MÉXICO, D.F., 24 de marzo.- Los tiempos que corren son, una vez más, tiempos de incertidumbre para las televisoras culturales “públicas” del país.
Para el Canal 22, el arribo el 1 de marzo pasado de la nueva directora, Irma Pía González Luna, que sustituye al escritor Jorge Volpi, es motivo de interrogantes sobre posibles cambios en el funcionamiento de la televisora y sus contenidos, a partir de varios factores. Uno de ellos es nada menos que el perfil profesional de quien ha hecho carrera como funcionaria en el gobierno en áreas de Comunicación Social (por ejemplo, durante el gobierno de Vicente Fox), para luego desempeñarse como subsecretaria de Normatividad y Medios en la Secretaría de Gobernación (SG), y más tarde coordinadora de Proyectos Especiales de la Secretaría de Educación Pública… pero, hasta donde se sabe, sin antecedentes en el ámbito de la cultura ni en el quehacer de la producción de TV.
Sin embargo, no terminan ahí las inquietudes generadas por el nombramiento de González Luna. Pesa también su posible militancia partidista, condición que no sería precisamente idónea cuando se trata de una televisora y sobre todo como el 22, donde es importante preservar y ampliar la pluralidad como criterio para el manejo de la información y de los contenidos que han caracterizado al canal. Por lo pronto, a este respecto la directora ha asegurado que “con el tiempo se darán cuenta de que yo no vengo a Canal 22 para hacer un trabajo político”.
Mas las inquietudes en torno a esa posibilidad no se limita al canal surgido a principios de los noventa por una demanda de reconocidos intelectuales al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de cara a la privatización de la televisión estatal. Sino también al Canal 11, por los vínculos que el Ejecutivo ha establecido entre ella y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), instancia creada en marzo del año pasado adscrita a la SG y cuyas funciones son las de “informar a la ciudadanía sobre programas y acciones gubernamentales que resulten del interés público”.
Concebido para que el Ejecutivo tenga control sobre los medios electrónicos “públicos” (y que quizás se pretendan convertir en oficiales), el OPMA pudiera tener entre sus objetivos el de instrumentar estrategias para propósitos políticos y electorales.
Por ejemplo, en una comparecencia ante el Congreso, el director Fernando Sariñana afirmó enfático a diputados del PRI, PRD y PT cuando sin más le señalaron que la vinculación con el OPMA ha convertido a la televisora del Instituto Politécnico Nacional en “el ministerio de propaganda política” del gobierno de Felipe Calderón: “¡No es un canal panista!”. Y la comunidad politécnica ha exigido “la cancelación inmediata del convenio IPN-OPMA”.
Habrá que ver si ante la coyuntura de las elecciones más próximas (por ejemplo, la del Estado de México), el 11 y el 22 convierten esas sospechas en certezas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario