(especial para ARGENPRESS.info)
Se reunieron en la Ciudad de México los secretarios de agricultura de Canadá, Estados Unidos y México para evaluar el avance del TLC a 20 años de su entrada en vigor. Orondos y satisfechos por los “grandes logros” alcanzados, acordaron “seguir mostrando al mundo cómo el comercio y las fronteras abiertas propician el crecimiento económico y el empleo”. En paralelo, quince organizaciones civiles de los tres países documentaban, con cifras oficiales, todo lo contrario para México: 5 millones de empleos perdidos, 6 millones de personas obligadas a emigrar, reducción de 5 a 1.5% de participación de la agricultura en el producto interno y la conversión del país en el tercer importador mundial de alimentos. Si estos últimos son “logros” del TLC no sería más que la confirmación de su perversidad de origen y de la traición de los gobiernos que lo han cobijado, desde Salinas hasta Peña Nieto.
Las cifras demuestran que, para el campo mexicano, el TLC ha sido un rotundo fracaso y es preciso entender por qué. El principio de la globalización y el libre comercio se basan en la competitividad comercial; México no puede y no debe ser competitivo en esta materia, principalmente en granos alimenticios. Me explico: en lo físico, el clima y los suelos de los grandes valles de los Estados Unidos, por sí mismos, registran una productividad muy superior a los de México; en lo económico, el tamaño de la propiedad y la aplicación tecnológica que ello permite agregan otro plus a la productividad norteamericana. En estas condiciones y de acuerdo a la ideología neoliberal, México tendría que dejar de producir maíz y, en general, cereales para comprar los que resultan más baratos en el exterior, o bien aplicarse para hacer competitiva su producción doméstica. La seguridad alimentaria, requisito sine qua non de la soberanía, por un lado, y la cultura histórica, por el otro, hacen imposible e inconveniente pretender tal competitividad.
La historia determina las condiciones culturales de una sociedad. En el caso es preciso entenderla en sus orígenes: los colonos ingleses llegaron a América, mataron a los pueblos originales y tomaron la tierra, en grandes extensiones, para explotarla por sí mismos; en tanto que los conquistadores españoles tomaron la tierra, también en grandes extensiones, dejaron con vida a la población originaria para que la trabajara para ellos. La diferencia es abismal: durante toda la colonia y en el México independiente los herederos de la población autóctona han reclamado su derecho a la tierra que les fue arrebatada por el conquistador; el régimen colonial otorgó ciertos reconocimientos a la propiedad de la tierra por las comunidades; los liberales del siglo XIX los eliminaron (leyes de desamortización) para convertir la tierra en mercancía, lo que dio lugar al latifundismo porfiriano; el reclamo de la población nativa dio origen a la Revolución Mexicana y a la legislación agraria que restituyó el carácter social a la propiedad raíz rural, lo que trajo paz social, distribución de riqueza y producción en el campo, al grado de haberse constituido en el soporte del llamado “milagro mexicano” del desarrollo estabilizador; los neoliberales, con Salinas a la cabeza, han querido volver a mercantilizar la tierra con vistas a la formación de grandes unidades de producción que sean competitivas con las norteamericanas, sin que ello haya sido aceptado por el campesinado que finca su cultura en la posesión y el aprovechamiento de la tierra y que, en cambio, es nuevamente una seria amenaza a la paz social. Esta es una historia de la realidad que no se puede borrar por decreto.
Un resultado de esta historia es que, mientras un agricultor gringo es poseedor de una extensión promedio de 400 acres (161 hectáreas) el mexicano lo es de 5 hectáreas. El maicero norteamericano cultiva y cosecha sus 400 acres por sí mismo y su familia, contando con la tecnología y los instrumentos que tal superficie permite, con lo que produce 1500 toneladas de maíz por las que, además de un buen precio, recibe susbsidios gubernamentales para mantener la actividad. El mexicano, por su parte, cosecha a lo mucho 20 toneladas y recibe escasos subsidios. En estas condiciones una familia gringa produce 75 veces más que una mexicana. La deficiente industrialización, agravada por el TLC, significa que todavía 25 millones de mexicanos vivan de la actividad agropecuaria, casi una cuarta parte de la población total.
Ninguna sociedad puede darse el lujo de hacer depender su alimentación de las compras en el exterior, aún con el beneficio de poder exportar otras mercancías en que fuese competitiva; nadie va a morirse si no compra pantalones de mezclilla o tequila, en tanto que nos morimos si no tenemos maíz para la tortilla. Por eso es que digo que, no sólo no podemos ser competitivos, sino que no debemos serlo en tanto que signifique la descampesinización del campo: el genocidio rural. Sin maíz no hay país y sin campesinos, menos.
Es preciso insistir en la corrección de las condiciones del TLC, por lo menos en materia agrícola, para sacar a la producción alimentaria de la competencia internacional. El campo mexicano debe cumplir otras funciones adicionales, particularmente en cuanto a generar empleo e ingresos a la población y proteger a la naturaleza contra la devastación generada por el gran agronegocio. La economía campesina ofrece otro esquema de eficiencia en que, además de la puramente comercial, garantiza el bienestar social, la producción sustentable y la seguridad alimentaria.
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