José Enrique González Ruiz
Que no dejen de dolernos esos niños calcinados,
todos los feminicidios sin castigo y archivados;
que no dejen de dolernos los que han sido secuestrados,
los que son extorsionados, los que no dejan vivir.
Canto de Fernando Miranda.
Una imagen maquillada
El gobierno de México vende en el exterior una imagen democrática. Se ostenta como proveniente de una apretada elección realizada en 2006, que sería su factor de legitimación. De acuerdo con ello, el sistema electoral mexicano posibilita la participación y la competencia entre todas las expresiones políticas: de izquierda, de derecha, de centro, ecologistas y hasta corrientes sindicales transformadas en partidos. Al competir en condiciones de igualdad, dejarían a los votantes la decisión acerca de cuál de los abanderados de esas fuerzas debe ejercer el poder del Estado. Todo dentro de los cánones democráticos. La administración de Felipe Calderón se abre a las reglas neoliberales que dictan los organismos internacionales de crédito, presumiendo que es esto lo que queremos las y los mexicanos.
La realidad es bien diferente. Quienes hoy están decidiendo en México son los poderes fácticos, o sea los grupos de poder económico y político que funcionan al margen de lo formal. Tienen más peso en las determinaciones reales el duopolio televisivo (Televisa y Tv Azteca) o los grupos oligárquicos (Asociación de Banqueros de México) que los funcionarios encargados de puestos públicos y que los dirigentes partidarios.
La democracia que funciona en México es la del mercado, y ya se sabe que en éste el triunfo depende de la capacidad de compra y venta de cada cual. Aunque existen organismos electorales que debieran estar integrados por ciudadanos ajenos a los partidos (como el Instituto Federal Electoral), el peso de éstos en las cámaras es lo que determina su composición. Por ello, no es extraño que sean los intereses partidarios y no los de la nación los que predominen.
Superficialmente vistas las cosas, en México hay elecciones y los votos se cuentan y cuentan. Pero las condiciones reales hacen que se manipule la voluntad popular y se imponga a quienes desde el poder se ha designado de antemano.
En medio de esa simulación se abrió una guerra contra el crimen organizado, que tiene en el centro la participación de las fuerzas armadas.
Los efectos de la guerra
Se dice que la primera que muere cuando estalla la guerra es la verdad. Porque con el pretexto de “la seguridad nacional” o “los intereses supremos de la patria”, se deforman los hechos y se presentan como reales auténticos montajes y manipulaciones. En la prensa hablada y escrita del país, cada vez que muere alguna persona en una acción del Ejército o la Marina, se propala que éstos repelieron un ataque. Pero la cosecha de muertos es ya enorme (más de 35 mil) y no hay posibilidad de que se pueda justificar plenamente.
La militarización de México es un hecho: no sólo se utiliza a los castrenses para tareas de seguridad pública, lo cual viola el contenido del artículo 13 constitucional, sino que se llenó de soldados a la Policía Federal y se colocó mandos castrenses en casi todos los cuerpos policiacos del país. Es grande el riesgo de que se habitúen a detentar el poder.
Ya se arrepintió Calderón de hablar de guerra y ahora dice que está en “lucha por la seguridad de las y los mexicanos”. Y sus aliados norteamericanos aseguran que no hay otro camino, tal vez contentos porque la situación les ha permitido ampliar su rango de intromisión en los asuntos internos de México.
Queda el espacio para plantear que, más que una guerra al crimen organizado, la que lleva a cabo el gobierno espurio es contrainsurgente. Su objetivo no es acabar con los cárteles de la droga, sino inhibir la respuesta social a las graves injusticias que el neoliberalismo ha traído a México.
El pasado amenaza con volver
Ante las torpezas e ineptitudes de los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), el priísmo amenaza con volver. Tiene la mayoría de las gubernaturas estatales y las bancadas más numerosas en las cámaras de Diputados y de Senadores. De hecho, el Partido Revolucionario Institucional nunca se fue y sólo permitió que dos panistas le administraran el gobierno federal.
No hubo castigo para los crímenes históricos del priato, por la urgencia de acuerdos PRI-PAN para sacar adelante las reformas neoliberales (debilitar el sistema de pensiones, erosionar la seguridad social en el IMSS y en el ISSSTE, comenzar la privatización de Pemex, acabar con Luz y Fuerza del Centro y reformar la Constitución para dictar normas de excepción que se aplican con el pretexto de la “delincuencia organizada”). La impunidad protege a los delincuentes de lesa humanidad.
El PRI se mantuvo intacto en muchos espacios del territorio nacional. Ahora hasta el narcotráfico endosa a sus sucesores, como si no fuese su criatura. Y esto, porque el poderío de los criminales organizados se ha salido de control a quienes lo fomentaron y toleraron.
Lo relevante es que el PRI cuenta con recursos económicos ilimitados, lo cual le permite manejar los procesos electorales con su tradicional habilidad. No en vano la perpetua dirigente del sindicato del magisterio (SNTE) está por volver al seno priísta o al menos a aliarse con el PRI pues para eso le entregaron su partido político (el Panal).
La guerra alejó de México a la democracia. Es una aspiración aún muy lejana.
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