3/23/2011

Pendientes 231 amparos contra reforma antiaborto en Querétaro


Se incrementan embarazos entre adolescentes


Por Heysel Escamilla, enviada

Querétaro, 22 mar 11 (CIMAC).- La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (Seseq) registró en 2008 dos mil abortos, de los cuales 33 por ciento fueron de mujeres menores de 18 años, de acuerdo con el entonces titular de la dependencia, Rafael Ascencio Ascencio.

De acuerdo con la Seseq, el número de menores de edad embarazadas ha crecido desde el 2004. En ese año se reportaron 5 mil 399 embarazos de mujeres adolescentes, mientras que en el 2008 se registraron 6 mil 278 casos.

La mayor parte de las menores de edad embarazadas tenían 17 años, incluso la Seseq tuvo información de embarazos en mujeres de 12 años de edad. Las mujeres que se embarazan muy jóvenes tienen más riesgo de morir por la falta de desarrollo de su cuerpo.

Como parte de las contrarreformas legales en 17 entidades federativas de la República Mexicana para “proteger la vida” desde el momento de la concepción-fecundación y criminalizar así el aborto, el 1 de septiembre de 2009 el Congreso de Querétaro aprobó la reforma al artículo 2° de la Constitución estatal.

La contrarreforma sustenta en este artículo que el estado de Querétaro “reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento de la fecundación como un bien jurídico tutelado y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta la muerte”.

Los cambios se publicaron en el Periódico Oficial el 18 de septiembre de 2009. Al momento de su aprobación, el panista Francisco Garrido Patrón gobernaba la entidad.

No obstante, esta disposición no deroga lo estipulado en el Código Penal estatal que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en algunas causales, según la última actualización del 23 de julio de 1987.

El artículo 142 del Código Penal estatal señala que la interrupción del embarazo se permite cuando el embarazo es causa de violación y cuando es provocado accidentalmente (o, como dice la ley, de manera "culposa").

La iniciativa de reforma al artículo 2° de la Constitución estatal la presentó el 13 de mayo de 2009 el diputado panista Fernando Urbiola Ledesma, presidente de la Comisión de la Familia.

Durante la discusión de esa propuesta, el Congreso rechazó una iniciativa de ley de la diputada perredista María del Carmen Consolación González Loyola, mediante la cual se instaría u obligaría al Ministerio Público a permitir que las mujeres víctimas de una violación sexual o de “inseminación artificial no consentida” pudieran interrumpir su embarazo.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

El ombudsman estatal, Adolfo Ortega Osorio, se comprometió públicamente con las organizaciones sociales a presentar una controversia constitucional por las reformas aprobadas a la Constitución local.

Sin embargo, el funcionario incumplió su promesa por lo que las organizaciones Alianza Cívica de Querétaro, Colectivos Degeneradas, Paradigma Ciudadana, Tonali GAC, Salud y Género, Colectivo de mujeres Universitarias y Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, exigieron su destitución.

Como una forma de defender su derecho a ejercer una maternidad libre y voluntaria 231 mujeres de Querétaro interpusieron amparos. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ejercer su facultad de atracción para conocer dos amparos contra las reformas que protegen la vida desde el momento de la concepción-fecundación en Colima y Querétaro, el 18 de agosto de 2010.

Querétaro es el cuarto estado del país con más mujeres que acuden al Distrito Federal a interrumpir un embarazo, mientras que los abortos mal practicados son la cuarta causa de muerte materna, señaló el representante estatal de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Guillermo Hernández González.

Agregó que al ser considerado un delito, “las condiciones en que las mujeres abortan son deplorables y provocan que las más pobres recurran a clínicas inseguras”.

En 2010 CDD lanzó aquí y en otros ocho estados de la República Mexicana, la campaña para dar a conocer a la población católica la existencia de excluyentes a la pena de excomunión inmediata a las mujeres que abortan, las cuales se establecen en el Código de Derecho Canónico, normatividad interna de la Iglesia católica.

A los 15 días del inicio de la campaña el gobierno municipal de la capital del estado clausuró siete de nueve espectaculares de la campaña que incluían la palabra “aborto”.

La criminalización del aborto se analizó durante los trabajos del taller “Por una maternidad libre y voluntaria” –que forma parte de la Campaña que lleva el mismo nombre en México y Centroamérica–, realizado la semana pasada en esta ciudad con profesionales de la comunicación y periodistas de esta entidad federativa del centro de la República Mexicana.

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