Dos proyectos

Porfirio Muñóz Ledo

Casi simultáneamente surgieron al debate público dos planteamientos de orientación opuesta que definen los programas esenciales de los contendientes reales en los comicios de 2012. Me refiero al Nuevo Proyecto de Nación presentado por López Obrador y a la iniciativa de reforma laboral auspiciada por las cúpulas del PRI y el PAN.

El Movimiento de Regeneración Nacional planteó 50 propuestas que podrían sacar al país de la crisis terminal en que se encuentra. Esta vez aborda cuestiones básicas de política exterior para la indispensable recuperación de nuestra soberanía y reformas al andamiaje constitucional iniciarían la reconstrucción y democratización del Estado.

Parte de una hipótesis clara: “la concentración desmedida del poder económico y político ha provocado el empobrecimiento del pueblo, la ruptura del pacto social y de la tranquilidad pública”. Condena la política neoliberal: “privatizaciones y saqueos”, “entrega a particulares, nacionales y extranjeros de los bienes de la Nación”, mediante los cuales una minoría oligárquica “ha venido acumulando riquezas de manera obscena y se ha situado por encima de las instituciones”.

Ejes centrales del proyecto son la disolución de los monopolios y el combate a la corrupción que haga posible liberar a la autoridad del secuestro por parte de los intereses que debería regular. Ello exige la transformación de la justicia, la elección democrática de los ministros la Corte tanto como la revocación del mandato del Ejecutivo por determinación de la ciudadanía.
El relanzamiento del aparato productivo exige una política distributiva que devuelva el poder de compra a la población y extienda los servicios sociales, comenzando por la educación universal, pública y gratuita. El sistema fiscal deberá obedecer a un carácter progresivo y comprenderá la abolición de los privilegios de las grandes corporaciones, las exenciones a las empresas mineras y los impuestos a las operaciones bursátiles.

El compromiso es “velar por los derechos y prestaciones de los trabajadores” y “fijar el salario mínimo con apego a la Constitución”, lo que equivale a cuatro veces su valor actual. Es fundamental la extensión de la contratación colectiva y el respeto irrestricto al derecho de huelga. “Habrá plena libertad sindical” y también autonomía de las organizaciones: “el gobierno no intervendrá en la vida interna de los sindicatos y tampoco se respaldará a dirigentes vitalicios, antidemocráticos y corruptos”.

Precisamente los mayores faltantes de la propuesta laboral de la alianza de las derechas. Los coludidos presentan una propuesta cimarrona, cuya exposición de motivos, de amplia difusión, carece de relación con el articulado. Parten del concepto “trabajo digno” cuando pretenden la indignidad en la relación laboral. Es un obsequio a los abogados patronales, una patente de corso para los líderes corporativos y un arma de la gobernabilidad autoritaria.

Excluye iniciativas originales de los sindicatos, como la mejoría de las condiciones de trabajo, la reducción de la jornada máxima, el aumento a la prima de antigüedad, o la supresión de la toma de nota, que es indispensable para cumplir los convenios internacionales. Nada quedó referente a la democratización, la rendición de cuentas y la transparencia. Se optó por las prioridades patronales: libertad para subcontratar, ensanchar los contratos temporales, pero sobre todo, facilitar el esquema de despido.

En un país con 70% de rotación laboral se precariza aún más la relación de trabajo y la estabilidad en el empleo. La empresa deja de ser el patrón, como lo establece el artículo 123, para convertirse en un lugar de trabajo, con lo que se fragiliza el ejercicio de los derechos individuales y colectivos y se disuelve el reparto de utilidades. Se incluye la figura del “fraude laboral” que coloca a los trabajadores en calidad de delincuentes potenciales.

La productividad que invocan es resultante de una economía eficiente, no de la explotación de la mano de obra, como en las sociedades primitivas. La lucha va a ser ardua. En ella nos va no solamente la defensa de la justicia sino la posibilidad de construir un país moderno.

Diputado federal del Partido del Trabajo