Miguel Concha
Pocos crímenes gozan de un rechazo social tan fuerte como el abuso sexual de menores. A pesar de esto, lamentablemente nos encontramos con casos en los que el Estado mexicano no ha podido garantizar justicia para las víctimas. Hace aproximadamente tres años el país se sacudió al conocer el relato de un niño de cuatro años que dijo haber sido violado sexualmente con la complicidad de al menos tres maestros de esa institución, uno de ellos esposo de la dueña, en el Instituto San Felipe, de Oaxaca. Esta denuncia no ocasionó sólo la indignación de la mayor parte de la población, sino una resistencia encarnizada por parte de los acusados, quienes cuentan entre sus abogados y defensores a personas que se ha vinculado en numerosas ocasiones con el ex gobernador Ulises Ruiz.
Los familiares de la víctima denunciaron en su momento dilaciones injustificadas en la cumplimentación de órdenes de aprehensión a los presuntos responsables, así como complicidad de las autoridades estatales. Se denunció asimismo que la procuraduría estatal les ha sugerido en diversas ocasiones llegar a un "acuerdo conciliatorio y de carácter económico". A pesar de que hasta ahora se ha detenido a la maestra de la escuela, aún quedan otros dos presuntos responsables libres. Libertad que las víctimas achacan a la complicidad de la procuraduría estatal. Esto se confirmó con la recomendación 04/2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra las prácticas dilatorias en que incurrió la Fiscalía en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca durante la integración de la averiguación previa por la agresión física y sexual que sufrió el menor el 7 de noviembre de 2006.
En términos generales la recomendación pide que se instruya al procurador general de Justicia para que "se realicen las diligencias necesarias para dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión que libró el juez tercero de primera instancia en materia penal en Ixcotel, Centro, Oaxaca", con el fin de aprehender a los probables responsables. Le pide además que se sirva instruir a quien corresponda "a efecto de que se dé vista al Órgano Interno de Control en la Procuraduría y se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente al agente del Ministerio Público encargado del trámite de la averiguación previa", por la injustificada dilación en las averiguaciones. Si de las investigaciones respectivas se desprendiera la comisión de un delito, la recomendación pide también que "se dé vista a la Representación Social Federal para el ejercicio de sus atribuciones", y "se instruya a quien corresponda a efecto de que las consideraciones detalladas en el capítulo de observaciones del presente documento se hagan del conocimiento del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para que se inicie un procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos de ese instituto que omitieron intervenir oportuna y debidamente en el caso del menor".
No cabe duda de que el asunto es delicado. Por una parte los abogados de las víctimas han denunciado en reiteradas ocasiones el encubrimiento de autoridades estatales, incluyendo el ex gobernador Ulises Ruiz, a quien señalan como una persona que descalificó de entrada las declaraciones de la madre de la víctima. La defensa de los probables responsables ha desviado por otra parte la atención del caso, descalificando el dicho de las víctimas y de sus abogados. Como menciona Lydia Cacho en su artículo del 7 de marzo en El Universal, "La pornografía y la Suprema Corte", el caso se ha vuelto paradigmático, toda vez que evidencia muchos vacíos institucionales para garantizar los derechos de protección y acceso a la justicia de niñas y niños víctimas del delito.
Inexplicablemente, el Ejecutivo estatal se ha mostrado reacio y contumaz para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de estos perpetradores, a pesar de que, como afirma Felipe Canseco, abogado coadyuvante de las víctimas, existe evidencia que uno de los acusados se presentó en público. "Vestido de traje de gala con sus familiares en una fiesta, ha sido visto en diversos puntos de Oaxaca y es sabido que mantiene comunicación constante con sus familiares; sólo los encargados de la aprehensión no saben en dónde se encuentra y no han rendido cuentas al juez sobre pesquisa alguna que hayan realizado para lograr la captura". Señala además que paradójicamente se aprobó hace poco en Oaxaca una reforma al Código Penal, que brinda protección a la integridad sicosexual de los niños y las niñas, mientras la ley se incumple, al no existir voluntad política para ejecutar las órdenes de aprehensión dictadas por el juez.
Toca ahora a la Corte resolver los amparos directos 14/2010 y 15/2010, actualmente en la primera sala, que por una parte corresponden al que interpuso la sentenciada en contra de su condena a seis años y nueve meses de prisión, y al que interpuso por otra la madre de la víctima en contra de una parte de esa misma resolución, en lo referente a la reducción de la pena de prisión de 10 a seis años y nueve meses, a la anulación de su inhabilitación para ejercer su profesión de maestra por cinco años, y a la absolución de su obligación de reparar el daño. Ahora que ya cuenta con todos sus miembros, se espera que el asunto se resuelva conforme a derecho, privilegiando el interés superior del niño, en la sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo miércoles 30.
Contra lo que se cree, los movimientos populares recurren bastante a las leyes para apuntalar sus demandas. No es que crean que ahí están las esperanzas de que sus derechos, violados
desde el aparato estatal o las empresas capitalistas, sean respetados; lo que pasa es que saben o intuyen que el derecho es una herramienta importante que no tienen por qué dejar en manos de las autoridades, por más neoliberales que sean, para que lo esgriman contra ellos. Para su desgracia y la de todos los ciudadanos, cada día que pasa el autoritarismo estatal se empeña en negar la posibilidad de acceder a la justicia por esa vía, generando un encono social que si no se atiende correctamente y a tiempo puede desbordarse.
Para muestra un botón. El pasado 16 de marzo el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, se comprometió ante empresarios de Guanajuato a que antes de que termine su sexenio la presa El Zapotillo –que se construye en Jalisco, pero dotará de agua a la industria de aquel estado– estará terminada. El anuncio no causaría preocupación si no fuera porque la obra se realiza con la oposición de quienes serán afectados con ella: los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, de los municipios jaliscienses de Cañadas de Obregón y Mexticacán, donde se ubicará la presa. Cerca de mil personas están convencidas de que con esta obra se violan sus derechos y han hecho todo lo que pueden para defenderlos.
En materia legal han recurrido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Tribunal de lo Administrativo del estado y a los juzgados de amparo para que hagan cesar las violaciones a sus derechos, así como a diferentes organismos internacionales de derechos humanos. Todos les han dado la razón en sus reclamos y sin embargo las obras continúan adelante. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en su resolución del expediente 35/2009, del 31 de diciembre de 2009, dijo que con la construcción de dicha obra se violaba el derecho a la propiedad, la salud, la vivienda, al medio ambiente sano y al desarrollo, recomendando la suspensión de la obra; a similar conclusión llegó el Tribunal de lo Administrativo del estado el 15 de diciembre de 2009, al resolver sobre la construcción de las viviendas donde se piensa reubicar a los afectados, decretando una suspensión provisional de los actos.
En ningún caso las autoridades hicieron caso y la construcción siguió adelante. Como si nada hubiera pasado. En esa situación, los afectados promovieron un incidente de desacato y el 17 de noviembre de 2010 la quinta sala unitaria de lo administrativo emplazó a las autoridades estatales para que dejaran las cosas como estaban; es decir, se abstuvieran de continuar con las obras hasta que se resolviera el fondo del problema. Las autoridades tampoco en esa oportunidad obedecieron la resolución del tribunal y éste tuvo que dar vista a la Procuraduría de Justicia del estado para que procediera en contra de ellas. Hasta la fecha nada ha sucedido.
El pasado 4 de febrero un juzgado auxiliar de distrito con sede en la ciudad de Guadalajara volvió a amparar a los afectados en un juicio cuya resolución no deja lugar a dudas sobre lo justo de sus reclamos. En ella, la juez Martha Leticia Muro Arellano expresó: queda clara la constante negativa de las autoridades responsables, no sólo a dar a los interesados garantía de audiencia, como ordena el artículo 14 constitucional, sino a brindarles toda la información necesaria para que en pleno conocimiento de la forma en que se verán afectados sus derechos de propiedad, puedan opinar, discutir, aportar soluciones alternativas de relacionarse o asesorarse de expertos que aporten soluciones a la prioridad de satisfacer la necesidades acuíferas de un conglomerado social.
En lugar de acatar la resolución, las autoridades federales y estatales a quienes se conminaba a suspender las obras, recurrieron la sentencia, que se encuentra ante el tribunal colegiado correspondiente en espera de resolución. Pareciera que pesa más la determinación política del Presidente de la República de entregar la obra a los industriales guanajuatenses antes de que termine su sexenio que la obligación de las autoridades de ceñir sus actos al orden jurídico y respetar los derechos de los afectados. Aquí es claro el fenómeno que hace décadas señaló Michel Foucault: que el derecho se hace, esencialmente, en torno del poder real y en su beneficio. Eso los pueblos en lucha lo saben y aún así se aferran a él. Lo que no está claro es que las personas del poder sepan qué pasará cuando la esperanza en el derecho se pierda.
Pocos crímenes gozan de un rechazo social tan fuerte como el abuso sexual de menores. A pesar de esto, lamentablemente nos encontramos con casos en los que el Estado mexicano no ha podido garantizar justicia para las víctimas. Hace aproximadamente tres años el país se sacudió al conocer el relato de un niño de cuatro años que dijo haber sido violado sexualmente con la complicidad de al menos tres maestros de esa institución, uno de ellos esposo de la dueña, en el Instituto San Felipe, de Oaxaca. Esta denuncia no ocasionó sólo la indignación de la mayor parte de la población, sino una resistencia encarnizada por parte de los acusados, quienes cuentan entre sus abogados y defensores a personas que se ha vinculado en numerosas ocasiones con el ex gobernador Ulises Ruiz.
Los familiares de la víctima denunciaron en su momento dilaciones injustificadas en la cumplimentación de órdenes de aprehensión a los presuntos responsables, así como complicidad de las autoridades estatales. Se denunció asimismo que la procuraduría estatal les ha sugerido en diversas ocasiones llegar a un "acuerdo conciliatorio y de carácter económico". A pesar de que hasta ahora se ha detenido a la maestra de la escuela, aún quedan otros dos presuntos responsables libres. Libertad que las víctimas achacan a la complicidad de la procuraduría estatal. Esto se confirmó con la recomendación 04/2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra las prácticas dilatorias en que incurrió la Fiscalía en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca durante la integración de la averiguación previa por la agresión física y sexual que sufrió el menor el 7 de noviembre de 2006.
En términos generales la recomendación pide que se instruya al procurador general de Justicia para que "se realicen las diligencias necesarias para dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión que libró el juez tercero de primera instancia en materia penal en Ixcotel, Centro, Oaxaca", con el fin de aprehender a los probables responsables. Le pide además que se sirva instruir a quien corresponda "a efecto de que se dé vista al Órgano Interno de Control en la Procuraduría y se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente al agente del Ministerio Público encargado del trámite de la averiguación previa", por la injustificada dilación en las averiguaciones. Si de las investigaciones respectivas se desprendiera la comisión de un delito, la recomendación pide también que "se dé vista a la Representación Social Federal para el ejercicio de sus atribuciones", y "se instruya a quien corresponda a efecto de que las consideraciones detalladas en el capítulo de observaciones del presente documento se hagan del conocimiento del Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para que se inicie un procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos de ese instituto que omitieron intervenir oportuna y debidamente en el caso del menor".
No cabe duda de que el asunto es delicado. Por una parte los abogados de las víctimas han denunciado en reiteradas ocasiones el encubrimiento de autoridades estatales, incluyendo el ex gobernador Ulises Ruiz, a quien señalan como una persona que descalificó de entrada las declaraciones de la madre de la víctima. La defensa de los probables responsables ha desviado por otra parte la atención del caso, descalificando el dicho de las víctimas y de sus abogados. Como menciona Lydia Cacho en su artículo del 7 de marzo en El Universal, "La pornografía y la Suprema Corte", el caso se ha vuelto paradigmático, toda vez que evidencia muchos vacíos institucionales para garantizar los derechos de protección y acceso a la justicia de niñas y niños víctimas del delito.
Inexplicablemente, el Ejecutivo estatal se ha mostrado reacio y contumaz para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de estos perpetradores, a pesar de que, como afirma Felipe Canseco, abogado coadyuvante de las víctimas, existe evidencia que uno de los acusados se presentó en público. "Vestido de traje de gala con sus familiares en una fiesta, ha sido visto en diversos puntos de Oaxaca y es sabido que mantiene comunicación constante con sus familiares; sólo los encargados de la aprehensión no saben en dónde se encuentra y no han rendido cuentas al juez sobre pesquisa alguna que hayan realizado para lograr la captura". Señala además que paradójicamente se aprobó hace poco en Oaxaca una reforma al Código Penal, que brinda protección a la integridad sicosexual de los niños y las niñas, mientras la ley se incumple, al no existir voluntad política para ejecutar las órdenes de aprehensión dictadas por el juez.
Toca ahora a la Corte resolver los amparos directos 14/2010 y 15/2010, actualmente en la primera sala, que por una parte corresponden al que interpuso la sentenciada en contra de su condena a seis años y nueve meses de prisión, y al que interpuso por otra la madre de la víctima en contra de una parte de esa misma resolución, en lo referente a la reducción de la pena de prisión de 10 a seis años y nueve meses, a la anulación de su inhabilitación para ejercer su profesión de maestra por cinco años, y a la absolución de su obligación de reparar el daño. Ahora que ya cuenta con todos sus miembros, se espera que el asunto se resuelva conforme a derecho, privilegiando el interés superior del niño, en la sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo miércoles 30.
Autoritarismo, movimientos populares y derecho
Francisco López BárcenasContra lo que se cree, los movimientos populares recurren bastante a las leyes para apuntalar sus demandas. No es que crean que ahí están las esperanzas de que sus derechos, violados
desde el aparato estatal o las empresas capitalistas, sean respetados; lo que pasa es que saben o intuyen que el derecho es una herramienta importante que no tienen por qué dejar en manos de las autoridades, por más neoliberales que sean, para que lo esgriman contra ellos. Para su desgracia y la de todos los ciudadanos, cada día que pasa el autoritarismo estatal se empeña en negar la posibilidad de acceder a la justicia por esa vía, generando un encono social que si no se atiende correctamente y a tiempo puede desbordarse.Para muestra un botón. El pasado 16 de marzo el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, se comprometió ante empresarios de Guanajuato a que antes de que termine su sexenio la presa El Zapotillo –que se construye en Jalisco, pero dotará de agua a la industria de aquel estado– estará terminada. El anuncio no causaría preocupación si no fuera porque la obra se realiza con la oposición de quienes serán afectados con ella: los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, de los municipios jaliscienses de Cañadas de Obregón y Mexticacán, donde se ubicará la presa. Cerca de mil personas están convencidas de que con esta obra se violan sus derechos y han hecho todo lo que pueden para defenderlos.
En materia legal han recurrido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Tribunal de lo Administrativo del estado y a los juzgados de amparo para que hagan cesar las violaciones a sus derechos, así como a diferentes organismos internacionales de derechos humanos. Todos les han dado la razón en sus reclamos y sin embargo las obras continúan adelante. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en su resolución del expediente 35/2009, del 31 de diciembre de 2009, dijo que con la construcción de dicha obra se violaba el derecho a la propiedad, la salud, la vivienda, al medio ambiente sano y al desarrollo, recomendando la suspensión de la obra; a similar conclusión llegó el Tribunal de lo Administrativo del estado el 15 de diciembre de 2009, al resolver sobre la construcción de las viviendas donde se piensa reubicar a los afectados, decretando una suspensión provisional de los actos.
En ningún caso las autoridades hicieron caso y la construcción siguió adelante. Como si nada hubiera pasado. En esa situación, los afectados promovieron un incidente de desacato y el 17 de noviembre de 2010 la quinta sala unitaria de lo administrativo emplazó a las autoridades estatales para que dejaran las cosas como estaban; es decir, se abstuvieran de continuar con las obras hasta que se resolviera el fondo del problema. Las autoridades tampoco en esa oportunidad obedecieron la resolución del tribunal y éste tuvo que dar vista a la Procuraduría de Justicia del estado para que procediera en contra de ellas. Hasta la fecha nada ha sucedido.
El pasado 4 de febrero un juzgado auxiliar de distrito con sede en la ciudad de Guadalajara volvió a amparar a los afectados en un juicio cuya resolución no deja lugar a dudas sobre lo justo de sus reclamos. En ella, la juez Martha Leticia Muro Arellano expresó: queda clara la constante negativa de las autoridades responsables, no sólo a dar a los interesados garantía de audiencia, como ordena el artículo 14 constitucional, sino a brindarles toda la información necesaria para que en pleno conocimiento de la forma en que se verán afectados sus derechos de propiedad, puedan opinar, discutir, aportar soluciones alternativas de relacionarse o asesorarse de expertos que aporten soluciones a la prioridad de satisfacer la necesidades acuíferas de un conglomerado social.
En lugar de acatar la resolución, las autoridades federales y estatales a quienes se conminaba a suspender las obras, recurrieron la sentencia, que se encuentra ante el tribunal colegiado correspondiente en espera de resolución. Pareciera que pesa más la determinación política del Presidente de la República de entregar la obra a los industriales guanajuatenses antes de que termine su sexenio que la obligación de las autoridades de ceñir sus actos al orden jurídico y respetar los derechos de los afectados. Aquí es claro el fenómeno que hace décadas señaló Michel Foucault: que el derecho se hace, esencialmente, en torno del poder real y en su beneficio. Eso los pueblos en lucha lo saben y aún así se aferran a él. Lo que no está claro es que las personas del poder sepan qué pasará cuando la esperanza en el derecho se pierda.
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