Colombia: infancia para la guerra
Por Alejandra González Méndez
México DF, 10 febrero 09 (CIMAC).- Las niñas y los niños tienen derecho a ser protegidos y a desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable en condiciones de libertad e igualdad, establece la Declaración Universal de los Derechos del Niño, pero en Colombia, al igual que en muchos otros países del mundo, la infancia es reclutada para participar en los conflictos armados.
Hoy que se celebra el Día internacional de las niñas y los niños soldados, en el mundo se recuerda que el reclutamiento de menores de edad contraviene la prohibición que hacen la Convención de Ginebra de 1949 y la Convención sobre los Derechos del Niño para usar personas menores de 18 años en guerra.
Tal es el caso de Colombia, que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el uso de niñas y niños soldados, donde miles son reclutados por el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por los diversos grupos paramilitares. Se estima que al menos uno de cada cuatro combatientes irregulares en la guerrilla colombiana tiene menos de 18 años, señalan reportes de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Women´s Commission for Refugee and Children a través del Watchlist on Children and Armed Conflict.
SE REFUGIAN EN EL EJÉRCITO POR MALTRATO
Las niñas y los niños han estado presentes en el conflicto desde que inició en 1964, sin embargo no tenían una participación activa, sólo eran miembros de las familias que acompañaban a los guerrilleros, señalan los informes.
Es a partir de los años 90, cuando la guerrilla y paramilitares realizan fuertes campañas de reclutamiento, para aglutinar a niñas y niños, en su mayoría, que huyen de sus casas en busca de sustento y como una liberación del maltrato infantil.
De acuerdo con un reporte expedido por Human Rights Watch, hay cerca de 11 mil menores de edad combatientes en Colombia, y la mayoría se enroló en el Ejército antes de los 15 años. Y aunque la mayoría asegura que se integró por voluntad propia, la realidad es que una buena parte son víctimas del reclutamiento forzado.
A pesar de que las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo) y la UC-ELN (Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional) establecen la edad mínima de15 años, niñas y niños ex combatientes han declarado que se enlistaron antes de los 15 y que algunos ingresaron al Ejército a los siete u ocho años.
Las fuerzas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) establecen en su reglamento que la edad mínima para unirse a las fuerzas paramilitares es de 18 años, aunque en este caso la regla tampoco se cumple.
Gran parte de los “combatientes” tienen menos de 18 años, pero las niñas y los niños se integran a este grupo armado por el sueldo que oscila entre los 366 y 488 dólares y que reciben cada tres meses, dice el informe
ADIESTRAMIENTO DE ADULTOS
El trato que se les da a los menores de edad dentro de las FARC es el mismo que reciben adultos, señala el texto. Las niñas y los niños combatientes pasan por un exhausto entrenamiento en el que aprenden técnicas de supervivencia y tácticas para hacer emboscadas, además de utilizar diferentes tipos de rifles de asalto automático, armas cortas, granadas de mano y morteros.
También aprenden a ensamblar dispositivos explosivos como bombas, cilindros, gas y minas antipersonales, además de que reciben entrenamiento físico todos los días y clases de marxismo, historia de Colombia y política porque, se argumenta la mayoría no saben leer ni escribir.
En todos estos grupos armados las y los niños combatientes son obligados a torturar, matar e incluso descuartizar a prisioneros de guerra, y también participan en secuestros de civiles y otras actividades criminales que estos grupos realizan para obtener fondos para su manutención.
La disciplina militar rige el comportamiento de los menores de edad en todos los aspectos de su vida. Son sometidos a consejo de guerra en casos de desobediencia, y reciben castigos que atentan contra su integridad física y mental, como el de ser amarrados a un árbol por periodos de 2 semanas hasta un mes.
Cuando alguna niña o niño intenta escapar, recibe castigos severos, y en muchas ocasiones la muerte. Algunos ex combatientes declararon que fueron obligados a matar a sus amigos con los que habían intentado escapar.
Se calcula que más de una cuarta parte de combatientes son mujeres y que sus edades oscilan entre los ocho y los 17 años. Algunas de ellas decidieron unirse a las fuerzas armadas por que en sus casas eran víctimas de acoso sexual.
ABUSO SEXUAL
Ellas desempeñan los mismos roles que los combatientes masculinos dentro de las fuerzas armadas u aunque la mayoría de las niñas entrevistadas por Human Rights Watch coincidieron en que la violación y el acoso sexual abierto no son tolerados dentro de estos grupos armados, si existen abusos por parte de los oficiales con rangos más altos, que utilizan su poder para establecer vínculos sexuales con las niñas.
Hay casos en que obligadas a tomar anticonceptivos o a implantarse dispositivos intrauterinos y, en caso de que resulten embarazadas, son forzadas a abortar.
Además, algunas son utilizadas como espías en “misiones especiales”, donde obtienen información del Ejercito a través de las relaciones sexuales que tienen con los soldados.
En las FARC-EP existe una “libertad sexual”, y aunque las niñas no son forzadas de manera violenta a tener relaciones sexuales con los otros miembros del grupo, lo hacen como un medio para posicionarse dentro de éste y así obtener protección, dice el Informe
La violencia sexual contra mujeres civiles es una práctica común dentro de esta guerrilla, ejercida no únicamente por miembros de las FARC-EP o la UC-ELN, sino también por los paramilitares y miembros del Ejército.
El número de violaciones ejercidas por grupos armados va en aumento, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal, citadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia Contra la Mujer, el índice de violaciones de adolescentes fue cerca del 2.5 por cada mil jóvenes.
Sin embargo, los cálculos indican que únicamente 17 por ciento de los casos de violencia sexual son denunciados. Los informes indican que los grupos armados han secuestrado y violado a niñas de hasta cinco años.
Esta violencia ha orillado a varios grupos de mujeres a desplazarse de sus hogares, y a buscar protección de las autoridades, pero en muchos casos sus esfuerzos no obtienen resultados, lo que ha propiciado el nacimiento de grupos y asociaciones de mujeres que buscan protegerse entre ellas mismas por miedo de la resistencia pacífica.
EN BUSCA DE REFUGIO
Uno de estos grupos es la Liga de Mujeres Desplazadas, una organización de base conformada por mujeres que han sido víctimas del desplazamiento forzado y sus crímenes conexos, y que también han padecido discriminación por parte de las autoridades.
El pasado 16 de enero, el "vocero autorizado de la Gobernación de Bolívar" amparado en el anonimato, declaró al diario El Tiempo, que los temores de la Liga de Mujeres Desplazadas son infundados.
Esto después del asesinato del líder social y comunitario Fernando Henry Acuña Ruiz, que se registró tres días después del el Informe de Riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo 001-09 AI.
En el reporte se expone la situación de desprotección y vulnerabilidad en que se encuentran los líderes sociales y comunitarios en los Municipios de Turbaco, Arjona y el Distrito de Cartagena, entre ellos la organización social Liga de Mujeres Desplazadas, varias veces amenazada y atacada.
Sin embargo, para el vocero de la Gobernación, las mujeres de este sector “sufren problemas emocionales y síquicos propios de su condición de haber sido perseguidas y agredidas por fuerzas violentas, y mucho de lo que denuncian no es como ellas dicen".
Ante las declaraciones del servidor público, la Liga de Mujeres Desplazadas y el Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos ha solicitado al Director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, se dé a conocer la identidad del funcionario y se inicien las investigaciones de rigor ante la Procuraduría General de la Nación y ante la Fiscalía General.
La Liga de Mujeres Desplazadas varias veces ha sido premiada a nivel nacional e internacional por su resistencia pacífica a los violentos, entre los reconocimientos que ha recibido, destaca el Premio Nacional de Paz, y la Mención Especial en el Premio Rey de España de Derechos Humanos en 2007.
La Corte Constitucional, mediante los autos 200 de 2007 y 092 de 2008, que hacen seguimiento al cumplimiento de la sentencia T 025 que estableció un “Estado de cosas inconstitucional” sobre la población desplazada en Colombia, solicitó al Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, como hoy lo hace la Defensoría del Pueblo, protección inmediata para la Liga de Mujeres Desplazadas.
La Liga de Mujeres Desplazadas conmina a que la Gobernación de Bolívar muestre las pruebas sobre los problemas emocionales y síquicos que afectan la credibilidad de las 100 mujeres de la organización que con sus familias habitan “La Ciudad de las Mujeres” en el Municipio de Turbaco Bolívar, en Colombia.
09/AGM/LAG/GG
Por Alejandra González Méndez
México DF, 10 febrero 09 (CIMAC).- Las niñas y los niños tienen derecho a ser protegidos y a desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable en condiciones de libertad e igualdad, establece la Declaración Universal de los Derechos del Niño, pero en Colombia, al igual que en muchos otros países del mundo, la infancia es reclutada para participar en los conflictos armados.
Hoy que se celebra el Día internacional de las niñas y los niños soldados, en el mundo se recuerda que el reclutamiento de menores de edad contraviene la prohibición que hacen la Convención de Ginebra de 1949 y la Convención sobre los Derechos del Niño para usar personas menores de 18 años en guerra.
Tal es el caso de Colombia, que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el uso de niñas y niños soldados, donde miles son reclutados por el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por los diversos grupos paramilitares. Se estima que al menos uno de cada cuatro combatientes irregulares en la guerrilla colombiana tiene menos de 18 años, señalan reportes de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Women´s Commission for Refugee and Children a través del Watchlist on Children and Armed Conflict.
SE REFUGIAN EN EL EJÉRCITO POR MALTRATO
Las niñas y los niños han estado presentes en el conflicto desde que inició en 1964, sin embargo no tenían una participación activa, sólo eran miembros de las familias que acompañaban a los guerrilleros, señalan los informes.
Es a partir de los años 90, cuando la guerrilla y paramilitares realizan fuertes campañas de reclutamiento, para aglutinar a niñas y niños, en su mayoría, que huyen de sus casas en busca de sustento y como una liberación del maltrato infantil.
De acuerdo con un reporte expedido por Human Rights Watch, hay cerca de 11 mil menores de edad combatientes en Colombia, y la mayoría se enroló en el Ejército antes de los 15 años. Y aunque la mayoría asegura que se integró por voluntad propia, la realidad es que una buena parte son víctimas del reclutamiento forzado.
A pesar de que las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo) y la UC-ELN (Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional) establecen la edad mínima de15 años, niñas y niños ex combatientes han declarado que se enlistaron antes de los 15 y que algunos ingresaron al Ejército a los siete u ocho años.
Las fuerzas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) establecen en su reglamento que la edad mínima para unirse a las fuerzas paramilitares es de 18 años, aunque en este caso la regla tampoco se cumple.
Gran parte de los “combatientes” tienen menos de 18 años, pero las niñas y los niños se integran a este grupo armado por el sueldo que oscila entre los 366 y 488 dólares y que reciben cada tres meses, dice el informe
ADIESTRAMIENTO DE ADULTOS
El trato que se les da a los menores de edad dentro de las FARC es el mismo que reciben adultos, señala el texto. Las niñas y los niños combatientes pasan por un exhausto entrenamiento en el que aprenden técnicas de supervivencia y tácticas para hacer emboscadas, además de utilizar diferentes tipos de rifles de asalto automático, armas cortas, granadas de mano y morteros.
También aprenden a ensamblar dispositivos explosivos como bombas, cilindros, gas y minas antipersonales, además de que reciben entrenamiento físico todos los días y clases de marxismo, historia de Colombia y política porque, se argumenta la mayoría no saben leer ni escribir.
En todos estos grupos armados las y los niños combatientes son obligados a torturar, matar e incluso descuartizar a prisioneros de guerra, y también participan en secuestros de civiles y otras actividades criminales que estos grupos realizan para obtener fondos para su manutención.
La disciplina militar rige el comportamiento de los menores de edad en todos los aspectos de su vida. Son sometidos a consejo de guerra en casos de desobediencia, y reciben castigos que atentan contra su integridad física y mental, como el de ser amarrados a un árbol por periodos de 2 semanas hasta un mes.
Cuando alguna niña o niño intenta escapar, recibe castigos severos, y en muchas ocasiones la muerte. Algunos ex combatientes declararon que fueron obligados a matar a sus amigos con los que habían intentado escapar.
Se calcula que más de una cuarta parte de combatientes son mujeres y que sus edades oscilan entre los ocho y los 17 años. Algunas de ellas decidieron unirse a las fuerzas armadas por que en sus casas eran víctimas de acoso sexual.
ABUSO SEXUAL
Ellas desempeñan los mismos roles que los combatientes masculinos dentro de las fuerzas armadas u aunque la mayoría de las niñas entrevistadas por Human Rights Watch coincidieron en que la violación y el acoso sexual abierto no son tolerados dentro de estos grupos armados, si existen abusos por parte de los oficiales con rangos más altos, que utilizan su poder para establecer vínculos sexuales con las niñas.
Hay casos en que obligadas a tomar anticonceptivos o a implantarse dispositivos intrauterinos y, en caso de que resulten embarazadas, son forzadas a abortar.
Además, algunas son utilizadas como espías en “misiones especiales”, donde obtienen información del Ejercito a través de las relaciones sexuales que tienen con los soldados.
En las FARC-EP existe una “libertad sexual”, y aunque las niñas no son forzadas de manera violenta a tener relaciones sexuales con los otros miembros del grupo, lo hacen como un medio para posicionarse dentro de éste y así obtener protección, dice el Informe
La violencia sexual contra mujeres civiles es una práctica común dentro de esta guerrilla, ejercida no únicamente por miembros de las FARC-EP o la UC-ELN, sino también por los paramilitares y miembros del Ejército.
El número de violaciones ejercidas por grupos armados va en aumento, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal, citadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia Contra la Mujer, el índice de violaciones de adolescentes fue cerca del 2.5 por cada mil jóvenes.
Sin embargo, los cálculos indican que únicamente 17 por ciento de los casos de violencia sexual son denunciados. Los informes indican que los grupos armados han secuestrado y violado a niñas de hasta cinco años.
Esta violencia ha orillado a varios grupos de mujeres a desplazarse de sus hogares, y a buscar protección de las autoridades, pero en muchos casos sus esfuerzos no obtienen resultados, lo que ha propiciado el nacimiento de grupos y asociaciones de mujeres que buscan protegerse entre ellas mismas por miedo de la resistencia pacífica.
EN BUSCA DE REFUGIO
Uno de estos grupos es la Liga de Mujeres Desplazadas, una organización de base conformada por mujeres que han sido víctimas del desplazamiento forzado y sus crímenes conexos, y que también han padecido discriminación por parte de las autoridades.
El pasado 16 de enero, el "vocero autorizado de la Gobernación de Bolívar" amparado en el anonimato, declaró al diario El Tiempo, que los temores de la Liga de Mujeres Desplazadas son infundados.
Esto después del asesinato del líder social y comunitario Fernando Henry Acuña Ruiz, que se registró tres días después del el Informe de Riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo 001-09 AI.
En el reporte se expone la situación de desprotección y vulnerabilidad en que se encuentran los líderes sociales y comunitarios en los Municipios de Turbaco, Arjona y el Distrito de Cartagena, entre ellos la organización social Liga de Mujeres Desplazadas, varias veces amenazada y atacada.
Sin embargo, para el vocero de la Gobernación, las mujeres de este sector “sufren problemas emocionales y síquicos propios de su condición de haber sido perseguidas y agredidas por fuerzas violentas, y mucho de lo que denuncian no es como ellas dicen".
Ante las declaraciones del servidor público, la Liga de Mujeres Desplazadas y el Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos ha solicitado al Director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, se dé a conocer la identidad del funcionario y se inicien las investigaciones de rigor ante la Procuraduría General de la Nación y ante la Fiscalía General.
La Liga de Mujeres Desplazadas varias veces ha sido premiada a nivel nacional e internacional por su resistencia pacífica a los violentos, entre los reconocimientos que ha recibido, destaca el Premio Nacional de Paz, y la Mención Especial en el Premio Rey de España de Derechos Humanos en 2007.
La Corte Constitucional, mediante los autos 200 de 2007 y 092 de 2008, que hacen seguimiento al cumplimiento de la sentencia T 025 que estableció un “Estado de cosas inconstitucional” sobre la población desplazada en Colombia, solicitó al Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, como hoy lo hace la Defensoría del Pueblo, protección inmediata para la Liga de Mujeres Desplazadas.
La Liga de Mujeres Desplazadas conmina a que la Gobernación de Bolívar muestre las pruebas sobre los problemas emocionales y síquicos que afectan la credibilidad de las 100 mujeres de la organización que con sus familias habitan “La Ciudad de las Mujeres” en el Municipio de Turbaco Bolívar, en Colombia.
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