MÉXICO,
D.F. (apro).- En semanas recientes distintas instancias de gobierno han
promovido y aprobado leyes que van en contra de las manifestaciones y
movilizaciones sociales, a las que consideran un peligro para la paz
social y las califican hasta de terroristas. La última de ellas en
Puebla, donde se autorizó el uso de las armas para disolver las
protestas ciudadanas.
Hace unas cuatro décadas existía el delito
de “disolución social” a través del cual el gobierno federal sofocaba
cualquier intento de inconformidad de la sociedad. Este ilícito fue
integrado en 1941 al Código Penal en sus artículos 145 y 145 bis,
reformados treinta años después luego de la matanza de Tlatelolco.
Ese
artículo advertía: “Se aplicará prisión de dos a seis años al
extranjero o nacional mexicano que, en forma hablada o escrita o por
cualquier otro medio, realice propaganda política entre extranjeros o
entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de
acción de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden público
o afecten la soberanía del Estado mexicano…
“Se perturba el orden
público cuando los actos determinados en el párrafo anterior tiendan a
producir rebelión, sedición, asonada o motín….
“Se afecta la
soberanía nacional cuando dichos actos puedan poner en peligro la
integridad territorial de la República, obstaculicen el funcionamiento
de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los
nacionales mexicanos a sus deberes cívicos”.
Este fue el
argumento usado por los gobiernos del PRI para reprimir las protestas
de ferrocarrileros, médicos, campesinos, maestros y que Gustavo Díaz
Ordaz utilizó para justificar la matanza del 2 de octubre de 1968 en la
plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, aduciendo “una intervención
comunista”. Pasaron dos años antes para que finalmente en 1970
desapareciera esta medida de gobiernos autoritarios como respuesta a
las demandas del movimiento estudiantil.
Hoy, bajo la idea de
mantener la paz social a toda costa frente a los “enemigos”
perturbadores hasta virtuales, varios gobernadores han querido
tipificar el delito de perturbación del orden público a personas que
usaron las redes sociales para alertar de actos violentos en la
entidad, como hizo el de Veracruz, el priista Javier Duarte, en 2011.
Además
del reciente caso de Puebla, desde el 31 de mayo del 2013 en la Cámara
de Diputados fue presentada por el legislador Ricardo Pacheco
Rodríguez, miembro del Comité de Justicia en San Lázaro, una iniciativa
de ley elaborada desde la Presidencia de la República y enviada al
Congreso por Enrique Peña Nieto. Aquí se trata de “terrorista” al
inconforme social.
La minuta prevé que “se impondrá pena de
prisión de 15 a 40 años y 400 a mil 200 días de multa, sin perjuicio de
las penas que correspondan por otros delitos que resulten… a quien
utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares,
material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral
radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones,
explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por
cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra
de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de
la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan
alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella,
para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o
a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.”
Asimismo,
se aplicarán 20 años de prisión “a quien emplee explosivos o materiales
incendiarios, o que por cualquier otro medio destruya total o
parcialmente instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o
de aeropuertos que presten servicios a la aviación civil, alguna
plataforma fija, o una nave, aeronave, u otro vehículo de servicio
público federal o local, o que proporcione servicios al público, si se
encontraren ocupados por una o más personas.”
Existen otros casos
de intentos por sujetar o prohibir las manifestaciones sociales que hoy
siguen siendo expresiones legítimas de malestar de la sociedad ante el
desastre provocado por gobiernos corruptos, ineptos e incapaces de
resolver los problemas que ellos mismos han generado.
Este tipo
de leyes reflejan el miedo de la clase política a la muchedumbre, a las
masas inconformes que históricamente se han saltado los muros del
autoritarismo y que al final derrumban también estas leyes castrantes a
la libre manifestación de ideas y de organización.
Twitter: @GilOlmos
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