Sobre el "pacto editorial"

Medios: la uniformidad como norma

Editorial La Jornada

Ayer, en el Museo Nacional de Antropología, los principales consorcios mediáticos del país, acompañados por opinadores, cúpulas empresariales y algunos organismos no gubernamentales, se pusieron de acuerdo para uniformar su línea editorial en el tratamiento noticioso de la violencia y la criminalidad que sacuden al país.

En un documento que empieza por reconocer que está a prueba la capacidad del Estado para combatir a la delincuencia y que la libertad de expresión se encuentra bajo amenaza, los firmantes expresaron su preocupación por la posibilidad de que los hechos pueden tener como fin primordial convertirnos en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado, dieron por hecho que el terrorismo es un fenómeno corriente en el país y acordaron, entre otras cosas, evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes, abstenernos de usar inadecuadamente términos jurídicos que compliquen la comprensión de los procesos judiciales contra la delincuencia organizada, impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos y a omitir o desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos. Convinieron, asimismo, en presentar la informacion en su contexto correcto y en su justa medida, atribuir responsabilidades explícitamente, no prejuzgar culpables y no interferir en el combate a la delincuencia; específicamente, “no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la delincuencia organizada o que comprometan la vida de quienes la combaten o la de sus familias”.

Ciertamente, la tarea de informar requiere de responsabilidad, sentido social y conciencia de las posibles implicaciones y consecuencias de lo que se difunde. En este sentido, pero más allá de esa consideración elemental e irrenunciable del oficio, cabe preguntarse por las razones que llevan a semejante ensayo por uniformar los criterios editoriales de la mayor parte de los medios del país y a buscar una suerte de verdad única en torno a una circunstancia nacional llena de ambigüedades, zonas grises, hechos que resultan incomprensibles con base en las versiones oficiales y una legalidad vulnerada por las organizaciones delictivas, pero también por las dependencias públicas.

En esta perspectiva, no puede omitirse el hecho de que algunas de las empresas que encabezan el acuerdo referido han pasado en forma contumaz por encima de las leyes –como ocurrió con la recuperación del Canal 40 por un grupo armado al servicio de Tv Azteca o con la difusión de propaganda electoral oficialista, e ilegal, en las campañas de 2006– y han desvirtuado la lógica institucional mediante presiones, chantajes e incursiones ilegítimas en el quehacer legislativo.

Por lo demás, el mero propósito de condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada conlleva la pretensión de prejuzgar, en detrimento de la información apegada a los hechos y del principio jurídico de presunción de inocencia; tomado como mandamiento, evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes constituye un absurdo idiomático; el postulado de impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas abre el margen para el linchamiento mediático de inocentes; la idea de presentar siempre esta información en su contexto correcto y en su justa medida encierra una ominosa pretensión de arrogarse el derecho a decidir sobre lo que es justo y correcto; la propuesta de asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos de violencia ignora que muchas veces el trabajo noticioso no tiene, por sí mismo, capacidad –ni facultad– para atribuir responsabilidades; sin ánimo de justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo, tal intento de prohibición abre la posibilidad de censurar el ejercicio de análisis y reflexión que debe acompañar a las noticias; la idea grotesca de establecer criterios para determinar en qué posición se debe ubicar la información vinculada a la delincuencia organizada constituye una renuncia inadmisible a la independencia editorial de cada medio, si no es que un intento totalitario por uncir al conjunto del quehacer periodístico a directrices cuya autoría se deja en el misterio.

Se soslaya, pues, el deber de la autorregulación y se pretende la imposición, en su lugar, de un modelo de uniformidad sectorial que, significativamente, evoca las ideas expresadas hace unos días por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, sobre lo que en su criterio debería ser la forma adecuada de hacer un periódico.

Si algo requiere la sociedad en la exasperante y dolorosa circunstancia actual es de información responsable y autorregulada, sí, pero también diversa, crítica y analítica. Flaco favor le harán unos medios alineados por decisión propia en torno a una verdad única y uncidos de manera voluntaria a los triunfalismos, omisiones y extravíos del discurso oficial.

Emilio Álvarez Icaza L.

Acuerdos contra la violencia

México vive una etapa crítica en materia de seguridad. La ciudadanía está en una situación de alta vulnerabilidad ante una espiral de violencia cada vez mayor. Vivimos una onda expansiva de violencia que alcanza distintos ámbitos de nuestras vidas. Esto se explica, en gran medida, por las incapacidades del Estado, pasadas y presentes (sobre todo en materia de justicia), y como consecuencia de una delincuencia galopante y con pocos límites.

Nos enfrentamos ante escenarios inéditos que generan un enorme desconcierto y temor. Nuestra sociedad parece no tener los elementos eficientes y suficientes para enfrentar actos que conllevan una enorme violencia, lo que a su vez conlleva a la ruptura del tejido social y genera una gran cantidad de víctimas individuales, colectivas y sociales.

Estas experiencias traen consigo enormes desafíos también para los medios de comunicación: ¿cómo reportar una noticia sin ser correa de transmisión de la delincuencia?, ¿cómo ejercer la libertad de expresión y evitar caer en la apología de la violencia? Éstos y muchos otros dilemas no son fáciles ni simples y suponen claridad y convicción, sobre todo para no exponer a las víctimas, periodistas y reporteros.

Las incertidumbres generadas por este contexto obligan necesariamente a abrazar las razones y fundamentos de un Estado democrático de derecho. Tenemos que desarrollar un proceso de construcción social contra la violencia en el que los medios de comunicación jueguen un papel privilegiado. Por eso resulta esperanzador ver dos importantes iniciativas en este sentido.

La primera, de carácter particular y pionero, fue que hace dos días EL UNIVERSAL constituyó un Consejo Consultivo integrado por expertos y expertas en temas de seguridad pública y derechos humanos, el cual tendrá como objetivo apoyar su trabajo diario en temas relacionados con la inseguridad y la violencia, para que la labor periodística se apegue a los principios de legalidad, respeto y promoción de los derechos humanos.

Un primer resultado de los trabajos del Consejo fue generar un documento que resume los criterios editoriales que EL UNIVERSAL observará en sus coberturas sobre crimen organizado y violencia, con énfasis en la vigencia del respeto al Estado de derecho, sus instituciones y la existencia los derechos ciudadanos fundamentales, entre ellos los del debido proceso, presunción de inocencia, dignidad y respeto a las víctimas. Asimismo, se reconoció que es un proceso que inicia y requerirá de la formación y capacitación de todo el personal para que estos criterios se observen en toda la labor informativa.

La segunda, de carácter general, fue la presentación ayer de una iniciativa que incluye a más de 700 medios de todo tipo, televisoras, radiodifusoras, medios impresos y sitios electrónicos de información. Los directivos y representantes de los medios firmaron un Acuerdo contra la Violencia y se comprometieron a ceñirse a una estrategia que otorgue al trabajo periodístico más profundidad y limitar los efectos propagandísticos del crimen organizado.

Este acuerdo se regirá por los siguientes principios rectores: el respeto a las libertades de expresión y de prensa, la independencia editorial de cada medio de comunicación, la obligación de los medios para informar con profesionalismo y la responsabilidad social de los medios sobre lo que informan, entre otros.

Es de vital importancia resaltar que para que estas iniciativas lleguen a buen puerto se tendrán que desarrollar mecanismos efectivos de seguimiento, así como una protección específica y verdadera a los reporteros y periodistas, no sólo en materia de seguridad y justicia, sino también en materia laboral, salarial y social en las que se experimentan grandes retrasos.

Con sus limitaciones, tanto el Consejo como el acuerdo mandan el mensaje de enfrentar la amenaza de la violencia desde las convicciones e instituciones de la democracia y en los diversos espacios sociales. Es el inicio de un proceso, el primer paso ya se dio.

Defensor de los Derechos Humanos

Ana María Salazar

Pactos contra el crimen

Hoy día el éxito o el fracaso de cualquier estrategia para enfrentar el crimen organizado y reducir la violencia en México forzosamente debe tener la participación activa y responsable de los medios de comunicación, y de todos los ciudadanos. El papel de los medios parece un debate huérfano en esta guerra en contra del crimen. Por esta razón es tan importante el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, firmado por 715 medios de comunicación nacional y organizaciones sociales.

Este acuerdo nacional busca por una parte establecer criterios editoriales para cubrir la violencia en el país, asegurando que los medios no seamos instrumentos involuntarios de la “propaganda del crimen organizado”, pero también buscando proteger la integridad de los periodistas y los medios de comunicación que están en situaciones de riesgo.

¿Por qué es tan difícil definir el papel de los medios en el contexto actual del país?

Porque hay diferentes percepciones de lo que debe de ser la función informativa, sobre todo por la coyuntura en materia de inseguridad que estamos viviendo.

En una entrevista que me dio el entonces candidato a la presidencia en Colombia y ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, miembro de una importante familia de periodistas, víctimas del crimen organizado, me comentó hace dos años que “sin perder su independencia, el medio debe de ayudar al Estado en una lucha que es por la democracia, para que la población sea consciente de la necesidad de su apoyo, para que esta lucha tenga un resultado favorable. Lo importante es que los medios lleven a cabo una función pedagógica, que faciliten el entendimiento de la problemática que estamos viviendo, para que la población ayude al Estado”.

En esa ocasión también entrevisté al ex ministro de seguridad pública de Israel, Sholomo Ben Ami, quien me comentó sobre la importancia de que el gobierno use los medios para comunicarse con la población, ya que “si no es capaz de transmitir el mensaje, pues no tendrá la legitimidad que requieren para esta lucha”. Lo que Santos y Ben Ami proponen es que los medios de comunicación deben tener la responsabilidad de educar a la población sobre estas amenazas, para que esto se traduzca en apoyo al gobierno y coadyuve a la obtención de resultados positivos.

Pero hay otros puntos de vista. En otra entrevista, con un reconocido corresponsal de guerra estadounidense, Bill Gentile, él señaló que “el deber de los medios de comunicación es realmente el de informar, no solamente en México para los mexicanos, sino también a la comunidad internacional de lo que está pasando aquí; nuestro deber es decir la verdad y a veces la verdad es una cosa no muy bonita pero éste es nuestro primer deber”. O sea, que la función de los periodistas y comunicadores es bastante sencilla, es la de informar sin adjetivos, componendas o filtros.

Pero también es cierto que debido a la inseguridad y las amenazas en muchas partes, simple y llanamente no se está informando de la realidad del país. Cuando uno revisa algunos periódicos digitales de los estados con los más altos índices de violencia, estos portales parecerían pertenecer a un periódico europeo, donde la violencia es mínima y las organizaciones criminales son inexistentes, o su influencia y poder está acotada.

Los medios juegan un papel fundamental en definir la imagen de México dentro y fuera del país. Por esto es comprensible, mas no justificable, que el gobierno federal acuse a los medios de exagerar el problema, y por ende asustar a los turistas y a los inversionistas. Por cuidar la imagen de nuestro país, no podemos tampoco caer en la negligencia de no informar.

Los críticos de este acuerdo aseguran que el objetivo es amordazar a los periodistas para que no critiquen al gobierno federal, pero más allá de las decisiones editoriales, nadie debe criticar o cuestionar la necesidad de proteger a los periodistas y a los medios amenazados por tratar de cumplir con sus funciones de informar. Y en este punto en particular, cuando uno analiza experiencias de otros países, la unión sí hace la fuerza.

Ante la amenaza que representan estos grupos de crimen organizado no sólo para los periodistas, sino para la democracia mexicana, no queda otra alternativa que unir esfuerzos.
Analista política