La acusa, sin pruebas, un profesor que la acosaba
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 23 mar 11 (CIMAC).- A sus 25 años de edad, María Luna Méndez, una indígena tzeltal originaria del Paraje Menzal, en el municipio de Tenejapa, Chiapas, se vio obligada a dejar de vender tortillas hechas a mano, pozol y verduras luego de ser acusada y encarcelada por haber cometido un presunto fraude.
María es una indígena pobre que apenas habla español y que lleva más de dos años encarcelada en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 5 en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.
Ella se dedicaba a vender en los tianguis para ayudar a sus padres con los gastos de la casa y así poder mantener a sus seis hermanos, sin embargo su vida se interrumpió en 2008 cuando fue detenida por agentes de la Policía Ministerial de Chiapas.
En entrevista, la abogada Gloria Flores, del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), explica que la mañana del 20 de junio de 2008 María estaba vendiendo en el “Tianguis del campesino”, cuando llegaron unos agentes de la Policía Ministerial que la detuvieron sin explicarle la causa y sin mostrarle una orden de aprehensión.
La abogada señala que durante la detención la policía la esposó y le vendó los ojos para llevarla a rendir su declaración preparatoria. Fue entonces que se enteró que Lorenzo Santíz Gómez la acusaba de un fraude de 145 mil pesos, un delito que –asegura– nunca cometió.
De acuerdo con el testimonio de María, el presunto agraviado es un profesor jubilado que daba clases en la escuela donde estudian sus hermanos. Santíz Gómez comenzó a hostigarla de forma continua con el objetivo de mantener una relación con ella, sin embargo María siempre se negó, lo cual –considera– derivó en esta acusación.
El acoso continuó cuando Santíz Gómez, una de sus hijas y un abogado, llegaron a la casa de los papás de María, quienes no saben leer ni escribir, por lo cual fueron obligados a poner su huella en un “convenio” en el que se asienta que María mantenía una relación de concubinato con Santíz Gómez, y que debía pagarle 50 mil pesos por un préstamo que le hizo.
Para esta joven indígena, al igual que para muchas otras, la justicia no es igual porque a ellas se les castiga sin investigar. De acuerdo con el CDMCH, María enfrentó un proceso irregular en el que su abogado de oficio le recomendó renunciar a su derecho de careo y a los interrogatorios para “acelerar” el proceso.
Aunado a ello, el CDMCH advierte que las autoridades son cómplices de estas irregularidades porque la investigación para reunir pruebas en su contra sólo duró un mes, ya que la averiguación previa 107/SE18-12/2008 se inició el 15 de abril de 2008 y se consignó al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo el 16 de mayo del mismo año, cuando un proceso de este tipo dura alrededor de tres meses.
Asimismo afirman que no hay pruebas en su contra ni testigos que la acusen y que sólo está la palabra de la presunta víctima y un talón de cheque con el que se justifica el dinero que supuestamente el señor Santiz Gómez le dio, el cual ni siquiera corresponde a la cantidad reclamada.
Según información de la abogada que lleva el caso, María fue condenada a cinco años de prisión pero el juez ordenó la reposición del caso porque no se habían desahogado algunas pruebas. Actualmente María está a la espera de una segunda sentencia que esperan se dicte en abril próximo.
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