Ricardo Raphael
Los críticos en contra de la reforma educativa aseguran que ésta dejó fuera asuntos que eran fundamentales. Tienen razón. Esta reforma no toca, por ejemplo, la pedagogía, los planes de estudio o los modelos de docencia; tampoco la currícula, los libros de texto o la infraestructura educativa.
Porque fueron demasiados los temas que quedaron fuera resulta inadecuado llamarla Reforma Educativa; así, con mayúsculas.
Las modificaciones a la Constitución que hizo el Congreso, como resultado de la negociación dentro del Pacto por México, tenían un objetivo previo: celebrar una reforma política a las instituciones donde se construyen y operan las políticas educativas.
Se trato de una reforma política (puesta en singular), que luego deberá dar resultados sobre las políticas y reformas educativas (en plural).
Hoy México cuenta con un sistema educativo que exhibe mucha dificultad para reformarse. Lo anterior es grave cuando las nuevas tecnologías y la mundialización de la sociedad del conocimiento están obligando, en todo el planeta, a que las instituciones educativas se adapten y adelanten a los cambios.
La educación en nuestro país requiere, no de una, sino de muchas reformas educativas. Pero ninguna ocurrirá si no se logran remover los inmensos obstáculos que, una y otra vez, han impedido innovar en la educación pública mexicana.
Dos actores —la burocracia y la cúpula magisterial— han hecho un servicio nocivo a la necesidad de transformar. Cada uno, de su lado, han sido actores con enorme capacidad de veto para combatir cuanto intento se ha presentado para reformar la educación, sobre todo en el nivel básico, y en lo que toca a la preparación inicial y la formación continua de las y los docentes.
De lo que se trata en esta ocasión es de modificar de raíz, primero el arreglo político-burocrático que hasta hoy ha asegurado la mediocre inmovilidad, para después dar paso a las muchas reformas educativas que habrán de emprenderse en México.
La idea central de la actual reforma es recuperar, para el Estado, tramos de la gestión educativa que hoy responden a intereses burocráticos y políticos no alineados con el aprendizaje de las y los alumnos, y tampoco con los derechos fundamentales de quienes ejercen la vocación magisterial.
De todas las responsabilidades que el Estado deberá recuperar, la más fundamental es aquella relacionada con la carrera profesional docente. México arribó al siglo XXI entregando las plazas a los maestros a partir de criterios no relacionados con la calidad de la práctica pedagógica, tampoco con los conocimientos que las y los alumnos reciben en las aulas.
Un ejemplo socorrido para ilustrar esta circunstancia es la manera como los maestros aterrizan en su primera clase . Según Silvia Ortega, ex directora de la Universidad Pedagógica Nacional, 92% de las y los docentes del actual sistema de educación básica han obtenido su plaza porque la heredaron, la compraron o contaban con apoyo político por parte del sindicato.
Pero el problema no solo está ubicado en el umbral de entrada a la profesión. Si, para mejorar su situación económica, el maestro quiere obtener más horas de clase a la semana, poca importancia tendrán para ello principios como la igualdad de oportunidades, el mérito o la transparencia. A los anteriores se impondrán como definitivos otros de naturaleza político-sindical.
Con el objeto de combatir esta arbitrariedad, la carrera profesional del docente se colocó como pieza centralísima de la última modificación al artículo 3º de la Carta Magna. Este es uno de los dos núcleos atómicos de toda la propuesta, el otro es la evaluación.
La voluntad política empeñada logrará resultados notables si, a través de las iniciativas de ley secundaria, se logra que distintos tramos de la carrera docente se armonicen con el objetivo de obtener maestros y maestras más profesionales y, al mismo tiempo, más satisfechos con la justicia que rige su oficio.
Para ello debe conjurarse la idea equivocada de que para profesionalizar a las y los docentes hay que combatir los derechos con que cuentan en el presente. La profesionalización de la carrera magisterial debe otorgar más y no menos derechos al magisterio; entre todos, el de contar con mayor certidumbre en el empleo.
Han cometido un exceso quienes creen que la solución para profesionalizar es correr a los maestros del sistema educativo, usando como pretexto la evaluación.
Evaluar es condición necesaria de la profesionalización pero lo segundo no se agota en lo primero. Este será el tema de la entrega que haré la próxima semana.
Analista político
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