Gobierno Calderonista entona en Ginebra un mea culpa

DDHH-MÉXICO: Gobierno entona un mea culpa
Por Por Gustavo Capdevila

GINEBRA, 10 feb - En su primer año de vida, que alcanzará en abril, el tribunal de la ONU que juzga la vigencia de los derechos humanos en los países miembros ya distingue dos tipos de comportamientos de los gobiernos bajo su escrutinio.

Por un lado, están los que se limitan a exponer lo que consideran sus progresos y su fiel acatamiento a esas garantías internacionales y aguardan que los demás Estados les señalen las faltas, que en estos casos suelen ser copiosas. Otros asumen una actitud de aparente transparencia y aceptan motu proprio una buena parte de sus omisiones en la aplicación de los derechos humanos. Este último temperamento fue el que adoptó México cuando se sometió, este martes, al mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) que funciona como un grupo de trabajo en la órbita del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

El secretario de Gobernación (ministro de Interior) mexicano, Fernando Gómez-Mont, reconoció tácitamente la debilidad del Estado de derecho en su país y de las instituciones de seguridad y de justicia encargadas de proteger a la población. De la misma manera admitió que en México existía una tarea inconclusa, la de superar las desigualdades de la sociedad, en especial a través de la atención de la pobreza y de la erradicación de la indigencia. Bajo esas dos imperfecciones brotan abusos como la trata de personas, la tortura, la falta de respeto de los derechos de los pueblos indígenas, la discriminación, la ignorancia de las garantías de las personas con discapacidad y la desaparición forzada, entre otras violaciones que el delegado mexicano se encargó de reconocer. Sin que Gómez-Mont las ignorara, los representantes de 56 países apuntaron minuciosamente muchas otras carencias del gobierno mexicano en la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.

Holanda, por ejemplo, se concentró en numerosos casos de periodistas que han sido víctimas de abusos y de graves violaciones de sus derechos humanos. La mayoría de los ataques contra ellos se mantienen en la impunidad, lo que genera un clima de censura y de autocensura, observó el delegado de La Haya. Darío Ramírez Salazar, de Artículo 19, una organización internacional de defensa de la libertad de expresión, dijo a IPS que en los últimos ocho años han sido asesinados en México unos 29 periodistas y empleados de medios de comunicación. Los periodistas más vulnerables son los que informan sobre seguridad pública y delincuencia organizada.

Un tercio de los asesinados investigaban denuncias de colusión entre las fuerzas estatales de seguridad y el crimen organizado, afirmó. El delegado holandés también sostuvo que en México existe una concentración del control de los medios de comunicación en manos de pocos individuos o grupos de empresarios, que impiden el pleno ejercicio de la libertad de expresión. En consecuencia, Holanda pidió al gobierno mexicano que modificara la legislación que regula la radio, la televisión y las comunicaciones y dictara una nueva ley para favorecer la diversidad en los medios de comunicación.

Gran Bretaña recomendó a México que adoptara disposiciones para proteger de la discriminación y proporcionar asistencia a las mujeres y otros grupos vulnerables, como niñas y niños, minorías y pueblos indígenas.

Estos últimos suman 15 millones de personas, repartidas entre 62 pueblos. Guatemala recordó que el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes expresó, al finalizar su visita a México en marzo de 2008, "su consternación por numerosos abusos contra inmigrantes, especialmente de origen centroamericano". El delegado guatemalteco demandó que México atendiera las recomendaciones del relator y velara por el acceso de los inmigrantes a un recurso efectivo para la protección de sus derechos.

Ecuador también mostró preocupación por la situación de los inmigrantes en México. España observó que hasta hace unos años en México se aplicaba el fuero militar para el delito de tortura cometido contra civiles por personal castrense durante el ejercicio de una función pública. El delegado español preguntó si los particulares disponían en México de recursos efectivos ante eventuales violaciones de derechos humanos perpetradas por personal militar. Eric Sottas, secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), comentó a IPS que la corrupción es una de las mayores dificultades que afronta el gobierno mexicano.

Otro problema es el crimen organizado, que afecta, entre otros, a lugares como Ciudad Juárez, Cancún y las ciudades próximas a la frontera con Estados Unidos, dijo el dirigente de la OMCT. Para superar esos obstáculos, el gobierno ha empleado a fondo al ejército, con la misión de restablecer el orden. Pero, hay que decirlo, eso ha provocado más problemas en todo el país, afirmó Sottas.

El secretario de Gobernación mexicano confirmó a IPS que los militares permanecerán por un tiempo más en las calles de ciudades y poblaciones del país. "El hecho de que en un tiempo considerable la delincuencia organizada fue tomando control o corrompiendo y penetrando algunas instituciones de la seguridad pública, y luego de realizar un diagnóstico honrado al respecto, nos llevó a pedirle a las Fuerzas Armadas que entraran a apoyar las tareas de seguridad pública", dijo Gómez-Mont. Los militares respaldan la tarea de las instituciones de seguridad pública a fin de "aumentar su potencia en esta lucha y darnos el tiempo necesario para la reconstrucción institucional de las fuerzas de seguridad pública", explicó el delegado mexicano.

El objetivo es "erradicar la corrupción, depurar las policías, profesionarlas y capacitarlas", precisó. Es decir, poner a las fuerzas de seguridad del Estado a la altura de los estándares universales de eficiencia y de respeto a los derechos humanos, insistió. Sólo así creemos que podremos abatir el estado de violencia en que se encuentran algunas partes de México, agregó. IPS preguntó a Gómez-Mont si conocía el precio que han pagado otros países por tener a los militares en las calles, cumpliendo funciones de policía. El secretario de Gobernación respondió que "conocemos de la institucionalidad y de la disciplina de las Fuerzas Armadas".

Hemos tenido experiencias en el pasado que nos han permitido utilizarlas de una manera correcta e inteligente, agregó. El ministro sostuvo que México "está cambiando y se está abriendo. Está tratando de mejorar sus prácticas institucionales. Esta comprometido en ese esfuerzo", abundó. En conclusión, el delegado mexicano apuntó que "siempre tomar decisiones implica riesgos, pero no tomarlas, también". Nosotros estamos "evitando caer en un discurso fácil y nos estamos comprometiendo de lleno en una lucha para depurar la vida pública de México", aseveró.
(FIN/2009)