Periodistas pal cafe.....

Astillero
Julio Hernández López

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ La Suprema, Corta de Justicia
■ Resolución Chimoltrufia
■ Atenco: salvar a Peña Nieto

El mundillo de los expedientes y las formalidades ha sido convertido en el caso Atenco en tapaojos de lujo por los miembros (con las sabidas excepciones de los ministros Genaro Góngora Pimentel y Ramón Cossío Díaz) de una Corte corta que se autodefine como Suprema en función de su lazo políticamente consanguíneo con lo superior, la elite, las altitudes del poder. Comedia de enredos en que ciertos personajes de vestimentas ceremoniales aparecen supuestamente sabios, ceñudos, solemnes e infranqueables, para recitar pasajes jurídicos varios y pre- sentar argumentos de supuesta convicción formal para convencer a una sociedad, justificadamente escéptica, de que los directamente responsables de la barbarie cometida en mayo de 2006 no son los jefes políticos y administrativos supremos, sino los mandos policiales incontrolados. La Doctrina Chimoltrufia emitida entre togas y maderas finas: como dicen los máximos jurisperitos oficiales que sí hubo violaciones graves a los derechos humanos, también dicen que no hay por qué llegar a niveles tan presidenciablemente altos, surcados por Quiques Gaviotones influyentes y pajarracos adjuntos, como el almirante Wilfrido Robledo o el entonces gran jefe Pefepo Ardelio Vargas (luego aparecido con igual aureola represiva en Oaxaca, quien ahora busca ser diputado priísta por la heroica Puebla del góber pernicioso).
Atenco es una dolorosa confirmación de que la realidad palpitante (incluso televisada) puede ser diluida en cuanto entra al proceso de falsificaciones institucionales llamado “justicia”. Centenares de ciudadanos mexicanos fueron víctimas de un excesivo uso de la fuerza pública y el saldo por todos conocido consistió en muertos, heridos, secuestrados, desaparecidos y perseguidos en su propio país (como América del Valle). Los días terribles de Atenco (no sólo los dos en que la Corte pretende centrar sus indagaciones, sino los posteriores; en realidad, hasta la fecha) significaron el terrible y escandaloso abatimiento del largamente cacareado estado de derecho: asesinatos, agresiones directas a personas indefensas, detenciones sin orden judicial ni flagrancia en la comisión de delitos, agresiones sexuales a mujeres, allanamiento de moradas, torturas y el encarcelamiento en centros de alta seguridad de los líderes del movimiento social y su penalización insostenible, con una sentencia cuya dimensión refleja el interés de castigar ejemplarmente a dirigentes no manipulables. Sentencia desproporcionada y dolorosamente irónica si se le contrasta con el diario deambular impune de las bandas de criminales extremos, con credenciales oficiales y sin ellas, que han sumido al país en un baño de sangre y han instalado una auténtica ley de la selva (el término fue usado ayer por el ministro Góngora), sin autoridad que valga, sin leyes que sean respetadas y sin justicia para nadie.

¿Estado de derecho, legalidad, justicia? Ayer mismo, para no ir tan lejos, fue baleada la casa del director del diario sinaloense El Debate de Guasave, Moisés García Castro, en una más de las acciones violentas contra el periodismo mexicano que se despliegan desde ese monstruo bicéfalo que forman el narcotráfico y el aparato policiaco-militar. De inmediato comenzó la farsa de las investigaciones (si el asunto creciera, hasta podría ser nombrada una comisión de la Suprema Corta de Vista, o Visible a partir de una Corta, para que indagara a fondo y emitiera algún proyecto de dictamen que luego los Hombres de Negro votarían para decir que sí, pero siempre no, o que sí hubo violaciones, pero tantitas y por culpa de mínimas ánimas anónimas). En Chihuahua, la capital de la entidad más dañada por la guerra oficial de reacomodo del negocio del narco, arrojaron un par de granadas, que no estallaron, a las oficinas de la subprocuraduría estatal de “justicia”. Todo en el contexto del profundo deterioro de esa institucionalidad caricatural, en la más completa colusión de gobernantes, funcionarios y presuntas fuerzas del orden con los grupos de criminalidades múltiples que compran, doblegan y, en caso de traición, exterminan a las instancias que deberían procurar o suministrar justicia.

Lágrimas y risas en el país llamado Estamos Hundidos Mexicanos, con el profeta del desastre redituable, Carlos Slim, que retoma la estafeta del catastrofismo, estigmatizada por el gerente general de Calderolandia, Felipe el Tristemente Optimista, y suelta dosis preventivas de realismo para que pueda ser entendida la gravísima dimensión de la crisis en curso, misma que irá más allá de los catarritos previstos por el antes alegre Carstens y de las pretensiones de falsa ecuanimidad e infantil fanfarronería de su jefe Calderón. En medio de la tempestad económica, el Poder Televisor de la Federación sigue vacilándose a quienes creen tener poder electoral, los muñequitos que los partidos impusieron como condicionados consejeros del IFE. Primero fue el exceso de propaganda, en paquete y en momentos intencionalmente seleccionados para causar irritación social; ahora fue la abstinencia contrastante. Primero todos, luego nada. El juego del gato programador con el ratón dizque regulador. Y, por si fuera poco, que dice el obispo de Celaya, Lázaro Pérez, que no es para tanto el argüende armado porque policías habían detenido a monjas y las habrían desnudado en Dolores Hidalgo. Tales abusos no merecen rechazo ni enojo de los jerarcas del rito que es mayoritario en México, pues las mujeres “son unas farsantes, ladronas y sinvergüenzas”; “sí son monjas, de algún modo, pero pertenecen a la congregación de monseñor Marcel Lefebvre, obispo tradicionalista”. En la ruda pelea por el mercado religioso, el poseedor de la franquicia católica en la tierra de las cajetas desdeña a la competencia, pues “pertenecen a un grupo sectario”. Y, mientras el general secretario Galván llama a la unidad nacional, ¡hasta mañana, con Calderón tratando de abrir las puertas de los fondos de crédito y ahorro del IMSS y el Infonavit para que el desempleo consuma desde ahora el de por sí maltrecho futuro!

Dinero
Enrique Galván Ochoa

galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://dinero.tv/
■ Slim: “no quiero ser catastrofista, pero…”
■ El desencanto de los poderosos
■ Plagio en la Ibero

Acaba de cumplir 69 años. Viudo desde hace una década ha sobrellevado delicada afección cardiaca. Tiene seis hijos, tres son varones, algunos reportes de prensa indican que dos han enfrentado problemas serios de salud. Debe resolver las complejidades de una herencia inmensa. Por otro lado, vive colmado de bienes materiales, cultiva relación con presidentes y líderes, intelectuales y artistas. Practica metódicamente la filantropía, pero la que se deduce de impuestos. Es un personaje interesante Carlos Slim. En el último año su imperio ha perdido algo de brillo: la joya de su corona, América Móvil, vio esfumarse dos terceras partes de su valor, aunque se ha recuperado. Ayer, en Nueva York, sus papeles se cotizaban en 30 dólares, bajaron de 70. Este día sus socios se enterarán de que disminuyen las ganancias de Telmex. Le regatean el permiso para su cadena de televisión, el calderonismo apapacha a Televisa, a la que se ha asociado el Fobaproa –¿Teleproa?– por conducto de Roberto Hernández. Es explicable que se sienta desencantado, frustrado, deprimido, y ayer rompió todo compromiso con la discreción que por mucho tiempo lo caracterizó y, salvado el preámbulo de “no quiero ser catastrofista”, pintó a brochazos gruesos, negros y grises, el desplome económico, financiero y social del país. “Van a quebrar las empresas, muchas chicas, medianas y grandes, van a cerrar los comercios, va a haber locales cerrados por todos lados, los inmuebles van a estar vacíos.” Y la ruina de los negocios se convertirá en un desempleo como no se ha registrado en los últimos 30 años.

El reparto del pastel

Sería tal vez una inelegancia de esta sección mencionar, ante el dramatismo del mensaje, que desde mucho tiempo atrás empresarios de todos tamaños –y sobre todo los jóvenes y con menos experiencia–, sufren la quiebra de sus negocios, ven cerrados sus locales, los inmuebles vacíos y desemplean a sus trabajadores, por la implacable competencia del grupo Slim. Hay dos temas en que le asiste la razón: el gobierno no debe usar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para recaudar dinero cuando no puede subir más los impuestos, porque los altos precios de los energéticos son nefastos para la economía. Tampoco debe seguir la bizantina discusión sobre si el PIB crecerá uno, cero o menos cero puntos. Lo importante es que se reparta el pastel, cualquiera que sea su tamaño, con un sentido de justicia. En ambos temas Slim puede dar ejemplos magníficos. Me gustaría que comenzara con los muchachos que atienden sus librerías Sanborns: ganan un salario mínimo y una mínima comisión, y lo peor es que las ventas están bajando.

Desencantados
¿Hubo una crítica velada de Slim a Calderón? No le gustan los catastrofismos al panista, quisiera que viéramos el panorama con algún optimismo, a pesar de los datos duros de la economía y la violencia. Los hombres del poder económico fueron quienes lo instalaron en Los Pinos, cada día son más los desencantados, pero tal vez hacen mal en lamentarse. La catástrofe de la que decían que andaban huyendo ya la tienen encima.

México SA
Carlos Fernández-Vega

cfvmexico_sa@hotmail.com

- mexicosa@infinitum.com.mx

■ Los mexicanos no tienen derecho a saber quiénes los atracan y por cuánto
■ Utilidades y especulación matan interés nacional

Cada día más abultada la factura por la carencia de un gobierno que cuide los intereses nacionales, el país de nueva cuenta paga por el asalto de un grupúsculo con suficiente poder para saquear las arcas públicas y mantenerse impune. No es la primera vez, ni será la última porque, según dicen, son “las reglas del juego”: muy pocos ganan todo y los demás lo pierden. Así de sencillo, así de autoritario.

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reiteró en Nueva York (6 de febrero) que “el interés de algunos grupos de inversionistas en tomar utilidades es lo que ha presionado la paridad del peso frente al dólar”. En octubre pasado, cuando comenzó el ataque contra la moneda nacional y el asalto a las reservas internacionales, el mismo personaje denunció que el gobierno mexicano detectó que “un grupo de empresas del país realizó operaciones especulativas para tener utilidades”, o lo que es lo mismo “el origen del ataque contra el peso”.
En aquella ocasión Carstens aseguró que “es un problema muy bien detectado, es un problema que no refleja debilidad macro, es un problema estrictamente de orden especulativo y nos vamos a cerciorar de que todos los procedimientos, todas las reglas que se debieron haber seguido, se siguieron… el gobierno va a ser sobre todo más enérgico en exigir que se cumplan las reglas de transparencia y de reporte por parte de los bancos y de las empresas listadas” (en bolsa). Sólo un nombre divulgó, antes que desde Los Pinos lo mandaran enmudecer: Controladora Comercial Mexicana (que preside Guillermo González Nova). Después, el silencio y una supuesta investigación que realizaría la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no sería de conocimiento público.

Pues bien. Exigir, lo que se llama exigir, el gobierno no ha exigido nada, y los resultados dan cuenta de ello. De energía, sólo la utilizada para intentar tomarle el pelo a los mexicanos, y de transparente ni la sonrisa con la que responde el secretario de Hacienda. Por el contrario, respeto irrestricto a la omertá característica en los funcionarios del sector financiero del gobierno federal, la misma que ha sido celosamente cumplida en casos como el Fobaproa, Ficorca, Tesobonos, “rescates”, “salvamentos”, “apoyos transitorios” y conexos en más de tres décadas de saqueos recientes.

Es inadmisible que los mexicanos ni siquiera tengan derecho a conocer quiénes los saquean y en qué medida. Ya que es un deporte legal (porque así lo decidieron Ejecutivo y Legislativo para favorecer al capital financiero) y el Consejo Coordinador Empresarial exige que no se generalice, entonces lo mínimo que se pide es fair play. Si no hay ley que lo impida, por qué el silencio. Si son las “reglas” del juego (utilidades y especulación matan interés nacional), por qué esconder a los atracadores.

Si se atiende lo dicho por Calderón y Carstens (como antes lo dijeron quienes ocuparon Los Pinos y Hacienda en las últimas tres décadas, es decir, seis inquilinos y 12 secretarios) los mexicanos están condenados a no saber quiénes son los especuladores, cómo se llaman, cuánto se comieron, cuánto costó darles gusto y, también, a no saber qué (no) hizo el gobierno para evitarlo, para frenarlos, para meterlos en cintura, para cuidar el interés nacional. Transparencia, pues, al estilo Carstens, para quien la crisis no es más que un “bache con agua”.
Por la vía de los hechos los mexicanos saben, sí, que sin forzar la puerta ni romper el candado abrieron la caja de las reservas internacionales; que el gobierno atendió magníficamente a los especuladores; que éstos no tienen llenadera; que una vez más la cotización del peso se fue al carajo; que las reservas “para eso están” (Calderón dixit); que son miles de millones de dólares que del sector público pasaron a ser propiedad del sector privado y muchas otras cosas, pero no cómo se llaman los comensales (el “grupo”) ni en qué medida los atendieron los meseros (el “gobierno”).

Sin duda alguna los especuladores deben ser los mismos (en algunos casos segunda y tercera generaciones, y en otros de banqueros nacionales y extranjeros) que atracaron las arcas nacionales cuando en 1976 se devaluó el peso tras 22 años de estabilidad cambiaria; idénticos saqueadores en depreciaciones subsecuentes, amén de participantes destacados en Ficorca, certificados de aportación patrimonial (CAP´s), reprivatizaciones, Tesobonos, Fobaproa, “rescates”, “salvamentos” y conexos que, por disposición gubernamental, han hecho de este país un verdadero paraíso para los atracadores.

Allá por octubre pasado, cuando comenzó el zarandeo cambiario, las organizaciones empresariales pedían que “en la venta de dólares (reservas internacionales) sólo participen aquellos que tengan vencimientos de deuda de corto plazo”, y en aquella ocasión preguntábamos: ¿por qué en este glorioso país de libre mercado y “responsabilidad” empresarial debe ser obligación del gobierno tapar los hoyos abiertos por el capital privado, pagar por sus excesos y gastar los dineros de la nación para que los barones se hinchen de utilidades? ¿Por qué el gobierno estaría obligado a garantizar dólares baratos para las empresas privadas que se endeudan y especulan, en ambos casos, se supone, por su cuenta y riesgo? Nadie sabe por qué, pero de que lo hace, lo hace, sin tener la cortesía de informar a la ciudadanía de a cómo y a quién.

En ese primer zarandeo de octubre, el día 10 para ser preciso, los especuladores se “comieron” poco más de 100 millones de dólares por minuto, a lo largo de una hora. Seis mil 400 millones de reservas internacionales, con el fin, decían, de “inyectar confianza”, erradicar el “nerviosismo” y “fortalecer” a la moneda nacional. En 13.30 (13 mil 300, en realidad) pesos por dólar concluyó ese día la jornada cambiaria. De entonces a la fecha se han “quemado” alrededor de 20 mil millones en reservas, para que el tipo de cambio ronde los 14.50 (14 mil 500) pesos por dólar. El gobierno no deja de sangrar las reservas y se niega a divulgar los nombres de los especuladores ¿Hasta dónde, hasta cuándo?

Las rebanadas del pastel

Nada nuevo que de tiempo atrás no haya dicho cualquier “catastrofista” de medio pelo y sin pedigrí. La diferencia es que la más reciente versión “catastrofista” de la economía mexicana la ofreció Carlos Slim ayer en el Senado de la República: “va a haber una caída importante del comercio internacional, va haber mucho desempleo como no se tenía noticias desde los 30, van a quebrar muchas empresas chicas, medianas y grandes, van a cerrar los comercios; será una situación delicada y habrá que estar preparados para enfrentarla, para que después no estemos llorando; no cabe duda que el PIB se va desplomar; no sabemos cuánto dure, pero será muy fuerte el efecto”… Y el devaluado cuan soporífero inquilino de Los Pinos con el mismo discurso y aferrado a utilizar “curitas” para combatir el cáncer económico.

Luis Hernández Navarro
Hostigamiento a las comunidades zapatistas

En Chiapas, el hostigamiento contra la comunidades zapatistas sigue una ruta precisa. Como si se tratara de una carrera de relevos, grupos campesinos ligados al gobierno del estado se alternan en diversas regiones para procurar desgastar la resistencia indígena. A lo largo y ancho de los territorios rebeldes, un ejército de siglas que hablan en nombre de los labriegos provocan regular y sistemáticamente a las bases de apoyo que rechazan tener trato con el gobierno.

En la provocación no hay tregua. Se trata de no dar respiro a quienes se han atrevido a construir la autonomía sin pedir permiso. Un día ocupan sus tierras, otro roban su café o su ganado, otro más rompen cercas, al siguiente destruyen los pequeños huertos en los que crece el aromático. Están al acecho del momento oportuno para emboscar rebeldes, para blandir el machete o disparar la resortera.

Un manto de impunidad protege a los agresores. La ley no es para ellos. Enfrentar campesinos contra campesinos e indígenas contra indígenas ha sido una práctica común del poder. Ellos son la herramienta para hacerla valer. Por sus servicios cobran mamando del presupuesto los recursos destinados al combate a la pobreza o al desarrollo agropecuario y, si tienen más suerte, ocupando algún cargo público.

Durante los años posteriores al levantamiento armado, la mayoría de las organizaciones mercenarias pertenecían a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Nómadas de la política, desde el año 2000 han cambiado de domicilio a la sede del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El sol azteca en Chiapas no es sólo el vehículo para hacer fraude contra los suyos y ungir como dirigente a Jesús Ortega, sino, también, es madriguera de paramilitares.
Uno de los últimos episodios de la guerra que no dice su nombre contra los zapatistas corre a cargo de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao). Mientras el EZLN celebraba en la ciudad de San Cristóbal el Festival de la Digna Rabia, integrantes de esta organización intentaron despojar a un grupo de indígenas zapatistas de un predio de 500 hectáreas ubicado en Bosque Bonito, en el municipio autónomo Che Guevara.

Su apuesta fue alta. Si lo que se quería hacer era deslegitimar a los zapatistas, la representación teatral no podía haber tenido un mejor momento. En una reunión internacional de alto nivel, frente a centenares de invitados de diversos países, con los reflectores de los medios de comunicación sobre ellos, la organización de caficultores se presentó como víctima, y “exhibió” a los rebeldes como una fuerza “cuestionada” por un grupo de indígenas. La provocación no fue una casualidad, ni un hecho que se “salió de control”. Fue algo programado.

La Orcao no siempre fue así. Durante varios años tuvo una estrecha relación con el zapatismo. Sin embargo, rompió este vínculo entre 1997 y 1999, y su dirección comenzó entonces a disputar la base social rebelde, con apoyos gubernamentales y cargos de representación popular de sus dirigentes. Con la llegada al gobierno del estado de Pablo Salazar, la ruptura se convirtió en conflicto creciente. En 2002 las agresiones de la organización de caficultores contra las bases zapatistas se identificaron dramáticamente.

La Orcao se formó en 1988, con 12 comunidades de Sibacjá, en el municipio de Ocosingo. Al poco tiempo se sumaron a ella otros poblados, hasta casi sumar 90. Sus demandas originales consistieron tanto en la búsqueda de mejores precios para el café (en 1989 se desplomaron drásticamente) como en la solución del rezago agrario. En 1992, en el contexto de la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, reivindicó la autodeterminación indígena, se opuso a la reforma al artículo 27 constitucional y exigió libertad, justicia y democracia.

Orcao forma parte de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) en Chiapas. Como ha sucedido a casi todas las organizaciones campesinas en el estado, nacionales y locales, las que integran Unorca sufren un imparable proceso de descomposición, dispersión y división internos. Orcao dirige a la Unorca en la entidad. Juan Vazquez, uno de sus principales líderes, es comisionado para la reconciliación en el gobierno de Juan Sabines. La organización tiene estrechos vínculos con esa administración. La mayoría de sus líderes forman parte del PRD.

En diciembre de 2007, el EZLN echó a andar un reparto agrario desde abajo, avalado por la Ley Agraria Zapatista. La medida respondía, en parte, a la decisión gubernamental de reconocer derechos sobre la tierra ocupada por los rebeldes a otros grupos campesinos. Con ello, la administración pública federal y la estatal sembraron la semilla de la discordia entre pobres. El 15 de mayo de 2008 los zapatistas informaron a la Orcao que delimitarían las tierras recuperadas en 1994 para cuantificarlas en hectáreas y distribuirlas. La respuesta de la organización de caficultores no se hizo esperar: rentó y vendió sus tierras, invadió predios de bases zapatistas, robó e hirió animales de sus adversarios, y agredió violentamente a la comunidades en rebeldía.

Los rebeldes no son la única asociación que tiene graves conflictos con la Orcao. La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), que nada tiene que ver con el EZLN, reclamó públicamente a Juan Sabines que “distintos funcionarios del gobierno que usted encabeza han solapado abusos, marrullerías, incumplimiento de acuerdos y constantes provocaciones cometidos por el hoy ex regidor de Ocosingo José Pérez Gómez y el grupo paramilitar enquistado en la Orcao que él mismo dirige, quienes pretenden cometer la vergonzosa injusticia de despojar de sus legítimos derechos ejidales a 10 indígenas tzeltales, que son compañeros nuestros de la OCEZ–FNLS”.

Lo sucedido en Bosque Bonito no fue un enfrentamiento, sino una agresión de la Orcao en contra de los zapatistas, una provocación en forma que no desbordó sus proporciones gracias a la prudencia rebelde.

René Drucker Colín
Catástrofes: ¡vaya que las hay!

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un estudiante universitario de Chile o Brasil tiene entre dos y cinco veces más oportunidades de las que tiene un joven en México de obtener una beca que le ayude a cubrir el monto de inscripción, cuotas, costos de manutención y transporte durante sus estudios de licenciatura o especialización, a pesar de que existen universidades mexicanas en las que los pagos son bajos o simbólicos, como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante los últimos años no se cumplió la meta del gobierno de Vicente Fox: otorgar, mediante el Programa Nacional de Becas (Pronabes), 300 mil apoyos a jóvenes inscritos en las universidades. Este incumplimiento representó un déficit de casi 100 mil becas. Por las becas otorgadas en el sexenio foxista para impedir el abandono de las aspiraciones de formación profesional de los jóvenes, México ocupa el lugar 23 de 27 países analizados en la OCDE, o sea, de entre los peores.

El mayor riesgo para el crecimiento del sistema universitario y del desarrollo está en aquellas entidades de muy alta marginación, como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que aún presentan rezagos por la baja ayuda financiera que consiguen para sus estudiantes y la baja inscripción de jóvenes en licenciaturas.

En los próximos años la deserción promedio de 40 por ciento entre la primaria y la secundaria, de un porcentaje equivalente que se agudiza en el bachillerato, impedirá que cualquier meta de entrega y apoyo a becarios pueda cumplirse.

De no crear una estrategia para aumentar las becas y disminuir la deserción, el peligro es que los alumnos no lleguen a la universidad, y uno de los compromisos de la administración actual, incorporar a 30 de cada 100 jóvenes a universidades para 2012, también se frustrará.
El análisis temático de la educación terciaria, en el que la OCDE evaluó la educación superior de nuestro país, registra que México destinaba 5.1 por ciento del gasto de las universidades públicas a este programa de becarios.

El equivalente de inversión en el sexenio anterior fue de 5 mil 980 millones de pesos, que se tradujo en becas para 6.85 por ciento en promedio de los inscritos en las universidades.
Con estos montos y el nivel de costo de vida en las regiones del país, el número de becas que se ofrecen es totalmente insuficiente, no sólo para cubrir los costos de manutención de los universitarios, sino también por el magro porcentaje de ellas que se ofrece.

La OCDE, por lo tanto, se propone revisar el actual sistema de financiamiento de las instituciones de educación superior, incluyendo la recomendación de incrementar las cuotas de las universidades públicas, lo cual es totalmente inaceptable, pero además no resuelve ni mínimamente el problema.

La OCDE propone crear un sistema de créditos que ponga a competir a las universidades públicas y privadas por los recursos que cada estudiante puede aportar con su inscripción, lo cual claramente denota ignorancia sobre la realidad nacional. En fin, todo el problema anterior no es catastrofismo; es, simplemente, una realidad que nos sirve para hacer un diagnóstico.
En educación, como en muchas otras áreas, el país está en el hoyo y esto sólo puede deberse a: 1) incompetencia gubernamental; 2) falta de atención; 3) corrupción. Seguro que es por la combinación de estos factores. Es una vergüenza, señores políticos; quizás menos palabras huecas en discursos inútiles y más acciones concretas ayudarían.

Y para el Instituto Federal Electoral, la democracia no es ir a votar, como dice su oligofrénico anuncio: la democracia es resolver los problemas que aquejan a la sociedad mexicana, como el que acabo de enunciar en este artículo, entre otros.

José Blanco/ I
Pasos hacia adelante

En medio del vendaval económico, es posible mirar, reportar, pasos extraordinariamente positivos que mostrarán sus bondades en el largo plazo. Me refiero a un programa para la educación superior de América Latina. Aunque en México sociedad y gobierno (los tres poderes) aún no toman decididamente en serio que la educación, la ciencia y la tecnología son la palanca fundamental del desarrollo en el futuro, es preciso insistir incansablemente en ello.
Hace probablemente un par de décadas, el chileno José Joaquín Brunner, sociólogo de la cultura y uno de los más reconocidos especialistas en materia de educación superior, reportó en una investigación de varios años algunos hallazgos del estudio de varios casos de reforma universitaria en América Latina, de alcance macro, como él mismo los llamó.

En algunos casos la reforma se originó en una decisión del gobierno (Venezuela cerró por varios años una importante universidad, para reabrirla con una nueva organización), o en una ley nacional –al estilo español–, en otros casos la reforma se originó en movimientos de profesores, o de estudiantes, o de ambos, o fue llevada a cabo por las propias autoridades universitarias. Con independencia del actor central que hubiere originado las reformas, éstas consistían en un cambio en las formas de gobierno, o en la forma en que se designa a sus autoridades unipersonales y colegiadas, o en la organización y reacomodo de escuelas, facultades, e institutos y centros de investigación, o en el aumento o la supresión de estas o aquellas funciones. Las reformas consistían en alguna combinación de los elementos enumerados o en todos ellos a la vez.

Las reformas macro daban como resultado, en lo fundamental, el cambio y redistribución del poder en el interior de la institución y un nuevo uso de los recursos financieros.
Pero, también con independencia del actor impulsor de las reformas, Brunner halló una desdichada constante: antes de la reforma y después de ella, lo que ocurría en el aula era (es) exactamente lo mismo: ahí nunca llegó la reforma. Y es el caso que el aula es el lugar y momento donde ocurre la vida académica por excelencia. La relación profesor-alumno siguió siendo la misma, con el profesor como actor principal de la enseñanza; el surgimiento de relaciones clientelares entre profesores y alumnos es común; el vicio de que quien enseña también evalúa el aprendizaje (lo que condiciona el hecho de que el alumno más que estar consciente de que lo debe aprender, pone su atención en responder a las expectativas del profesor); lo que se enseña proviene principalmente del conocimiento generado en los países desarrollados; las autoridades universitarias de cualquier nivel ignoran por completo qué es lo que sabe, en cada carrera, cada egresado, debido a que ignoran qué es exactamente lo que enseña cada profesor. Cada uno de ellos, en los hechos, tiene su programa de estudios, y suele serles indiferente cuáles puedan ser las relaciones que su programa tiene con el desconocido programa del resto de los profesores de una carrera.

La transparencia, que hoy se reclama para todos los espacios sociales, está aún lejos de llegar al aula. Y que llegue es de vital importancia. El país (cada país) requiere que su futuro se apoye en saberes específicos de los egresados de sus universidades, y la sociedad debe estar enterada, a través de las mediaciones ad hoc, qué es lo que ocurre en el aula y si ello es coherente con los requerimientos de los saberes necesarios del futuro de la sociedad.

No hablo sólo de México, hablo de América Latina, y lo dicho puede hacerse extensivo a gran diversidad de países del orbe. Siempre con excepcionalísimas excepciones.

Después de largos meses de evaluaciones por comités ad hoc de la Unión Europea, en diciembre pasado se llevó a cabo el lanzamiento del programa ALFA III, en Bruselas, Bélgica.
Redes de instituciones de educación superior (IES) desarrollarán 14 proyectos subvencionados por la Unión Europea. Uno de ellos lleva el nombre de Innova-Cesal y será coordinado por la Universidad Veracruzana (UV); un segundo proyecto ALFA III será coordinado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo de Santiago de Chile. Los otros 12 proyectos serán coordinados por universidades de Portugal, Italia, España, Austria, Alemania e Inglaterra, pero en todos los casos se trata de proyectos conjuntos de instituciones europeas y latinoamericanas para la implementación de reformas de fondo en las IES latinoamericanas.
Los socios de la UV –de acuerdo con las reglas de los proyectos ALFA– son: 1) Universidad de París, 2) Universidad de Costa Rica, 3) Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 4) Universidad del Rosario de Bogotá, 5) Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, 6) Instituto Superior Técnico, de Lisboa y 7) Instituto de Educación de la Universidad de Londres, con cien años de experiencia en el entrenamiento de profesores, y la institución de estudios superiores probablemente más prestigiada de Europa.

Se trata de un proyecto académico cuyo objetivo general es desarrollar, experimentar y sistematizar estrategias para la transformación de la educación superior en América Latina. Busca específicamente transformaciones de fondo en la formación, en la práctica pedagógica, en la estructura curricular: el trabajo a nivel del aula.

En mi próxima entrega daré información adicional de Innova-Cesal.

Pedro Miguel

Ratzinger contra Roma

navegaciones@yahoo.com

http://navegaciones.blogspot.com

Si los de la conspiración judeo-masónica existieran, estarían felices de ver a un pontífice que se la pasa dándole de patadas a la Iglesia. En cosa de una semana, Joseph Ratzinger involucró al Vaticano con los neonazis que niegan la realidad histórica del exterminio de judíos durante el Tercer Reich e hizo ronda con el impresentable Silvio Berlusconi en el afán por mantener de manera indefinida la tortura contra Eluana Englaro, la mujer italiana que permaneció 17 años en estado de muerte cerebral y que desde ayer, por fortuna, ha logrado descansar en paz.

En el primer caso, Ratzinger levantó la excomunión que pesaba contra el obispo fundamentalista Richard Williamson y contra otros integrantes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, establecida por el fallecido Marcel Lefèbre para dar cauce a la rebeldía tradicionalista ante el Concilio Vaticano II. Días antes del perdón papal, Williamson había porfiado en sostener que las cámaras de gas no existieron y que el número de hebreos asesinados en los campos de concentración de Hitler fue de entre 200 y 300 mil, y no de entre cinco y medio y seis millones, como lo indican los hechos. “El Holocausto sí existió”, se asustó El Vaticano, pero ya era tarde. Muchos católicos se sintieron violentados por la reincorporación a su Iglesia de un hombre que participa en los intentos de minimizar uno de los peores crímenes de la historia. Para diversas organizaciones judías, el perdón concedido a Williamson fue una bofetada: el Consejo Central de los Judíos en Alemania anunció la suspensión de sus relaciones con El Vaticano. Y otros, ni judíos ni católicos, se preguntan de qué puede servirle a Roma la reinserción de individuos como los obispos lefebvrianos, enfermos de odio hacia la modernidad, la verdad, la ciencia y la diversidad. Por lo demás, y aunque no tuviese nada que ver, en el momento presente no pasa inadvertido para nadie que la excomunión de Williamson fue decidida por Karol Wojtyla, un hombre que fue víctima de los nazis, y que ahora es revertida por Joseph Ratzinger, quien nunca ha pedido perdón por haber sido nazi.

En paralelo con este traspié que huele a retorno histórico, el cardenal Javier Lozano Barragán, del consejo pontificio de asuntos de salud, involucró al Vaticano en la causa horrenda del encarnizamiento contra pacientes sin esperanza. Berlusconi había visto, en la perpetuación del martirio de Eluana, la posibilidad de ganarle atribuciones a la jefatura de Estado y se lanzó a fondo en el atropello: “Esa mujer podría tener un hijo”, exclamó el mafioso, cuando el padre de la mujer parecía haber ganado la interminable batalla judicial para procurarle a su hija una muerte digna. Berlusconi recibió el respaldo inopinado del Vaticano, que por boca de Lozano Barragán calificó de “abominable asesinato” la interrupción de la vida artificial de lo que quedaba de Eluana. Ratzinger, con su aprobación tácita a los dichos del religioso mexicano, confirmó que su papado está en favor de lo que Giuseppe Englaro describió como “tortura inaudita” y “violencia inhumana”.
Si en cosa de una semana el Vaticano de Ratzinger ofendió a los judíos y a los enfermos terminales, en episodios anteriores, este Papa ha agraviado a las mujeres, a los protestantes, a los musulmanes, a los homosexuales, a los indígenas americanos y a los habitantes de Gaza, es de suponer, toda vez que, en las horas en que éstos eran masacrados sin asomo de piedad por un ejército asesino, les deseó “que Dios los bendiga con su consuelo, la paciencia y la paz que proceden de Él”.

Carente del sex appeal de su antecesor e incapaz de concitar el entusiasmo de las masas, de espaldas al mundo moderno y concentrado en la preservación del misterio de María, Ratzinger ha llevado a la Iglesia católica a un estado de languidez sin precedentes. Sus subordinados del Vaticano harían bien en considerar la sugerencia del teólogo Hans Küng y convencerlo para que renuncie al cargo.

Editorial
Desempleo e indolencia oficial

El empresario Carlos Slim afirmó ayer, durante su intervención en el foro México ante la crisis, realizado en el recinto legislativo de San Lázaro, que la economía del país “se va a desplomar” como consecuencia de la crisis financiera mundial, y anticipó el cierre de empresas “chicas, medianas y grandes”, así como un incremento en los niveles del desempleo “como no se tenía noticias desde los años 30”.

Lejos de encerrar una visión “catastrofista” o una “infundada profecía del desastre” –términos empleados por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, en su alocución del pasado jueves–, lo dicho ayer por Slim constituye, por desgracia, un pronóstico devastador, sí, pero realista y consecuente con el panorama que enfrenta la economía nacional. De hecho, las afirmaciones del empresario pueden cotejarse con los miles de casos de personas que han perdido su trabajo en los meses pasados, y con la problemática que enfrentan cientos de empresas –sobre todo medianas y pequeñas– ante el descenso en las ventas, el incremento en los costos de los insumos –incluidos aquellos cuyos precios están controlados por el Estado, como los combustibles– y la falta de crédito.

Las desalentadoras proyecciones oficiales en materia económica y la ausencia de signos visibles de recuperación hacen lógico suponer que a corto plazo el mercado laboral experimente contracciones aún mayores a las ya registradas y el consecuente empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Tal perspectiva, de por sí preocupante, es un factor de alarma adicional en un país afectado por rezagos sociales históricos –pobreza, hambre, marginación, carencias en educación y servicios de salud– y que padece los saldos de más de dos décadas de políticas neoliberales: contención salarial, derogación de prerrogativas laborales, cancelación de mecanismos de bienestar social, apertura indiscriminada de mercados, elementos que, en conjunto, redundan en innumerables historias de sufrimiento humano, incertidumbre y zozobra.

Los asertos de Slim, por añadidura, ponen en relieve la inacción y la falta de respuesta gubernamental ante la presente coyuntura económica. Si durante la mayor parte del año pasado el gobierno federal se caracterizó por asumir una postura despreocupada, evasiva y falta de realismo con respecto a los signos de la crisis, hoy las autoridades muestran una conducta por demás errática, inconsistente y hasta demagógica: baste mencionar, como botones de muestra, las propuestas de reforma a las leyes del IMSS y del Infonavit presentadas ayer por Calderón, con el supuesto fin de que los trabajadores puedan disponer de una mayor cantidad de dinero de sus cuentas para el retiro, medida que, a fin de cuentas, se limitaría a facilitar el acceso de los trabajadores a recursos que por ley les corresponden, que no implicaría una ayuda adicional para los asalariados y no contribuye ni poco ni mucho a paliar el desempleo.

Es inevitable contrastar la pasividad del gobierno calderonista con la urgencia con que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, impulsa desde hace semanas la aprobación de su plan de rescate, que prevé emplear una enorme suma de recursos públicos para reactivar la economía del vecino país. De manera significativa, el titular de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, manifestó ayer, en reunión con su par estadunidense, Timothy Geithner, que se mantendrá atento a las medidas económicas que adopte la administración de Obama. Más que seguir los esfuerzos de Obama con atención, se requiere que las autoridades mexicanas se decidan a idear y emprender un programa de urgencia para contener y revertir la recesión corriente; un programa que, sin copiar mecánicamente el que se busca implantar al norte del río Bravo, resulte análogo en profundidad y en trascendencia.

Como señaló ayer el propietario de Telmex, la solución ante la actual crisis económica pasa por “volcarse a la economía interna”, lo que significa reactivar el mercado dentro del país y adoptar medidas orientadas a la generación de empleo y a elevar el poder adquisitivo de la gente. Para ello es imprescindible, en primer lugar, que el grupo en el poder reconozca que el modelo económico vigente está agotado y que es urgente una transformación profunda de los preceptos rectores en materia de política económica, pues de no hacerlo así se corre el riesgo de que, a corto plazo, se presenten escenarios de tragedia económica y social mucho peores que los actuales.

Editorial EL UNIVERSAL

La crisis en primera fila

El empresario Carlos Slim augura un destino sombrío para el país: desplome del PIB, niveles de desempleo nunca antes vistos, quiebra de varias empresas. Justo el tipo de escenario que el presidente Felipe Calderón calificó hace unos días como “catastrofismo” sin fundamento. ¿Qué visión se acerca más a la realidad? Doce familias mexicanas en el norte, sur y centro del territorio nacional nos lo dirán a partir de hoy, a través de este periódico, en el transcurso de los meses que dure la crisis económica.

Hasta ahora, los medios de comunicación han difundido una interpretación de la crisis desde la voz de instituciones financieras o gubernamentales —Banco de México, empresas calificadoras, Secretaría de Hacienda, organizaciones de la iniciativa privada—, grupos e individuos que sin duda ofrecen información útil, pero no suficiente para entender por completo la profundidad del problema. Fríos datos de inflación, tipo de cambio, tasa de desempleo, pertenecientes al deshumanizado mundo de la macroeconomía.
La situación amerita un periodismo más cercano a las personas, que refleje con nombres y apellidos su acontecer diario, historias reales que muestren la supervivencia más allá de las generalidades. Testimonios que den cuenta del impacto —en un municipio rural mexicano, en una ciudad mediana o en la gran metrópoli— de un contexto surgido en los despachos de ejecutivos transnacionales.

Es por esa necesidad que EL UNIVERSAL seguirá durante al menos un año y medio la vida de 12 familias mexicanas cuyos integrantes nos dirán, mes con mes, cómo afecta la crisis económica mundial, por encima de sus propios bolsillos, su existencia cotidiana. Usted, a través del papel que sostiene en sus manos o de nuestra página en internet en la que navega, podrá conocer los perfiles de esas personas, la forma en que sortean la crisis e intercambiar las opiniones que tenga al respecto. Por medio de estas 12 familias la gran plaza pública que es EL UNIVERSAL trasladará los micrófonos y las grabadoras, tradicionalmente destinadas a los altos funcionarios, hacia quienes suelen ser sólo destinatarios de la información.

Gracias a las posibilidades de las nuevas tecnologías nuestra plataforma on-line desplegará al mismo tiempo videos, testimonios por escrito, fotografías, vías de interacción con el resto de los lectores y foros alrededor de las vivencias de los protagonistas.

Estamos conscientes de los límites del ejercicio, pues su valor es más antropológico que estadístico. Sabemos que no proporciona indicadores cuantitativos que dimensionen el tamaño del problema; sin embargo, sí complementa la deficiencia cualitativa de las encuestas y los análisis económicos. Es una premisa periodística básica que mientras más variados sean los ángulos en que se observe una realidad más precisa será la comprensión de dicho acontecimiento o proceso.

De manera paralela, y para no renunciar a conocer una percepción general de los mexicanos sobre la crisis, el diario mostrará también periódicamente estadísticas que validen o contrasten la visión de las familias presentadas en estas páginas y en pantalla. Así, dejaremos en manos del lector la posibilidad de cotejar percepciones individuales con la perspectiva más amplia y éstas, a su vez, con el discurso de las élites.
¿Qué tanto habremos de llorar, como dice Slim? Es una pregunta que toca responder a todos los mexicanos.

Enrique del Val

Modelo acabado

A raíz de la crisis mundial y las acciones que algunos países están tomando ante la desesperación por la pérdida de empleos y la reducción en el crecimiento, ha vuelto a surgir el dilema de la globalización, la apertura comercial y sus beneficios. Incluso ahora salen algunos trasnochados a hablar de “capitalismo bueno” y “capitalismo malo”, como si eso fuera posible; como si la norma del sistema no fuera la maximización de los beneficios por encima de los intereses del ser humano. Si no, que pregunten a los honorables banqueros de todo el mundo.

Las alarmas sonaron porque en el paquete de estímulos que se discute en el Congreso estadounidense había una cláusula que estipulaba que para recibir los beneficios había que comprar productos hechos en ese país. Ante las protestas mundiales la han modificado un poco, agregando que se debe cumplir con las obligaciones internacionales contraídas.

Pero lo que sucede va más allá de las disposiciones sujetas a la aprobación del Congreso estadounidense. Muchos países ya están tomando medidas proteccionistas. Por ejemplo, en Francia el presidente Sarkozy aclaró que las ayudas a su industria automotriz son para que se gasten en Francia; los indios cerraron la frontera a los juguetes chinos por varios meses; los rusos elevaron las tarifas arancelarias a los automóviles importados; en Inglaterra se ha presentado un grave caso de xenofobia: los trabajadores han realizado algunas huelgas locas aduciendo que los empleos británicos son para los nacidos en ese país.

Podríamos seguir con ejemplos en todos los países que tienen fabricación nacional de automóviles o bancos, sectores a los cuales se les ha hecho ver, por escrito o verbalmente, que las ayudas gubernamentales los obligan a gastar el dinero internamente.

Estas noticias son muy graves para los amantes del libre comercio, la Ronda de Doha y la globalización. Incluso la revista The Economist en su último número arremetió contra los proteccionistas y se dio el lujo de “instruir” al presidente Obama para que vete el paquete de estímulos si no se quita la cláusula mencionada.
El gran problema es que todavía no se dan cuenta de la magnitud de la crisis, que no sólo es financiera sino del sistema económico que ya no da más de sí. ¿Cómo harán para dar empleo a los millones de jóvenes que por primera vez intentan entrar al mercado de trabajo y a los miles que a diario están despidiendo en todo el mundo?

Pretenden salir de esta crisis con los mismos trillados instrumentos del libre mercado y la globalización. ¿Cuántos automóviles se podrán comprar actualmente en el mundo para garantizar el empleo en las armadoras? ¿Cuántas personas podrán adquirir un crédito para construir sus casas y así desarrollar la industria de la construcción? Y así podríamos seguir con las preguntas.

Los estados nacionales podrán gastar cifras multimillonarias pero no saldrán de la crisis si no es con una nueva mentalidad acerca del crecimiento económico, la distribución de la riqueza y la igualdad como los pilares del desarrollo de una sociedad armónica.
Analista político y economista

José A. Crespo

Horizonte político

Apología del IFE Weimar

Al ser renovado el Consejo General del IFE a raíz de la reforma constitucional de 2007, señalamos que podría bautizársele como IFE Weimar, evocando la República alemana de Weimar, la cual cayó víctima de los ataques simultáneos de izquierda y derecha, de aristócratas y clases medias, de militares y obreros. Decíamos entonces que se trataba de “un IFE que, pese a su amplio respaldo partidario, recibe hoy poca confianza de la sociedad civil” (18/feb/08). Ahora que las televisoras han arreciado su fuego sobre el IFE, los partidos políticos y los legisladores que consensuaron la reforma electoral prefieren hacerse a un lado, temerosos —una vez más— de los consorcios mediáticos. Hace apenas unos días que Denise Dresser les reclamó de frente a los legisladores que, más que representantes populares, fungían como empleados de los poderes fácticos. Habló también de “un gobierno que en lugar de domesticar a las criaturas que ha concebido, ahora vive aterrorizado por ellas” (29/ene/09). Pues por si había alguna duda, podemos ver a nuestros políticos (con sus excepciones) más preocupados por el enojo de los consorcios mediáticos que por la viabilidad de la reforma que aprobaron y del IFE que renovaron.

Por mi parte, he vertido múltiples críticas al IFE y lo seguiré haciendo cuando, a mi juicio, muestre un desempeño deficiente o sesgado (como me parece que ocurrió durante los comicios de 2006). Pero no soy partidario de atribuirle responsabilidades que no tiene. Lo cual es hoy moneda de uso corriente, incluso como estrategia meditada para debilitarlo y, con él, a la reforma electoral. Por ejemplo: frecuentemente se le atribuye al IFE tomar la decisión de otorgarle a los partidos los tres mil 600 millones de pesos que recibirán este año. No, simplemente el IFE aplica la ley que los propios partidos hicieron pensando en sus intereses (de lo cual, por cierto, no todo es para campañas, sino una quinta parte). O se dice que el IFE decidió emitir 23 millones de spots electorales. Eso lo decidieron también los partidos (pues ese número corresponde al tiempo oficial que el Estado tenía de cualquier manera, pero ahora transferido a partidos y autoridades electorales).
La actitud de los emporios mediáticos hacia el IFE cambió radicalmente apenas se supo que la reforma electoral afectaría sus intereses, al prohibir la compra de espacios mediáticos de índole político-electoral. Cuando en 2006 muchos criticamos los errores y sesgos del IFE, algunos de los voceros de los medios replicaban que no convenía cuestionar al Instituto (hiciera lo que hiciera), siendo un pilar democrático al que había que proteger. Muchos pensamos que, para fortalecer la democracia, todas las instituciones públicas y sus titulares deben ser sujetos a rendición de cuentas, vigilancia y crítica fundada. Ahora son los medios quienes ametrallan al IFE, para lo cual les vino muy bien (aunque también lo condenaran) el recambio de consejeros en 2008, pues entonces los medios pueden distinguir entre el IFE ciudadano que presidió Luis Carlos Ugalde, y el IFE partidizado de Leonardo Valdés. Sin duda el IFE se partidizó, pero no en 2008 sino desde 1996. Y es cierto, el IFE ha sido vapuleado de diversas maneras. Los partidos le dieron un golpe brutal en 2003 al quitarle lo que había sido clave de su fortaleza y equilibrio: el consenso partidario. Pero los propios partidos, habiendo decidido la renovación parcial del Consejo General en 2008, perdieron la oportunidad de inyectarle nueva vitalidad y credibilidad, al realizar un proceso de consulta amplia que resultó esencialmente una farsa. Nueva muestra de que en México somos especialistas para reventar las instituciones, incluso las que funcionan bien (o quizá por eso mismo).

Ahora el golpeteo al IFE viene de todos lados. Los ciudadanos que no nos quedamos convencidos del “triunfo inobjetable” de Felipe Calderón (y que somos aproximadamente la mitad), atribuimos parte de la responsabilidad al IFE, al que no se le devolverá la credibilidad así como así. Y los consorcios mediáticos y grandes empresarios le han declarado también la guerra al Instituto, por ser el encargado de aplicar la “reforma chavista” que afecta sus intereses económicos o políticos. Parte de ello se expresa en la determinación de las televisoras de sabotear la reforma, al generar la indignación de sus audiencias en contra del IFE, los partidos y la reforma misma. Y ya veremos qué más (pues queda claro que no pararán hasta echar abajo la reforma, que para eso tienen a sus empleados en el gobierno y el Congreso).
El silogismo utilizado por los emporios y sus personeros es el siguiente: A) “Nosotros advertimos a tiempo que esa reforma no funcionaría”. B) “Y ya ven, no está funcionando”. Es como decirle a alguien que no tome cierto camino pedregoso y al insistir aquél en irse por ahí, meterle una zancadilla para recordarle, ya en el piso: “¡Te lo dije!” La conclusión del impecable razonamiento es: “Como no funciona la ley electoral, entonces debe regresarse al esquema anterior”. Los spots que ahora molestan tanto a los medios —claro, siempre pensando en la ciudadanía— no lo eran cuando se pagaban. Los 23 millones de spots electorales, o 50 que fueran, no serían vistos por los medios como absurdos o aburridos si fueran pagados. Y si se decidiera, no doblar, sino triplicar el financiamiento de los partidos para campañas electorales —con posibilidad de comprar espacios mediáticos, como antes—, ¿les irritaría ese despilfarro de fondos? Lo dudo. Algunos de los soldados de los consorcios mediáticos suelen asegurar que “a los partidos los iguala el poder