Alejandro Encinas R.
Gran indignación ha desatado la pretensión de otorgar a los magistrados del Trife una pensión vitalicia. Haber de retiro, le llaman sus promotores, quienes introdujeron el asunto como parte de la Reforma Política, cuando en realidad se trata de un pago de facturas de cara a la resolución de los casos Monex, la violación al tope de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 y a los comicios de 2015.
Tal medida deriva de un inescrupuloso acto de introducir en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación una disposición, la cual, según el jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño, “fue parte de los acuerdos que se hicieron en las mesas de negociación”.
Nada más ajeno a la verdad. Nunca existió tal acuerdo. El haber de retiro no estaba incluido en los documentos que se presentaron a discusión. No estuvo en los documentos del 3 y el 7 de mayo cuando se debatió la propuesta de medios de impugnación, como no lo estuvo el 9 de mayo cuando se discutió el Procedimiento Especial Sancionador y la Ley Orgánica del Poder Judicial. El 11 de mayo se discutieron las propuestas del PAN y del PRD y se realizaron cambios relativos a la consulta popular. El 12 de mayo se envió el borrador del dictamen de la LGIPE, que incorporaba el haber de retiro. Tras una amplia discusión se acordó eliminarlo, al igual que en la reunión celebrada el 13 de mayo. Sin embargo, el 14 de mayo, en el dictamen publicado en la Gaceta del Senado persistió el tema, por lo que exigimos el cumplimiento del acuerdo, lo que fue rechazado por el gobierno. Presentamos entonces una reserva en lo particular que fue desechada.
Es inaceptable otorgar privilegios a una burocracia ya privilegiada. Los magistrados perciben 4 millones 206 mil pesos al año -2 millones 601 mil 900 pesos como sueldo; 866 mil 353 en prestaciones y 737 mil 718 por concepto de pago por riesgo (sic).
Los magistrados defienden este privilegio llegando a actitudes grotescas, como las declaraciones del magistrado Flavio Galván, quien afirma que el bono “es para garantizar imparcialidad”. “¿Quién de los críticos está dispuesto a devolver lo que está ganando solo porque México está en crisis?”.
¿Quiénes son estos magistrados? Galván es el expresidente del Trife que debió renunciar al cargo, sin dejar de formar parte del tribunal, tras los señalamientos de colusión en los actos de corrupción de su colaboradora, Norma Inés Aguilar León, acusada de intentar obtener 5 millones pesos a cambio de conceder el contrato de compra venta del inmueble para la sala regional del Distrito Federal.
Alejandro Luna Ramos, presidente del Trife, miembro de una red familiar compuesta por su hermana, la ministra Margarita Luna Ramos y al menos once parientes más ubicados en puestos clave dentro del sistema judicial. Luna Ramos acuñó el criterio de no determinancia de los actos fraudulentos en las elecciones de 2006 que llevó a la presidencia a Felipe Calderón.
Salvador Nava, en 2007 se reunió en secreto con Jorge Hank Rhon cuando éste era candidato a gobernador de Baja California, quien le organizo un recorrido por su zoológico y le hizo obsequios. Nava lo negó. Sin embargo, elaboró el dictamen que rechazó las quejas del PAN por la violación a la llamada “ley antichapulín” que convalidó la candidatura del priista.
María del Carmen Alanís. La ex presidenta del Tribunal Electoral federal fue denunciada por haberse reunido en sigilo en marzo de 2011 con emisarios del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, acusado de violar la Constitución y cuyo caso debía resolver esa instancia. La evidencia la obligó a excusarse de intervenir en el caso. Dentro de sus actos destaca la entrega de la presidencia nacional del PRD a Jesús Ortega.
Ningún servidor público debe recibir mayor emolumento que los establecidos en la ley. Estos haberes son un caudal de la hacienda pública que se pretende otorgar a quienes no tienen en su haber cualidades que honren su desempeño público.
Senador de la República
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