OPINIÓN
Por Lydia Cacho*
México DF, 10 febrero 09 (CIMAC).- Una familia llega a emergencias del Seguro Social con su hijo en brazos, el médico que la atiende sabe que debe hacer una transfusión sanguínea, pero desde su punto de vista religioso inyectar sangre de una persona a otra es un pecado, Dios es el único que debe y puede decidir si una persona vive o muere.
Este médico hace una objeción de conciencia, las enfermeras se quedan calladas, los padres insisten en el derecho a la salud. Por desgracia, en el Seguro Social hay sobre demanda de servicios y nadie las escucha. Las implicaciones jurídicas de un médico impidiendo el derecho a la salud del niño, a razón de sus valores religiosos, son claras y la sociedad actuaría de inmediato.
En marzo del 2008 George Bush, entonces presidente de Estados Unidos, apoyó desde la Casa Blanca a su secretario de Salud Michael Leavitt, para que los médicos que atienden a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y quedaron inseminadas por su violador, pudieran negarse a la interrupción legal del embarazo.
El Estado norteamericano había legalizado años antes el derecho de las víctimas de violación a no gestar un producto inseminado en su cuerpo de manera involuntaria y violenta en su cuerpo. También la ley respetaba la objeción moral de los médicos, pero exigía que estos refirieran a la paciente de inmediato con servicios de salud que sí respetaran la decisión de la víctima de violación.
Bush y su gabinete de Salud violentaron la ley y el voto de las mayorías, imponiendo decisiones personales y religiosas. Leavitt pidió que los médicos pudieran no solamente negar el acceso a otro servicio médico, sino también desacreditar la existencia de la violación misma. Además intentaba retirar el castigo, en caso de que el médico negara referir a su paciente.
Los grupos ultra conservadores llevaron esta batalla al territorio de la manipulación emocional y religiosa, así como a la descalificación escandalosa y violenta. El desgaste fue brutal para millones de personas. A pesar de todo, quedó claro que las mujeres y niñas violadas tienen un derecho inalienable a tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Un médico no es juez para determinar si existió o no una violación.
CALDERÓN, IGUAL QUE BUSH Y LEAVITT
El problema con la objeción moral, en cuanto a la terminación del embarazo por violación, es mayúsculo. Violar nuevamente los derechos de las víctimas negando el suceso traumático, exigirles que usen su cuerpo como incubadora del semen de un sujeto violento que por la fuerza les inseminó, parecería un argumento medieval, pero es una campaña global del Siglo XXI.
La secretaría de Salud de México avalada por asesores jurídicos de Felipe Calderón, acaba de hacer exactamente la misma jugada que Bush y Leavitt, pero con la Norma Oficial de Salud NOM 046.
En marzo de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Gobierno mexicano que respetara el derecho a interrumpir un embarazo forzado, por violación. Esto fue a raíz del famoso “caso Paulina” en donde la niña violada fue forzada a seguir con el embarazo, producto de una violación, lo que generó una serie de complicidades entre personas del grupo Provida y servidores públicos de Baja California.
Tres años después, y justo luego del discurso de Calderón ante el Tercer Congreso Mundial de las Familias, Presidencia de la República y la secretaría de Salud cambiaron, a escondidas, las palabras claves, como hicieron antes los norteamericanos, para dejar a las mujeres abandonadas por la ley y los servicios de salud.
Y justo lo hacen cuando Calderón ha dicho ante la comunidad internacional que la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia demuestra que su gobierno sí avanza en el tema de la violencia machista. La decisión recién tomada sobre la transformación de la NOM 046 no solamente violenta dicha ley, sino demuestra una vez más que el gobierno conservador de Calderón está dispuesto a negociar los derechos de las mujeres para tener tranquila a la ultraderecha.
Esta trampa impuesta por la secretaría de Salud también toca a la esposa del presidente, la abogada Margarita Zavala, quien es responsable del DIF nacional, que atiende a una gran cantidad de adolescentes violadas, y aunque Zavala se ha pronunciado contra la terminación del embarazo en general, ha tomado posturas solidarias contra la violencia sexual. Veremos si también la primera dama entrará al doble discurso
Nos enfrentamos otra vez a las viejas tácticas de firmar tratados y leyes contra la violencia hacia mujeres con la mano izquierda y frente a medios internacionales, sólo para quebrantar leyes y derechos humanos con la mano derecha. Ahora les toca al Congreso de la Unión y a la sociedad decidir si aceptan, o no, otro engaño presidencial.
* Texto publicado en www.lydiacacho.net
09/LCR/LAG/GG
Por Lydia Cacho*
México DF, 10 febrero 09 (CIMAC).- Una familia llega a emergencias del Seguro Social con su hijo en brazos, el médico que la atiende sabe que debe hacer una transfusión sanguínea, pero desde su punto de vista religioso inyectar sangre de una persona a otra es un pecado, Dios es el único que debe y puede decidir si una persona vive o muere.
Este médico hace una objeción de conciencia, las enfermeras se quedan calladas, los padres insisten en el derecho a la salud. Por desgracia, en el Seguro Social hay sobre demanda de servicios y nadie las escucha. Las implicaciones jurídicas de un médico impidiendo el derecho a la salud del niño, a razón de sus valores religiosos, son claras y la sociedad actuaría de inmediato.
En marzo del 2008 George Bush, entonces presidente de Estados Unidos, apoyó desde la Casa Blanca a su secretario de Salud Michael Leavitt, para que los médicos que atienden a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y quedaron inseminadas por su violador, pudieran negarse a la interrupción legal del embarazo.
El Estado norteamericano había legalizado años antes el derecho de las víctimas de violación a no gestar un producto inseminado en su cuerpo de manera involuntaria y violenta en su cuerpo. También la ley respetaba la objeción moral de los médicos, pero exigía que estos refirieran a la paciente de inmediato con servicios de salud que sí respetaran la decisión de la víctima de violación.
Bush y su gabinete de Salud violentaron la ley y el voto de las mayorías, imponiendo decisiones personales y religiosas. Leavitt pidió que los médicos pudieran no solamente negar el acceso a otro servicio médico, sino también desacreditar la existencia de la violación misma. Además intentaba retirar el castigo, en caso de que el médico negara referir a su paciente.
Los grupos ultra conservadores llevaron esta batalla al territorio de la manipulación emocional y religiosa, así como a la descalificación escandalosa y violenta. El desgaste fue brutal para millones de personas. A pesar de todo, quedó claro que las mujeres y niñas violadas tienen un derecho inalienable a tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Un médico no es juez para determinar si existió o no una violación.
CALDERÓN, IGUAL QUE BUSH Y LEAVITT
El problema con la objeción moral, en cuanto a la terminación del embarazo por violación, es mayúsculo. Violar nuevamente los derechos de las víctimas negando el suceso traumático, exigirles que usen su cuerpo como incubadora del semen de un sujeto violento que por la fuerza les inseminó, parecería un argumento medieval, pero es una campaña global del Siglo XXI.
La secretaría de Salud de México avalada por asesores jurídicos de Felipe Calderón, acaba de hacer exactamente la misma jugada que Bush y Leavitt, pero con la Norma Oficial de Salud NOM 046.
En marzo de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Gobierno mexicano que respetara el derecho a interrumpir un embarazo forzado, por violación. Esto fue a raíz del famoso “caso Paulina” en donde la niña violada fue forzada a seguir con el embarazo, producto de una violación, lo que generó una serie de complicidades entre personas del grupo Provida y servidores públicos de Baja California.
Tres años después, y justo luego del discurso de Calderón ante el Tercer Congreso Mundial de las Familias, Presidencia de la República y la secretaría de Salud cambiaron, a escondidas, las palabras claves, como hicieron antes los norteamericanos, para dejar a las mujeres abandonadas por la ley y los servicios de salud.
Y justo lo hacen cuando Calderón ha dicho ante la comunidad internacional que la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia demuestra que su gobierno sí avanza en el tema de la violencia machista. La decisión recién tomada sobre la transformación de la NOM 046 no solamente violenta dicha ley, sino demuestra una vez más que el gobierno conservador de Calderón está dispuesto a negociar los derechos de las mujeres para tener tranquila a la ultraderecha.
Esta trampa impuesta por la secretaría de Salud también toca a la esposa del presidente, la abogada Margarita Zavala, quien es responsable del DIF nacional, que atiende a una gran cantidad de adolescentes violadas, y aunque Zavala se ha pronunciado contra la terminación del embarazo en general, ha tomado posturas solidarias contra la violencia sexual. Veremos si también la primera dama entrará al doble discurso
Nos enfrentamos otra vez a las viejas tácticas de firmar tratados y leyes contra la violencia hacia mujeres con la mano izquierda y frente a medios internacionales, sólo para quebrantar leyes y derechos humanos con la mano derecha. Ahora les toca al Congreso de la Unión y a la sociedad decidir si aceptan, o no, otro engaño presidencial.
* Texto publicado en www.lydiacacho.net
09/LCR/LAG/GG
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