Señalan OSC de Oaxaca en el contexto del EPU
Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
Oaxaca, Oax., 12 febrero 09 (CIMAC).- Organizaciones analizaron la presentación de México en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) durante la evaluación denominada Examen Periódico Universal (EPU) y coincidieron en que hay una fuerte imagen del país como defensor de los derechos humanos en el mundo, misma que no coincide con la realidad local.
Durante el Foro Derechos Humanos “El Estado mexicano en la Mira de la ONU”, Madeleine Penman, coordinadora del área de Relaciones Internacionales del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, sostuvo en entrevista que existe “una especie de esquizofrenia” sobre lo que dice y se hace en México en materia de derechos humanos.
Recalcó que durante la evaluación, los países miembros del Consejo que durante tres horas aplicaron el EPU a México, cuestionaron los diversos temas que planteó el Estado mexicano porque existe una percepción sobre la situación que viven las personas en este país, sin embargo, “prevaleció la diplomacia de la ONU”.
Recalcó que uno de los cuestionamientos hechos por los países se refirió a la presencia de elementos del Ejército en las calles del país –estimado en unos 45 mil soldados cada día—lo que según datos de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha favorecido el incremento de violaciones a los derechos de las personas.
Madeleine Penman indicó también se cuestionó a México por el privilegio que tienen los militares mexicanos de ser “juzgados” por tribunales militares y no por la justicia ordinaria. En ese sentido, se ejemplifica la contradicción sobre el avance en derechos humanos que presentó México y por lo que la sociedad civil espera recomendaciones, mismas que podrán ser aceptadas, rechazadas o pospuestas por el gobierno mexicano.
También en entrevista, Ana María Hernández Cárdenas, de Consorcio para el Diálogo Parlamentaria y la Equidad Oaxaca, AC, consideró que el informe oficial no responde a los puntos centrales o “focos rojos” que persiste en el país, como el feminicidio que se centró sólo en Ciudad Juárez.
En México, añadió la activista, hay una persistencia en la impunidad ante la falta de justicia en los casos de Oaxaca y Atenco, éste último donde se reportaron violaciones sexuales contra mujeres.
A su vez, Daniel Tapia de la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia en México, también se refirió a los cuestionamientos de los otros países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, “en suma, el Estado mexicano le echó la culpa al problema del crimen organizado, parte de la política virtual que se ejerce en este país”.
El Foro de Derechos Humanos presentó parte de la presentación hecha por los funcionarios mexicanos encabezados por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, discurso “virtual” que generó indignación y, en ocasiones, risa entre los asistentes.
09/SJE/GG
Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
Oaxaca, Oax., 12 febrero 09 (CIMAC).- Organizaciones analizaron la presentación de México en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) durante la evaluación denominada Examen Periódico Universal (EPU) y coincidieron en que hay una fuerte imagen del país como defensor de los derechos humanos en el mundo, misma que no coincide con la realidad local.
Durante el Foro Derechos Humanos “El Estado mexicano en la Mira de la ONU”, Madeleine Penman, coordinadora del área de Relaciones Internacionales del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, sostuvo en entrevista que existe “una especie de esquizofrenia” sobre lo que dice y se hace en México en materia de derechos humanos.
Recalcó que durante la evaluación, los países miembros del Consejo que durante tres horas aplicaron el EPU a México, cuestionaron los diversos temas que planteó el Estado mexicano porque existe una percepción sobre la situación que viven las personas en este país, sin embargo, “prevaleció la diplomacia de la ONU”.
Recalcó que uno de los cuestionamientos hechos por los países se refirió a la presencia de elementos del Ejército en las calles del país –estimado en unos 45 mil soldados cada día—lo que según datos de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha favorecido el incremento de violaciones a los derechos de las personas.
Madeleine Penman indicó también se cuestionó a México por el privilegio que tienen los militares mexicanos de ser “juzgados” por tribunales militares y no por la justicia ordinaria. En ese sentido, se ejemplifica la contradicción sobre el avance en derechos humanos que presentó México y por lo que la sociedad civil espera recomendaciones, mismas que podrán ser aceptadas, rechazadas o pospuestas por el gobierno mexicano.
También en entrevista, Ana María Hernández Cárdenas, de Consorcio para el Diálogo Parlamentaria y la Equidad Oaxaca, AC, consideró que el informe oficial no responde a los puntos centrales o “focos rojos” que persiste en el país, como el feminicidio que se centró sólo en Ciudad Juárez.
En México, añadió la activista, hay una persistencia en la impunidad ante la falta de justicia en los casos de Oaxaca y Atenco, éste último donde se reportaron violaciones sexuales contra mujeres.
A su vez, Daniel Tapia de la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia en México, también se refirió a los cuestionamientos de los otros países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, “en suma, el Estado mexicano le echó la culpa al problema del crimen organizado, parte de la política virtual que se ejerce en este país”.
El Foro de Derechos Humanos presentó parte de la presentación hecha por los funcionarios mexicanos encabezados por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, discurso “virtual” que generó indignación y, en ocasiones, risa entre los asistentes.
09/SJE/GG
Toleró y minimizó feminicidio en Chihuahua
Repudia OSC nombramiento de Barrio Terrazas como embajador
De la redacción
México DF, 12 febrero 09 (CIMAC).- La organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa manifestó en un comunicado su repudio por el nombramiento de Francisco Barrio Terrazas como embajador de México en Canadá, pues durante su gestión “toleró y minimizó el feminicidio en Ciudad Juárez”. No permitan --señala en un comunicado la asociación de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez-- que Canadá, siendo un país modelo y cuya cultura se basa en el respeto a los derechos humanos y la plena legalidad, cobije a un personaje que toleró la matanza y violaciones de mujeres y niñas con la mayor crueldad e intensas torturas, y que propició con ello que se asentara la impunidad y se perdiera el Estado de derecho en una comunidad de gente trabajadora que pagó muy alto el precio de venir a vivir a la frontera mexicana. Francisco Barrio Terrazas fue gobernador del estado más grande la República Mexicana: Chihuahua, de 1992 a 1998, cuando Ciudad Juárez se daba a conocer como el lugar donde se asesinaba de la manera más cruel y brutal a jóvenes mujeres, sin investigaciones concluyentes y cuyos crímenes a la fecha continúan y permanecen impunes.
Este personaje, señala el comunicado, se caracterizó por culpar a las mujeres de sus propias tragedias argumentando que vestían de manera provocativa e iban solas por la calle, y hasta llegó a asegurar que las víctimas llevaban una doble vida. Barrio declaró que durante su gestión fueron asesinadas "solamente" 80 mujeres y se justificó al comparar la situación con otros estados de México.
Durante la administración de Barrio Terrazas, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en el estado, como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, relacionaron estos asesinatos con el crimen organizado, identificando un patrón de secuestro y homicidio, así como determinado tipo físico y socioeconómico de las víctimas.
De igual manera, expresa Nuestras Hijas de Regreso a Casa, se conoce que entre las razones por las que Barrio Terrazas aceptó la Embajada en Canadá arguyó la inseguridad que se vive en el estado de Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez, donde reside con su familia, lo cual fue cuestionado por diputados miembros del Partido de la Revolución Democrática, refiera Wikipedia.
En otros espacios de su carrera política siempre se le criticó su mal desempeño y su tibieza para enfrentar y resolver los problemas, y la cadena de mentiras que públicamente construyó, afirma el comunicado.
Los feminicidios en Ciudad Juárez aumentaron alarmantemente en 1993, cuando Barrio Terrazas gobernaba la entidad, pero él poco hizo para enfrentar un problema que a la fecha continúa, y que de haber actuado en su momento, estos terribles asesinatos donde los puntos coincidentes son la tortura y las mutilaciones, así como las violaciones tumultuarias, todo por personas ajenas a la víctima, se hubieran evitado en lo sucesivo.
Francisco Barrio también fue presidente municipal de Ciudad Juárez en el trienio 1983-1986, cuando rechazó integrar una fiscalía especial para investigar los crímenes, porque consideraba innecesarias esas instancias.
En 1997, un año antes de que dejara la gubernatura, ocurrieron 27 asesinatos más. Las presiones sociales lo obligaron a crear una fiscalía en 1998, y nombró a María Antonieta Esparza como su titular.
Pocos meses antes de abandonar el gobierno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al respecto, en la que señalaba por primera vez la impunidad y la deficiencia en las investigaciones. Al entonces gobernador Francisco Barrio no le interesaron las recomendaciones de la CNDH sobre los feminicidios, como reportó La Jornada, el 5 de junio de 2005.
Su desacierto al no aceptar y enfrentar la grave situación de inseguridad que se padecía en Ciudad Juárez provocó que el tema se convirtiera en un verdadero obstáculo para su aspiración presidencial en 2006, asegura el texto.
Los feminicidios en Ciudad Juárez han llegado a tal magnitud, concluye el texto, que el año anterior rebasaron la cifra de 130 crímenes violentos contra mujeres. Y en enero de 2009 la suma de desaparecidas con perfil de alto riesgo son cinco, y una el dos de febrero.
09/GG
Repudia OSC nombramiento de Barrio Terrazas como embajador
De la redacción
México DF, 12 febrero 09 (CIMAC).- La organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa manifestó en un comunicado su repudio por el nombramiento de Francisco Barrio Terrazas como embajador de México en Canadá, pues durante su gestión “toleró y minimizó el feminicidio en Ciudad Juárez”. No permitan --señala en un comunicado la asociación de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez-- que Canadá, siendo un país modelo y cuya cultura se basa en el respeto a los derechos humanos y la plena legalidad, cobije a un personaje que toleró la matanza y violaciones de mujeres y niñas con la mayor crueldad e intensas torturas, y que propició con ello que se asentara la impunidad y se perdiera el Estado de derecho en una comunidad de gente trabajadora que pagó muy alto el precio de venir a vivir a la frontera mexicana. Francisco Barrio Terrazas fue gobernador del estado más grande la República Mexicana: Chihuahua, de 1992 a 1998, cuando Ciudad Juárez se daba a conocer como el lugar donde se asesinaba de la manera más cruel y brutal a jóvenes mujeres, sin investigaciones concluyentes y cuyos crímenes a la fecha continúan y permanecen impunes.
Este personaje, señala el comunicado, se caracterizó por culpar a las mujeres de sus propias tragedias argumentando que vestían de manera provocativa e iban solas por la calle, y hasta llegó a asegurar que las víctimas llevaban una doble vida. Barrio declaró que durante su gestión fueron asesinadas "solamente" 80 mujeres y se justificó al comparar la situación con otros estados de México.
Durante la administración de Barrio Terrazas, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en el estado, como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, relacionaron estos asesinatos con el crimen organizado, identificando un patrón de secuestro y homicidio, así como determinado tipo físico y socioeconómico de las víctimas.
De igual manera, expresa Nuestras Hijas de Regreso a Casa, se conoce que entre las razones por las que Barrio Terrazas aceptó la Embajada en Canadá arguyó la inseguridad que se vive en el estado de Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez, donde reside con su familia, lo cual fue cuestionado por diputados miembros del Partido de la Revolución Democrática, refiera Wikipedia.
En otros espacios de su carrera política siempre se le criticó su mal desempeño y su tibieza para enfrentar y resolver los problemas, y la cadena de mentiras que públicamente construyó, afirma el comunicado.
Los feminicidios en Ciudad Juárez aumentaron alarmantemente en 1993, cuando Barrio Terrazas gobernaba la entidad, pero él poco hizo para enfrentar un problema que a la fecha continúa, y que de haber actuado en su momento, estos terribles asesinatos donde los puntos coincidentes son la tortura y las mutilaciones, así como las violaciones tumultuarias, todo por personas ajenas a la víctima, se hubieran evitado en lo sucesivo.
Francisco Barrio también fue presidente municipal de Ciudad Juárez en el trienio 1983-1986, cuando rechazó integrar una fiscalía especial para investigar los crímenes, porque consideraba innecesarias esas instancias.
En 1997, un año antes de que dejara la gubernatura, ocurrieron 27 asesinatos más. Las presiones sociales lo obligaron a crear una fiscalía en 1998, y nombró a María Antonieta Esparza como su titular.
Pocos meses antes de abandonar el gobierno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al respecto, en la que señalaba por primera vez la impunidad y la deficiencia en las investigaciones. Al entonces gobernador Francisco Barrio no le interesaron las recomendaciones de la CNDH sobre los feminicidios, como reportó La Jornada, el 5 de junio de 2005.
Su desacierto al no aceptar y enfrentar la grave situación de inseguridad que se padecía en Ciudad Juárez provocó que el tema se convirtiera en un verdadero obstáculo para su aspiración presidencial en 2006, asegura el texto.
Los feminicidios en Ciudad Juárez han llegado a tal magnitud, concluye el texto, que el año anterior rebasaron la cifra de 130 crímenes violentos contra mujeres. Y en enero de 2009 la suma de desaparecidas con perfil de alto riesgo son cinco, y una el dos de febrero.
09/GG
Elementos del Ejército Mexicano allanaron su casa
Agresión a periodista Tomy Vidales en Cd. Juárez llegará a AI
Por Dora Villalobos Mendoza/corresponsal
Cd. Juárez, Chih., 11 febrero 09 (CIMAC).- La queja por el allanamiento a la casa de Tomy Vidales, reportera del Canal 5 de Televisión de Ciudad Juárez llegará a Amnistía Internacional, advirtió Víctor Quintana, diputado del Partido de la Revolución Democráctia (PRD) en Chihuahua.
La interrogante es si este atentado que cometieron elementos del Ejército Mexicano contra la periodista está relacionado con la agresión que sufrió poco antes un camarógrafo del mismo canal por parte de tres policías municipales. O bien, sólo se trata del recrudecimiento que están sufriendo trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación en Chihuahua por parte de diferentes autoridades.
El allanamiento a la casa de Tomy, en la colonia La Chaveña, ocurrió el 4 de febrero pasado. El camarógrafo Julio Gómez sufrió la agresión el 23 de enero.
Afortunadamente Tomy no se encontraba en su domicilio cuando llegaron los elementos del Ejército Nacional, quienes hicieron destrozos y se llevaron material de diverso valor.
El diputado Víctor Quintana condenó el hecho y advirtió que elevará la queja hasta Amnistía Internacional.
“No es posible que en menos de seis meses hayan asesinado a dos periodistas en Chihuahua y se hayan perpetrado varios actos de amedrentamiento”, señaló y cuestionó que el Ejército sea muy eficaz atropellando a reporteras y, en cambio, no sea capaz de acabar con el crimen organizado en otros municipios, como Namiquipa.
La agresión que sufrió el camarógrafo Julio Gómez, también del Canal 5, ocurrió cuando filmaba una movilización policíaca en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Juárez. Policías municipales le quitaron la cámara, lo agredieron y lo sacaron del lugar.
Días después, la Presidencia Municipal informó en un comunicado oficial que suspendió a los policías, dos hombres y una mujer, que agredieron al camarógrafo.
Según el boletín, Asuntos Internos investigó el caso y estableció presunta responsabilidad contra los policías Abisai Vázquez González, José Fernando Delgado Torres y Elsa García Ochoa.
Abisai Vázquez González aparece como presunto responsable del jaloneo al camarógrafo, con lo cual provocó la caída de la cámara de video, mientras que a Elsa García se le atribuyen faltas contra la ciudadanía al dirigirse con palabras altisonantes, en tanto que a José Delgado se le sigue el proceso por la agresión física al periodista.
09/DVM/GG
Agresión a periodista Tomy Vidales en Cd. Juárez llegará a AI
Por Dora Villalobos Mendoza/corresponsal
Cd. Juárez, Chih., 11 febrero 09 (CIMAC).- La queja por el allanamiento a la casa de Tomy Vidales, reportera del Canal 5 de Televisión de Ciudad Juárez llegará a Amnistía Internacional, advirtió Víctor Quintana, diputado del Partido de la Revolución Democráctia (PRD) en Chihuahua.
La interrogante es si este atentado que cometieron elementos del Ejército Mexicano contra la periodista está relacionado con la agresión que sufrió poco antes un camarógrafo del mismo canal por parte de tres policías municipales. O bien, sólo se trata del recrudecimiento que están sufriendo trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación en Chihuahua por parte de diferentes autoridades.
El allanamiento a la casa de Tomy, en la colonia La Chaveña, ocurrió el 4 de febrero pasado. El camarógrafo Julio Gómez sufrió la agresión el 23 de enero.
Afortunadamente Tomy no se encontraba en su domicilio cuando llegaron los elementos del Ejército Nacional, quienes hicieron destrozos y se llevaron material de diverso valor.
El diputado Víctor Quintana condenó el hecho y advirtió que elevará la queja hasta Amnistía Internacional.
“No es posible que en menos de seis meses hayan asesinado a dos periodistas en Chihuahua y se hayan perpetrado varios actos de amedrentamiento”, señaló y cuestionó que el Ejército sea muy eficaz atropellando a reporteras y, en cambio, no sea capaz de acabar con el crimen organizado en otros municipios, como Namiquipa.
La agresión que sufrió el camarógrafo Julio Gómez, también del Canal 5, ocurrió cuando filmaba una movilización policíaca en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Juárez. Policías municipales le quitaron la cámara, lo agredieron y lo sacaron del lugar.
Días después, la Presidencia Municipal informó en un comunicado oficial que suspendió a los policías, dos hombres y una mujer, que agredieron al camarógrafo.
Según el boletín, Asuntos Internos investigó el caso y estableció presunta responsabilidad contra los policías Abisai Vázquez González, José Fernando Delgado Torres y Elsa García Ochoa.
Abisai Vázquez González aparece como presunto responsable del jaloneo al camarógrafo, con lo cual provocó la caída de la cámara de video, mientras que a Elsa García se le atribuyen faltas contra la ciudadanía al dirigirse con palabras altisonantes, en tanto que a José Delgado se le sigue el proceso por la agresión física al periodista.
09/DVM/GG
En Ciudad Juárez
Casa Amiga, 10 años contra la violencia hacia las mujeres
Por Dora Villalobos Mendoza/corresponsal
Cd. Juárez Chih., 11 febrero 09 (CIMAC).- “Tiene que terminar la violencia contra las mujeres, la tenemos que erradicar”, enfatizó Esther Chávez Cano, directora de Casa Amiga Centro de Crisis AC, durante la ceremonia que se llevó a cabo aquí para celebrar los diez años de vida de esta institución social.
La destacada feminista agradeció a las 22 colaboradoras y colaboradores que laboran en Casa Amiga, a los organismos financieros, a las instituciones gubernamentales y a las organizaciones de la sociedad civil todo el apoyo que han brindado durante estos diez años.
Son 420 mil personas las que ha atendido Casa Amiga durante una década de enorme trabajo, ya sea de manera directa o a través de los mensajes que brinda en distintos cursos de capacitación y prevención.
De esa cantidad, más de cien mil personas, la mayoría mujeres, han sido atendidas de manera directa.
Entre los asistentes estuvieron Víctor Valencia, representante del Gobierno del estado en esta frontera; Rodolfo Gámez, en representación de la Presidencia Municipal; Reymond McGrath, cónsul de Estados Unidos; Sergio Cabada, presidente del Consejo de Casa Amiga; Irma Campos, dirigente del Grupo 8 de Marzo en la ciudad de Chihuahua; Luisa Camberos, directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer; José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Karla Tarango, representante de la Fechac en Juárez; y Teresa Medina, coordinadora de la Fiscalía Especial de la PGR en Juárez.
Chávez Cano hizo una remembranza del camino que ha recorrido ella y sus colaboradoras durante estos diez años en Casa Amiga.
Recordó que Casa Amiga es una asociación civil, no lucrativa, de carácter no gubernamental y sin afiliación ideológica o religiosa, integrada por un equipo de profesionales, comprometidos y comprometidas por el fomento de una cultura de respeto total a la integridad física, emocional y espiritual de las personas.
Resaltó que Casa Amiga ayuda especialmente a mujeres, niñas y niños de la comunidad para que puedan lograr el desarrollo pleno de sus potencialidades humanas.
La tarea de Casa Amiga se centra fundamentalmente en diseñar, desarrollar e implementar acciones de tipo preventivo, interventivo y de extensión psicológica, legal y médica a las personas que viven situaciones de violencia en todas sus manifestaciones, así como a sus familias.
Para esa población se ofrecen los siguientes servicios de manera gratuita y confidencial: asesoría psicológica y legal, prevención y trabajo social.
Chávez Cano recordó que los antecedentes de Casa Amiga se remontan hasta 1992, cuando constituyeron el Grupo 8 de Marzo de Ciudad Juárez.
El Grupo 8 de Marzo, junto con la División de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Comité Independiente de Chihuahua de los Derechos Humanos, empezó a registrar notas periodísticas de los crímenes de mujeres en esta frontera en 1993.
Posteriormente se formó la Coordinadora de Organismos no Gubernamentales, con la misión de defender la seguridad e integridad de las mujeres.
En noviembre de 1988 rentaron una casa y empezaron a llegar las víctimas en busca de apoyo. El centro se inauguró oficialmente el 9 de febrero de 1999, con apoyos de Border Fund, Laurie Paternoster y Turot de Whataburger.
09/DVM/GG
Casa Amiga, 10 años contra la violencia hacia las mujeres
Por Dora Villalobos Mendoza/corresponsal
Cd. Juárez Chih., 11 febrero 09 (CIMAC).- “Tiene que terminar la violencia contra las mujeres, la tenemos que erradicar”, enfatizó Esther Chávez Cano, directora de Casa Amiga Centro de Crisis AC, durante la ceremonia que se llevó a cabo aquí para celebrar los diez años de vida de esta institución social.
La destacada feminista agradeció a las 22 colaboradoras y colaboradores que laboran en Casa Amiga, a los organismos financieros, a las instituciones gubernamentales y a las organizaciones de la sociedad civil todo el apoyo que han brindado durante estos diez años.
Son 420 mil personas las que ha atendido Casa Amiga durante una década de enorme trabajo, ya sea de manera directa o a través de los mensajes que brinda en distintos cursos de capacitación y prevención.
De esa cantidad, más de cien mil personas, la mayoría mujeres, han sido atendidas de manera directa.
Entre los asistentes estuvieron Víctor Valencia, representante del Gobierno del estado en esta frontera; Rodolfo Gámez, en representación de la Presidencia Municipal; Reymond McGrath, cónsul de Estados Unidos; Sergio Cabada, presidente del Consejo de Casa Amiga; Irma Campos, dirigente del Grupo 8 de Marzo en la ciudad de Chihuahua; Luisa Camberos, directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer; José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Karla Tarango, representante de la Fechac en Juárez; y Teresa Medina, coordinadora de la Fiscalía Especial de la PGR en Juárez.
Chávez Cano hizo una remembranza del camino que ha recorrido ella y sus colaboradoras durante estos diez años en Casa Amiga.
Recordó que Casa Amiga es una asociación civil, no lucrativa, de carácter no gubernamental y sin afiliación ideológica o religiosa, integrada por un equipo de profesionales, comprometidos y comprometidas por el fomento de una cultura de respeto total a la integridad física, emocional y espiritual de las personas.
Resaltó que Casa Amiga ayuda especialmente a mujeres, niñas y niños de la comunidad para que puedan lograr el desarrollo pleno de sus potencialidades humanas.
La tarea de Casa Amiga se centra fundamentalmente en diseñar, desarrollar e implementar acciones de tipo preventivo, interventivo y de extensión psicológica, legal y médica a las personas que viven situaciones de violencia en todas sus manifestaciones, así como a sus familias.
Para esa población se ofrecen los siguientes servicios de manera gratuita y confidencial: asesoría psicológica y legal, prevención y trabajo social.
Chávez Cano recordó que los antecedentes de Casa Amiga se remontan hasta 1992, cuando constituyeron el Grupo 8 de Marzo de Ciudad Juárez.
El Grupo 8 de Marzo, junto con la División de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Comité Independiente de Chihuahua de los Derechos Humanos, empezó a registrar notas periodísticas de los crímenes de mujeres en esta frontera en 1993.
Posteriormente se formó la Coordinadora de Organismos no Gubernamentales, con la misión de defender la seguridad e integridad de las mujeres.
En noviembre de 1988 rentaron una casa y empezaron a llegar las víctimas en busca de apoyo. El centro se inauguró oficialmente el 9 de febrero de 1999, con apoyos de Border Fund, Laurie Paternoster y Turot de Whataburger.
09/DVM/GG
Propone CDHDF
NOM-046 debe retomar compromisos del Estado sobre DH de las mujeres
De la redacción
México, DF, 11 febrero 09 (CIMAC).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) espera que la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención retome los compromisos nacionales y los instrumentos internacionales signados por el Estado Mexicano en materia de protección de los derechos de la mujer.
Señaló la CDHDF a través de un comunicado que la Secretaría de Salud, como órgano del Estado, tiene la obligación de respetar y de garantizar los derechos humanos de las personas. En particular, la elaboración de esta Norma es una oportunidad para que tal dependencia federal homologue y armonice la normatividad interna con los estándares de progresividad más favorables protectores de la persona, de acuerdo con el principio pro persona.
La CDHDF, dice el texto, ha seguido el proceso de actualización de la NOM 046 y señala que el proyecto final de la misma (de junio de 2008) hace referencia a normas oficiales internas y compromisos internacionales en materia de eliminación y erradicación de violencia contra la mujer, tales como Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar las Violencia contra la Mujer (Convención “Belem Do Pará), así como otras conferencias internacionales en las que ha participado el Estado Mexicano.
REVISIÓBN A FONDO
Sin embargo, estima la CDHDF que uno de los retos del proyecto final de tal Norma tiene que ver con una revisión a fondo de los distintos apartados que la conforman.
En tal sentido, se deberá prestar especial atención a los apartados de definiciones, así como a las distintas obligaciones en la prestación de servicios de concepción de emergencia inmediata y hasta 120 horas después del evento, prevención de infecciones y enfermedades de transmisión sexual y de interrupción legal del embarazo (ILE), emitiendo lineamientos específicos para la prestación de los servicios relacionados con la ILE en cada entidad federativa.
Asimismo, afirma que será importante garantizar que se brinde información completa conforme a la NOM-005-SSA2-1993 vigente de los Servicios de Planificación familiar, a fin de que la usuaria tome una decisión libre e informada.
Así como prevenir infecciones de transmisión sexual a través de la quimioprofilaxis y de acuerdo a la evaluación de riesgo; prescribir la profilaxis contra VIH/SIDA de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Salud y la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control de la Infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana, tomando en cuenta la percepción de riesgo de la usuaria o el usuario.
Las instituciones deben garantizar el tratamiento post exposición, que es a base de medicamentos retrovirales, antes de 72 horas de surgido el evento y durante 28 días.
Finamente, las instituciones de salud deberán contar con prestadores de servicio capacitados en procedimientos médico-quirúrgicos, en aborto médico, interrupción de embarazo, no objetores de conciencia o en su defecto referir de inmediato a la usuaria a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con las instalaciones que garanticen la calidad de la atención.
09/GG
NOM-046 debe retomar compromisos del Estado sobre DH de las mujeres
De la redacción
México, DF, 11 febrero 09 (CIMAC).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) espera que la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención retome los compromisos nacionales y los instrumentos internacionales signados por el Estado Mexicano en materia de protección de los derechos de la mujer.
Señaló la CDHDF a través de un comunicado que la Secretaría de Salud, como órgano del Estado, tiene la obligación de respetar y de garantizar los derechos humanos de las personas. En particular, la elaboración de esta Norma es una oportunidad para que tal dependencia federal homologue y armonice la normatividad interna con los estándares de progresividad más favorables protectores de la persona, de acuerdo con el principio pro persona.
La CDHDF, dice el texto, ha seguido el proceso de actualización de la NOM 046 y señala que el proyecto final de la misma (de junio de 2008) hace referencia a normas oficiales internas y compromisos internacionales en materia de eliminación y erradicación de violencia contra la mujer, tales como Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar las Violencia contra la Mujer (Convención “Belem Do Pará), así como otras conferencias internacionales en las que ha participado el Estado Mexicano.
REVISIÓBN A FONDO
Sin embargo, estima la CDHDF que uno de los retos del proyecto final de tal Norma tiene que ver con una revisión a fondo de los distintos apartados que la conforman.
En tal sentido, se deberá prestar especial atención a los apartados de definiciones, así como a las distintas obligaciones en la prestación de servicios de concepción de emergencia inmediata y hasta 120 horas después del evento, prevención de infecciones y enfermedades de transmisión sexual y de interrupción legal del embarazo (ILE), emitiendo lineamientos específicos para la prestación de los servicios relacionados con la ILE en cada entidad federativa.
Asimismo, afirma que será importante garantizar que se brinde información completa conforme a la NOM-005-SSA2-1993 vigente de los Servicios de Planificación familiar, a fin de que la usuaria tome una decisión libre e informada.
Así como prevenir infecciones de transmisión sexual a través de la quimioprofilaxis y de acuerdo a la evaluación de riesgo; prescribir la profilaxis contra VIH/SIDA de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Salud y la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control de la Infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana, tomando en cuenta la percepción de riesgo de la usuaria o el usuario.
Las instituciones deben garantizar el tratamiento post exposición, que es a base de medicamentos retrovirales, antes de 72 horas de surgido el evento y durante 28 días.
Finamente, las instituciones de salud deberán contar con prestadores de servicio capacitados en procedimientos médico-quirúrgicos, en aborto médico, interrupción de embarazo, no objetores de conciencia o en su defecto referir de inmediato a la usuaria a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con las instalaciones que garanticen la calidad de la atención.
09/GG
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