Periodistas pal cafe.....

Desfiladero
Jaime Avilés

jamastu@gmail.com
■ Slim-Televisa-Los Pinos: parte de guerra
■ La Corte legalizó la represión

Los magnates mexicanos Carlos Slim, el hombre a veces más rico del mundo, y Joaquín Vargas, del consorcio Multivisión, han establecido una sociedad para crear la tercera cadena televisiva del país. Sin embargo, no han logrado llegar muy lejos. Televisa y Tv Azteca se oponen a sus planes y cuentan con el apoyo del gobierno de Felipe Calderón, que en realidad hace lo que el duopolio le ordena. Ahí está la servil actitud del IFE ante Televisa por el asunto de los espots.

A principios de este año, el dueño de Teléfonos de México y numerosas empresas más, distribuidas por el mundo, concretó una inversión de 250 millones de dólares en acciones del periódico más influyente de Estados Unidos, The New York Times. La operación –lo dijo así esta columna hace dos sábados– fue para “golpear” las acciones de Televisa en la bolsa de valores neoyorquina. Era, en otras palabras, una velada declaración de guerra.
Y la guerra estalló, o se hizo visible, muy poco después. La semana pasada, coincidencia o no, The New York Times publicó un despacho de su corresponsalía en México acerca del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. La percepción de la redactora del texto era que la popularidad del político tabasqueño estaba de nuevo a la alza, debido a la crisis económica y a la incapacidad de Calderón para enfrentar la recesión. La nota, por supuesto, enfureció al hombrecito de Los Pinos.

El lunes de esta semana, Slim ofreció una conferencia en el Senado donde pronosticó lo peor de lo peor para los próximos años: cierre masivo de empresas “grandes, medianas y chicas”, quiebra de comercios, tiendas departamentales vacías y un desempleo “como no se veía desde los años 30”. Esta vez Calderón, el porro mayor del gabinete que funge como secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, el bulldog que ladra como líder nacional del PAN, Germán Martínez, y las plumas mercenarias de Los Pinos tronaron histéricamente contra el multimillonario de origen salinista, perdón, libanés.

Cosa curiosa, los coordinadores del PRI y del PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados hicieron declaraciones coincidentes al pedir serenidad a ambas partes, con una actitud que pareció más bien favorable a Slim. Este, por su parte, respondió en forma directa a la andanada de reproches oficiales lanzada en su contra por el espuriato. El miércoles, Telmex anunció una reducción de 4 mil millones de pesos en su plan de inversiones para 2009, dadas las “perspectivas económicas” del país. Así, el monopolio telefónico disminuirá de 12 mil a 8 mil millones de pesos sus gastos para el año en curso. Pero entonces la guerra dio un giro con olor a programa de chismes de Juan José Origel, Paty Chapoy o gente por el estilo.

Desde España, donde los familiares políticos de Calderón cultivan estrechas relaciones con los medios, la revista Semana destapó el “romance secreto” entre Slim y la reina Noor de Jordania. ¿Respuesta? Anteayer, jueves, el nuevo programa radiofónico de Carmen Aristegui en Multivisión dio a conocer la existencia de una grabación en la que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, afirma que Carlos Salinas de Gortari se “robó” la partida secreta de Los Pinos, cuando gobernaba el país.

Téllez, no se olvide, por su cargo público, es el principal responsable de las relaciones entre el gobierno (bueno, es un decir) de Calderón y las televisoras. Y por lo tanto es quien en la práctica ha cerrado las compuertas que le impiden a Slim entrar a la industria que rellena de imágenes y palabras, en su inmensa mayoría insulsas, las pantallas chicas. Así estaban las cosas hasta ayer en la mañana. Quién sabe ahora qué pase, pero en un primer balance las acciones ofensivas a cargo de Slim han sido notablemente más duras que las de Calderón y Televisa unidos, mientras Tv Azteca brilla por su ausencia en la pelea.

La tremenda corta
En ocasiones, cuando uno ingiere alimentos descompuestos, lo mejor que puede hacer es devolverlos. Hay personas que, por distintas razones, no son capaces de “expulsar por la boca, en forma violenta y espasmódica, el contenido del estómago”, como describe el diccionario la acción del verbo vomitar. Por fortuna, ése ya no será un problema. Gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora cualquiera vomitará en el momento que le plazca. Para ello sólo tiene que observar los videos del espectáculo que 10 de los 11 magistrados de ese establo del derecho, con la admirable excepción de don Genaro Góngora Pimentel, representaron del lunes al jueves de esta semana al deponer sus doctas opiniones sobre la represión de mayo de 2006 en Atenco.

¿Que la acción conjunta de la Policía Federal Preventiva y la del estado de México provocó la muerte de dos jóvenes, el ultraje sexual de decenas de mujeres, la violación de incontables domicilios sin orden de cateo, el arresto en forma brutal de más de un centenar de personas que fueron molidas a palos y más tarde torturadas durante los interrogatorios? Sí, y qué, dijeron en resumidas cuentas los togados, que ganan 600 mil pesos mensuales. Pese al evidente derramamiento de sangre que hubo en Atenco, consideraron que el gobernador Enrique Peña Nieto es más inocente que el niño Jesús. Y lo mismo Eduardo Medina Mora, entonces secretario de Seguridad Pública, y más aun Wilfrido Robledo, jefe de la PFP. Además, nadie se acordó de Vicente Fox, autor intelectual de esa carnicería, concebida como venganza contra los campesinos que le echaron a perder el negocio del aeropuerto.

La suprema corta, como la llama el pueblo, ha legalizado la represión en México. Ahora ratificará su histórica decisión cuando examine el salvaje aplastamiento de las protestas de la APPO en Oaxaca, con su cauda de asesinatos, torturas, desaparecidos y presos políticos y, en consecuencia, declare inocente de toda culpa o sospecha a Ulises Ruiz.
Desde hoy, con la bendición del máximo tribunal del país, cualquier remedo de “gobernante” podrá soltar a sus gorilas contra la población inconforme y, pase lo que pase, quedará impune porque Peña Nieto y Ulises Ruiz ya sentaron jurisprudencia en la materia. Ahora todo se vale, y máxime a la puerta de una crisis como la que anticipa Slim.

Contralínea: nuevo atropello
Policías del Distrito Federal, representantes del 13 juzgado de lo civil en Guadalajara y abogados de la empresa petrolera Grupo Zeta allanaron el miércoles a las 11 de la mañana las oficinas de la revista Contralínea, que dirige Miguel Badillo y que fue la primera publicación que, a principios de 2007, dio a conocer la existencia de los contratos de Juan Camilo Mouriño en Pemex, incluso antes que los denunciara López Obrador. En agosto de ese año, los zetas de los hidrocarburos interpusieron en Jalisco una demanda por “daño moral” contra Badillo y su colaboradora Ana Lilia Pérez Mendoza, a quienes pretende encarcelar. La enlutada mano de Calderón se ve detrás de esta inaceptable represalia.

Dinero
Enrique Galván Ochoa

galvanochoa@yahoo.com

• Foro: http://dinero.tv

y para participar en la encuesta semanal:

http://elforomexico.com/index.php
■ La mayoría coincide con el catastrofismo de Slim
■ No comparten el panorama rosa de Calderón
■ A una crisis siempre sucede otra

¿Cuál es la visión que mejor se acomoda a tu manera personal de apreciar la situación? ¿La de Carlos Slim, que sin querer ser catastrofista pinta un negro panorama, o la del presidente Calderón, que ve con optimismo que para fin de año comenzaremos a salir de la crisis? El 80 por ciento de las personas que encuestamos esta semana coincide con Slim. Un 19 por ciento sostiene otras opiniones y sólo uno por ciento está de acuerdo con Calderón.

Metodología
Cada semana enviamos alrededor de 3 mil cuestionarios por correo electrónico relativos a los temas del momento: política, economía, problemas e inquietudes sociales. La encuesta de esta semana registraba hasta ayer un 40 por ciento de respuestas. Los participantes tienen la opción de acompañar sus votos con su opinión. Enseguida aparecen algunos fragmentos, el texto completo puede leerse en el foro.

Opiniones
Desde hace más de 30 años hemos estado de catástrofe en catástrofe; no salimos de una cuando ya estamos en otra. Espero que en las elecciones de julio de 2009 sepamos por quien vamos a votar.
Jorge Ángel Tovar/ Distrito Federal
Catástrofe: suceso desgraciado que altera gravemente el orden regular de las cosas. ¿De dónde inferimos que el suceso desgraciado nos llega por que lo dijo el señor Slim? Nos llegó con las promesas incumplidas de campañas presidenciales. Por lo pronto me quedé sin empleo y no sólo yo, toda la empresa en la que trabajábamos más de 1,500 personas.
Féliz Guzmán Burgoa/ Ciudad Mante
Yo propongo que boicoteemos a las televisoras. Dejemos de verlas, no veamos sus programas cargados de ideología conservadora y con una realidad muy distante a la nuestra; no veamos sus nefastos noticieros. Esa es mi catastrofista y catastrófica propuesta. ¿Cómo la ven?
Rocío Valdés Yáñez/ Morelia

México SA
Carlos Fernández-Vega

cfvmexico_sa@hotmail.com

• mexicosa@infinitum.com.mx
■ Beneficiarios de la partida secreta
■ Téllez, embarrado de nuevo

El inefable Luis Téllez “habló de más”, según su propio reconocimiento, al afirmar que Carlos Salinas de Gortari “se robó la mitad de la partida secreta”. ¡A qué Luisito tan bocón!, pero en los hechos se quedó corto, pues él sabe perfectamente bien cómo se utilizó y a quién benefició la partida secreta, cuando menos en la primera mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, durante la cual se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia.

Por medio de la partida secreta millones y millones de pesos de los mexicanos fueron utilizados discrecionalmente por cuando menos tres inquilinos de Los Pinos: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Cálculos conservadores indican un ejercicio acumulado cercano a mil 400 millones de dólares de 1983 a 1997, de los cuales alrededor de 60 por ciento (855 millones) correspondieron al hijo predilecto de Agualeguas, y el resto se repartió entre el de la “renovación moral” (cerca de 360 millones) y el que nunca tenía cash (170).

Mil 400 millones de dólares al tipo de cambio actual equivalen a más de 20 mil millones de pesos, y los 855 millones de Salinas a 12 mil 600 millones de devaluados billetes mexicanos. Si, como asegura Téllez”, el ex presidente “se robó la mitad”, entonces tenemos una idea aproximada de lo que se llevó, aunque quedaría en el aire saber qué hizo con el otro 50 por ciento, así como lo que de dicha partida hicieron De la Madrid y Zedillo: cómo y a quiénes beneficiaron, y a cambio de qué, porque el reparto de los panes (del que probablemente el propio Téllez gozó en tiempos de la “solidaridad”) era igualmente discrecional, aunque no incondicional. Dicho sea de paso, los legisladores no pueden lavarse las manos, no tienen cómo zafarse de la bronca, porque al final de cuenta ellos autorizaban anualmente el monto de la citada partida secreta, y, violando la Constitución, la “legalizaban”.

Difundida por Carmen Aristegui en su programa matutino de radio, Luis Téllez reconoció la autenticidad de la grabación, pero de inmediato pretendió corregir: fue una afirmación “indebida”, por carecer, dijo, de elementos para sustentar lo dicho; “nunca tuve ni he tenido evidencia alguna de acciones ilícitas del ex presidente Carlos Salinas de Gortari”. Esta “precisión” huele a descarada mentira, pero si el actual secretario de Comunicaciones y Transportes quiere reivindicarse que explique cómo Zedillo utilizó la partida secreta y a quiénes benefició. De la correspondiente al sexenio salinista, tendrá que ser el propio ex mandatario quien detalle (a él que tanto le gusta “aclarar” las cosas, por medio de su “oficina”) cómo repartió el pastel, aunque no hay que olvidar que su hermano Raúl fue acusado por la Procuraduría General de la República como uno de los “operadores” y beneficiarios de esos dineros.

El monto de la partida secreta autorizada por los legisladores al presidente de la República alcanzó su máxima expresión con Salinas de Gortari, a quien año tras año de su sexenio la Cámara de Diputados autorizó miles de millones de pesos para su ejercicio discrecional. Para su primera mitad de gobierno, los inquilinos de San Lázaro también aprobaron lo suyo a Ernesto Zedillo, quien, sin desaparecer la citada partida, se abstuvo de ejercerla (según documentación presupuestal) a partir de 1998. Sin embargo, como tal no ha desaparecido; se maneja en ceros, pero allí está, para cuando la ambición de algún iluminado lo crea pertinente.

La paulatina desaparición de la partida secreta y su “congelamiento” no fue, desde luego, por obra y gracia de Ernesto Zedillo. Por el contrario. A finales de 1997, año en que se tomó la decisión de llevarla a ceros, la mayoría opositora en la Cámara de Diputados obligó a la Secretaría de Hacienda a reducir, terminantemente, la asignación de este tipo de recursos al presidente de la República.

Sin duda existió una notoria diferencia entre el monto de recursos públicos ejercido por uno u otro de los ex mandatarios citados, pero ello no obsta para que conste que no sólo uno sino todos los integrantes del círculo más cercano al presidente en turno se beneficiaron, de una u otra forma, de la partida secreta. Todo dependía del grado de cariño que el inquilino les tuviera. Así, en la compra-venta de favores y complicidades acostumbrada en el circuito del poder, suena lógico que los mandatarios y sus “íntimos” (entre ellos algunos diputados que avalaban la violación del 74 constitucional) obtuvieran beneficios personales de esos dineros, como debe haber sucedido con Salinas de Gortari cuando Miguel de la Madrid despachaba en Los Pinos, cuando éste supuestamente rendía cuentas a José López Portillo, y así por el estilo. ¿Cuántos funcionarios del salinato y zedillato se beneficiaron con esta muy peculiar fórmula? Esa pregunta detalladamente la puede contestar Luis Téllez, porque en ambos sexenios perteneció al círculo de “íntimos”.

Que “habló de más”, de forma “indebida” y sin “elementos para sustentar lo dicho”, pero Luis Téllez puede reivindicarse: que detalle el reparto del pastel en tiempos de Salinas y de Zedillo. Tal vez con eso se saque la espina, pero sólo será una, porque de inmediato debe responder por las nuevas grabaciones que han salido a la luz pública (todo indica que por cortesía de un “Carpintero”), en las que el actual secretario de Comunicaciones y Transportes queda igualmente embarrado.

Las rebanadas del pastel
Como siempre, los únicos agredidos por ese tipo de ejercicios igual de discrecionales que de antidemocráticos son quienes pagan la voluminosa factura: los mexicanos, que tampoco en este tema tienen derecho a saber qué, cuánto, cómo y a quiénes benefician sus dineros. La historia se repite: es la del Fobaproa, la del inagotable inventario de “rescates” y “salvamentos” privados con recursos de la nación, la del atraco a las reservas internacionales y tantas otras que por decisión gubernamental permanecen en el más ignominioso secreto… Y en pleno discurso triunfalista del inquilino de Los Pinos, brinca a la palestra otro “catastrofista”: el FMI de nueva cuenta redujo su pronóstico para la economía mexicana. Qué lío: ¡tantos catastrofistas para tan pocos optimistas!

Los de Abajo
Gloria Muñoz Ramírez

losylasdeabajo@yahoo.com.mx.
■ Feria del libro en La Habana
Lejos de las realidades culturales neoliberales en las que los libros son sólo parte de un mercado de difícil y muchas veces imposible acceso para los de abajo, por decimaoctava ocasión las milenarias murallas de la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, en el corazón de La Habana, Cuba, albergan estos días el suceso cultural por excelencia de toda la isla: la feria del libro. La única, sin lugar a dudas, en la que un pueblo entero se vuelca a los cientos de stands y prácticamente nadie se va con las manos vacías.

La feria del libro en la polémica y castigada Cuba es un oasis en medio de los miles de problemas que aquejan la cotidianidad de los isleños. Miles de familias acuden a La Cabaña no sólo en la búsqueda de un libro, sino de un lugar de esparcimiento para relajar el espíritu. “No es fácil”, es la frase preferida de los cubanos que contra viento y marea se mantienen de pie frente al hostigamiento económico y político encabezado por Estados Unidos y sus aliados. La escasez de alimentos, agravada este año por los tres ciclones que en 2008 castigaron a la isla, es uno de los principales problemas que se palpan en cada casa, aunado a la falta de vivienda y al siempre insuficiente transporte. Quejas no faltan, pero hay aquí un espíritu que los mantiene vivos, alegres y dignos.

Cada año es febrero esperado por todos. Las guaguas atraviesan el túnel de La Habana y de ellas saltan miles de personas en dirección a la fortaleza de La Cabaña, el complejo militar situado en la entrada de la bahía, y que junto con la fortaleza de San Salvador de La Punta y el Castillo de La Real Fuerza defendían la ciudad frente a cualquier ataque enemigo o pirata. La Cabaña es la más grande de las edificaciones militares construidas por España en América. Baluartes, revellines, fosos, camino cubierto, cuarteles y almacenes se encuentran durante estos días atiborrados por más de mil nuevos títulos de libros, con más de 6 millones de ejemplares puestos a disposición a precios que van desde 20 centavos de dólar hasta 5 dólares, los más caros.

Los amplios jardines de la fortaleza se llenan de familias con niños cargando morrales llenos de historietas y libros para colorear. Son los niños el corazón de esta feria. Seguramente no hay ninguna otra exposición en el mundo con tanta presencia infantil. Para ellos este año se presentarán más de 100 obras nuevas en miles de ejemplares, además de talleres, actividades artísticas y recreativas.

Muchas preguntas pueden hacerse sobre Cuba. La feria del libro responde a las que sobre educación, específicamente sobre lectura, se refieren. La feria es un abrazo en febrero, la parte final del invierno en la isla.

Arturo Alcalde Justiniani
Reforma laboral absurda

Repentinamente y en el momento más inoportuno, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó su plan de reforma a la Ley Federal del Trabajo. De un solo golpe ignoró las propuestas de especialistas, del movimiento sindical democrático, la academia, la sociedad civil y la experiencia internacional, y se limitó a formular una especie de pliego petitorio empresarial desperdiciando la oportunidad de presentar al país una iniciativa que permitiera atender los problemas del mundo laboral, incluyendo los distintos actores: los trabajadores y los sectores productivos, especialmente la pequeña y mediana empresa, en esta etapa de crisis excepcional.

La propuesta de reforma laboral, cuya paternidad reconoce, no se presenta como una iniciativa de ley, sino como el supuesto resultado de “diversas iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión durante los últimos 11 años…” Es falso que integre la riqueza de estas propuestas; al contrario, al partir de un diagnóstico equivocado del país y sus necesidades, plantea cambios absurdos colocando al gobierno en la posición extrema del sector empresarial, como si se tratara de una revisión de contrato colectivo de trabajo, abdicando de su condición de árbitro y respondiendo a las exigencias más agresivas del departamento jurídico de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El documento conocido como Iniciativa Lozano propone que los salarios caídos en los juicios laborales se reducirán a seis meses, el resto del tiempo será a costa del trabajador. Difícil encontrar una propuesta más lesiva a los asalariados al dejarlos en franco estado de indefensión; basta señalar que los juicios laborales tardan varios años para concluir por causas imputables al propio gobierno, debido también a la integración tripartita de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a un conjunto de factores ajenos a los trabajadores. Es claro que con esta reforma al artículo 48 de la ley a ningún empleado se le ocurrirá demandar, a sabiendas de que la lentitud del proceso operará en su contra; no le quedará otra que aceptar el pago que le imponga el patrón. La gigantesca dimensión de esta iniciativa da una idea de la pérdida de contacto con la realidad por parte de sus autores y la osadía de comprometer las facultades constitucionales de un gobierno para responder al viejo sueño empresarial de poder despedir e imponer discrecionalmente condiciones de trabajo sin prever sus graves consecuencias sociales y el impacto al mercado interno, que hoy muchas voces calificadas aconsejan fortalecer.

Otro propósito añejo de la Coparmex es el contenido en la reforma al artículo 83 que se refiere a la contratación y pago por horas, lo cual destruye de un plumazo el conjunto de garantías vigentes en materia de estabilidad, jornada, salario y prestaciones complementarias. Seguramente la STPS alegará en su favor que el tope en salarios caídos y la contratación por horas existe en otros países, pero omitirá advertir que en ellos hay seguro de desempleo, contratación colectiva por rama de actividad, protección universal a la salud y retiro, tribunales imparciales y eficientes con recursos suficientes, sanciones a las violaciones empresariales y un conjunto de protecciones que no operan en el nuestro y que la propuesta laboral no contempla, puesto que evidentemente se limitó a atender las sugerencias de abogados empresariales, quienes hoy, con el pretexto de la crisis, buscan una ley laboral a la medida de sus deseos.

La iniciativa de la STPS hace imposible el ejercicio de la libertad sindical, contratación colectiva auténtica y derecho de huelga, contraviniendo el texto constitucional, los convenios y compromisos internacionales en la materia, así como el propio discurso oficial. En los artículos 899-A fracción III y 920 fracción IV inciso c, se consolida el control empresarial al obligar a los sindicatos a informar previamente los nombres de los trabajadores inconformes cuando se pretenda emplazar a huelga en busca de la firma de un contrato colectivo de trabajo o cambiar de sindicato. Se fortalece así el sistema de contratos de protección patronal y la prerrogativa actual empresarial de escoger al sindicato de su preferencia, manteniéndolo aun contra la voluntad de los trabajadores. Todas las libertades al patrón, todas las restricciones a los trabajadores y los sindicatos; nada de propuestas nuevas para favorecer la democratización gremial, el fortalecimiento de la contratación colectiva entendida como el espacio idóneo para una flexibilidad laboral concertada, que responda a las necesidades de un mercado de trabajo cambiante y una creciente exigencia de mejorar la calidad de vida.

Ningún cambio importante en el sistema de justicia, por el contrario, da marcha atrás en temas propuestos con anterioridad, entre ellos la transparencia en contratos colectivos y registro de asociaciones, al introducir una figura que sólo obliga a informar de “índices actualizados”; además, la propuesta de voto secreto en los procesos electorales hoy se sustituye con una nueva redacción, al señalar que podrá ser “mediante voto secreto o votación pública”. En varios textos se busca otorgar carácter de ley a prácticas y maniobras procesales, como la figura del allanamiento en materia de huelga y nuevas causas de inexistencia (léase Minera México). En materia individual, suprime los principios de estabilidad en el empleo mediante una nueva tipología de contratos temporales y en temas que se relacionan con la subcontratación.

Ahora más que nunca urge un diálogo abierto a la sociedad sobre el modelo de relaciones laborales que necesitamos, porque en él se tiene cifrado el futuro de la mayor parte de la población. Seguramente esta iniciativa fracasará, pero ello no debe inhibir una urgente transformación, sin duda, hacia un rumbo distinto del que hoy se propone.
En una asamblea sindical un trabajador señaló, refiriéndose a esta propuesta, que “sólo le faltó un artículo: en caso de duda se estará a lo que diga el patrón”.

Miguel Concha
Triunfo moral sin justicia

Luego de haber trabajado durante mil 95 días, no para obtener un triunfo moral, que sin duda lo tiene, sino para que se haga justicia a los más de 615 familiares directos de los mineros sacrificados el 19 de febrero de 2006 y a sus defensores, la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) llega el jueves al tercer aniversario de la explosión en la mina ocho, unidad Pasta de Conchos.

Lamentablemente ello no sucedió. Ni el sufrimiento de las familias, ni su esfuerzo, ni la historia de muerte en la región carbonífera de nuestro país, ni la razón técnica y jurídica fueron suficientes para que el Estado asumiera su obligación de tutelar y defender los derechos humanos de las víctimas, llegando al absurdo de no considerar a las viudas, a los padres y madres, a los hijos e hijas, ni a los sobrevivientes ni a los muertos como víctimas. Nadie tiene derecho a reclamar justicia porque “no tienen interés jurídico”. Vamos, ni siquiera legalmente “interés legítimo”. No son víctimas. Y el no reconocimiento de este hecho fundamental ha dejado a las familias en un estado de total indefensión ante la brutalidad de la empresa Industrial Minera México, y frente a las autoridades federales y estatales que han creado un cerco de impunidad en favor de ella.
El 18 de febrero del año pasado el secretario del Trabajo, Javier Lozano, anunció con bombo y platillo que, siguiendo instrucciones de la Presidencia, las pensiones que recibirían las familias sería con base en un salario de 300 pesos diarios. Como lo hizo saber la OFPC, esto no era así, porque la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) había sido ya notificada que la empresa se había amparado frente a esos laudos. Es más, en la comparecencia ante la Cámara de Diputados, y “bajo protesta de decir verdad”, el mismo secretario reconocía que la minera se había amparado, pero que la STPS había promovido todos los recursos legales para evitar ese “absurdo”. Una vez más no fue cierto, pues la compañía ya había ganado los amparos y las pensiones serán calculadas sobre un promedio de 113 pesos.

Tres años de “extraordinario litigio”, para que al final una mujer con un hijo viva con 62.88 pesos diarios y otra, con tres hijos, con 86.77. Y ello porque posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó también como inconsistente un recurso presentado por la STPS para que dicho amparo fuera derogado. Por lo que, como dice la OFPC, es necesario ahora que el mismo Estado que rescata bancos, carreteras y tiendas sea el que disponga de los fondos para compensar la diferencia que él, no las familias, perdieron ante la empresa. Pero que lo haga sobre los salarios reales, ya que los 300 pesos de los que se ufanó el titular del Trabajo ni siquiera están en el nivel de cotización que recibió el Seguro Social durante un año, estando ya los trabajadores muertos. Es decir, los muertos pueden cotizar durante más de un año con el triple de su salario en el Seguro Social, como se hizo con los mineros de Pasta de Conchos, pero el mismo instituto se niega a reconocer ese salario como base para las pensiones, ¡“porque ya estaban muertos”! Pueden cotizar muertos, pero sus familias no pueden reclamar justicia.

El 19 de diciembre pasado la CNDH emitió la recomendación 64/2008 contra la Procuraduría General de la República (PGR), pues la dependencia no investigó y nunca mostró voluntad de hacerlo, faltando al debido proceso y haciendo imposible deslindar responsables y aplicar sanciones. Como era de esperarse, con excusas inaceptables la PGR la rechazó. Sin embargo, llama la atención que la recomendación no se haya referido a las agresiones e intimidaciones que vienen padeciendo la licenciada Cristina Auerbach y el licenciado Manuel Fuentes, defensores de las familias, ni al rescate de los 63 cadáveres que siguen insepultos, pues la única razón por la que éstas han mantenido una lucha tan desventajosa es porque se niegan a aceptar que el destino final de los restos de sus familiares sea precisamente la mina de Pasta de Conchos.

La intervención del diputado José Antonio Almazán en la mencionada comparecencia obligó al secretario del Trabajo a abrir el diálogo roto desde octubre de 2007 con la OFPC. En la primera reunión se acordaron dos mesas de trabajo: una jurídica y otra técnica. Para darle una salida legal al derecho que las familias tienen de que se reinicie el rescate, a la primera fueron convocados los abogados de la OFPC, la STPS, la Secretaría de Economía y los de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, esta mesa se ahogó ante la afirmación legalista de las autoridades de que “ninguna, ni juntas, tienen facultades para ordenar el rescate”.

No obstante, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el análisis jurídico de las opciones legales con que cuenta el Estado para cumplir con sus obligaciones respecto del rescate de los cuerpos de los mineros debe hacerse desde el principio in dubio pro homine, en vez del mero formalismo jurídico propio del derecho administrativo. Y en todo caso es pertinente recordar que la falta de legislación o reglamentación interna no es argumento aceptable para incumplir con las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Todo esto hace pensar que tanto la empresa como el gobierno han estado impidiendo el ingreso a la mina para rescatar los cadáveres porque quieren evitar que se obtengan pruebas contundentes de las causas reales del siniestro, a pesar de que es un derecho de los seres humanos enterrar a sus muertos según sus creencias.

Francisco López Bárcenas
Bolivia va

Los bolivianos volvieron a decir sí. Igual que el 10 de agosto del año pasado, cuando el presidente Evo Morales Ayma ganó el referendo revocatorio con un margen de 67.4 por ciento de votos para que siguiera en el cargo –mayor al que incluso el grupo gobernante esperaba–, la consulta realizada el pasado 25 de este mes para saber si los bolivianos refrendaban el texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente volvió a tener el voto aprobatorio de 61.43 por ciento de los votantes, contra 38.5 que dijo no en las urnas. De acuerdo con cifras oficiales cinco departamentos –La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca– votaron en favor de la nueva Constitución política, mientras cuatro –Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija– lo hicieron en contra. El no volvió a aparecer en departamentos que han estado oponiéndose sistemáticamente a las políticas del gobierno central, lo que ha llevado a las elites políticas de esas regiones a postular que se requiere una nueva negociación para implementar la Constitución, argumento con muy poco sustento, ya que el voto es con efectos generales, no para los territorios donde se emitieron.

Pero no es el único triunfo y tal vez no sea el último. Desde diciembre de 2005, cuando ganó las elecciones y se convirtió en el primer presidente indígena de América Latina en el siglo XXI, la política implementada por su gobierno le ha dado bastantes frutos. El primero de mayo de 2006, apenas cuatro meses después de asumir el poder, decretó la nacionalización de los hidrocarburos, concediendo seis meses a las empresas que los explotaban para firmar nuevos contratos, en condiciones menos leoninas para el país. En octubre de ese mismo año, 12 petroleras firmaron 44 nuevos contratos, reconociendo implícitamente que en los anteriores las desventajas para Bolivia eran enormes. Dos meses después, el 2 de julio, se realizaron las elecciones para integrar la Asamblea Constituyente, que discutiría, redactaría y aprobaría la Constitución, proceso en el cual los oficialistas obtuvieron la mayoría de los lugares disputados. Ese año hubo otros triunfos importantes: el 28 de noviembre el Senado aprobó una ley de reforma agraria que permite la expropiación de tierras que el gobierno considere ociosas; el 9 de diciembre del año siguiente, en medio de las protestas de la oposición, la Asamblea Constituyente aprobó el texto final de la Constitución que ahora el pueblo ha refrendado y pronto el gobierno deberá promulgar.

El triunfo del sí en la pasada consulta tiene profundas implicaciones para el futuro de Bolivia como país, porque el texto refrendado recoge un conjunto importante de derechos individuales, sociales y colectivos, que al plasmarse en la Carta Magna se convierten en garantías constitucionales. Tan sólo en materia de derechos indígenas se reconocen a los pueblos indígenas originarios y campesinos como titulares de derechos, y entre los derechos que se les garantizan se encuentran la libre determinación y su territorialidad, titulación colectiva de tierras, protección de sus lugares sagrados, respeto de sus conocimientos, medicina tradicional y patrimonio intelectual colectivo; de igual manera se reconoce su derecho de participar en los beneficios de la explotación de los recursos naturales que se encuentren en sus territorios y ser consultados mediante procedimientos adecuados y a través de sus propias instituciones cuando se prevean medidas que puedan afectarlos como pueblos. Finalmente, se establece que sus instituciones propias formen parte de la estructura del Estado, apliquen sus sistemas políticos, jurídicos y económicos; creen y administren sistemas propios de comunicación y accedan a una educación intercultural bilingüe, entre otros derechos. Con estas disposiciones, la Constitución política refrendada se coloca como una Constitución antineoliberal y la más avanzada de otras del continente en cuanto a reconocimiento de derechos.

En medio de la euforia del triunfo, el presidente de la República proclamó que con la nueva Constitución termina el Estado colonial, tanto en su modalidad interna como externa, lo mismo que el neoliberalismo expresado en las intenciones de un grupo político de entregar los recursos naturales de la nación al capital privado. Es probable que la declaración merezca un matiz. La ratificación popular del texto constitucional representa el fin de un proceso, pero el comienzo de otro. Las constituciones políticas valen mucho por lo que dicen, pero más por la fuerza de los sectores interesados en llevarlas a la práctica. El triunfo del 25 de enero obliga al gobierno y las fuerzas sociales que lo respaldan a iniciar una serie de reformas institucionales y de políticas que permitan refundar el país, que es el objetivo final. En otras palabras, faltan otras batallas decisivas. Y la oposición no duerme, se prepara para dar la pelea por mantener sus privilegios.

Naomi Klein*
Que se vayan todos

Al mirar la muchedumbre en Islandia que golpeó cacerolas y sartenes hasta que su gobierno cayó, me acordé de una popular consigna en los círculos anticapitalistas en 2002: “Tú eres Enron. Nosotros somos Argentina”.

Su mensaje era sencillo. Ustedes –los políticos y ejecutivos en jefe apiñados en alguna cumbre comercial– son como los imprudentes y estafadores ejecutivos de Enron (claro, no conocíamos ni la mitad de la historia). Nosotros –la chusma de afuera– somos como el pueblo de Argentina, el cual, en medio de una crisis económica inquietantemente parecida a la nuestra, salió a las calles golpeando cacerolas y sartenes. Ellos gritaron, “que se vayan todos”, y expulsaron a cuatro presidentes, uno tras otro, en menos de tres semanas. Lo que hizo único al levantamiento argentino de 2001-2002 fue que no estaba dirigido a un partido político en particular o siquiera a la corrupción en abstracto. El blanco fue el modelo económico dominante; ésta fue la primera revuelta nacional contra el capitalismo contemporáneo desregularizado.

Se llevó un rato, pero desde Islandia a Lituania, desde Corea del Sur a Grecia, el resto del mundo finalmente tiene su momento “¡que se vayan todos!”.

Las estoicas matriarcas islandesas que golpean sus cacerolas incluso mientras sus hijos saquean el refrigerador en busca de proyectiles (huevos, claro, pero, ¿yogurt?) hacen eco de las tácticas que se hicieron famosas en Buenos Aires. Así como lo hace la rabia colectiva contra las elites que destrozaron un país que alguna vez fue próspero y pensaron que se podrían salir con la suya. Como dijo Gudrun Jonsdottir, oficinista islandés de 36 años: “Simplemente ya me harté. No confío en el gobierno, no confío en los bancos, no confío en los partidos políticos y no confío en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Teníamos un buen país, y lo arruinaron”.

Otro eco: en Reykjavik, no van a convencer a los manifestantes con un simple cambio de cara en las alturas (aunque la nueva primera ministra sea una lesbiana). Quieren asistencia para la gente, no sólo para los bancos; una investigación penal de la debacle; y una profunda reforma electoral.

En Lituania, en estos días, se pueden escuchar demandas similares. Ahí, la economía se ha contraído más bruscamente que en ningún otro país de la Unión Europea, y el gobierno se tambalea. Durante semanas, el capital ha sido sacudido por las protestas, que incluyeron un verdadero disturbio con la gente lanzando adoquines, ocurrido el 13 de enero.

Como en Islandia, los habitantes de Lituania están horrorizados con la negativa de sus líderes de asumir alguna responsabilidad en su desastre. Cuando Bloomberg TV le preguntó al ministro de Finanzas de Lituania qué ocasionó la crisis, se encogió de hombros: “Nada especial”.

Pero los problemas de Lituania por supuesto que son especiales: las mismas políticas que permitieron que el Tigre Báltico creciera a una tasa de 12 por ciento en 2006 ahora provocan una violenta contracción a 10 por ciento proyectado para este año: el dinero, liberado de todas las barreras, sale tan rápido como entra, con una buena cantidad desviada a los bolsillos políticos. (No es coincidencia que muchos de los casos perdidos de hoy son los milagros de ayer: Irlanda, Estonia, Islandia y Lituania.)

Hay algo más argentinesco en el aire. En 2001, los dirigentes de Argentina respondieron a la crisis con un brutal paquete de austeridad prescrito por el FMI: 9 mil millones de dólares en recortes al gasto, mucho del cual golpeaba a la salud y la educación. Esto resultó ser un error fatal. Los sindicatos llevaron a cabo una huelga general, los maestros trasladaron sus clases a las calles y las protestas nunca se detuvieron.

Este mismo rechazo –que proviene de abajo y se dirige a los de arriba– a pagar por la crisis unifica muchas de las protestas de hoy. En Lituania, mucha de la rabia popular se enfoca en las medidas de austeridad gubernamentales –despidos masivos, servicios sociales reducidos y salarios del sector público recortados–, todo para tener derecho a un préstamo de emergencia del FMI (no, nada ha cambiado). En Grecia, los disturbios en diciembre ocurrieron después de que la policía le disparó a un joven de 15 años. Pero lo que ha hecho que continúen, con los granjeros asumiendo el liderazgo después de los estudiantes, es el enojo generalizado ante la respuesta gubernamental a la crisis: los bancos recibieron un rescate de 36 mil millones de dólares mientras que a los trabajadores les recortaron sus pensiones y los granjeros recibieron prácticamente nada. A pesar del inconveniente de tener a los tractores cerrando las carreteras, 78 por ciento de los griegos dice que las demandas de los granjeros son razonables. De modo similar, en Francia, la reciente huelga general –provocada, en parte, por los planes del presidente Sarkozy de reducir drásticamente el número de maestros– obtuvo el apoyo de 70 por ciento de la población.

Quizá el hilo más fuerte y resistente que conecta este contragolpe global es el rechazo de la lógica de las “políticas extraordinarias” –la frase fue acuñada por el político polaco Leszek Balcerowicz para describir cómo, en una crisis, los políticos pueden ignorar las reglas legislativas y aprobar a toda prisa “reformas” impopulares. Este truco ya no les funciona, como descubrió recientemente el gobierno de Corea del Sur. En diciembre, el partido gobernante intentó usar la crisis para aprobar a la fuerza un controvertido acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Llevaron la política a puertas cerradas a nuevos extremos: los legisladores se encerraron en la Cámara para poder votar en privado, e hicieron una barricada en la puerta con escritorios, sillas y sillones.

Los políticos de la oposición no lo aceptaron: con mazos y una sierra eléctrica, irrumpieron y tomaron durante 12 días el Parlamento. La votación se retrasó, lo cual permitió que hubiera más debate. Fue una victoria de un nuevo tipo de “política extraordinaria”.

En Canadá, la política no se presta para ser vista en YouTube, pero aun así ha estado asombrosamente llena de incidentes. En octubre, el Partido Conservador ganó las elecciones nacionales con una plataforma que no era ambiciosa. Seis semanas más tarde, nuestro primer ministro Tory encontró su ideólogo interno y presentó una iniciativa presupuestal que le quitaba a los trabajadores del sector público el derecho a huelga, cancelaba los fondos públicos destinados a los partidos y no contenía estímulos económicos. La respuesta de los partidos de la oposición fue formar una coalición histórica, que sólo se logró impedir que tomara el poder mediante una abrupta suspensión del Parlamento. Los Tories acaban de regresar con un presupuesto revisado: las políticas favoritas de la derecha desaparecieron y está lleno de estímulos económicos.

El patrón es evidente: los gobiernos que ante una crisis creada por la ideología del libre mercado respondan con una aceleración de esa misma agenda desacreditada, no sobrevivirán para contarlo. Como los estudiantes italianos, gritan en las calles: “¡No pagaremos su crisis!”
*Es autora de La doctrina del shock.
Copyright 2009 Naomi Klein.

www.naomiklein.org.
El texto fue publicado en The Nation.
Traducción: Tania Molina Ramírez.

Editorial La Jornada.
IFE sometido
En una votación dividida –de cinco contra cuatro–, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) decidió no multar a las dos principales televisoras del país por haber interrumpido hace dos fines de semana las transmisiones de distintos encuentros deportivos para difundir, en bloque y fuera de los espacios comerciales, promocionales del órgano electoral y los partidos políticos, con el falso argumento de que “así lo ordena” la legislación vigente en materia de contratación y difusión de propaganda comicial. Tal medida constituyó, a decir de un informe elaborado por la secretaría ejecutiva del propio IFE, un acto violatorio de la ley, por cuanto los consorcios mediáticos “manipularon” las pautas de difusión de espots televisivos (lo que está expresamente prohibido en el artículo 36 inciso cinco del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral); pero los funcionarios del órgano electoral adujeron, como consideraciones absolutorias, la “normalización” de las transmisiones y la “corrección” de esas “conductas atípicas”, y sobreseyeron el proceso en contra del duopolio televisivo.

La determinación del IFE resulta inaceptable pues constituye la claudicación y el sometimiento de una instancia pública, y pretendidamente autónoma, ante presiones, chantajes y actitudes abiertamente subversivas de un poder fáctico –el de los empresarios de los medios–, cuyo fin evidente en este caso fue sembrar en los ciudadanos un sentir de animadversión y descontento hacia la propia autoridad electoral, en obediencia a un espíritu de revancha tras las modificaciones aprobadas a la legislación respectiva en 2007 que, entre otras cosas, prohíben tanto a partidos políticos como a particulares la contratación de espacios para difundir propaganda comicial y lesionan, por tanto, los intereses monetarios de los concesionarios de medios electrónicos de comunicación. Los dueños de los consorcios mediáticos reiteraron así su propensión a abusar de las concesiones que detentan sobre el espacio de frecuencias electromagnéticas –un bien público, extensión del territorio nacional y propiedad de la nación– para desinformar y mentir a la ciudadanía, presionar a las instancias públicas encargadas de hacer valer la ley, y demandar para sí –con éxito, por lo que puede verse– situaciones de excepción en lo que respecta a la aplicación de las directrices legales vigentes.

Con la resolución de ayer, por lo demás, los consejeros electorales han hecho un flaco favor a la credibilidad de la institución a la que pertenecen, la cual, cabe recordarlo, enfrenta el desafío de revertir el descrédito monumental en que quedó sumida tras los desaseados comicios de julio de 2006. Dicha perspectiva, de suyo lamentable, lo es aún más a pocos meses de la celebración de unas elecciones federales para las que el propio IFE ha dispuesto la entrega de enormes recursos públicos a los partidos políticos, y en las que pretende presentarse como una autoridad renovada, justa e imparcial, imagen que difícilmente puede sostenerse ante determinaciones como la que se comenta.

Por último, es catastrófico para el conjunto de la institucionalidad del país que en dos días consecutivos se hayan producido, en el seno de la Suprema Corte de Justicia –con la injustificable exoneración del gobernador del estado de México y otros funcionarios por los abusos cometidos en Texcoco y Atenco– y del Consejo General del IFE, fallos que lesionan la vigencia de la legalidad y el estado de derecho, garantizan impunidad para quienes infringen la ley y muestran a esas instituciones, ante la opinión pública, como gestoras de los intereses de la camarilla político-empresarial que detenta el poder en el país.

José Luis Piñeyro

Mariguana: ¿legalizada?

En varias ocasiones he planteado en este espacio de opinión lo impostergable que es iniciar un debate nacional sobre la despenalización de la mariguana.
Debate que convoque a especialistas de diversas disciplinas (sociólogos, abogados, economistas, médicos, toxicólogos, agrónomos, entre otros), representantes de la sociedad civil (empresarios, comunicólogos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, ecologistas) y, por supuesto, a autoridades civiles y militares de los tres niveles del gobierno y del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Debate que debe partir del abandono de dogmatismos políticos o morales, en el que prive una discusión basada en análisis científicos desde una perspectiva interdisciplinaria que sopese cuáles han sido y seguirán siendo los costos (humanos, económicos y ecológicos) y los beneficios de mantenerse el enfoque represivo contra el narcotráfico.

En México, los costos sociales de las narcoejecuciones han sido crecientes: 2006 (2 mil 221 personas), 2007 (2 mil 561) y 2008 (5 mil 612), a lo que habría que agregar las personas heridas o traumadas por la guerra a las drogas. Los costos económicos son multimillonarios: una estimación supone 94 mil 300 millones de dólares gastados de 1994 a 2007. De los costos ecológicos (por uso de herbicidas) creo que nadie ha hecho cálculos, mas no han de ser pocos.

Los beneficios que apunta el gobierno son los de siempre: cultivos destruidos, drogas confiscadas, desmembramiento de cárteles, confiscación de armas, vehículos y dinero.
Hace una década, personalidades de las más diversas profesiones e ideologías (Gabriel García Márquez, Milton Fridman, Mario Vargas Llosa, entre otros) se pronunciaron a favor de despenalizar las drogas como la estrategia más efectiva de combate al narcotráfico. Ya ha corrido desde entonces mucha sangre y dinero.

Días atrás, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, dirigida por los ex presidentes Cardoso de Brasil, Gaviria de Colombia y Zedillo de México, concluyó que la estrategia represiva y de criminalización del consumo de drogas ha fallado en la erradicación de plantíos y en combatir los distribuidores.

Plantean la despenalización de la mariguana, acompañada de campañas de prevención y rehabilitación de adicciones. Propuesta que presentarán al presidente Obama y a los mandatarios de la Unión Europea, confiando en que éste es pragmático y tiene informes de la ineficacia de estrategia represiva: no ha logrado disminuir el precio de las drogas y sólo ha multiplicado por 10 el número de presos. Las campañas propuestas pretenden reducir la demanda potencial y real de drogas y disminuir el precio de la mariguana como formas de golpear el poder económico de los narcos, además llenar las prisiones con narcotraficantes y no con drogadictos.

¿Habrá sensibilidad en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los partidos políticos y en las agrupaciones empresariales y sindicales para discutir y mejorar la anterior propuesta? Quiero pensar que sí, aunque si nos atenemos a la falta de pragmatismo e imaginación para cambiar la política económica frente a la catastrófica crisis en curso, el optimismo se acaba.

¿Será que al igual que con la crisis económica no se quiere reconocer que hay una crisis de seguridad pública? De hecho, es de seguridad nacional dadas sus dimensiones territoriales, sociales, económicas e institucionales. Pragmatismo y pacto nacional es la única senda de fortalecimiento de la nación y del Estado.
jlpineyro@aol.com
Profesor investigador de la UAM-A

Alejandro Encinas

Divorcio

Una función fundamental de los partidos es la disputa legítima por el poder político a través de la competencia electoral. En ella todos los partidos se encuentran inmersos y buscan mantener y ampliar su electorado.

La lógica electoral y la búsqueda de mayores posiciones han copado los rincones del trabajo partidario, al extremo que todos, sin excepción y con una gran dosis de pragmatismo, plantean la necesidad de “moverse al centro”, diluyendo su discurso y por tanto las diferencias entre los proyectos que cada uno dice representar.

Son muchos los ejemplos: en 2006, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de bajar los precios de luz, gas, gasolinas y de ampliar los apoyos para adultos mayores, antes satanizadas como populistas, fue retomada por los candidatos del PRI y del PAN, o el caso reciente de la campaña oficial del PRD con relación a la reforma energética, que sostiene que “jugamos en equipo con los demás partidos” y que “la receta es de todos los partidos, pero la mayoría de los ingredientes los puso el PRD”, con la que se mantiene la lerda idea de que “cogobernamos desde el Congreso” y, en consecuencia, se es copartícipe de las políticas que han llevado al colapso de las instituciones encargadas de la seguridad pública y de las políticas económicas. Esto, además de crear confusión, desalienta al elector para quien todos son lo mismo.

Así, los partidos se empantanan en un discurso que olvida, como sostiene Arnoldo Martínez Verdugo, que “el centro político es la gobernabilidad, mientras el centro ideológico es el pantano”.

Algo similar sucede con los gobiernos locales, que en su mayoría, buscando su continuidad, privilegian mantenerse en el poder por encima de impulsar transformaciones que pudieran afectar los intereses de los grupos beneficiarios del estatus vigente. Así vemos cómo muchos gobiernos locales y municipales, incluso de la izquierda, asumen posiciones conservadoras, administran y palian la crisis, cuando no viven el embeleso de un poder efímero.

En tanto, la sociedad permanece ajena a estas dinámicas y demanda definiciones y respuestas fuertes, lo que da cuenta del profundo divorcio entre los partidos políticos, sus gobiernos y la sociedad.

La actual campaña electoral abre la posibilidad de impulsar nuevos paradigmas y alternativas. La izquierda no necesita más diagnósticos o explicaciones; requiere diferenciarse con claridad, tomar iniciativas, impulsar cambios que permitan rescatar al país desde la raíz de su vida comunitaria, vinculando la acción de los partidos con la autoridad local y los movimientos sociales, y desde ahí definir las agendas en el Parlamento.

Se requiere del replanteamiento de las políticas hasta ahora seguidas; de nuevas alianzas y formas de participación en la comunidad y el territorio en que se insertan; de una nueva relación entre autoridades locales y movimientos sociales desde el territorio.

La crisis obliga a adaptarse a la nueva situación y el territorio es un nuevo protagonista en la creación del nuevo paradigma, no sólo para enfrentar la crisis y promover el desarrollo de la economía local, sino para un ejercicio democrático distinto, que admita el desarrollo de comunidades fuertes, articuladas con los poderes locales, que permitan la democratización de la vida pública y el desarrollo de una cultura que aliente la vida comunitaria, y que reconozca su diversidad y refuerce las acciones por el bien vivir y la redistribución del ingreso.

Asistimos a un nuevo proceso electoral. No es posible reproducir la percepción de que todos somos lo mismo. Esta es una oportunidad para ofrecer al elector una opción que motive su participación y supere el divorcio con la sociedad, cultivando un electorado maduro y con memoria.
aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM

César Cansino

Abstencionismo a la carta

No es descabellado anticipar que el abstencionismo será el protagonista en las elecciones federales intermedias de este año. Según las estimaciones más conservadoras difundidas hasta ahora sobre la renovación de la Cámara de Diputados, y de muchas elecciones locales en todo el país, el rango estimado de abstención varía entre 60% y 75%, lo que marca una tendencia poco alentadora para los partidos en contienda, por cuanto manifiesta un malestar creciente de la ciudadanía hacia los mismos.

De cara a este escenario, habría que desechar aquellas interpretaciones según las cuales un creciente abstencionismo es sinónimo de incultura política y una fuerte tasa de participación sólo es posible en naciones con culturas democráticas maduras. Pese a que la democracia mexicana está apenas dando sus primeros pasos, no se puede decir que la cultura política de los mexicanos sea escasamente democrática. Por el contrario, el abstencionismo constituye una expresión de creciente apatía o malestar social hacia la política institucional, lo cual nada tiene que ver con el grado de cultura democrática existente sino con el pésimo desempeño de las autoridades y la pobre oferta de los partidos.

Este diagnóstico vale para casi todas las democracias del planeta, pues hoy presenciamos una crisis de la representación política, un creciente extrañamiento de las sociedades y sus representantes elegidos democráticamente. En lo personal, prefiero leer el fenómeno del abstencionismo en las democracias actuales asociado a este contexto global de crisis de la política representativa, que quedarme en la superficie de nociones como “fatiga” o “saturación” electoral con las que politólogos y electorólogos suelen referirse al asunto; subestiman la magnitud de la crisis de la política institucional de fondo y suponen que basta perfeccionar las campañas electorales o la imagen de los partidos para revertir las tendencias a la baja, cuestión que la propia realidad ha desmentido una y otra vez. Es decir, estas lecturas terminan haciendo apología de esa bazofia que es el “marketing político”.

No puede decirse que la cultura política de los mexicanos es pobre cuando han sido los ciudadanos los que marcaron la diferencia en las urnas para que finalmente terminara pacíficamente el viejo régimen priísta y fuera sustituido por otro distinto sustentado en la libertad y la justicia.

Por ello, tampoco extraña que los electores no concurran ahora a las elecciones en la misma proporción que en 2000 o 2006, o incluso antes cuando la expectativa de cambio era un ingrediente adicional, pues la mayoría de los mexicanos nos sentimos defraudados o frustrados ante una expectativa de transformación que no se ha concretado. La percepción dominante entre los ciudadanos es que ninguno de los actores políticos, sobre todo gobierno federal, partidos y Congreso, ha estado a la altura de las expectativas de transformación. Otra cosa es calificar el tipo de cultura política dominante en México, o ubicarla en una escala de cercanía a los valores democráticos de tolerancia, pluralismo, participación, etcétera. Pero incluso aquí nos llevaremos una sorpresa si se contrasta la cultura política de los ciudadanos con la de sus propios políticos.

Basta de menospreciar a los ciudadanos. En México, tanto el voto como el no voto son hoy en la mayoría de los casos elecciones individuales absolutamente racionales y maduras.

La elección de no votar, cuando es consciente, es también una elección legítima: tiene un significado que quiere proyectarse políticamente. Tampoco comparto las interpretaciones que consideran que el desencanto de los ciudadanos más que con los partidos o con los políticos es con la propia democracia, pues han descubierto con pesar que ésta no resuelve sus problemas inmediatos. Nuevamente se etiqueta aquí a los electores y se presume que su apatía en las urnas nace más de la ignorancia y el desconocimiento de lo que es la democracia, pues la cargan de significados que no tiene. Este supuesto candor no aplica; lo que la mayoría de los ciudadanos en México pretende de la democracia es que sus representantes los representen adecuadamente, quiere mejor leyes y garantías, quiere vivir en un verdadero estado de derecho. Ni más ni menos.
cansino@cepcom.com.mx
Director del Centro de Estudios de Política Comparada