y ésta, además, sea certificada por las autoridades; y que el pago de salarios caídos sólo sea “por seis meses”, aun cuando los conflictos se prolonguen por años.
En la propuesta del gobierno federal también se plantean cambios para que los trabajadores puedan laborar en forma “discontinua” en una misma empresa, y puedan prestar sus servicios unos días a la semana, al mes o por periodos cortos durante todo el año y como sean requeridos por las empresas, según cambio que se pretende hacer al artículo 39 de la LFT.
Según el documento que entregó el secretario en la Cámara de Diputados el lunes pasado, se propone modificar además el artículo 48, para que en los conflictos laborales donde los trabajadores demandan a sus patrones, el pago de los “salarios caídos” sólo sea por seis meses. Es decir, aun cuando los conflictos se prolonguen por años –como es común en México, según los actuales sistemas de conciliación–, el patrón no estaría obligado a pagar más que medio año de salarios atrasados.
Pago por hora
En el artículo 83, que se refiere al pago de salarios, se propone introducir una modificación para que “tratándose de salario por unidad de tiempo, el trabajador y el patrón podrán convenir el pago por cada hora de prestación del servicio, siempre y cuando no exceda la jornada máxima legal establecida en esta ley”, es decir, ocho horas.
En lo que respecta al artículo 39, se plantean cambios a fin de que en la relación laboral se prorroguen los contratos, siempre y cuando los patrones no cambien de actividad el negocio.
En materia de huelgas, en el artículo 920 se señala que para que las organizaciones puedan emplazar, tendrán que dar una lista con los nombres de los trabajadores que apoyen esa medida e incluso esta lista tendría que ser avalada por la autoridad laboral. También en lo que se refiere a demandas por titularidad, los sindicatos tendrán que dar los nombres de todos aquellos que quieran cambiar de organización y también esta lista tendría que ser certificada por las autoridades, según las cambios que se buscan para el artículo 899 de la ley.
En cuanto a la transparencia de los sindicatos la pretensión de que todos registren sus contratos quedará en que estos gremios tendrán que presentar “índices actualizados”, según se establece para el artículo 424 bis; no desaparece la “cláusula de exclusión” prevista en el artículo 395; cambia la teoría de las cargas probatorias, para que ya no sea a través de recibo de nómina como se compruebe la relación laboral sino de otros medios. También cambian las reglas de emplazamiento por violaciones contractuales, con mayores requisitos, e incluso las juntas de conciliación y arbitraje podrán interpretar los estatutos para determinar si el sindicato incumple con estos reglamentos.
El ministro Aguirre, pozolero de la justicia: epitafio de atenquenses
Economía
En EU, migrantes latinos pierden su empleo más rápido que otros
Tokio, 12 de febrero. Las noticias sobre el agravamiento de la crisis financiera global avivaron el pesimismo y especialistas pronosticaron que la actual recesión durará al menos tres años, y posiblemente más, si no reviven los mercados del crédito. En Estados Unidos, los inmigrantes latinos perdieron sus empleos a un ritmo más rápido que el resto de la fuerza laboral, tras una fuerte contracción en la industria de la construcción, según un sondeo de Pew Hispanic Center. Por su parte, en Washington, el Business Council reportó que la economía de Estados Unidos está en mala forma, sin ningún signo de mejoría inmediata.
En tanto, Pioneer anunció que abandona el negocio deficitario de fabricación de pantallas de televisores planos y recortará otros 10 mil puestos de trabajo, mientras se encamina a una pérdida anual récord de mil 400 millones de dólares. Sobre la recesión, Michael Psaros, socio gerente de KPS Capital Partners, previó en una conferencia sobre restructuración que “esto va a ser un desastre de tres o cuatro años”.
Renautl suspendió el pago de dividendos y recortó la producción, al tiempo que advirtió que la crisis cambiará el panorama para el sector global, y General Motors (GM) ofrece retiro voluntario a sus 62 mil mecánicos, al tiempo que el grupo hotelero Marriot reportó pérdidas por 10 millones de dólares en el último trimestre de 2008. La aerolínea de bajo costo irlandesa Ryanair prescindirá de 200 empleos debido a una esperada caída en el tráfico de pasajeros, lo que sumaba pesimismo al mercado laboral local.
En el caso de los inmigrantes latinos, el sondeo de Pew Hispanic Center, basado en cifras del Censo de Estados Unidos, mostró que el desempleo entre los hispanos nacidos en el exterior alcanzó 8 por ciento en el último trimestre de 2008, un alza desde el 5.01 por ciento del mismo periodo del año anterior.
“Las pérdidas de empleo están ahora propagadas a través de la economía, pero el sector de la construcción sigue siendo la principal fuente de pérdida de trabajo para los hispanos y los no hispanos”, señaló el estudio. Desde que Estados Unidos cayó en recesión a finales de 2007 se han perdido 3.6 millones de empleos en la economía.
Alrededor de 10.8 millones de hispanos nacidos en el exterior trabajaban en Estados Unidos al cierre del año pasado, de acuerdo con cifras del gobierno, las que no distinguen entre inmigrantes legales e ilegales.
La baja en las oportunidades de trabajo contribuyó a una caída en la remesas enviadas el año pasado a México, hacia donde los trabajadores mandaron 15 mil 100 millones de dólares, un descenso de 3.6 por ciento sobre 2007.
Sufren desaceleración
Pioneer está sufriendo junto a otras compañías de electrónica niponas la desaceleración de la economía mundial y la fortaleza del yen. La compañía expuso que recortaría 6 mil empleos fijos y 4 mil temporales y contratados por obra. Los recortes se sumarán a los 5 mil 900 que ya ejecutó entre marzo y diciembre del año pasado, y que hicieron descender su número total de trabajadores a 36 mil 900. Previó que tendrá pérdidas netas de mil 440 millones de dólares en el año fiscal que concluye el 31 de marzo.
El grupo suizo de mantenimiento de aeronaves SR Technics precisó que planea cerrar su operación en el aeropuerto de Dublin por las duras condiciones económicas y una pérdida de contratos, lo que amenaza mil 135 empleos.
Los retiros voluntarios que ofrece la automotriz GM son de sindicalizados estadunidenses. Se trata de una oferta realizada a los obreros afiliados al sindicato del automóvil, cuyas prestaciones salariales son consideradas por GM demasiado elevadas y que reducen la productividad.
La francesa Renault reiteró sus metas de ganancias para 2009, suspendió el pago de dividendos y recortó la producción, al tiempo que advirtió que la crisis económica mundial cambiará el panorama para el sector automotriz global. El grupo reportó una caída de 78 por ciento en las ventas, a causa de lo que describió como una “crisis económica y financiera de proporción masiva”.
En Estados Unidos, Holly Etlin, una directora de AlixPartners, con 30 años de experiencia en restructuraciones, externó que los problemas financieros durarán tres o cinco años por la falta de liquidez en los mercados del crédito y la ausencia de préstamos para casos de quiebras.
La encuesta que arroja que la crisis financiera global se extenderá por al menos seis meses más, fue realizada del 9 al 12 de febrero entre más de 70 economistas a lo largo de Europa y Estados Unidos.
Repuntan morosidad en pago de tarjetas de crédito y desempleo
FMI: empeorará la economía mundial
FMI: empeorará la economía mundial
Reuters y Dpa
Washington, 12 de febrero. El director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, advirtió este jueves del empeoramiento en las condiciones de la economía mundial, y afirmó que el impacto de la crisis financiera aún no ha alcanzado totalmente a la economía real. “El problema es que el efecto sobre la economía real, en su mayor parte, aún no llega”, dijo Strauss-Kahn al FMI Boletín, una publicación del organismo en Internet. “El 2009 será ciertamente un mal año para el crecimiento, no sólo para las economías avanzadas, sino también para las emergentes”, afirmó antes de la reunión del fin de semana del Grupo de los Siete países más industrializados en Roma.
Mundo
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“No me van a fallar el domingo”, afirma Hugo Chávez en acto de campaña en favor del sí
Caracas, 12 de febrero. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, convocó a la juventud de su país a derribar “una nueva barrera histórica” el domingo próximo al aprobar la relección sucesiva en todos los cargos de elección popular, para dar continuidad a la movilización popular iniciada en 1989 con el caracazo –una revuelta callejera en la capital venezolana contra el gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez– y al movimiento revolucionario bolivariano, emprendido por el mandatario y otros militares jóvenes en 1992.
En un discurso lleno de referencias históricas y ante decenas de miles de caraqueños –principalmente jóvenes–, Chávez dijo que “estamos ante una nueva jornada para continuar derribando barreras, porque nuestra revolución es una gran fuerza que avanza y va derrumbando vallas, va venciendo obstáculos en este camino que ya estamos transitando desde hace 20 años”.
El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela convocó a una manifestación juvenil de apoyo a la reforma constitucional que será sometida a referendo, en coincidencia con el 194 aniversario de la batalla de la Victoria, un enfrentamiento ocurrido en la guerra venezolana de independencia, protagonizado por estudiantes.
“El pueblo abrió el horizonte el 27 de febrero (de 1989), el pueblo rompió las cadenas ese día y luego vino, al poco tiempo, otro hecho histórico: el 4 de febrero de 1992 se derrumbaron las barreras que dividían a los soldados del pueblo”, dijo Chávez en alusión al caracazo y al fallido intento de golpe de Estado en que participó el entonces teniente coronel y tras lo cual fue encarcelado dos años.
“Yo estoy seguro que ustedes no me van a fallar el domingo. El sábado debemos seguir en la calle. El domingo hay que echar el resto” para que gane el sí en el referendo, manifestó el gobernante.
Para votar en la consulta popular están habilitados 17 millones de ciudadanos, que deberán aprobar modificaciones a los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de 1999, “con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana en ejercicio de un cargo de elección popular pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo, por el tiempo establecido constitucionalmente, dependiendo exclusivamente su posible elección del voto popular”, según indica el texto contenido en las boletas electorales.
Estados
En dos años, 293 salvadoreños han muerto o desaparecido en México
Arriaga, Chis., 12 de febrero. Los migrantes salvadoreños llaman al sureste de México el embudo de la muerte. Dicen que si logran cruzar la zona, prácticamente ya están en Estados Unidos. Según el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos o Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), 293 personas de ese país han desaparecido o muerto en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca en los dos años recientes.
El Cofamide busca a los ausentes y reivindica la migración como un derecho universal; asimismo exige a las autoridades mexicanas y a las de su país de origen “humanizar” la política migratoria, pues aún se considera la migración como un delito, lo que da pie a extorsión y abusos.
Una delegación del Cofamide, formada por familiares de desaparecidos, sobre todo madres mayores de 60 años, recorrió esta semana la ruta que siguieron sus hijos por Chiapas y Oaxaca. “Más de 80 por ciento de los que pasan por este territorio sufren robos, golpes, abusos sexuales, secuestros, asesinatos”, sostuvo el sacerdote Heyman Vázquez Medina, quien administra el albergue para migrantes de la ciudad de Arriaga, donde atiende a por lo menos 200 indocumentados cada día.
El 23 de diciembre pasado, un tren en el que viajaban migrantes de polizones fue asaltado en Arriaga. Dos indocumentados murieron. La primera semana de febrero hubo dos robos similares en el municipio de Pichucalco; un centroamericano pereció y otro fue herido gravemente.
“Yo siempre les digo: si te van a asaltar, coopera; si te están golpeando, no opongas resistencia. Sólo piensa que tienes que seguir. Uno que iba conmigo murió. Ya nos habían asaltado y se estaban yendo cuando les gritó: ‘¡trabajen, güevones!’ Se regresaron y le dispararon”, narró Carlos Orlando, quien ha intentado llegar a Estados Unidos en tres ocasiones.
Luis Perdomo, fundador del Cofamide, afirmó que el tráfico de migrantes es la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, sólo superada por el narcotráfico.
Heyman Vázquez explicó que las mafias “ya no sólo controlan a los coyotes (traficantes de personas); ahora ellas mismas asaltan a los migrantes, van en camionetas, vestidos de negro y armados. Los secuestran y los obligan a llamar a sus familiares para que depositen dinero en cuentas bancarias”.
A los ataques de los criminales se suman los abusos de las corporaciones policiacas mexicanas. Apenas el 9 de enero tres migrantes fueron acribilladas en el poblado Arcotete, municipio de San Cristóbal de las Casas.
En dos años de búsqueda, el Cofamide ha localizado a 16 de los 293 salvadoreños perdidos. Sólo dos estaban vivos.
El 9 de febrero en Tapachula, Chiapas, integrantes del comité tuvieron una reunión con autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno. Solicitaron la creación de una base de datos para ordenar los incidentes relacionados con migrantes detenidos y hallazgo de cadáveres.
“Todas las personas tienen derecho a migrar cuando su país no les da condiciones de vida adecuadas; es un derecho universal que debe respetarse. Si las autoridades mexicanas hicieran patrullajes o redadas en los puntos donde saben que existen los abusos, como el cruce de La Arrocera, en el municipio de Huixtla, seguro disminuiría el número de migrantes muertos”, señaló Luis Perdomo durante a reunión.
La Caravana de la Esperanza del Cofamide arribó este jueves a Ciudad Ixtepec, Oaxaca, acompañada por el cónsul de El Salvador en Chiapas, Nelson Miguel Cuéllar Hernández, quien celebró que el gobierno de Chiapas se comprometiera a crear un banco de datos de restos de salvadoreños enterrados en esa entidad, y a vigilar el tramo del Ferrocarril del Istmo que va de Arriaga, Chiapas, a Chahites, Oaxaca, para evitar evitar asaltos y vejaciones a los migrantes.
Con información de Octavio Vélez e Hiram Moreno, corresponsales
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Viernes, 13 de Febrero de 2009
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