Gerardo Fernández Casanova
(especial para ARGENPRESS.info)
Entre las muchas bombas de tiempo sembradas por los panistas en su abominable paso por la presidencia, la de la vivienda está ya madura para estallar y lo hará de manera estrepitosa. Por lo pronto las principales empresas desarrolladoras están técnicamente quebradas y a la espera de ser venturosamente rescatadas con cargo al erario. Es el cuento de nunca acabar y, si se acaba, te lo vuelvo a contar. Ya se pueden tomar riesgos absurdos en los negocios auspiciados desde el gobierno empresarial que, a fin de cuentas, sus promotores serán salvados para “evitar males mayores a la economía”. Incluso se pueden cometer los más garrafales errores que, de todas formas, quien pagará por ellos no será quien los comete sino el gobierno; pero tampoco es el gobierno sino cada uno de los habitantes del país, sin deberla ni temerla.
En el colmo de las paradojas, el de la construcción de viviendas fue de los muy pocos que alcanzaron las metas programadas en cuanto a su magnitud física y que, siendo un proyecto importante para atender necesidades básicas de la población y para dinamizar la economía y el empleo, derive en un estrepitoso fracaso en el logro de sus objetivos sustantivos. No sólo no resuelve el problema de la disponibilidad de vivienda digna, sino que registra un comportamiento negativo para las economías nacional y particular de los trabajadores, amen del daño causado a los pueblos en que se realizan.
No hace falta ser experto para constatar que, en toda la extensión del territorio nacional, hay miles de casas sembradas como milpas, de las cuales muy pocas están ocupadas. Tampoco se requiere demasiado seso para comprender que si son pocas las ocupadas es porque se ubican en sitios aislados, lejos de las fuentes de trabajo y de los servicios urbanos. Entonces resulta obvio que las empresas quiebren por falta de ventas. Para lo que sí se necesita mayor calicatencia (Cantinflas dixit) es para dilucidar cómo es que ejecutivos formados en las mejores escuelas y con grados de excelencia coincidan casi todos en errores tan obvios; no queda de otra que pensar mal: es un burdo cochupo para generar utilidades con cargo a los recursos públicos y al ahorro de los trabajadores. Una más de las corruptelas de cuello blanco y bendición papal, características de la confusión (dicen que asociación) entre lo público y lo privado propia de los gobiernos de corte empresarial.
Los grandes desarrollos habitacionales ahí quedan en calidad de elefantes blancos; sus escasos habitantes entrampados en la acelerada pérdida de valor de su propiedad e incapacitados para corregir el error al que fueron inducidos. El gobierno rescatará a los malandrines de la construcción, pero nadie salvará a los compradores. Nuevamente se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas.
El asunto de fondo tiene que ver con la corrupción, tanto pública como privada, que todo lo trastoca y prostituye. En este caso son los desarrolladores de vivienda y las autoridades en la materia; en otro son las empresas mineras depredadoras y el régimen que las protege; WalMart y su compra de permisos de cambio de uso del suelo; Pemex y el mundo de negocios privados de su entorno, igual que la CFE; las televisoras y los privilegios que gozan; en resumen: el gran capital y los políticos a su servicio.
Así quieren “modernizar” a Pemex incorporando al capital privado en su operación, a manera de engrosar la cifra de las utilidades y de vestir de blanco la corrupción para caer en la definición de negocio moderno. Peña Nieto dice y se desdice: no se privatiza pero se promueven reformas para otorgar garantías al sector privado inversionista. Insisten en engañar cuando ya se les acabó la capacidad de engaño.
Mañosamente programan los atentados para después de las elecciones de julio. El mensaje es claro: sus proyectos de reformas concitarán el rechazo popular y no quieren arriesgar el carro completo electoral. El verano se va a calentar y hay que estar preparados. Hay que reforzar todas las formas de presión para evitar más daños al proyecto de un México de justicia y progreso.
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