Periodistas pal cafe.....

Editorial
Bolivia: la refundación de un país

Ante decenas de miles de personas –campesinos, indígenas, dirigentes sociales, funcionarios de gobierno, elementos de la fuerza pública, representantes de la prensa nacional e internacional, ciudadanos comunes– el presidente de Bolivia, Evo Morales, proclamó ayer, día de la promulgación de la nueva Constitución –aprobada por amplia mayoría en el referéndum del pasado 26 de enero–, la refundación del país andino como un “Estado plurinacional, unitario, social y económicamente de socialismo comunitario”, en un acto que fue calificado por el mandatario como una “segunda independencia, la verdadera liberación del pueblo boliviano”.

La promulgación de la nueva Carta Magna reviste especial importancia por cuanto salda algunas de las deudas históricas y contribuye a corregir injusticias sociales que recorren el país andino. Entre otras cosas, el nuevo texto constitucional estipula la libre determinación “de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos”; consagra la potestad de la nación sobre los recursos naturales; reconoce un conjunto de autonomías étnicas, regionales, departamentales y municipales; promueve la reforma agraria y la eliminación de los latifundios –la propiedad agrícola no podrá ser mayor a 5 mil hectáreas–, y rompe, en suma, con una estructura de dominación de corte colonialista, basada en el poder de una minoría criolla y en la exclusión, la marginación y la explotación de los pueblos indios de ese país, que constituyen un porcentaje mayoritario de la población.

La recién promulgada Constitución representa un avance en el reconocimiento de la realidad multicultural de Bolivia, en la reivindicación de los derechos de amplias franjas de habitantes y en la consolidación de una sociedad plural y respetuosa. En contraste con lo que han señalado algunos sectores de la oposición boliviana, en el sentido de que la nueva ley suprema distingue entre “ciudadanos de primera y de segunda”, el texto apunta a la construcción de un país inequívocamente incluyente y, como lo señaló ayer el propio mandatario, “protege igual a todos los bolivianos y bolivianas; garantiza la igualdad de oportunidades para la gente del campo, garantiza la igualdad, dignidad y libertad” para todos los habitantes de la nación andina.
La refundación de ese país se da –es cierto– en un ambiente de confrontación y polarización política que, en meses y semanas recientes, se ha expresado a través de enfrentamientos violentos en distintas regiones del territorio. El gobierno y el pueblo bolivianos enfrentan la embestida de una oligarquía que se niega a renunciar a los privilegios que han sido afectados tras la llegada de Morales al poder y para ello se han valido de acciones abiertamente subversivas, secesionistas y hasta golpistas. Al respecto, es por demás significativo el hecho de que en la nueva Constitución haya sido incluido el añejo reclamo en torno a las autonomías, demanda que había sido explotada por la oposición oligarca con fines políticos, y en nombre de la cual se han cometido flagrantes violaciones a la legalidad, acciones fraudulentas y antidemocráticas como el referendo para aprobar el “estatus autonómico” de Santa Cruz de la Sierra, en mayo del año pasado.
Otro elemento de suma importancia en el nuevo texto constitucional es la ruptura con la tradición de injerencias por parte de Estados Unidos y la reivindicación de la soberanía nacional, elementos presentes en la prohibición a la instalación de bases militares en territorio boliviano y en el refrendo de la potestad del Estado sobre los recursos naturales, que protegen a ese país y a sus habitantes de los afanes hegemónicos de Washington y de la voracidad de las empresas energéticas trasnacionales.

Con la promulgación de la nueva Constitución concluye un arduo proceso iniciado hace casi tres años, cuando se lanzó convocatoria a la Asamblea Constituyente; se erige un marco legal que responde a la actualidad social y política de esa nación y a los cambios ocurridos en esos ámbitos tras el arribo de Evo Morales a la presidencia, y se inaugura una nueva etapa en la vida republicana de ese país. Ayer, en suma, se vivió una jornada histórica para Bolivia y para toda América Latina, y cabe felicitarse por ello.

El Despertar

José Agustín Ortiz Pinchetti

jaorpin@yahoo.com.mx

■ Un Estado fallido o un proyecto fallido

La visión benévola y cómplice de los estadunidenses hacia los gobiernos conservadores de México ha dado un giro dramático. Diversas agencias de ese país están de acuerdo en que México es un Estado fallido. Creo que esta crítica es egoísta y tardía, aunque en alguna forma resulte justa.

Les preocupa que una ruptura en México provoque una oleada inmanejable de millones de inmigrantes. Hace 25 años que el proyecto neoliberal ha tenido rendimientos decrecientes, pero como permitía ventajas para ellos prefirieron apoyar a la elite mexicana. Ahora han despertado ante el grave peligro en su dilatada frontera sur.

¿Es fallido el Estado mexicano? Un Estado es la estructura jurídica y política de una nación. México no está en proceso de disolución. Hasta donde alcanza la vista, el Estado mexicano que se consolidó hace 150 años tendrá centenares más de vida.

El gobierno de Felipe Calderón, basado en elecciones fraudulentas e injustas, es fallido, es decir, frustrado, desacreditado, a un paso de la quiebra. Repase usted cualquier indicador y verá los resultados negativos abrumadores.

Es fallido también el proyecto neoliberal. Un intento de modernización conservadora, copia extralógica del estadunidense aplicado a rajatabla desde 1983.

Una ONG found for peace ha señalado una multitud de déficits en los terrenos demográfico, económico, en la desigualdad entre las clases y castas, en la fragmentación e ilegitimidad del gobierno y el desastre del aparato de seguridad.

Ni Calderón ni el proyecto “neoliberal” pueden ser identificados con México. Si se hunden, no tienen por qué arrastrar a la nación. Existe un proyecto alternativo. Podemos volver a crecer, empezar a redistribuir, compactar la estructura de gobierno, defender el interés nacional, completar el proceso democrático. Este proyecto no es una utopía lejana. México no tiene por qué ser una nación marginal y decadente. Podemos recuperar el rumbo y convertirnos en una nación poderosa que ocupe el lugar que le corresponde en el mundo y que haga aportaciones sustantivas en beneficio de la humanidad.

Bajo la Lupa
Alfredo Jalife-Rahme

■ ¿Empezó la “desglobalización”?

Este año fue notoria la sequía de ideas en el Foro Económico Mundial celebrado en la necrópolis de Davos por la teología neoliberal que vive la primera fase (la negación) del “síndrome de estrés postraumático”, antes de entrar a la otra fase de la doble depresión (la siquiátrica y la económica).

Con la esperada excepción de los guetos teológicos de los friedmanitas (e itamitas en México, controlados por los fracasados salinistas, zedillistas, aspianos, y ahora calderonistas) concluyó el paradigma pernicioso del thatcherismo y su caricatura estadunidense (reaganomics) con su engendro teratológico tropical: el decálogo neoliberal del Consenso (sic) de Washington.

Mientras los pensadores lúcidos y los samaritanos del planeta se abocan a rehacer un mundo más viable y sustentable, habrá que vivir el calvario inevitable de la “desglobalización”: término acuñado y hecho libro por Bajo la Lupa, que ya empieza a ser usado en la city, la capital devastada de la desregulada globalización financiera.

Sean O’Grady aborda sin complejos la “desglobalización”, su significado (a su juicio) y la razón por la cual Gran Bretaña, la cuna del libre-cambismo y el neoliberalismo, “debe tener miedo” (The Independent, 31/1/09). ¿Cómo no va a tener miedo Gran Bretaña, un archipiélago de un poco más de 200 mil kilómetros cuadrados (la décima parte de México), que dominó al planeta y vivió parasitariamente de él gracias a la triple imposición conjunta (colonial, militar y financiera) de su capitalismo radical que se subsume en el desregulado neoliberalismo global?

La “desglobalización” es mucho más profunda y extensa (no es unidimensionalmente mercantilista), como explayamos en nuestro libro (Hacia la desglobalización, Editorial Jorale, 2007), que el reduccionismo operado por Sean O’Grady y que comprime a un vulgar “proteccionismo”.

El neoproteccionismo con el que ha comenzado a amagar el Congreso de Estados Unidos (Buy American: comprar estadunidense ante todo) tiene sin dormir al primer británico Gordon Brown, quien acaba de deslizar un lapsus linguae freudiano (The Times, 4/2/09) al admitir que su país está por penetrar el infierno de la “depresión” económica (ahora sí que vale hacer la distinción etimológica con su similar siquiátrico).
Aun en su edición reduccionista y bajo la óptica exageradamente anglocentrista, es útil el abordaje de Sean O’Grady sobre la desglobalización: “Gran Bretaña tiene más que perder que la mayoría con el renacimiento del proteccionismo y la desintegración (¡súper sic!) de la economía mundial”. Describe correctamente la dimensión cosmogónica (y agónica) de Gran Bretaña que se encuentra a la deriva: “una de las economías tradicionalmente (sic) más abiertas al exterior, un poder que construyó el mayor imperio que el mundo haya jamás visto, fincado en su comercio internacional”.

Es cierto: Gran Bretaña no sería nada sin su comercio internacional y su legendaria piratería (marítima, económica y financiera). El libre mercado para Gran Bretaña es una necesidad aeróbica y ontológicamente geopolítica por la que se ha consagrado durante más de tres siglos a librar guerras globales con el fin de imponer su modelo parasitario al resto del mundo y que llevó a sus últimas consecuencias con el thatcherismo desbocado y su globalización desregulada, que la colocaron como el primer sitial de las finanzas globales (paradójicamente, con una economía cada vez más en declive).

Sin el parapeto del neoliberalismo global, Gran Bretaña está punto de ser un país menos relevante y de perder su oxigenación financiera que consiguió a costa de la explotación de los países valetudinarios del planeta, aun al precio de guerras depredadoras: desde sus dos “guerras del opio” contra China hasta sus recientes aventuras en Medio Oriente, que dejó devastado después de su colonización.

O’Grady expone que la “historia mercader (sic)” de Gran Bretaña la “dejó con una dependencia todavía importante en las exportaciones para su supervivencia (¡súper sic!) nacional económica”. Es elementalmente entendible que sus ideólogos, desde Adam Smith hasta el thatcherismo, aboguen fanáticamente por el “libre (sic) mercado” (que ni es “libre” ni es “mercado”), su “razón de ser”: “17 por ciento de la producción nacional deriva de bienes y servicios vendidos al exterior”, en comparación con las otras dos potencias marítimas de Estados Unidos (7 por ciento) y Japón (10 por ciento).

Se desprende que Estados Unidos no depende tanto de su comercio con el exterior y que la globalización mercantil fue un contagio británico al que sucumbió teológicamente Reagan. Es decir: si Estados Unidos se protege, después de sus descalabros en todos los rubros de la globalización (la modalidad “financiera”, por suicidio; la “mercantil” frente a China; la “energética” ante Rusia y los países del golfo Pérsico, etcétera) puede recuperar vibrantemente, como en el siglo XIX, cuando prácticamente era autosuficiente, su alicaída manufactura con el fin de crear empleos locales.

No sólo los sindicatos que apoyaron a Obama solicitan una fuerte tajada del paquete de estímulo económico para la manufactura estadunidense, sino también el vicepresidente Joe Biden defendió las provisiones neoproteccionistas (en particular la compra del hierro y el acero de Estados Unidos) agregadas por el Congreso (The Independent, 2/2/09), lo cual erizó los cabellos de Gran Bretaña, Europa, Canadá y China.
O’Grady explica nostálgicamente cómo Gran Bretaña se benefició como nadie de la “integración transfronteriza de la globalización”. Pues sí: “integración” para la anglósfera y “desintegración” para los demás, como México, el cual, en efecto, es el ejemplo perfecto del suicidio económico a partir de haber adoptado el neoliberalismo (en realidad, le fue impuesto a Salinas por Daddy Bush, después de su fraude electoral). Ya desde De la Madrid Hurtado, es decir, desde hace 27 años, no solamente se estancó en un mediocre “crecimiento” de 2 por ciento (el más bajo de Latinoamérica), sino que, peor aún, en su fase terminal, con el calderonismo (la condensación monstruosa del delamadridismo, salinismo, zedillismo y foxismo), ya entró al territorio negativo, con todo y su hilarante cuan delirante gerenciocracia (el “gobierno de los empresarios” parasitarios, al estilo Cemex).

¿Qué advendrá de los flujos de capitales que solían refugiarse en Londres, ahora que su banca especulativa se encuentra postrada en la insolvencia? ¿Quién sustituirá sus servicios financieros, sus seguros y sus consultorías que se habían convertido en una adicción inescapable para los pobres de espíritu, quienes sucumbieron a la intoxicación de la desregulada globalización financiera? Con la inevitable desglobalización –sea en la acepción reduccionista y anglocentrista de O’Grady, sea en nuestra más amplia definición–, se mueren más de tres siglos de la tiranía teológica del libre-cambismo anglosajón.

Hasta hoy se pudo enterrar a Adam Smith, Margaret Thatcher, Fredrich Hayek (con su clón trasatlántico: Milton Friedman y sus Chicago Boys) y Tony Blair (con su alucinación efímera de la tercera vía). Lo más trágico es que en ese lapso nadie había conseguido asesinarlos: se suicidaron.

A la Mitad del Foro
León García Soler

■ Las vueltas a la noria del Gatopardo

Entre las brumas de la desmemoria y el asalto confesional, Felipe Calderón acudió a la ceremonia conmemorativa de la promulgación de la Constitución de 1917. En el Teatro de la República citó a Heriberto Jara. Nada más y nada menos. Del “fusílenlos en caliente” a la nueva huelga de Cananea, que en pleno tercer milenio dura ya más de un año.

Mucha pieza Heriberto Jara para cualquier cita fuera de contexto. Líder obrero en la huelga de Río Blanco, preso político, revolucionario y general de división, el veracruzano fue constituyente, primero entre pares del bloque que dio contenido social a nuestra Carta Magna; gobernador de su tierra, presidente del CEN del PRM y secretario de Marina. Se retiró al puerto jarocho, sin un centavo; firme en sus convicciones, con inamovible lealtad a las ideas y desprecio al oportunismo. En campaña presidencial, Gustavo Díaz Ordaz ordenó a sus colaboradores que comunicaran a Heriberto Jara su intención de visitarlo en su casa. Jara se negó. Sin aspavientos, sin escándalo mediático, no recibió en su casa al candidato, ni lo hizo cuando ya era presidente el poblano.

Entre brumas, dije, reivindicó Felipe Calderón el conservadurismo irredento, la vocación confesional, el mimetismo inocultable con lo que el constitucionalista Diego Valadés llama autoritarismo democrático (“porque hay elecciones para elegir a los gobernantes, pero el poder se ejerce de manera autoritaria”). Ahí, en la cuna de la Constitución del 17, Vicente Fox hizo una declaración espeluznante en febrero de 2002: “... en este país no tenemos estado de derecho, seguridad y tranquilidad para las familias”. Siete años después: la brutal violencia de la guerra contra el crimen organizado; la parálisis económica y el pasmo ante la recesión global, el escapismo de culpar al adversario en lugar de exigir eficacia y acción al gabinete adocenado por el poder imaginario. Decisiones tardías y lo que Manlio Fabio Beltrones llama, lisa y llanamente, “indolencia gubernamental”.

El titular del Poder Ejecutivo retomó el añejo discurso de los “catastrofistas” que atentan contra el bien de la patria si no erigen arcos triunfales y tejen los laureles que habrá de merecer el gobernante que superará la tormenta y padecerá menos que las potencias, porque goza de solidez y tenemos recursos mejores que en otras crisis. Y el higo de San Felipe de Jesús. Con cardenales que designan candidatos del PAN con el mismo método que Germán Martínez, y exigen educación religiosa en las escuelas públicas porque los padres tienen el derecho a decidir qué se les enseña a sus hijos...

Se inició formalmente el proceso electoral y quienes se vanagloriaron de haber sacado al PRI de Los Pinos aplican los métodos del mítico presidencialismo omnímodo. El mismo mandatario que elogió emocionado a los parlamentarios del PRI, el PRD, el PT, Convergencia, el PVEM y el Panal que votaron y aprobaron las reformas a Pemex, los señala ahora con índice de fuego y asegura que de haberse aprobado la participación sin límite alguno del capital privado, hoy podríamos construir tres o cuatro refinerías, en lugar de la que anunció y cuya ubicación se disputan varios estados, entre ellos Campeche. “Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”: privatizar es obsesión que resiste el cambio impuesto por las fallidas políticas de la “desregulación financiera”, el libérrimo mercado y la mano invisible de la codicia especulativa.
No se puede pedir apoyo a las políticas “contracíclicas” y respaldo al modelo fallido y desechado al hundirse los paradigmas de la era Reagan-Thatcher. Hoy se habla de Keynes y el radical chic lamenta que se apliquen sus tesis en defensa del capitalismo. Se habla de Franklin D. Roosevelt y los dueños del dinero reclaman que la acción del Estado, la regulación financiera, la participación en la propiedad accionaria de la banca y empresas beneficiarias de la ayuda estatal, sea cuestión temporal y breve. Desde Davos, Ernesto Zedillo anuncia catastróficas consecuencias para los países que sigan las políticas de participación estatal implantadas en las naciones del norte rico.

Barack Obama aprieta el paso; visita estados donde el desempleo se agudiza; pone en juego su liderazgo, consciente de que nunca es más fuerte un presidente que al iniciar su mandato. La lección de los primeros 100 días de Roosevelt no se reduce a restablecer el statu quo, sino en sentar las bases para la transformación social que llevó a cabo: la integración de una vasta clase media; educación superior para millones gracias al GI Bill; electrificación rural y la red caminera; el Estado garante de la producción agropecuaria. Cambió el mundo, cambió la realidad: las palabras tienen valor y nuestro tiempo rechaza la retórica vacía, así como la falsa dicotomía de Estado rector de la economía o mercado libre de toda regulación.

Hay bases técnicas para definir dónde construir la refinería de Pemex: Tuxpan, Veracruz, o Tula, Hidalgo. Pero en pleno proceso electoral, en Campeche encienden veladoras ante las imágenes del difunto Juan Camilo Mouriño. Entre la desbandada en el PRD, Carlos Navarrete, coordinador de la fracción senatorial de ese partido, exige que la refinería no se construya en un estado gobernado por el PAN. Decidido a combatir una “decisión de carácter político”, Navarrete se sumó a la propuesta del gobernador Leonel Godoy para que se construya en Michoacán. Cada quien trata de llevar agua a su molino. Así ha sido siempre. Pero una crisis desmesurada, como la que hoy padecemos, estimula la voluntad reformista y revive las fantasías políticas de los poliarcas que en su afán de gobernar para todos, diría Jesús Reyes Heroles, acaban por gobernar para nadie y nada gobernar.

Se reformó la reforma electoral para cortar el nudo gordiano atado y bien atado por los dueños del dinero que se adueñaron del poder político y se erigieron en guías de la voluntad de los votantes en el ágora electrónica; los concesionarios de un bien público resistieron, pero tuvieron que volver a los usos de la Colonia, al “se acata, pero no se cumple”. Y en la prueba de fuerza, las dos televisoras dominantes del mercado aspiran a dominar al Estado; y el IFE se refugia en la ficción de ser el árbitro que sí sancionará a las televisoras. Los trabajos de Sísifo en nuestra transición en presente continuo.

En el seminario sobre el constitucionalismo mexicano, Diego Valadés exhibiría el contrasentido de reformar la Constitución “cuando la autoridad tiene el propósito de violar la norma recién creada”. El año pasado modificamos el artículo 21 constitucional: “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”, dice. Pero “sabemos que los 50 mil miembros del Ejército hacen fundamentalmente tareas de seguridad pública”. Del otro poder real, la Iglesia, advierte Valadés: “Uno de los pilares del Estado moderno fue la secularización del poder político, pero no sólo en México, sino en el mundo, hay una regresión, con la pretensión de establecer la confesionalidad en la organización del poder político.”

Se impone traer a cuento las duras palabras de Alexis de Tocqueville. Dice el autor de L’ancien régime et la Revolution Francaise: “Me admira menos el genio de los que hicieron la Revolución porque la deseaban que la singular imbecilidad de aquellos que la hicieron sin desearla.”

Arnaldo Córdova
De nuevo el desafío de las televisoras

Para algunos, se trató sólo de una (mala) ocurrencia de Televisa y Tv Azteca el empaquetar en bloques espots del IFE y de los partidos y transmitirlos interrumpiendo programas comerciales predeterminados. Para otros se trató de una abierta violación de la legalidad que debe ser sancionada. Para otros (entre ellos los coordinadores de los grupos parlamentarios) fue algo que no quedó claro en cuanto a su legalidad o ilegalidad. Para el IFE se trató de “conductas atípicas”. En realidad, todos podrían tener razón, pero no se trata sólo de eso, sino de algo mucho más importante para la institucionalidad del Estado mexicano: el desafío abierto de las televisoras al árbitro constitucional electoral, a la legalidad y a la misma Constitución.
Ello no radica sólo en el hecho de haberse hecho esas transmisiones, sino en las justificaciones que durante y después han alegado los personeros de los monopolios televisivos. Ni siquiera hace falta, por principio, recurrir a las especificaciones reglamentarias del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe) para darse cuenta de que se obró contra la legalidad en esos actos de las televisoras. Éstas adujeron que lo hicieron porque así se los impuso el IFE (éste lo ha negado rotundamente); pero el hecho es que la misma Constitución establece claramente que la transmisión de comunicados del instituto y de los partidos debe darse tan sólo en los tiempos que corresponden al Estado (y el IFE forma parte del Estado). Esos tiempos deben separarse de los demás y utilizarse sin encimarse con otros. Era tan obvio que no se estableció en la ley.

El encabezado del apartado A del artículo 41 constitucional dicta que el instituto será la autoridad única para la administración del tiempo “que corresponda al Estado” para sus fines institucionales y para el ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales a realizar sus funciones (instituidas en la primera fracción del mismo artículo constitucional). El inciso d) del mismo apartado A establece que las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán en el horario de programación entre las seis y las veinticuatro horas en tiempo de precampañas y campañas. Se trata siempre sólo del tiempo que corresponde al Estado y que es un pago en especie de derechos e impuestos debidos al mismo.

El presidente consejero del IFE dio 24 horas de plazo a las televisoras para que informaran de las razones de sus hechos; la Secretaría de Gobernación les demandó “una explicación técnica” de las mismas. Los concesionarios explicaron que la saturación de anuncios que se han visto obligados a programar los obligó a interrumpir otros eventos para transmitir los del IFE; en los alegatos de los merolicos que justificaron esa medida se hizo gala de chacoteo y mala leche. “¡Agárrense! Vienen 24 millones de espots”, dijo Alatorre, de Tv Azteca. En un comunicado, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) afirma que las mil 569 concesionarias “otorgan gratuitamente 48 minutos diarios para los promocionales de los partidos políticos y de las autoridades electorales” y remata que ello “tiene un precio o costo para la sociedad” pues se trata del pago en especie de un impuesto.

El presidente consejero del IFE tendría que aclarar de qué instrumento legal sacó eso de “conductas atípicas” y, desde luego, qué diablos significa en el ámbito federal. Si sugiere que pudo haberse violado la ley y no tiene el valor para decírselo a las televisoras y todavía les pide que le expliquen en qué consistieron sus actos y si violaron la ley, quiere decirles que lo sorprendieron y, también, que el servicio de monitoreo de su instituto vale para maldita la cosa y no está en condiciones de parar o llamar instantáneamente la atención a quien no se conduce dentro de la normatividad. Por otro lado, está claro que actuó a destiempo y, él mismo, fuera de la legalidad que está obligado a resguardar y hacer respetar en el área de su competencia.
La Secretaría de Gobernación, ahora a cargo de Gómez Mont, prefirió nadar de a muertito. El encargado de esa dependencia dijo que, tan serio como es, “no va a precipitar sus juicios” y “lo que está sucediendo”, como si lo ignorara, lo “está moviendo a analizar cuál es la respuesta que deben tener de la secretaría estos hechos”. Luego dijo que el tema sigue en la agenda y “se avanzará en términos de la democratización del país”. Que no se sepa cuál ley fue violada y una dependencia del Ejecutivo, encargada de su estricta aplicación, también en los términos de su competencia, nos dice que lo está investigando no es otra cosa que tomarle el pelo a todo mundo.

Que el abogado al frente de la Secretaría de Gobernación (SG) no sepa ni qué leyes está encargado de ver que se apliquen, de verdad que sorprende. No así los voceros de las televisoras y de la CIRT. Para ellos las leyes no existen o se aprobaron sin su consentimiento y, además, no están de acuerdo con ellas. El número de espots es irrelevante. Se trata del tiempo, 48 minutos diarios, a disposición del IFE y de los partidos políticos, que se toma del que corresponde al Estado. La CIRT debería informar cuánto pagan por derechos e impuestos sus representadas y si no están de acuerdo en que se paguen en especie (tiempo del Estado). Ese tiempo no significa tiempo de la sociedad como dicen, sino de ellos que el Estado se toma como pago de derechos e impuestos. Si no están de acuerdo, entonces que paguen en dinero.

En febrero de 2008, la CIRT pidió al IFE que permitiera a los concesionarios ajustar el pautado de la transmisión de espots. Nada se dijo de interrumpir programas ni de presentar en bloque los mensajes. Ahora se dice que no hay violación a la ley. El tiempo que corresponde al Estado debe incluirse entre programas ordinarios y no en el seno de éstos. Las televisoras y las estaciones de radio lo hicieron, por tanto, violaron la ley (Cofipe, artículos 49 a 51 y 55 a 58) y la misma Constitución, de la que aquella deriva. Nadie pide que la SG y el IFE se vuelvan tribunales; pero si sus titulares saben de leyes podrán entender que sus dependencias están obligadas a hacer que los actores políticos (incluidos en este caso las televisoras) se conduzcan de acuerdo con la ley y la Carta Magna.

Gómez Mont está preocupado, dijo, porque no se viole la libertad de expresión de los dueños de los medios. Debería decirnos si él cree que esa libertad incluye permitirse violar la ley.

Rolando Cordera Campos
Extravíos en la montaña

“Hay sociedades injustas desde su nacimiento”: así concluyó este viernes Rafael Segovia su artículo en Reforma. Es esta injusticia congénita, que llevó a Humboldt a describir a la Nueva España como la tierra de la desigualdad, la que se revuelve hoy desde una demografía poblada por jóvenes adultos y urbanos ante una crisis global que no perdona ni al bien portado y azota contra la pared a las sociedades que pretendieron dar saltos al cielo sin contar con los cimientos indispensables ni los paracaídas necesarios, como le ocurre ahora a España y le pasó a Islandia e Irlanda. Habrá que ver cómo se las arregla Albión para no mantenerse postrada por demasiado tiempo, después del ramalazo de los días pasados.

El presidente Calderón no tomó buen aire en la montaña blanca y pierde su escasa calma a medida que los indicadores y las expectativas de analistas y empresarios se unen en una caída prácticamente libre. Uno tras otro, los índices apuntan a la baja y no habrá regaño presidencial, en vuelo trasatlántico o por la red privada, que lleve a los calculistas del Banco de México a variar en sentido contrario sus proyecciones para este año horrible: la economía decrecerá y con ella el empleo formal que ofrece acceso a la medicina o el retiro asegurados, en tanto que la informalidad topará con su primera experiencia de real e irremisible estancamiento: sin liquidez familiar proveniente del empleo regular, el consumo de durables en la economía subterránea tenderá también a bajar y el trueque se impondrá en tianguis de alimentos, ropa usada, entre los más pobres que se asientan en caminos y explanadas nomás pa’ver.

Calderón habló contra el catastrofismo y otras lindezas del verbo opositor u oportunista, pero no convence a nadie, porque el fenómeno económico global ha sido interiorizado por el menos informado o educado en los arcanos de la economía política. No es un problema de autoayuda o mantras importados, tampoco de bravatas y regaños destinados a descubrirnos la debilidad mental y moral del mexicano desde que pretendió serlo. No es verdad tampoco que sean los monopolios, en genérico, sin distinción alguna, los vectores del descenso o del estancamiento estabilizador a que se ha sometido a la economía desde hace lustros.

Lo que está en medio, como dique funesto para una energía social que se manifiesta una y otra vez en busca de salidas y reclamo de mínima justicia, es una política económica y social impuesta desde el Estado, sin distingo de colores gobernantes, dirigida a asegurar los intereses del capital financiero pase lo que pase, así como a mantener intactas esas estructuras de la desigualdad profunda que nos han hecho injustos desde siempre.

Desde 2005 y hasta la fecha, una vasta movilización popular osó plantear la cuestión económica fundamental y propuso una salida: por el bien de todos, primero los pobres. Eso, tan sólo, causó alarma y llevó a la histeria a almas puras y no tanto, y el leve acuerdo tejido para la democracia descarriló en una simulación y un desvarío que ahora se nos presenta como ominosa separación entre la política y la sociedad, agudizada por la rebatiña por el poder y la ganancia que quede en las cumbres del mando y la riqueza. Éste es el tema y el problema primordial que se agravará en julio, cuando la abstención se instale y los poderes del Estado deban preguntarse por su legitimidad.

Desviar la atención de la sociedad y convocarla a cruzadas contra la política, los sindicatos, los magros mecanismos de protección social que les quedan a los pocos trabajadores organizados en el campo y la ciudad, es cacerolismo puro de clase acomodada, se vista o no de seda: lo que nos faltaba para concluir que en la transición a la modernidad por la vía de la democracia y la globalización nos quedamos no sólo varados sino tullidos, empezando con unos grupos gobernantes del Estado que no aciertan a encontrar el adjetivo que les convenga.

No lo encontrarán, porque en su frenesí clasista perdieron reflejos y memoria, lo mínimo para gobernar sin caer en extravíos o mal de montaña. Habría que convencer al gobierno de que aquello del Hombre de las Nieves fue parte del paquete de fin de semana en Davos. Que en los trópicos el frío cala y hiere.

Antonio Gershenson

¿Sólo con refinerías privadas?

gershen@servidor.unam.mx

El ocupante principal de Los Pinos culpó al PRI y a los partidos de izquierda de que en México no se puedan construir varias refinerías al mismo tiempo, por haber rechazado su propuesta de refinerías de empresas privadas. Que por haber mantenido el postulado constitucional de que sólo el Estado, Pemex en este caso, puede hacer refinerías, por eso sólo se pueden hacer de una en una.

Primer punto que no es cierto: no fueron sólo el PRI y los partidos de izquierda los que votaron en ese sentido. También el PAN y otras agrupaciones de derecha votaron por la iniciativa actual que excluye refinerías privadas y deja la responsabilidad a Pemex.

Segundo: no es cierto que con Pemex, que con una empresa estatal, se deban hacer las refinerías una por una. De esto nos vamos a ocupar más en detalle.

Tercero: el estudio de Pemex para una nueva refinería concluye que para la mayor rentabilidad no se debe hacer sólo un tren de refinación que procese 300 mil barriles de petróleo crudo diarios, sino 600 mil en dos trenes de refinación. Y establece que “una vez que se determinen el tamaño y configuración del primer tren de refinación (lo cual ya se hizo), pueden iniciarse los estudios para definir el segundo tren”, del cual dice que incluso podría ser en un sitio diferente del primero, o sea, una segunda refinería… y nada dice de esperar a que se termine la primera.

Se plantea que la ingeniería sea en 2009 y 2010, y que de 2010 a 2015 sea la obra. Todo 2009 debería aprovecharse consiguiendo el terreno, aplanándolo y en general empezando la obra civil en lo que ésta no requiere de los proyectos específicos.

Es un problema la lentitud con que se procede con esa parte inicial de la refinería. No sólo nos referimos a las declaraciones que sustituyen a los hechos. Una publicación especializada del medio petrolero internacional publica una información firmada en Los Ángeles. Dice que Pemex retrasa la construcción de la nueva refinería hasta fines de año (se refiere a fines de 2009). Se atribuye a funcionarios mexicanos a que de aquí a fin de año se definiría la mejor ubicación para la planta. Sin embargo, el estudio que, entre otras cosas, evalúa nueve posibles sitios y concluye cuál es el más rentable, no sólo ya se terminó sino que se envió al Congreso de la Unión desde el 31 de julio de 2008.

El artículo mencionado señala que Pemex anunció el plan de la refinería a mediados de 2008, y preveía empezar a preparar el sitio antes del final de 2008. Es obvio que eso implica un retraso.
No he visto que haya ningún desmentido de Pemex al citado artículo.

En cuanto a que siendo una empresa pública sólo se pueden hacer las refinerías una por una, ponemos un ejemplo que acaba de ocurrir: Brasil y la empresa pública Petrobras. Ya lo mencionamos el domingo pasado en este espacio; vamos a detallar más la información.

El viernes 23 de enero pasado, el consejo de administración de Petrobras aprobó el plan quinquenal 2009–2013, con un aumento de 55 por ciento frente al plan anunciado hace poco más de un año para 2008-2012. El aumento se aprobó a pesar de las críticas de sectores privados que decían que con la crisis esa inversión no se iba a recuperar. La respuesta fue que para cuando se terminen las refinerías de exportación, a partir de 2013, ya no va a haber crisis y sí una gran demanda de refinados, especialmente de diesel.

Una parte del plan de cinco años son las nuevas refinerías. Y sí se pueden hacer simultáneamente por una empresa estatal. La de Pernambuco, con capacidad de 200 mil barriles de crudo al día, entrará en operación en 2011. La de Río de Janeiro, que alimenta un nuevo complejo petroquímico del cual forma parte, procesa 150 mil barriles diarios y se termina en 2012. La unidad Premium I de Marianao, con 600 mil barriles diarios de capacidad, entra en 2013. Esta última tiene una capacidad doble que la de la única refinería que se anuncia para México. La Premium II, con 300 mil, en Ceara, entra en operación en 2014. Las Premium son para exportar refinados a Europa y Estados Unidos. También se construirá una refinería pequeña, para 30 mil barriles diarios, en Río Grande do Norte.

No se trata sólo de palabras y escritos. Para el complejo de Río de Janeiro, del que dijimos que entra en operación en 2012 (habrá una segunda etapa que se termine en 2013), ya se convocaron los primeros concursos (y no como aquí, puros discursos) de la parte de refinería, incluyendo la destilación atmosférica. Se anuncia que las obras de aplanado de tierras y otras asociadas estarán terminadas en diciembre de 2009.
Los nuevos yacimientos del área bajo la roca salina entrarán a tiempo para ayudar a alimentar las refinerías que vayan entrando en operación. La intención es no exportar crudo, sino vender ya el producto con el valor agregado por la refinación.

Las obras se llevan a cabo con recursos presupuestales, en buena medida con ingresos propios y lo demás consiguiendo dinero en el mercado. Ya hubo un crédito enorme de un banco japonés.
Así que sí se puede. Tal vez sean las personas a cargo del asunto quienes no sean las indicadas para que se pueda.

Guillermo Almeyra
Cuba: Estado-partido y participación

Cuba enfrenta dos tipos diferentes de desastres. Se destacan en primer lugar los derivados del bloqueo agresivo estadunidense que le ha costado decenas de miles de millones de dólares, ha provocado la necesidad de crear un vasto y carísimo aparato militar y de seguridad y ha inflado enormemente la fuerte burocracia nacida de la centralización económica y política. Pero hay que contabilizar también las catástrofes ambientales resultantes del recalentamiento climático (sequías terribles, inundaciones devastadoras, ciclones cada vez más destructivos).

Sin embargo el de tipo político-social es aún peor: casi toda la prensa cubana, por ejemplo, provoca peores daños que los huracanes, pues niega a los ciudadanos la posibilidad de informarse, pensar y reflexionar, quita credibilidad incluso a los pocos datos correctos que publica, induce a la desconfianza y el conformismo cínicos, desmoraliza y paraliza las iniciativas sociales.

Todavía más deletérea es la fusión entre el partido y el Estado, que subordina totalmente a aquél a las necesidades de éste, educando a los militantes en el verticalismo y el carrerismo burocráticos, en la búsqueda de soluciones meramente técnicas y administrativas a los problemas políticos y sociales y en una estrecha visión cubanocéntrica que, por ejemplo, impidió en el pasado prever el derrumbe del llamado “socialismo real” que Cuba tomaba como modelo.

El partido, que debería ser independiente del aparato estatal para poder orientarlo teóricamente y controlarlo y para equilibrar y reducir el peso político interior de las decisiones económicas o diplomáticas que el gobierno de un país débil y aislado se ve obligado a tomar, anuló su democracia interna (que existió al comienzo, cuando fue formado por la fusión de varias organizaciones políticas muy diferentes y mantenía en su seno la posibilidad de disentir de la mayoría). Dada su identificación con el aparato estatal, su centralismo burocrático se propagó a las instituciones, como la Asamblea Nacional, que se reúne raramente y vota unánimemente las resoluciones elaboradas y aprobadas previamente por el gobierno (cuya política no discute) y el partido, al cual pertenecen sus principales miembros.

Aunque el gobierno cubano no es estalinista, funciona, al igual que el partido, sobre la base de las concepciones estalinistas, ahogando la vida política en el país. Porque el problema no consiste en que falte “participación” popular sino en que quienes deberían ser el sujeto colectivo de la construcción del socialismo estableciendo democráticamente cuáles son las necesidades y las prioridades y cómo y con cuáles recursos darles respuesta, no son protagonistas de la política sino, en el mejor de los casos, aplicadores flexibles de decisiones ajenas. No hay en Cuba pasividad ni falta de creatividad: lo que hay es una burocracia y un paternalismo asfixiantes. Los “especialistas” y “la vanguardia” no escuchan a la gente. Eso reduce drásticamente la eficacia económica y la productividad al igual que el consenso político. El gobierno cuenta así con un “consenso negativo”, o sea, con el apoyo de la gran mayoría de los cubanos en su lucha por mantener la independencia de la isla frente al imperialismo. Pero el apoyo al funcionamiento de la economía, la cultura y el aparato estatal se funde como nieve al sol bajo el efecto combinado de la crisis económica, que tiene ya 20 años, y del envejecimiento de la población porque los jóvenes, que nacieron en la crisis, no pueden comparar la situación imperante en la isla con el pasado que no conocieron ni con lo que sucede en otros países, ya que no creen en lo que dicen los medios cubanos de desinformación y propaganda.
Cuba es un país urbanizado, con alto desarrollo cultural y técnico. El grave problema del abastecimiento alimentario a las ciudades se puede resolver –entre otras cosas, porque la población cubana es escasa– gracias al nivel cultural y técnico de los campesinos y neocampesinos que les da margen para su autorganización e incentivos para producir libremente, controlando la mercantilización y los precios y sí se truecan, por ejemplo, medicinas y conocimientos por alimentos con Argentina o Brasil. Eso disminuirá la desocupación disfrazada, la necesidad de subsidiar los consumos y la tensión social. Pero en las ciudades, la democracia directa, la autogestión y la autorganización de los trabajadores son aún más necesarias. Los consejos obreros o de empresa eliminarían privilegios y despilfarros y harían a los trabajadores protagonistas del desarrollo. En el campo de la educación y la cultura, donde ya son intolerables la censura y la discriminación, crecería la calidad de la producción, que es inseparable de la libertad. En el partido, donde existen de hecho la tendencia estalinista, la vietnamita y la partidaria del mercado, la apertura de una discusión pública sanearía el ambiente y haría participar activamente a los trabajadores en la vida política. La elección libre de comités de empresa que remplazasen los sindicatos burocratizados que son una correa de transmisión de los directores y del Estado, permitiría aumentar la productividad, reducir costos y despilfarros, dar base a las ideas socialistas entre los más enérgicos y solidarios

Hoy el Estado es necesario. Pero el socialismo se construye creando las bases autogestionarias y libertarias para que el Estado desaparezca. Ese debe ser el legado de quienes hicieron una revolución democrática y de independencia a quienes, en el futuro, integrarán a Cuba en la Federación de Repúblicas Socialistas de América.

Néstor de Buen
Las cosas que pasan y las que se dicen

En los últimos años y en estos días con mayor intensidad, en los medios, principalmente prensa y televisión, se han publicado y se publican noticias que pretenden impactar y atribuir al sindicato minero, y en particular a Napoleón Gómez Urrutia, conductas ilícitas que, se dice, deben ser sancionadas con severidad. A Napoleón, en particular, le atribuyen delitos variados y ya la Procuraduría General de la República ha manifestado que tramita su deportación de Canadá.

Es interesante señalar que los actos diversos que se han producido por ese motivo van encontrando su camino adecuado gracias al Poder Judicial Federal. Ya no solamente respecto de las huelgas, cuya inexistencia de manera insistente ha solicitado el Grupo México, con recepción favorable de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (léase Secretaría del Trabajo y Previsión Social), pero que han sido declaradas existentes gracias a juicios de amparo.

Pero ahora el tema es otro. Recordarán ustedes que a partir del 20 de abril de 2007 tanto Televisa (Televimex, SA de CV) como Tv Azteca, SA de CV, hicieron públicos unos espots de difamación absoluta en contra de Napoleón Gómez Urrutia. Con ese motivo se presentó una queja ante la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación que fue resuelta, con notable descaro, rechazando su procedencia. Ello motivó un juicio de amparo seguido ante el juez sexto de distrito en materia administrativa, que lo concedió declarando responsables a la autoridad y a las televisoras.

En contra promovieron recurso de revisión al que se adhirió Napoleón Gómez Urrutia, que se turnó al noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer distrito. La resolución ha sido totalmente favorable para Napoleón Gómez Urrutia ya que se confirmó la resolución del juez de distrito, sobreseyendo el recurso.
Las consecuencias son notables. En primer lugar, porque la autoridad administrativa tendrá que imponer sanciones a las televisoras por los actos de evidente difamación y calumnia en que incurrieron, reconociendo al mismo tiempo que las televisoras, a su vez, deberán compensar el daño moral causado al licenciado Gómez Urrutia.

Será muy interesante saber, supongo que a corto plazo, cuál es la reacción de la Secretaría de Gobernación, de la que depende la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, cuando en cumplimiento de lo resuelto en el juicio de amparo deba imponer sanciones a las televisoras. Y éstas, a su vez, tendrán que responder de los daños causados, cuya medida tendrá que ser decidida por el tribunal competente.
En estos días el protagonismo de Televisa y Canal 13 ha sido notable. El pasado viernes, aquí en La Jornada, con gracia especial la Rayuela dijo que los tres poderes de la República han cambiado y que ahora son “las fuerzas de inteligencia, el narco y la televisión. No necesariamente en ese orden”. Yo discreparía en una cosa: el Poder Judicial Federal ha hecho su papel pasando por encima de los más diversos intereses en que coinciden las autoridades administrativas (por no hablar del Poder Ejecutivo) y las poderosas empresas particulares.

Y como dijo hace unos días en el Senado Denise Dresser, al Poder Legislativo le corresponde el no dejarse llevar por otros intereses que no sean los que derivan de su representación. Muy pronto ese Poder Legislativo: diputados y senadores, tendrá oportunidad de hacer presente el cumplimiento de su deber. Se anuncian reformas laborales que, con el pretexto de la crisis, tendrían claramente una intención perversa en contra de los derechos de los trabajadores: contratos a prueba y temporales, salarios menos que mínimos, más causas de despido, confirmación del corporativismo fascista que preside al derecho colectivo y muchas cosas más. Por supuesto que el PAN apoyará la reforma y el PRD y demás partidos de izquierda la rechazarán. Al PRI le toca, seguramente mayoritario en las elecciones de julio, no dejarse llevar por los impulsos conservadores. Pero tienen que decirlo ya. De una buena vez.

Mario Di Costanzo Armenta
Resultó más caro el caldo que las albóndigas

No cabe duda de que las declaraciones que hiciera el ex presidente Ernesto Zedillo respecto del rescate bancario y las recomendaciones de Felipe Calderón en el sentido de “aplicar un Fobaproa mundial” deberían apenarnos como mexicanos, pues reflejan la tremenda ignorancia de quienes dicen ser o haber sido nuestros gobernantes.

A todos ellos les dirijo en estas líneas una reflexión que, por dignidad y respeto a los mexicanos, deberían aclarar públicamente. Más aún, cuando aseveran que el Fobaproa tuvo como fin proteger a los ahorradores y salvar a la gente.

Para ello, sólo basta señalar lo siguiente:

De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el Fobaproa permitió que 14.7 millones de personas (cuentahabientes) no perdieran sus ahorros y de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el costo del salvamento de esas cuentas ascendió a 1.2 billones de pesos.
Sin embargo, en el Informe Anual del IPAB correspondiente a 2000 se señala textualmente que “considerando las cifras de captación de la banca comercial en moneda nacional a junio de 2000, el universo de ahorradores bancarios en México está representado por 29.3 millones de contratos que representan 996 mil 341.8 millones de pesos”.

“Cerca de 50 por ciento de los ahorradores bancarios mantiene un saldo promedio en el total de instrumentos de captación inferior a 500 pesos. En este estrato de depositantes, cuyo saldo fue de 6 mil 119.2 millones de pesos, se encuentran 14.87 millones de contratos”.

El mismo informe añade: “El siguiente rubro, que incluye depósitos mayores a mil y hasta 5 mil pesos, mantiene un saldo de 17 mil 940.6 millones de pesos, en un total de 5.6 millones de contratos (19.1 por ciento)”.

Y continúa: “El mismo patrón de captación se mantiene para los siguientes tres estratos que incluyen saldos hasta por 100 mil pesos. Estos cinco estratos incorporan a cerca de 97 por ciento de los contratos”.

De esta manera, si asumimos que en 1995 la estructura de las cuentas bancarias era la misma que en 2000, se obtiene que cerca de 50 por ciento de las cuentas, es decir, la mitad de los 14.7 millones de cuentas que dice la SHCP que salvó (7.35 millones de cuentas bancarias) eran de cuentahabientes que mantenían un saldo promedio inferior a 500 pesos. Luego entonces, el costo para el Fobaproa de haber rescatado a la mitad de los cuentahabientes que existían en 1995 dado su saldo promedio fue de 3 mil 675 millones de pesos (es decir, 7.35 millones multiplicados por 500 pesos).

Más aún, si añadimos el siguiente nivel de cuentahabientes rescatados, los que mantenían un saldo promedio de entre mil y cinco mil pesos y representaban 19.1 por ciento del total de los cuentahabientes en 1995 (2.8 millones de cuentas bancarias), obtenemos que el costo de salvamento de este segmento ascendió hace 14 años a 8 mil 400 millones de pesos (2.8 millones multiplicados por 3 mil pesos, que es un promedio entre mil y 5 mil pesos).

Hasta este punto podemos decir que el salvamento de 10.1 millones de cuentas bancarias (7.35 millones de 500 pesos y 2.8 millones de 3 mil pesos), es decir, de 69 por ciento de las cuentas bancarias que existían en 1995, le costó al Fobaproa aproximadamente 12 mil 75 millones de pesos.

Si consideramos el mismo razonamiento para el tercer segmento de cuentas, que representaba a cuentahabientes que mantenían saldos promedio de entre 5 mil y 10 mil pesos y que representaban aproximadamente 20 por ciento del total de las cuentas de 1995, podemos decir que el costo del salvamento para el Fobaproa de este segmento de cuentahabientes fue de 23 mil millones de pesos.

Así, podemos afirmar que el salvamento de 13.23 millones de cuentas bancarias, o 90 por ciento de las cuentas que existían en 1995, le costó al Fobaproa aproximadamente 35 mil 25 millones de pesos (3 mil 675 más 12 mil 75 más 23 mil).

Luego entonces, ¿cómo es que estos 35 mil 25 millones de pesos se convirtieron en 1.2 billones? Es decir: la cifra creció 35 veces.

¿Acaso el salvamento de las cuentas de los más ricos y que representaban sólo 10 por ciento del total de las cuentas bancarias que existían en 1995 fue lo que elevó 35 veces el costo del rescate de los ahorradores?
Si lo anterior es cierto, podemos concluir que lo que elevó el costo del rescate de los ahorradores fue paradójicamente el rescate de los ricos. Y nos preguntamos, entonces, ¿por qué los pobres están pagando el rescate de los ricos?

Si lo anterior no es cierto, entonces debemos de asumir que lo que verdaderamente elevó el costo del rescate de los ahorradores en más de 35 veces fue el rescate de los banqueros… por lo que Ernesto Zedillo miente al señalar que fue un rescate de ahorradores y Felipe Calderón lo que en realidad le recomendó al mundo fue rescatar a ahorradores ricos y a banqueros, con su propuesta de un “Fobaproa mundial”.

Conviene señalar que datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelan que en junio de 1995 los 14.7 millones de cuentas que existían en México representaban ahorros por 656 mil 700 millones de pesos.

Es decir, que esta cifra resulta ser la mitad del costo del rescate bancario según la ASF (1.2 billones de pesos), luego entonces: esto quiere decir que por cada peso que rescató el Fobaproa acabó pagando dos pesos.

Pero lo más grave es que durante la semana el grupo Vitro se adhirió al “nuevo Fobaproa” implementado por Felipe Calderón y Nacional Financiera, y lo curioso es que, Gustavo Madero, presidente del Senado, ahora resulta que figura como integrante del Consejo de Administración de Vitro. Por eso digo, no nos vaya a resultar otra vez, más caro el caldo que las albóndigas.

Marcos Roitman Rosenmann
América Latina, una década del siglo XXI

Muchos fueron los que en los años 60 y comienzos de los 70 del siglo XX se formaron en la teoría del desarrollo del subdesarrollo. Por primera vez sus postulados tenían eco en la nueva izquierda anticapitalista. Era un punto de apoyo para definir los proyectos anticapitalistas frente a las visiones anquilosadas de los partidos comunistas defensores del feudalismo latinoamericano y las sociedades duales. El MIR chileno, los Tupamaros uruguayos, el ERP en Argentina o el ELN en Bolivia fueron algunos de sus seguidores. Pero también los hubo en otros lares de la izquierda. A los efectos, pocas veces una formulación teórica ha logrado tanta influencia en partidos y movimientos políticos. Unos y otros se disputaban la nueva fórmula para interpretar la evolución de las estructuras sociales y de poder en América latina.

Si bien hubo trabajos pioneros, los de Sergio Bagú: La estructura social de la colonia (1949); de González Casanova, La democracia en México, o Las siete tesis equivocadas, de Stavenhagen, la síntesis de Gunder Frank fue feliz. Englobaba un emergente debate frente a las teorías eurocéntricas del desarrollo. Desde las ciencias sociales se aportaba una explicación convincente y razonada del carácter capitalista de la conquista, la colonia y de las estructuras de poder imperantes en la región. Así, su éxito radicó en la manera de presentar el problema. La historia de América Latina se vio en una forma bipolar, la relación metrópoli-satélite.

André Gunder Frank tuvo la virtud y la desgracia de presentar América Latina como lo que es: una parte del proceso de acumulación de capital y del capitalismo colonial del siglo XVI, factores inseparables del propio desarrollo del capitalismo. La crítica se hizo fuerte: los países industriales nunca fueron subdesarrollados, no hay pasado por etapas similares ni se les puede adjudicar fases. La arremetida contra las teorías eurocéntricas de Rostow y sus etapas del crecimiento económico le valió su reconocimiento en todos los círculos académicos y en la izquierda latinoamericana. Es cierto que tuvo detractores y los sigue teniendo. Muchos de sus argumentos no logran el nivel de precisión exigido a quien se decía gran lector de Marx, lo cual le resta solidez a los planteamientos. Sea como fuese su aporte es un acervo del pensamiento crítico e incluso hay quienes lo consideran un adelantado a la teoría de la dependencia.

Si hoy las afirmaciones de Gunder Frank pueden resultar simplistas, en 1967 eran de grueso calibre. Afirmar que los países desarrollados nunca tuvieron subdesarrollo, aunque pueden haber estado poco desarrollados, era enfrentarse a las doctrinas hegemónicas, tanto como contravenir en la actualidad los dogmas del mercado, el neoliberalismo y su mano invisible. No fue una batalla fácil. Pero lo que quiero destacar es el sentido que orienta y articula su pensamiento. Tras de la visión del desarrollo capitalista como una relación que genera el subdesarrollo, Frank subrayó una primera variable. Cuando los lazos con la metrópoli son fuertes hay un menor desarrollo relativo del satélite y cuando los lazos son débiles existe mayor posibilidad de desarrollo del satélite. Para corroborar dichas tesis no hubo de ir muy lejos. Le bastó recurrir a la historia colonial y constatar la existencia de zonas hoy atrasadas, antaño de alto desarrollo, en función de las necesidades del capitalismo mundial, Potosí en la colonia.

Si hubiese dudas expresó la misma relación en la etapa imperialista inglesa y estadunidense. Manaos con el caucho o Iquique con el nitrato. Relatos inapelables. Lentamente dejó de ser un problema aceptar que el subdesarrollo era parte del desarrollo capitalista. Asumir que América Latina era capitalista y que nunca podría ser desarrollada como las metrópolis tenía consecuencias. Romper el subdesarrollo supondría luchar contra el capitalismo y constatar su inviabilidad.

Celso Furtado escribiría un texto clave: El desarrollo económico: un mito. Su tesis era sencilla y contundente: “el estilo de vida promovido por el capitalismo industrial ha de ser preservado para una minoría, pues toda tentativa de generalizarlo para el conjunto de la humanidad provocará necesariamente un colapso global del sistema. Esta conclusión es importantísima para los países del tercer mundo, pues pone en evidencia que el desarrollo económico que viene siendo preconizado y practicado en esos países es un simple mito. Sabemos que las naciones del tercer mundo jamás podrán desarrollarse, si por desarrollo debe entenderse ascender a las formas de vida de los que ya están desarrollados”.

Hoy, las tesis de Frank y Celso Furtado vuelven a estar de actualidad. Si los lazos con las metrópolis en tiempos de crisis han favorecido mayor desarrollo relativo y mejores condiciones para su expansión, ¿significa que saldremos mejor parados de la crisis? Lo veremos en estos años. ¿Pero ello no significará romper con el subdesarrollo? Si la afirmación se complementa con lo dicho por Celso Furtado, el horizonte no atisba mejoras. En esta primera década del siglo XXI hemos visto aumentar la desigualdad, el hambre y la miseria. En otras palabras, el capitalismo ha sido incapaz de generar con o sin recesión un proyecto inclusivo para las grandes mayorías. Ése no es su objetivo. Por el contrario, se articula como un orden excluyente y concentrador cuyo fundamento es el cálculo racional de la explotación. Así, desde su perspectiva, una salida razonable será un mayor aumento de la pobreza y la explotación, generando un orden propio de la neo oligarquización totalitaria del poder político.

En esta lógica, la crisis ha dejado al pairo las teorías del neoliberalismo, del capitalismo popular o del liberalismo social. Ninguna de las vertientes, sea vía militar o por vía electoral representativa, han dado una solución inclusiva. Más bien podemos constatar su fracaso. Ahora no es una tozudez mental: es una afirmación fundada en los hechos. Para que América Latina pueda realmente ser un continente con posibilidades debe construir un proyecto liberador, fundado en la justicia social, la libertad y la democracia, y debe apoyarse en una alternativa anticapitalista, por tanto socialista.

Carlos Monsiváis

Nota de la semana

Indígenas: las herencias de la desigualdad

Si algo se transparenta desde 1994 son las evidencias del racismo en México. Ser indio —pertenecer a comunidades a las que así se identifica por prácticas endogámicas, idioma muy minoritario y costumbres “premodernas”— es participar de la perpetua desventaja, de la segregación que “promueve” el aspecto.
Los que niegan el racismo suelen alegar, o solían alegar, el ascenso social de personas con rasgos indígenas muy acusados, pero ninguno de estos indios-a-simple-vista es hoy secretario de Estado, gobernador, político destacado, empresario de primera o simplemente celebridad. (Una excepción, y qué excepción: Mario Marín, el góber precioso que ya con eso “blanqueó” su apariencia.) Esto, para ya no hablar de las indígenas. En su novela Invisible Man, Ralph Ellison describe cómo el prejuicio sobre el color de la piel borra lo singular de las personas, las despoja de su imagen, las deshumaniza. Lo que vuelve indistinguible a un negro de otro negro es el desprecio que la sociedad racista les profesa. Algo semejante sucede desde la Conquista con los indios de México.

¿Por qué no? Ya se sabe: son primitivos, desconocen la maravilla de los libros (al igual que la mayoría de los racistas), son paganos aunque finjan de la catolicidad sin mezclas y se les considera eternos menores de edad, como lo ratifican las instituciones (apenas en 2003 se cancela el Instituto Nacional Indigenista, INI, “tutor” de millones de personas). De acuerdo a este criterio, no se les margina: han nacido fuera y su actitud pasiva sólo confirma su lejanía. Pertenecer a “la raza vencida” le niega a los indígenas “la posibilidad de desarrollo”. Otras limitaciones: la lengua “extraña” que sólo una minoría comparte, la inermidad educativa, el arrinconamiento en zonas de la depredación ecológica, el alcoholismo, el caciquismo, las inevitables riñas internas, el caciquismo indígena, el aislamiento cultural profundo. Si el sometimiento de los indígenas viene de la Conquista, no obstante las rebeliones esporádicas y sus aplastamientos, el régimen del PRI sacraliza la fatalidad. En 1948, Alfonso Caso, fundador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del INI, define con ligereza tautológica el sujeto de sus encomiendas:“Es indio todo individuo que se siente pertenecer a una comunidad indígena, (...) aquella en que predominan elementos somáticos no europeos, que habla preferentemente una lengua indígena, que posee en su cultura material y espiritual elementos indígenas en fuerte proporción y que, por último, tiene un sentido social de comunidad aislada dentro de las otras que la rodean, que la hace distinguirse asimismo de los pueblos de blancos y mestizos”. Indio es el que vive en el mundo indígena, así de preciso es don Alfonso Caso. El mestizo tiene en proporción definida “elementos somáticos europeos”, lo que, de acuerdo a esta argumentación, en algo lo redime. “Todavía se les nota lo indio, pero ya hablan un español reconocible”. En este universo a la miseria económica la complementa la degradación moral, o como se llame a la incesante bruma de borracheras, violencia y tratamiento brutal a las mujeres en ámbitos cercanos al apartheid. La opresión margina, así los ladinos la califiquen de muy voluntaria y emitan su dictamen: “Los indios están así porque quieren”.Versiones nacionales de lo indígenaLa primera versión impuesta de lo indígena es la de la Conquista, que informa con abundancia de la facilidad de la victoria hispánica, esto es, de atraso, barbarie, paganismo. Y tres siglos pasan entre alabanzas marginales a ciudades y obras de arte de los indígenas, y entre condenas de su desconocimiento de Dios. La impresión primera se vuelve estrategia de sojuzgamiento. Si son indios, o descendientes de indios, nunca serán dignos de confianza.

Ya en los albores de la Independencia Fray Servando Teresa de Mier protesta contra esta idea trituradora “porque no puede sufrir que los españoles nos llamen, como suelen hacerlo, cristianos nuevos, hechos a punta de lanza, y que no hemos merecido de Jesucristo una ojeada de misericordia, sino después de 16 siglos entre la esclavitud, el pillaje, la desolación y la sangre”. Y el primero en intentar otra visión del indígena luego de la Independencia es Francisco Pimentel (1823-1893) en su Memoria sobre las causas que han originado la situación actual de la raza indígena de México y medios para remediarla (1864).
Pimentel, como examinan Luis Villoro y Manuel M. Marzal, anticipa el gran lugar común del indigenismo. Al cabo de medio siglo de independencia, “hay dos pueblos diferentes en el mismo terreno; pero lo que es peor, dos pueblos hasta cierto punto enemigos”. Item más: los indígenas están degradados y segregados en lo social y lo religioso, ya que, a causa de sus creencias, “no tienen de católicos más que ciertas formas externas”. Se les discrimina y se les desprecia. ¿A qué conduce esto? A que “mientras los naturales guarden el estado que tienen, México no puede aspirar al rango de nación propiamente dicha”, al ser una nación “una reunión de hombres que profesan creencias comunes, que están dominados por una misma idea y que tienden a un mismo fin”.

Al diagnóstico, sucede en Pimentel el remedio abrupto que llega hasta el día de hoy. Si el mestizo es capaz, agudo y de fácil comprensión, el tónico lo bastante activo para elevar al indio a la vida civilizada es la renuncia a su condición cultural, su conversión al mestizaje. “Debe procurarse… que los indios olviden sus costumbres y hasta su idioma mismo, si fuera posible. Sólo de ese modo perderán sus preocupaciones y formarán con los blancos una masa homogénea, una nación verdadera”. ¿La técnica para lograrlo? Instrucción católica, supresión del sistema que aísla a las comunidades, adquisición por los indios (a precios bajos) de la tierra excelente de las grandes haciendas y escolarización. Además, como recapitula Marzal, debe favorecerse la transformación biológica del indio en una raza mixta, fomentando para ello la inmigración europea. Francisco Pimentel plantea lo que será el programa de los liberales de avanzada y de los revolucionarios. A la mayoría de los liberales lo indígena se les presenta como peso muerto