Presenta iniciativa para anular autonomía de las mujeres
Por Alicia Yolanda Reyes, corresponsal
Guadalajara, DF, 25 mar 11 (CIMAC).- El gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, pretende anular la libertad de las mujeres para decidir sobre sus derechos reproductivos, toda vez que las ata a la autorización de su pareja para decidir el número de hijos y sobre el uso de métodos anticonceptivos o de esterilización.
La iniciativa de reformas a los códigos Civil y Penal del estado –presentada ante el Congreso local el pasado 17 de marzo– ya desató una ola de críticas por parte de legisladores de oposición, académicas y organizaciones por los derechos de las mujeres.
De acuerdo con el proyecto, las jaliscienses estarían obligadas a solicitar autorización de su cónyuge cuando quieran someterse a un proceso de esterilización. La propuesta también castiga a los médicos que sin tener la autorización de la pareja realicen el procedimiento quirúrgico.
El Ejecutivo estatal agrega un párrafo al artículo 273 del Código Civil del estado, relativo a los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, para establecer que "los cónyuges tienen derecho a decidir conjuntamente de manera informada y responsable el número y espaciamiento de los hijos”.
A decir de feministas, las mujeres serían las principales afectadas con esa determinación, toda vez que de acuerdo con datos del IMSS y la Secretaría de Salud, por cada hombre que se hace la vasectomía, 15 mujeres se esterilizan. En tanto, la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar reporta que la proporción es de 30 mujeres que se esterilizan por un varón que recurre a la vasectomía.
El código vigente señala en ese mismo artículo que "los cónyuges deben contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio".
La iniciativa de González Márquez añade al Código Penal el delito de "esterilidad provocada" que se perseguiría por querella imponiendo pena de uno a seis años de prisión y de 40 a 120 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, más la reparación del daño, a quien sin el consentimiento expreso "de quien tenga legitimación para otorgarlo, conforme a las disposiciones legales aplicables (es decir el Código Civil), practique procedimientos quirúrgicos que provoquen en la persona esterilidad”.
De acuerdo con expertos y feministas, con esa modificación al Código Civil la decisión para dar por terminada la vida reproductiva ya no sería individual, sino que se tendría que obtener la firma de la pareja, tal y como sucedía en los años 80 cuando con el programa de planificación familiar las mujeres que optaran por la salpingoplasia (ligadura de trompas), deberían tener la autorización del marido, de lo contrario, el médico se negaba a realizar el procedimiento.
El gobernador Emilio González Márquez propone también eliminar del Código Penal estatal las penas de cárcel para aquellos padres que por obligación deban pasar pensión a sus hijos y dejen de hacerlo.
En cambio, el mandatario estatal estipula sólo una sanción de 50 a 200 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, suspensión o pérdida de la tutela.
Actualmente el Código Penal señala que se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 100 a 400 días, suspensión o pérdida de la tutela a los padres que incumplan con la pensión alimenticia.
PROPUESTA DEL IJM
El secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez, reconoció en días recientes que la iniciativa fue a propuesta de la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), Carmen Lucía Pérez, quien ha señalado que el proyecto de reforma “se malinterpretó”.
Cabe recordar que la funcionaria estatal ha estado en el ojo del huracán luego de que al asumir el cargo cambió al Consejo Ciudadano del IJM, integrado por feministas, universitarias y activistas, por uno conformado por mujeres ligadas a la organización ultraderechista El Yunque, y hasta por un sacerdote.
INCONFORMIDAD
El diputado local del PRD Raúl Vargas López denunció el proyecto de reformas del gobernador como "una idea de la edad media".
El legislador puntualizó que es inconstitucional pretender condicionar el derecho reproductivo a la pareja cuando es algo individual.
En tanto, la doctora Griselda Uribe Vázquez, jefa del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Guadalajara, señaló que se trata de una iniciativa de carácter punitivo hacia los derechos sexuales de mujeres y hombres.
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